Escuchas telefónicas y abuso de las instituciones

OPINIÓN

¿Cuántos de los lectores saben que en España los Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir Policía Nacional, Guardia Civil, policías autónomas e incluso las Fuerzas Armadas, no necesitan una orden judicial para intervenir las comunicaciones telefónicas? A este respecto existe tan solo una normativa, laLey 11/2002 de 6 de mayo que regula el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia. Vemos demasiadas películas americanas.

29-08-2009 – Por ello la primera reacción del público, característica de pueblos estúpidos y conformistas como el nuestro, fue llevarse las manos a la cabeza cuando María Dolores Cospedal se puso a buscar micrófonos en su despacho como una posesa y acusó al gobierno de estar pinchando teléfonos en Génova 13. “Si tienen pruebas que vayan al juzgado”, decía la gente. Un alterado Ministro del Interior se rasgó las vestiduras y habló de gravísimas infamias y falta de responsabilidad.

Pero la cosa ha quedado en estival sierpe: nadie emprende acciones judiciales. Por buenas razones: si los unos en ningún caso han infringido la ley, aunque fueran culpables de la villanía que se les imputa, mal podría hacer valer la otra sus acusaciones, aun en el caso de que pudiera demostrarlas.

Tales pruebas no las va a encontrar la Sra. Cospedal, por más que ponga patas arriba su despacho y el rellano de la escalera. Los apaños chapuceros con pinzas metálicas, los cables tras el espejo del baño y los micrófonos inalámbricos son cosa del pasado. Ahora se emplean medios mucho más sofisticados: hacking informático, rootkits instalados por la mujer de la limpieza, ataques man-in-the-middle, la decodificación del GSM mediante tecnología israelí y, sobre todo, la interceptación directa de llamadas, tanto de fijos como de móviles, en las mismas centralitas digitales de la compañía de teléfonos.

Desde el año 2000 el gobierno español, en colaboración con la multinacional Ericsson y la empresa Indra, ha invertido alrededor de cuarenta millones de euros en SITEL, un sistema informático que permite a la policía interceptar directamente llamadas telefónicas en cualquier punto del territorio nacional sin tener que montar previamente dispositivos de escucha. La implantación del sistema se ha llevado a cabo sobre un reglamento del Ministerio de Fomento y no sobre una ley orgánica, que es lo que habría exigido una medida de tan amplia envergadura. Desde hace años Sitel se encuentra en el punto de mira de la Asociación de Internautas. El teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, elevó en junio de 2005 un informe al Fiscal General del Estado las graves deficiencias jurídicas de Sitel. Según dicho informe las interceptaciones incumplen los requisitos exigidos por el Supremo para ser utilizados como medio de investigación y prueba, por no existir control judicial efectivo, lo cual afectaría a la validez de múltiples procesos. Hasta ahora el silencio ha sido la única respuesta.

Cuando Cospedal dice que se siente espiada por el gobierno yo la creo. Mucha más fe es la que se necesita para creer lo contrario, que siendo tan fácil y no existiendo una cobertura jurídica garantista de ningún tipo para los derechos del usuario telefónico, el gobierno de la Nación no se vea tentado de utilizar unos medios técnicos que le ponen en bandeja no solo las conversaciones de la oposición, sino las de cualquier ciudadano del país. El incidente podría haber servido para iniciar una sana polémica sobre la protección judicial de las telecomunicaciones, pero por desgracia ha degenerado en la rebatiña partidista de siempre.

España aun se encuentra lejos de convertirse en un estado policíaco -aunque no tanto como pensamos-. La realidad de fondo es más banal: la de un partido que intenta hundir a otro que hace esfuerzos desesperados para mantenerse a flote. El Presidente Zapatero llegó al poder navegando sobre una almadía de mentiras. Dijo a los ciudadanos que no había crisis, y vaya si la había. Ahora no sabe lo que hacer y da manotazos a todas partes, utilizando al Fiscal General para sus fines políticos y lo que haga falta.

