La seguridad alimentaria: control local de los alimentos

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Los responsables municipales también velan por la seguridad de los alimentos que se consumen o producen en una población

Velar por la salud y la buena calidad de vida de los ciudadanos es uno de los objetivos prioritarios de los ayuntamientos de ciudades y pueblos, sea cual sea su tamaño. Con este fin, uno de los campos en los que sus responsables se afanan, sobre todo en las grandes ciudades, donde el abastecimiento diario y el consumo de alimentos son muy elevados, es el de la seguridad alimentaria. Aunque en ocasiones su trabajo puede pasar relativamente desapercibido, algunos de estos servicios municipales llevan funcionando en nuestro país desde el siglo XIX.

Fue precisamente en esa época, a partir del siglo XIX, cuando el Estado, a través de unas reales órdenes, estableció la obligación de que los responsables de la Administración local controlaran los alimentos que se consumían en las ciudades. Otras urbes tan populosas como Londres o París ya desarrollaban esta tarea sanitaria y algunas capitales españolas como Málaga, Sevilla, Madrid, Barcelona o Bilbao se sumaron a esta corriente. Al principio, las labores se reducían al control de abastecimiento de carnes y leche, y se centraban en las inspecciones, sobre todo en los mataderos. Más tarde, la vigilancia se fue ampliando a otros alimentos, a la vez que se incorporaban nuevos métodos y técnicas de examen que permitían un nivel de comprobación más eficaz.

Coordinación, la clave

Es imprescindible consensuar criterios y unificar protocolos de actuación a la hora de garantizar la seguridad de los alimentos en el ámbito municipal

No del todo conocida, la labor que se realiza desde los servicios municipales de seguridad alimentaria es vital para garantizar la salubridad de los alimentos que se consumen o se producen en un municipio. Dado lo globalizados que están los mercados, resulta fundamental trabajar en plena coordinación con los servicios homónimos de gobiernos autónomos y ellos, a su vez, con las diferentes administraciones públicas competentes, tanto estatales como europeas. En este sentido, es imprescindible consensuar los criterios y unificar los protocolos de actuación con objeto de optimizar los resultados.

Un ejemplo de esta coordinación son las redes de alerta que se gestionan en el ámbito nacional e internacional a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Mediante esta herramienta es posible mantener una constante vigilancia frente a cualquier riesgo o incidencia relacionada con los alimentos que pueda afectar a la salud de los consumidores.

Los controles oficiales realizados desde los ayuntamientos en industrias agroalimentarias, mercados, tiendas de alimentación y restaurantes del municipio incluyen tanto la inspección sanitaria que precede a la concesión de un registro sanitario o a una autorización de apertura de un establecimiento alimentario como a las inspecciones periódicas que se realizan en este sector, y que normalmente se planifican siguiendo unos criterios entre los que se encuentra su riesgo higiénico-sanitario.

Estas inspecciones rutinarias, que suelen efectuarse por sorpresa, siguen unos puntos establecidos por protocolos que incluyen la infraestructura del establecimiento, el equipamiento, materias primas, técnicas de trabajo y manipulación. En ocasiones, durante estas visitas también se recogen muestras de alimentos para su posterior análisis en laboratorio. Además, desde los servicios de seguridad alimentaria municipales se planifican campañas especiales en diferentes ámbitos, como comedores escolares, fiestas populares o ferias agrícolas.

Intervención pública

En caso de infracción, las medidas pueden ir desde una sanción a un cierre cautelar de un establecimiento, dependiendo de la gravedad de la anomalía. Si el problema es la presencia de un microorganismo patógeno, además de la infracción pertinente, se realiza un estudio sobre sus posibles causas para su erradicación y la futura prevención del problema. En general, la relación entre los inspectores municipales y los responsables del sector alimentario objeto de inspección (mercados, industria, restaurantes…) es de mutuo respeto, y se admiten sugerencias y consejos para mejorar. La seguridad de los alimentos es una filosofía de trabajo implantada dentro de la mayoría de los establecimientos, aunque el temor a una posible toxiinfección y sus consecuencias suma un factor añadido.

