Como parte de su férrea oposición a las cuatro megarepresas que Endesa y Colbún pretenden construir en la Región de Aysén, el Consejo de Defensa de la Patagonia recurrirá por primera vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que el lunes la Corte Suprema confirmara el rechazo al recurso de protección interpuesto por la organización en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema), que no acogió la solicitud de aplicación de un tratado hídrico vigente entre Chile y Argentina.
Basado en el mismo fallo, en que el máximo Tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de diciembre pasado, la agrupación ciudadana acudirá nuevamente ante la Comisión de Cooperación Ambiental Chile-Canadá para denunciar «una pauta persistente en el incumplimiento de la legislación sectorial por parte del Estado de Chile».
A fines del año pasado, la mencionada entidad canadiense declaró admisible la denuncia interpuesta en junio de 2008 por el consejo una vez que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles otorgara el permiso provisorio al proyecto sobre los ríos Pascua y Baker, sin considerar el Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos adscrito al Tratado de Medio Ambiente firmado entre Chile y Argentina en 1991.
INSTANCIAS AGOTADAS
Marcelo Castillo, abogado del Consejo de la Patagonia, confirmó que agotada la última instancia judicial dentro del país -la Corte Suprema-, procede estampar el reclamo ante organismos internacionales, donde esperan sean atendidas las denuncias de violación de derechos humanos de igualdad ante la ley y el incumplimiento de legislación ambiental.
«Consideramos que los fallos de primera y segunda instancia, sólo por una formalidad absurda, pues presentamos nuestra solicitud antes de que HidroAysén entregara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no se hicieron cargo de nuestros reclamos de ilegalidad por violación de derechos», señaló el abogado.
«Vamos a pedir medidas provisionales de modo que se adopten varias iniciativas, entre las que no se descarta la paralización del proyecto, pues la comisión posee facultades discrecionales para ello, dependiendo de los antecedentes que aportemos», indicó Castillo.
En una arista más de la batalla contra el megaproyecto, cuya inversión asciende a 3.200 millones de dólares, la denuncia será presentarán en marzo próximo en la sede de Washington del organismo internacional.
HIDROAYSÉN Y TRILLIUM
El recurso de protección rechazado por los tribunales nacionales, según explicó Castillo, fue presentado para revertir la omisión por parte de la Corema de Aysén que no dio curso a la solicitud de condiciones administrativas establecidas por ley para aplicar el citado tratado entre Chile y Argentina que, entre otros puntos, establece que las cuencas hídricas compartidas deben contar con un plan general de utilización, «instrumentos que no existen para los casos de las cuencas de los ríos Pascua y Baker».
Pese al revés judicial en la Corte Suprema, Castillo enfatizó que la sentencia de dicho tribunal no emite juicio sobre el fondo del asunto (la no aplicación del tratado binacional de recursos hídricos compartidos) ni se refiere a la admisibilidad y/o aprobación del EIA.
«Acá las instituciones no están funcionando y se está comprometiendo internacionalmente al Estado por este tipo de situaciones», lamentó Castillo, abogado que formó parte de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, tras seis años, condenó al Estado en el caso Trillium. «Aunque son causales distintas, existe ese precedente por cuanto el fondo -la violación de derechos-, es similar», advirtió.
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