¿Serían ustedes demasiado duros conmigo si les digo que el gobierno sí está llevando escuchas telefónicas y una labor de espionaje dirigida no solo a la oposición, sino a los restantes grupos políticos? Les propongo que se sumen a la acusación, aunque solo sea por higiene democrática. No se preocupen, el gobierno no es una persona, y no se le puede aplicar el criterio de presunción de inocencia. Es culpable por defecto, asi que pongámosle en la picota. Después se verá si ha habido escuchas o no. Y en este último caso no pediremos disculpas, sino que nos limitaremos a decir: “De acuerdo, gobierno, ya hemos visto que lo estás haciendo bien. Ahora vuelve a lo tuyo y ándate con cuidado porque seguimos vigilándote. Eres tú quien nos perteneces a nosotros y no al contrario”.

Y esto habría que decírselo no solo a Zapatero, sino también a la Sra. Cospedal cuando sea Presidenta del Gobierno.

Reproducido de WriteOnlyMode. El blog de Patxi Igandekoa sobre Protección de Datos e Informática Forense

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Jaume Satorra

González Sinde ni ética ni jurídicamente puede ser Ministra de Cultura.

POR CONFLICTO DE INTERESES

La Asociación de Internautas en coherencia con la vía administrativa adoptada, ha presentado hoy, recurso ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública, contra la resolución de Oficina de Conflicto de Intereses, en la que rechaza la denuncia de la Asociación contra la Ministra de Cultura por entender que existía una situación de conflicto de intereses privado con el cargo.

31-08-2009 – ANTECEDENTES.

Como ya se venía anunciando, la Asociación de Internautas, el 3 de junio de 2009, presentó ante la Oficina de Conflicto de Intereses una denuncia contra la Ministra de Cultura por entender que existía una situación de conflicto de intereses privado con el cargo, y que lejos de inhibirse como es preceptivo, según aparece publicado en el BOE, ha dispuesto de diversas ayudas a la industria cinematográfica, por un valor total de 8.000.000 euros. Posteriormente la denuncia fue ampliada hasta en dos ocasiones por persistir en dicha actitud.

Como era de esperar el 28 de julio, la Oficina de Conflicto de Intereses (un órgano encuadrado dentro de la Presidencia del Gobierno), rechazó de plano la denuncia. Sin perjuicio de que tengamos que agotar la dilatoria vía administrativa, para poder acudir a un Tribunal de Justicia IndependientE.

Por su interés reproducimos el recurso interpuesto hoy:


—————————-
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

SECRETARIA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA
——————————

Por el presente escrito interponemos recurso contra la resolución de 28 de julio de 2009 de la Oficina de Conflictos de Intereses, N/REF FLL/Mj-272/09, notificada el 10 de agosto de 2009, por la que se acuerda declarar improcedentes el inicio de actuaciones previas al procedimiento sancionador y proceder al archivo de la denuncia, en base a las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA:

A la vista de alguna de las afirmaciones contenidas en la resolución ahora impugnada, lo primero que queremos dejar claro es que el objeto de la denuncia es que se investigue la posible existencia de una situación de conflicto de intereses privados con el ejercicio del cargo publico de Ministra de Cultura de la Excma. Sra. Ángeles González Sinde con actividades privadas propias o de su entorno mas inmediato, que pone en riesgo la imparcialidad del alto cargo que la Ministra ostenta y por lo tanto tiene la obligación de inhibirse en determinados asuntos. Algunos de estos hechos ya han pasado, que son los que denunciamos y otros están por devenir, como la anunciada “orden del cine” en torno a la que se mueven importantes intereses económicos que afectan directamente a su entorno.

En ningún caso hemos afirmado que la Sra. Ángeles González Sinde haya realizado actos en beneficio propio, o de sus parientes, si así fuese estaríamos en un supuesto cuanto menos de prevaricación, de tráfico de influencias o de corrupción, algo que excede el ámbito de la presente denuncia y corresponde a la Sala II del Tribunal Supremo.

SEGUNDA:

La resolución recurrida, sostiene como principal argumento para denegar la apertura de diligencias preliminares, algo que reconoce como cierto, y es que la Sra. Ángeles González Sinde durante el periodo de tiempo en que fue Presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España hasta su nombramiento como Ministra de Cultura solicitó subvenciones que posteriormente concederá siendo Ministra.