En caso de que esto se produzca, lo primero que tiene que hacer el consumidor es acudir a un centro médico. Si se sospecha que hay un nexo entre la enfermedad y el consumo de un alimento de un determinado establecimiento, el centro médico u hospital avisará a la unidad epidemiológica competente. Esta unidad realizará una encuesta a los afectados, a los que se tomarán muestras con el objeto de elaborar una teoría acerca del origen de la toxiinfección. Entonces, un equipo se desplaza hasta el presunto establecimiento implicado para realizar una inspección y tomar muestras. La confirmación de causa-efecto en una toxiinfección alimentaria resulta muy difícil. Cuando se constate que el brote se ha originado en el establecimiento, se tendrá que proceder a un “vaciado sanitario”, es decir, se eliminarán todos los alimentos para descartar cualquier posibilidad de recontaminación. Por supuesto, si se sospecha que se sufre una toxiinfección alimentaria, además de ir al médico se puede acudir a la Administración competente en materia de consumo a tramitar la denuncia.

Velar por la seguridad

En la última década se ha observado un espectacular incremento de los niveles de seguridad alimentaria, especialmente a raíz de la implantación en la UE de reglamentaciones específicas en este campo, que proporcionan una sólida garantía sanitaria al consumidor europeo. El cambio que se ha producido ha sido cualitativo: antes la responsable de la seguridad de los alimentos era la Administración, mientras que ahora es el fabricante, distribuidor o comercializador el que tiene esa responsabilidad, mientras que la Administración vela para que los dispositivos de seguridad se cumplan.

SEGURIDAD ALIMENTARIA, UN CICLO BAJO CONTROL

En España, los organismos responsables de que todo el procesoalimentario se desarrolle con garantías de seguridad para el consumidor son, por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (responsable de la producción de las materias primas) y, por otro, el Ministerio de Sanidad. Ambos deben adaptar la normativa comunitaria y hacer que se cumplan las disposiciones elaboradas a tal efecto. Las instituciones autonómicas y locales completan el ciclo de seguridad a lo largo de todo el proceso que va desde la fabricación hasta el consumo.

Así, las comunidades autónomas, a través de sus respectivas consejerías, intervienen en materia de control directo en explotaciones agrícolas y ganaderas, pero también en el resto de etapas del procesado: transporte, elaboración y distribución de los productos. Las medidas de control se realizan mediante inspecciones periódicas rutinarias, o bien a través de inspecciones inducidas por riesgos declarados por la Comisión Europea. En el caso de que se produzcan anomalías en cualquiera de las etapas del proceso, se iniciarán los procedimientos destinados a corregirlas y sancionarlas. Los ayuntamientos de municipios grandes pueden ejercer un mayor control sobre el sector agroalimentario y desarrollar sus propios servicios municipales de seguridad alimentaria.

Jaume Satorra

Liberalización del mercado eléctrico: cómo elegir la mejor oferta

TORRE

Las tarifas actuales desaparecerán, por lo que habrá que elegir entre la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) o la oferta de otra empresa comercializadora

En su día ya lo hicieron sectores como el de la telefonía fija y, más recientemente, el del gas. El próximo 1 de julio es la fecha elegida para que la liberalización del suministro eléctrico llegue a nuestro país. En menos de un mes más de 20 millones de consumidores podrán, si así lo desean, salir al mercado libre. ¿Qué significa esto? Que cada consumidor, al igual que busca la gasolina más barata o las tarifas de telefonía que mejor se adaptan a sus necesidades, tendrá la oportunidad de buscar y contratar el plan que más le convengan entre la oferta de suministradores que operen en el mercado. Desaparecerán las tarifas integrales que regula el Gobierno, -las contratadas por los usuarios domésticos y las pymes- y se hará efectiva una competencia real y libre entre las empresas suministradoras. Sin embargo, aún quedan varios cabos por atar, por lo que conviene actuar con prudencia y conocer las claves que este nuevo cambio nos depara.

