Greenpeace pide a Manuel Chavez un giro en las politicas de la Junta de Andalucía hacia "más medio ambiente"

22 octubre 2008

Destrucción a toda costa, 2008. Hotel Ilegal Algarrobico, Cabo de Gata. Almeria
España – La organización ecologista Greenpeace ha pedido al Presidente de la Junta de Andalucia, Manuel Chavez, un giro en sus políticas para prestar mucha más atención a los problemas ambientales de Andalucía. En rueda de prensa en Sevilla, Celebrada esta mañana, Greenpeace ha puesto de manifiesto que desde el comienzo de la última legislatura andaluza se ha producido un alejamiento continuo del Gobierno andaluz de las políticas ambientales más básicas.
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Andalucia se presenta como ejemplo de sostenibilidad ambiental”, pero esta realidad se derrumba si atendemos a la aplicación de sus normas y leyes de protección ambiental, turismo y suelo. Se dictan grandes principios de protección que no van acompañados de medidas reales. La planificación y gestión del territorio en Andalucia se subyuga a las presiones de la industria constructora, turística o química, que moldea las decisiones de la Junta dejando de lado la salud ambiental del territorio andaluz y el bienestar de sus ciudadanos.
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Los casos más paradigmáticos los encontramos en el hotel ilegal de El Algarrobico (Almería), la contaminación de Fertiveria (Huelva), los vertidos en la bahía de Algeciras y la ampliación del puerto de Tarifa.
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“La crisis no debe servir de excusa para la especulación inmobliaria, el urbanismo slavaje o la contaminación impune. Por el contrario debería servir para replantearse un modelo de política ambiental de calidad que salvaguarde los valores naturales de la Comunidad Autónoma a largo plazo”, -ha declarado Juan López de Uralde, Director de Greenpeace España.
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Hotel ilegal de El Algarribico
El caso del hotel “Azata del Sol” en la playa del Agarrobico (Carboneras) es, sin duda, uno de los mayores símbolos de la destrucción del litoral. Con más de 20 plantas y 441 habitaciones, el Hotel se incluye dentro de un complejo residencial integrado por otros siete hoteles, 1.500 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos.
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A todas las sentencias que confirman su ilegalidad se le suma la última dictada por el Juzgado nº2 de lo Contencioso Administrativo de Almeria de 5 de septiembre de 2008, que declara ilegal la licencia de obras que el Ayuntamiento de Carboneras concedió. El Juez en esta última sentencia, además, ha apreciado la posible comisión de un delito en la concesión de la licencia y solicita su investigación por parte de la Fiscalía.
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Greenpeace exige que los esfuerzos de la Junta de Andalucia se encaminen urgentemente a cerrar un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, sin más demora para derribar el hotel y que deje de escudarse en un proceso judicial eterno que sólo favorece a la promotora Azata“. -ha declarado Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.
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Algeciras
La Bahía de Algeciras se encuentra en estado de excepción continuado, ya que está expuesta a sufrir en cualquier momento una catástrofe ambiental y sanitaria de grandes proporciones. El descontrol en el tráfico marítimo, la absoluta descoordinación de las administraciones andaluzas, central, gibraltareña y del Reino Unido provoca que año tras año se sucedan hundimientos, colisiones, vertidos y contaminación crónica en aguas de la Bahía y del Estrecho de Gibraltar. Se trata de una situación insostenible que necesita solución. Es imprescindible establecer un régimen especial de vigilancia, control y sanción en todas las aguas de la Bahía de Algeciras y Gibraltat con el fin de evitar que se produzcan nuevos accidentes.
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Las cifrs son realmente preocupantes. Más de 100.000 buques al año atraviesan sus aguas, más de 21.000 transportan sustancias tóxicas y peligrosas, el bunkering aumenta año tras año (ya se superan los seis millones de toneladas de fuel transferido en estas operaciones de repostaje), en menos de dos años se han producido cinco accidentes importantes (Samothraki, Sierra Nava, New Flame, Fedra y Tawe).
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La ampliación del puerto de Tarifa
La Autoridad Portuaria Bahía Algeciras (APBA) ha proyectado la ampliación del Puerto de Tarifa, con el propósito inicial de trasladar desde Algeciras a Tarifa gran parte del tráfico de pasajeros, que cruzan el Estrecho. El proyecto supone la construcción de seis atraques para ferrys, dos para rampas de camiones (RO – RO), estación marítima, aduana, etc. Abarca desde el actual puerto hasta El Camorro, con una superficie de 31 hectáreas construidas en un total de 61,4 hectáreas de superficie ocupada, e incluye la construcción de un espigón de 1.210 metros de langitud hacia el este, haciendo de dique “natural” de poniente La Isla de Las Palomas y su itsmo.
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“La Consejería de Medio Ambiente afirma reiteradamente que es la Comunidad Autónoma con más espacios costeros protegidos pero el proyecto de ampliación del puerto de Tarifa en la linde con el Parque Natural del Estrecho y en la Reserva de la Bioefera demuestran la preocupante política medioambiental” -ha añadido Pilar Marcos.
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Fertiberia
Los reiterados incumplimientos de leyes ambientales y sentencias judiciales de la empresa Fertiberia lejos de ser motivo para solucionar el grave problema sanitario y ambiental que sufre Huelva, han servido a la Junta de Andalucia para conceder, fuera del plazo fijado por Europa, Autorización Ambiental Integrada a la Planta. Esta actuación ha hecho que la Comisión europea tenga prevista a la ciudad para investigar las irregularidades que la Administración está cometiendo. La Junta de Andalucia con una actuación ambigua y haciendo dilación de sus obligaciones está impidiendo que se busquen salidas reales al problema del vertido de fosfoyesos en las marismas del Tinto.
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“La Administración andaluza está perdiendo un tiempo precioso para elaborar un plan de empleo con futuro para el sector de los fertilizantes en Huelva y emprender las labores de descontaminación y recuperación de la zona. Fertiberia tendrá que costear estas operaciones pues es la causante del problema. De no ser así la Administración estará  defendiendo los intereses particulares e interesados de la industria, no velando por el bien común, la salud y la preservación del medio ambiente”, ha declarado Julio Barea responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace.
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Jaume Satorra
Greenpeace / España
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