La resolución recurrida (alegación primera) niega que exista conflicto de intereses por este hecho, con el argumento de que la Academia no es ni “empresa” ni “sociedad”. Dice así:

La Academia no es ni una “empresa” ni una “sociedad” de las tipificadas por la norma legal, sino una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que integra a todos los profesionales del sector español que, directa o indirectamente, están relacionados cpn la cinematografía, y que, según sus Estatutos (artículo 1º), tiene como objetivo fomentar el progreso de las artes y de las ciencias relacionadas, directa o indirectamente, con la cinematografía. Se trata, pues, de una forma de personificación jurídica que no persigue el lucro o cualquier ventaja o beneficio individual o particular, sino el fomento de las artes y las ciencia cinematográficas en beneficio colectivo de los asociados y de la industria cinematográfica en general.

Este argumento no es jurídico. Obviamente la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado no realiza una tipificación de todas y cada una de las personas jurídicas a las que se refiere, ni cita de forma expresa en su articulo siete a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Solo se refiere a “empresas” y “sociedades”, de forma genérica, y desde luego no define lo que se entiende por empresa, ni sociedad, por consiguiente ese concepto tendría que integrarse con los contenidos del Ordenamiento Jurídico.

El Derecho, al tratar de la persona jurídica diferencia entre las personas jurídicas tipo asociación y fundación; para lo que se tiene en cuenta el sustrato social, en la primera es un grupo de personas y en la segunda un patrimonio destinado a un fin. Dentro de las asociaciones, están aquellas que tienen un animo de lucro y se rigen por las normas propias del derecho mercantil y son precisamente las “sociedades” adjetivadas como Anónimas, de responsabilidad limitada… en definitiva las “empresas” y las que carecen de animo de lucro, sean de interés privado o publico”, como es el caso de autos.

La resolución pretende una interpretación literal, que califica de estricta. Pero insostenible desde una interpretación sistemática, autentica, o, finalista. Una interpretación sistemática, como hemos visto deriva el concepto “empresa” a la actividad lucrativa, es decir aquellas regidas por el derecho mercantil y abarca tanto al empresario individual como el colectivo, en contraposición con las que no tienen ánimo de lucro. Por consiguiente al ampliar su ámbito de aplicación también a las “sociedades”, sin especificar es obvio que se esta utilizando un termino genérico para referirse a todo tipo de sociedades tal y como es empleado por el código civil arts. 116, 122) que abarca todas aquellas asociaciones que no son mercantiles, es decir las que no tienen ánimo de lucro, se rijan por el derecho civil, el social o el administrativo.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, según su propia pagina web es una institución de derecho privado con personalidad jurídica propia inscrita en el registro general de asociaciones con el nº 61728, con fecha 29 de enero de 1986, que no tenga animo de lucro no quiere decir que carezca de patrimonio, que re reciba subvenciones, que mantenga una actividad económica importante a través de los eventos que organiza, los Goya es un claro ejemplo, pero además mantiene publicaciones, organiza otros premios y actividades, como la Escuela de cinematografía y del audiovisual de la Comunidad de Madrid, proyecto en el que también participan la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y Artistas Interpretes Sociedad de Gestión de España (AISGE). Es decir se realiza una actividad económica importante en gran medida subvencionada con dinero público y dispone de un patrimonio notable. Que carezca de ánimo lucrativo es absolutamente irrelevante a los efectos de lo que la norma pretende garantizar, que no es más que los miembros del Gobierno y Altos cargos respeten unas reglas de conducta y observen unos determinados principios éticos en todas sus actuaciones.