El mercado eléctrico se abre

La contratación del suministro eléctrico por parte de los consumidores nunca ha atendido a preferencias ni a gustos de ninguna clase, ya que la oferta no era libre y estaba férreamente regulada: el contrato debía suscribirse con la compañía generadora y distribuidora de la energía en la zona geográfica en la que se situaba la vivienda o el negocio. Sin embargo, a partir del próximo 1 de julio, el escenario cambia. El mercado se abrirá y podremos contratar el suministro eléctrico con aquella compañía que, según sus propias ofertas, nos resulte más interesante, con independencia de la zona geográfica en la que se sitúe nuestro negocio o domicilio. Siempre y cuando las suministradoras ofrezcan el servicio, pese a que nuestra comunidad no haya sido hasta entonces el hábitat natural en el que la compañía eléctrica haya operado. Así, los ciudadanos navarros, como muchos otros, que hasta ahora no tenían más opción que contratar el suministro eléctrico con Iberdrola, grupo empresarial propietario de las redes eléctricas de esa comunidad, podrán pasar, si así lo desean, a suscribir los servicios con empresas como Hidrocantábrico, Endesa, Unión Fenosa u otras.

Todo cambio estructural requiere de un tiempo para que los usuarios lo asimilen y lo comprendan. Por eso, desde el Ministerio de Industriaaconsejan tener siempre en mente el símil de la telefonía móvil: muchas compañías, con múltiples ofertas y tarifas.

Para comprender el cambio puede resultar útil acordarse del símil de la telefonía móvil: muchas compañías con múltiples ofertas y tarifas

Sin embargo, más de un consumidor se siente confundido tras encontrar en su buzón una circular, que normalmente acompaña a la factura de la luz, en la que la compañía eléctrica le comunica que a partir del 1 de julio dejará de ser su cliente y que debe elegir una comercializadora que les suministre la electricidad ya sea con tarifas libremente pactadas o con la “tarifa de último recurso”. Pero no debe cundir el pánico. Conviene saber que aunque la información proporcionada por nuestra compañía pueda dar lugar a equívocos, en ningún caso quiere decir que el 1 de julio nos cortarán la luz o nos dejarán sin suministro eléctrico.

SI VA A SALIR AL MERCADO LIBRE:

  • Asegúrese de cuál es el consumo anual de luz, los hábitos en la utilización de la energía eléctrica y la potenciacontratada. A partir de estos datos se valorará si las ofertas de las otras compañías se ajustan a las necesidades reales de cada hogar.
  • No vale el viejo dicho de “mejor que sobre y no que falte”: si se acepta una oferta que incluya un término de potencia superior al necesario, a la larga se pagará por un servicio que no se utiliza.
  • Si está decidido a salir al mercado libre, busque y compare entre varios planes de precio que oferten distintas comercializadoras. No se deje llevar por los “descuentazos” que le ofrezcan durante el primer año, pregunte por las condiciones para años siguientes y haga cálculos.
  • Su actual compañía le hará llegar en los próximos días una circular informándole del cambio que se avecina. En ella encontrará un listado con el nombre y los teléfonos de las empresas comercializadoras de luz. Además, en la web de la Comisión Nacional de Energía puede consultar una lista de las empresas autorizadas.
  • El precio no es lo único importante; antes de formalizar el contrato debe conocer cuál es la política con la que actuará la nueva empresa comercializadora en caso de avería, la calidad de su servicio de atención al cliente, el periodo de facturación que establece y su forma de pago.
  • Si finalmente la oferta se acepta, conviene consultar antes con el suministrador cuál será el proceso para hacer el traspaso: documentación que se debe presentar, el tiempo que se tarda en efectuar el cambio y quién se encargará de realizar el trámite: ¿el consumidor o la nueva suministradora?
  • Es importante recordar que ante su marcha, la anterior compañía le exigirá saldar las cantidades económicas que tenga pendientes por abonar. Esto no quiere decir que le estén cobrando por salir al mercado libre, no hay ninguna penalización por hacerlo.
  • Exija en todo momento un contrato por escrito, con doble ejemplar, fechado y sellado. Tanto si hemos aceptado la oferta en un establecimiento comercial como si lo hemos hecho por teléfono o tras la visita de un comercial, no hay que olvidarse de reclamar una copia del contrato.
  • Antes de firmarlo, léalo con detenimiento y asegúrese de que entiende todas las cláusulas que incluye el documento. Si no fuera el caso, pregunte para despejar sus dudas.
  • No firme ningún documento en blanco, y no facilite datos personales ni bancarios si no está convencido de hacer el cambio.

¿Qué es la tarifa de último recurso?

Llegado el día 1 de julio, y si el consumidor no ha aceptado ninguna oferta por parte del resto de compañías comercializadoras, pasará automáticamente a tener la tarifa de último recurso (TUR), normalmente con la comercializadora de su propia distribuidora. El Real Decreto 485/2009, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica, establece que a partir del 1 de julio de 2009 las tarifas integrales de energía eléctrica, que son las actuales y las que fija el Gobierno, quedan extinguidas. A cambio aparece la denominada tarifa de último recurso para los llamados “usuarios de baja tensión” (hogares y pymes) -cuya potencia contratada sea igual o inferior a 10 kW-. Aunque dicho límite de potencia puede ser modificado por orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La TUR es una tarifa fija que se revisará cada tres meses y con la que el Gobierno fijará el precio mínimo y el máximo al que las comercializadoras autorizadas cobrarán la electricidad a quienes que se registren como usuarios de último recurso.

El 1 de julio si no se ha aceptado ninguna oferta por parte del resto de comercializadoras, pasaremos automáticamente a tener la tarifa de última recurso

El decreto establece que asumirán la obligación de suministro de la TUR de energía eléctrica únicamente las siguientes empresas comercializadoras:

  • Endesa Energía XXI, S.L.
  • Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
  • Unión Fenosa Metra, S.L.
  • Hidrocantábrico Energía Último Recurso, S.A.U.
  • E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L.

Llega el 1 de julio, ¿qué debemos hacer?

¿QUÉ POTENCIA TENGO CONTRATADA?

  • Tarifa 1.0: menor de 1 kW
  • Tarifa 2.0.1: de 1 kW a 2,5 kW
  • Tarifa 2.0.2: de 2,5 kW a 5 kW
  • Tarifa 2.0.3: de 5 kW a 10 kW
  • Tarifa 3.0.1: de 10 kW a 15 kW

Jaume Satorra

Redes eléctricas inteligentes

En las infraestructuras del futuro, más eficientes y ecológicas, los consumidores y las energías renovables serán protagonistas

Diversas iniciativas en todo el mundo trabajan en el desarrollo de las denominadas “redes eléctricas inteligentes” para sustituir a las actuales. Entre sus ventajas se encuentra una mayor eficiencia, una reducción del gasto energético y la generalización de las energías renovables, lo que favorece al medio ambiente y a la economía. Asimismo, los consumidores saldrían también beneficiados, ya que podrían generar su propia energía en casa y ser parte activa de la red.

Las redes eléctricas actuales no han cambiado desde que se concibieran a finales del siglo XIX. La idea básica consiste en hacer llegar grandes cantidades de energía a los usuarios finales en todo momento, tanto si lo necesitan como si no. Además, se trata de una relación unidireccional: los consumidores son receptores pasivos y no pueden participar como posibles productores domésticos.

Otra de las desventajas de esta configuración es su baja eficiencia, con el consiguiente impacto medioambiental que supone la producción energética: algunas estimaciones hablan de pérdidas de hasta el 20% de la energía que distribuye, sin contar los fallos en el servicio. Estas fugas eléctricas pueden suponer al cabo del año miles de millones de euros desperdiciados: por ejemplo, sólo en Estados Unidos (EE.UU.) se calculan pérdidas anuales de unos 140.000 millones de euros, según un informe de la consultora Deloitte.

Los ciudadanos podrían contar con sus propios sistemas renovables para autoconsumo y devolver al tendido eléctrico la energía sobrante, evitando su pérdida

Por ello, cada vez más expertos proponen la sustitución de esta red por otro sistema que denominan “inteligente”, en virtud de las aplicaciones que permite y las nuevas tecnologías en las que se sustenta. Sus defensores aseguran que distribuiría la energía de forma mucho más eficiente y reduciría las emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta en un 15%. Según una investigación promovida por el Gobierno estadounidense, mejorando la eficiencia de la red eléctrica de este país en un 5%, se evitaría el equivalente al gasto en combustible y las emisiones de CO2 de 53 millones de coches.