La interpretación auténtica, necesariamente tiene que ser referida al Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de febrero de 2005 que adoptó un Acuerdo por el que se aprobaba el Código de Buen Gobierno. Concretamente con arreglo a lo establecido en el punto 3. Los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, que fue publicado para su general conocimiento por Orden Ministerial de 7 de marzo de 2005. Según este Código de Buen Gobierno: “los miembros del Gobierno y altos cargos: “Se abstendrán de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. Se entiende que existe conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”

Por ultimo desde un punto de vista finalista, el Código de Buen Gobierno, pretende implantar unos valores éticos en la gestión del Gobierno y la Ley los desarrolla y les da forma y establece un catalogo de sanciones para que sean exigibles jurídicamente y su incumplimiento no quede impune. Pues bien eso es lo que precisamente pretende la denuncia y la resolución ahora recurrida intenta eludir, rebajando la Ley y el Código de Buen Gobierno a pura palabrería, defraudando a todos aquellos que llegaron a creer en 2004 que se iniciaba una nueva forma de hacer política.

TERCERA:

La denuncia se centra en que la Ministra de Cultura tiene desde antiguo intereses personales y familiares en la industria cinematográfica, y eso entraña un conflicto de intereses con arreglo a la definición contemplada en el Código de Buen Gobierno, a cuyo texto debe acomodarse la ley por tratarse de una interpretación autentica.

Por consiguiente sobran en la resolución las referencias a la falta de pruebas de hechos que no imputamos y que ese órgano carece de competencia para investigar, tales como cuando dice: alegación segunda, “no consta que la Ministra haya conocido ningún asunto relacionado con el Sindicato ALMA”, pero no niega que haya sido Presidenta del citado sindicato, o que su padre fuera fundador de la Academia y ella posteriormente Presidenta, o que D, Enrique Urdbizu, fuera presidente de la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales DAMA. Nada de esto niega la resolución, solo se limita a decir escuetamente, “que no guardan relación alguna probada con el posible conflicto de intereses”. Pero la evidencia es la relación directa, familiar y social con todo ese entramado industrial, que cuestiona tanto su falta de imparcialidad y honorabilidad como la de las instituciones que deben decidir este recurso.

CUARTA:

La resolución, resta importancia a que la Ministra haya sido administradora, de dos sociedades relacionadas con la industria cinematográfica, o que en calidad de directora o guionista haya percibido subvenciones del Ministerio que ahora dirige y reprocha al denunciante el no haber acreditado que la Ministra haya tenido conocimiento o intervención en algún asunto que afecte a las sociedades de las que ha sido administradora o su anterior condición de directora y guionista de cine” Repetimos: ese no es el objeto de la denuncia, no denunciamos un tráfico de influencias o una malversación. Únicamente un conflicto de intereses
.
Si así fuera habríamos formulado querella ante la Sala II del Tribunal Supremo, y desde luego no tenemos la obligación de probar los hechos, basta con la denuncia, para que surja en el órgano correspondiente la obligación de investigarlos.

QUINTA
:
La resolución recurrida se refiere a las resoluciones por las que se amplían las ayudas al cine, y que las califica de instrumentales, baste únicamente señalar que si las referidas resoluciones han sido dictadas contraviniendo una prohibición legal y política, en este caso la obligación de inhibirse. Las resoluciones con independencia de su carácter instrumental son injustas. Basta solo determinar la intensidad de la injusticia.

SEXTA
:
En conclusión el deber de inhibición y de abstención contemplado en el artículo siete de la Ley debe interpretarse en el sentido preciso para proteger con la mayor eficacia posible los bienes jurídicos que incorpora y estos son los contenidos en el Código de Buen Gobierno. Concretamente en su punto 3, que contiene un mandato imperativo y convenientemente explicitado.

“Se abstendrán de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. Se entiende que existe conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”

No cabe por lo tanto una interpretación restrictiva, en base a que la Ley introduce los términos “empresa” y “sociedad” y no el de “asociación” que impida la vigencia de tales principios, desterrando de hecho del Ordenamiento Jurídico la figura del “Conflicto de Interés”. Una interpretación como la que se pretende no solo esta prohibida por el Derecho, ya que debe considerarse en fraude de LEY en el sentido recogido en el artículo 6.4 del Código Civil sino también malograra los legítimos intereses y expectativas democráticas de los ciudadanos que quedaran burlados.