Las ventajas de esta red eléctrica inteligente serían diversas, y entre sus máximos beneficiarios se encontrarían los consumidores y las energías renovables. Uno de los problemas de estas energías, como la solar o la eólica, es que se producen de manera irregular y en lugares donde no hay una infraestructura eléctrica capaz de aprovecharlas al máximo. Las nuevas redes tendrían en cuenta las peculiaridades de las renovables y permitirían su generalización, no sólo en los grandes centros de producción, sino también a escala doméstica.

En este sentido, al tratarse de una red bidireccional, los ciudadanos podrían contar con sus propios sistemas renovables para autoconsumo, y devolver a la red la energía sobrante, evitando así su pérdida. El nuevo sistema permitiría también la generalización de los coches eléctricos, ya que la red estaría preparada para recargarlos cuando lo necesitaran de manera más eficiente. Con una red de este tipo, razonan sus defensores, la industria del automóvil aceleraría la sustitución de los actuales coches de motor de explosión por los eléctricos, una decisión que el medio ambiente agradecería.

El ahorro energético también se lograría gracias a la aplicación de nuevas tecnologías que optimizarían el gasto, apagarían los aparatos si no se están utilizando, o informarían en todo momento del consumo eléctrico. En la actualidad, diversos grupos trabajan en el desarrollo de losdispositivos “Grid-friendly” y los denominadores “contadores inteligentes” empiezan a ser cada vez más comunes en varios países. Asimismo, proyectos como el PowerMeter de Google, una aplicación on line que mide el uso de la energía en casa, demuestran la relevancia creciente de este tipo de sistemas.

Por su parte, algunos expertos también incluyen la tecnología de la superconductividad en estas redes inteligentes. Se trata de materiales que logran una transmisión eléctrica sin apenas pérdidas a temperaturas cercanas al cero absoluto, por lo que aún se encuentran lejos de ser viables a gran escala. En cualquier caso, diversos grupos de investigación en todo el mundo están mejorando estos materiales y las posibilidades que, por ejemplo, ofrece la nanotecnología podrían acercarles al objetivo de la superconductividad a temperatura ambiente.

Principales iniciativas

EE.UU. es uno de los países más interesados en las redes eléctricas inteligentes: su nuevo Gobierno ha incluido entre sus medidas de estímulo para la economía un presupuesto de unos 8.500 millones de euros para desarrollarlas. La inversión parece acertada, a juzgar por un estudio del Peterson Institute for International Economics y el World Resources Institute. Este informe estima que este tipo de iniciativas reducirían el uso de combustibles fósiles, ahorrarían a la economía de EE.UU. una media de 350 millones de euros al año por cada 775 millones invertidos, crearían 30.000 puestos de trabajo al año y reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero en unas 592.600 toneladas entre 2012 y 2020.

El nuevo Gobierno de EE.UU. ha incluido entre sus medidas de estímulo para la economía unos 8.500 millones de euros para desarrollar estas redes

Algunos Estados ya están trabajando en varias redes piloto. La principal compañía eléctrica de Colorado, Xcel Energy, construye en Boulder “la primera red eléctrica inteligente del mundo para una ciudad entera”, según sus responsables. Su objetivo es conectar a 35.000 hogares y empresas con sistemas automatizados y de comunicación bidireccional y aprovechar todo tipo de energías renovables. Por el momento se han invertido unos 77 millones de euros y sus impulsores no tendrán datos sobre su coste y su funcionamiento hasta 2010, aunque las estimaciones les hacen ser optimistas.

Asimismo, los dos proveedores de electricidad de Massachusetts trabajan en varios programas piloto en la altamente poblada región del este. El Estado de Florida también es testigo de varias pruebas: la compañía Progress Energy y la Universidad de Florida Sur colaboran en un proyecto de unos 12 millones de euros para equipar a unos 5.000 hogares con diversos sistemas inteligentes, mientras que la compañía Florida Power también planea crear una red inteligente.

Retos futuros

Los expertos recuerdan que se trata de proyectos piloto que necesitarán un mayor grado de desarrollo y optimización. Asimismo, el concepto “inteligente” se está utilizando de forma muy amplia, por lo que hay grandes diferencias entre los proyectos en marcha. Por ejemplo, en algunos casos se autodenominan redes inteligentes sólo por emplazar contadores digitales, mientras que en otros casos se emprenden transformaciones mucho más profundas de la red y con instalaciones de energías renovables. Por ello, se requiere unificar criterios para evitar falsas expectativas.En cualquier caso, uno de los grandes retos es la enorme inversión necesaria para transformar la red eléctrica. Por ejemplo, se estima que solo en EE.UU. serían necesarios unos 125.000 millones de euros hasta 2025. Algunos expertos recuerdan que las compañías eléctricas perderán el control absoluto del negocio, por lo que a priori no las convierte en las principales defensoras de este cambio. Por todo ello, consideran, la puesta en marcha de estas nuevas infraestructuras necesitará de un apoyo mundial en el que tomen parte instituciones, empresas y consumidores.
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Jaume Satorra

¿Se están frenando las energías renovables en España?

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Las empresas del sector critican la nueva ley que regula estas fuentes de energía

¿Cómo es posible que el nuevo Gobierno estadounidense señale al desarrollo de las energías renovables en España como ejemplo a seguir y los responsables del sector consideren que corren peligro? El objeto de la discordia se encuentra en la nueva ley para regular el sector de estas fuentes de energía. Sus impulsores, los responsables del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), aseguran que beneficiará a los consumidores y permitirá a las renovables un crecimiento sostenible. Sin embargo, las empresas del sector creen que las nuevas medidas supondrán la pérdida de empleos y perjudicarán el crecimiento de estas energías, especialmente las que empiezan a madurar ahora.

La reciente entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2009 (RDL) conlleva diversos cambios en el sector energético que benefician a los consumidores, según el MITYC. Por un lado, se ha creado un bono social al que podrán acogerse, a partir del 1 de julio, consumidores que tengan una potencia contratada inferior a tres kilovatios (kW) en su vivienda habitual, familias numerosas, así como las que tengan a todos sus integrantes desempleados, jubilados con 60 o más años y pensionistas en determinadas circunstancias.

Por otro lado, se ha regulado el crecimiento de las energías renovables para lograr, explican desde el MITYC, el “difícil equilibrio entre su máximo desarrollo con un coste que los bolsillos de los ciudadanos puedan asumir, ya que son estos los que, en definitiva, pagan el desarrollo de las energías renovables.”

La nueva ley logra el difícil equilibrio entre el máximo desarrollo de las renovables con un coste que los ciudadanos puedan asumir, según el MITYC

En este sentido, Heikki Mesa, experto en Energía y Cambio Climático de la organización conservacionista WWF, señala el ejemplo de la energía solar fotovoltaica, cuyo desarrollo “no ha sido sostenible”, y se ha convertido en otra “burbuja especuladora”: hace tres años había instalados 40 megavatios (MW) y ahora 3.400 MW (2.700 MW el año pasado), “simplemente porque se acababa el plazo para recibir las primas”. Los promotores, explica Mesa, instalaban parques fotovoltaicos de grandes dimensiones, mucho más baratos que la instalación de paneles en casas particulares.

Por ello, subraya el experto de WWF, el sistema funcionaba como una especie de bonos del tesoro para dichos promotores, “sabiendo que iban a cobrar primas durante 25 años, sólo que en vez de pagarlo el Estado, lo hacíamos los consumidores en nuestra tarifa eléctrica, financiando además los retornos a los bancos y los fondos de inversiones incluso extranjeros.”