Asociación de Internautas

Jaume Satorra

Aguirre: “El Gobierno realizó las escuchas”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó hoy respecto a las escuchas a miembros del Partido Popular que “haberlas, haylas” y consideró que quien las ha realizado “es el Gobierno”, acusando directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

MADRID, 31.Agosto.2009- (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó hoy respecto a las escuchas a miembros del Partido Popular que “haberlas, haylas” y consideró que quien las ha realizado “es el Gobierno”, acusando directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

“Las escuchas el que las ha hecho, claramente, es el Gobierno. El señor Rubalcaba, con cumpleaños y sin él”, manifestó Aguirre, haciendo alusión al “cumpleaños feliz” que le cantó al ministro en un acto público.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, al ser preguntada por los espionajes en la Comunidad de Madrid y la la persecución denunciada por el PP por parte del Gobierno, Aguirre indicó que “las escuchas… haberlas, haylas”. “Nos encontramos todos los días en los medios de comunicación, hoy no pero la semana pasada sí, con transcripciones de conversaciones escuchadas siempre en el mismo medio de comunicación”, sostuvo.

“Y esas escuchas siempre se le hacen a miembros del PP o a personas afines al PP, y todos estamos leyendo las conversaciones privadas que tienen esos miembros del PP. Eso son escuchas. ¿Que son legales y las ha mandado el juez? Estarán en el sumario; ¿Que son legales, las ha mandado el juez, están en el sumario y las han quitado del sumario?, ¿Quién las ha quitado y por qué? y si es así, ¿Quién las ha filtrado a los medios de comunicación? Las escuchas… haberlas, haylas”, manifestó.

ESPIONAJE A GONZÁLEZ

Por otra parte, Aguirre se refirió a la información que la revista Interviú publica hoy, respecto a que la Policía ha descubierto qué agencia de detectives elaboró los dossieres sobre presuntas corruptelas relacionadas con el vicepresidente regional, Ignacio González, y le espió en Colombia, con el fin de acabar con su carrera política. La presidenta abogó por que el juez del juzgado número 47 de Madrid, José Sierra, interrogue a los detectives que realizaron los seguimientos con el fin de que revelen quién les contrató.

“Hoy la revista Interviú publica el espionaje al vicepresidente primero, que nadie ha supuesto que se lo haya hecho yo, que se incorpora mañana a su puesto. Ese asunto está en un Juzgado y nosotros lo que queremos es que se le pregunte a la agencia de detectives quién le ha pagado a usted por espiar a Ignacio González”, planteó la presidenta, que señaló que el promotor de estos seguimientos pagó 100.000 euros por esta tarea.

En este sentido, Aguirre lamentó que si esa agencia no le da al juez el nombre de quién le pagó o le contrató, la multa máxima sea de 30.000 euros. “Fíjese el negocio….”, añadió. “Lo que tendría que decir la agencia es quién la ha contratado, y si no, lo que tendría que hacer el juez es poner una multa superior al dinero que le han contratado”, opinó.

Para Aguirre, se ha espiado a González “por la misma razón” que ella está “en el punto de mira”. “El Gobierno de la Comunidad de Madrid es, desde muchos puntos de vista, un ejemplo de lo que es un gobierno del PP importante, lo mismo que ocurre en la Comunidad Valenciana y va a ocurrir en Galicia”, señaló.

Por otro lado, “dicen que ha habido espionaje dentro de la Comunidad de Madrid, que está en otro juzgado. Yo soy la principal interesada en que si alguien ha hecho algo mal que se sepa”, señaló respecto a los seguimientos al vicealcalde, Manuel Cobo. “Pero lo que se ha visto hasta ahora es que ha habido vigilancias, contravigilancias”, destacó.

PALMA ARENA: “MUY GORDO”

La presidenta de la Comunidad criticó además duramente el tratamiento a los detenidos de Palma de Mallorca en el caso Palma Arena. “Constatados son los asesinatos de los etarras. De Juana Chaos asesinó a 25 personas y nunca salió esposado de la mano con nadie. Eso es muy gordo, es muy grave”, indicó Aguirre.

“A mí me ha dicho la presidenta del PP de Baleares, que no contentos con esposarles de la mano derecha, como los medios estaban colocados en otro sitio, los obligaron a que les dieran la vuelta para que les sacaran muy bien las cámaras, a pesar de que, presuntamente, el delegado del Gobierno dijo que no se diera un tratamiento mediático a esas detenciones. ¿Ha dimitido alguien, alguien ha asumido la responsabilidad?”, se preguntó.

“A mí, presidenta de la Comunidad de Madrid, el Fiscal General del Estado me envió o me denunció ante la Fiscalía Anticorrupción por una conversación privada de unos concejales, que ni si quiera me atribuyen a mí ningún delito o ninguna falta, pero decidió que lo investigara porque como se llama Fiscalía de los Delitos Económicos…. Pero ¡esto qué es! Pues una querella criminal”, recordó Aguirre.

Jaume Satorra


Santamaría: “El informe está muy avanzado y demuestra el abuso de la Fiscalía”

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el informe que prepara su partido para probar la supuesta persecución que sufren, en su opinión, los dirigentes populares por parte del Gobierno y la Fiscalía está “muy avanzado” y ha analizado “más de 150 casos muy recientes” donde se demuestra que el Ejecutivo socialista ha realizado “un abuso y uso ilegítimo” de las instituciones.

MADRID, 31.agosto.2009  (EUROPA PRESS).

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el informe que prepara su partido para probar la supuesta persecución que sufren, en su opinión, los dirigentes populares por parte del Gobierno y la Fiscalía está “muy avanzado” y ha analizado “más de 150 casos muy recientes” donde se demuestra que el Ejecutivo socialista ha realizado “un abuso y uso ilegítimo” de las instituciones.

Santamaría subrayó en declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, que el dossier prueba además la “absoluta inactividad” de la Fiscalía en la persecución de “delitos tan graves” como los que se le achacan, dijo, al vicepresidente de Política Territorial y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, o al ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Alberto Saiz. En este capítulo, la portavoz parlamentaria también nombró “el escándalo” de Caja Castilla-La Mancha (CCM), sobre cuyo ex presidente “pesa un informe muy duro y grave del Banco de España”.

A su juicio, el Gobierno está “fracasado y agotado” como demuestra “el espectáculo” de los Presupuestos Generales del Estado y ante ello “lo único que se le ocurre” es perseguir al partido de la oposición en busca de su debilitamiento de cara a unas próximas elecciones. “Es una estrategia absolutamente antidemocrática”, denunció Santamaría, que subrayó el derecho de los miembros de su formación a defenderse y sentenció: “Si uno no tiene alternativa, como el Gobierno socialista, no puede manejar las instituciones a su antojo y querer presentar al PP como lo que no es”.

Explicó que el documento muestra las causas abiertas contra miembros del PP y cómo una vez practicada la primera declaración, en la que “salen esposados y conducidos por la Policía”, estos procedimientos “se quedan en nada”. Así ocurre, dijo, en un “altísimo” porcentaje de los casos, cercano al 90 por ciento.

DENUNCIAS A SOCIALISTAS

Además, advirtió que diferentes comunidades autónomas han recibido denuncias por corrupción contra dirigentes socialistas y el PSOE “no ha hecho absolutamente nada”. “Sólo a miembros del PP se les detiene, esposa, se abre el telediario con sus imágenes, lo que les marca de por vida a ellos y sus familias”, remachó.

Por último, la portavoz del Grupo Popular indicó que el informe demuestra cómo, ante las cercanías de una campaña electoral, el Gobierno da “más carrete” a su “estrategia” de presentar a los populares como políticos que “se dedican a otra cosa que no es a gobernar”, como ha ocurrido, dijo, en Canarias.

“El PSOE muchas veces ha vuelto a presentar como alcaldes o candidatos personas que han sido condenadas y a alguno hasta Zapatero le ha indultado porque estaba inhabilitado para ejercer un cargo público y sin embargo el PSOE quería que le siguiera representando”, expuso. “Tendremos que defendernos a nosotros mismos porque eso es también defender a la democracia”, concluyó.

Jaume Satorra

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