Con el nuevo RDL, a la hora de cobrar las primas, las instalaciones de cualquier tipo de renovable, excepto la fotovoltaica, que ya pasó por una regulación similar mediante el RD 1578, deberán inscribirse en un nuevo registro de retribución y tendrán que demostrar una serie de requisitos. De esta manera, se conseguirá acotar las primas, “adecuando el desarrollo de las renovables al paso de la evolución de la economía con una moderación del que se va a ver beneficiado el propio sector”, según los responsables del MITYC. El propio RDL anuncia que se elaborará un nuevo decreto en los próximos meses para concretar los registros, los posibles cupos, los avales y los certificados.

Críticas a la nueva ley

El experto de WWF, Heikki Mesa, considera que, aunque necesaria, la nueva norma ha llegado demasiado tarde y supondrá un frenazo demasiado brusco, lo que se va a traducir en pérdidas de empleos. Lo adecuado, en su opinión, habría sido seguir el modelo alemán en el que los consumidores protagonizan las ayudas. Asimismo, se deberían facilitar los trámites burocráticos para la instalación de renovables en los hogares, ya que en la actualidad son “un calvario”.

Los responsables de la revista Energías Renovables afirman que la nueva norma está especialmente pensada “para controlar la solar termoeléctrica y evitar una burbuja similar a la de la fotovoltaica”. Las principales afectadas serán, según estos expertos, “las que están levantando ahora la cabeza, como la termosolar o el biogás, y no tanto tecnologías consolidadas como la eólica.” Y entre las principales beneficiarias, según Carlos Muñoz, presidente de la sección de Solar Termoeléctrica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), “las grandes empresas, que ya tienen en marcha sus proyectos y piensan dar el salto a Estados Unidos mientras dejan el terreno acotado a los pequeños promotores”.

La APPA considera que la nueva ley perjudicará el crecimiento de estas energías en España. Sus responsables, junto a los de otras cinco asociaciones que representan diversos sistemas renovables, han suscrito un manifiesto en el que consideran que, aunque la nueva ley trata de solucionar diversos problemas del sector, puede tener un efecto contrario al pretendido por el Ministerio. Asimismo, subrayan que algunos de sus requisitos “son prácticamente imposibles de cumplir e impedirán la realización de muchos de los proyectos previstos, con la consiguiente paralización de la industria y la pérdida de puestos de trabajo.”

Algunos requisitos de la ley son prácticamente imposibles de cumplir, con la consiguiente paralización de la industria y la pérdida de puestos de trabajo, según la APPA

Por ello, las asociaciones firmantes consideran que este RDL debería sustituirse por la prometida Ley de Energías Renovables, en la que se debería contar con la participación de todas las partes. En este sentido, la APPA y la organización ecologista Greenpeace han presentado una propuesta de anteproyecto de ley para todas las energías renovables. Entre las medidas que propone, desaparecerían los cupos que limitan la potencia para estas fuentes; se mantendría el sistema de primas; se ofrecerían créditos preferentes y se incentivaría la electricidad de autoconsumo y las tecnologías híbridas; y la retribución se basaría también en los derechos de emisiones de CO2.

En caso de aprobarse dicha propuesta, aseguran los responsables de APPA y Greenpeace, se generarían un millón de empleos y se conseguirían los siguientes objetivos: el consumo final de energía para 2020 será un 30% renovable y un 80% en 2050; en generación de electricidad, 50% en 2020 y 100% en 2050; 80% en climatización de edificios para 2050, y un 10% en transporte para 2020.

Europa suspende a España en renovables

– Imagen: Patrick Moore

La Comisión Europea, en su “Informe de avance sobre la energía procedente de fuentes renovables”, señala que la gran mayoría de los 27 Estados miembros de la UE, entre ellos España, se encuentra por debajo de la media de progresión. En el caso español, el consumo primario de renovables ha pasado del 7% en 2003 al 7,6% en 2008, y sólo seis países han conseguido aumentar al menos dos puntos desde 2004. Alemania se ha convertido en el ejemplo a seguir: ha pasado del 10,6% al 12,6%.

Por otra parte, el informe compara los distintos sistemas nacionales de apoyo a estas energías y destaca que los vaivenes en las políticas de promoción no ayudan a estas energías, por lo que la estabilidad es un elemento fundamental para su éxito.

Jaume Satorra


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