El Gobierno sólo quiere defender los intereses de la industria de contenidos y limitar la libertad de expresión

VER QUE ES LEGAL Y QUE NO EN INTERNET >>> La libertad de expresión, en manos del TOP. El cierre de las webs quedará a criterio de la Audiencia Nacional.

.

Kaos. Criminalización y represión | 9-1-2010 a las 15:06 |

El Gobierno crea un “monstruo jurídico” para proteger los intereses de la industria de contenidos

Lainformacion.com

Necesitará modificar cuatro leyes para cerrar webs de descargas y forzar el sistema para equiparar la propiedad intelectual con los derechos fundamentales.

La Audiencia Nacional será quien decida el cierre una web que infrinja la ley

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapateronecesita poner en marcha toda la maquinaria jurídica para culminar su intención de cerrar páginas web de descargas. Y para ello llevará a cabo reformas en varias leyes con el objetivo de equiparar la propiedad intelectual con un derecho fundamental. Pese a que la ministra de Cultura había anunciado una solución que “contentaría a todas las partes”, los expertos ya han expresado las primeras críticas y apuntan a que se ha creado una vía privilegiada para defender los intereses particulares de la industria de contenidos.

En primer lugar, según ha explicado el ministro de Justicia Francisco Caamaño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los cambios se aprobarán en un Proyecto de Ley  complementario a la Ley de Economía Sostenible. Para conseguir que sea la Audiencia Nacional la que entienda de este asunto habrá que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que requerirá mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y obligará al Gobierno a tirar de aritmética parlamentaria.

Por otro lado, para que el procedimiento pueda ir por la vía contencioso-administrativa, como pretende el Gobierno, habrá que modificar la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  En palabras de Caamaño, se creará “un nuevo Artículo 122 en la  Ley”, que regula el  procedimiento de protección de los Derechos Fundamentales de los españoles.

A ello hay que sumar la modificación de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de la Ley de Propiedad Intelectual anunciados en el primer avance de la Ley de Economía Sostenible en diciembre.

Una vía “privilegiada

Para Javier de la Cueva, abogado experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, estas reformas aprobadas por el Gobierno suponen “una discriminación con el resto de sectores económicos y productivos”. Si se protegen los derechos de los autores, argumenta, “¿por qué no los derechos de las tintorerías, y por qué no de los garajes?”

A falta de conocer los detalles del texto, De la Cueva  cree que el Gobierno está “alterando la jerarquía de valores más elemental” al equiparar la propiedad intelectual con los derechos fundamentales. “No es un derecho fundamental”, asegura, “y que un ministro de Justicia cometa una torpeza así, da una idea de en manos de qué tipo de legislador estamos”.

“Esta equiparación”, afirma De la Cueva, “es lo que propugnan desde siempre todos los sistemas oligopolios, y es un sistema de pensamiento muy antiguo: es el mismo que tenían los esclavistas en el siglo XIX, que ponían el derecho a la propiedad por encima de la libertad”.

En su opinión, “el PSOE está repitiendo el espíritu de la ley Corcuera: para cuando ya se pueda impugnar esto, pasarán cuatro años”. Para él, las reformas “responden a un plan preconcebido que es el de la industria del entretenimiento” y es un ejemplo más de cómo “la propiedad intelectual está fagocitando todas las estructuras económicas, y todos los derechos que puede”.

Para el abogado experto en Derecho Público José Ramón Chaves, todos estos cambios tienen como objetivo mantener una “vía privilegiada para los titulares de propiedad intelectual” que “contarán con el brazo protector del Ministerio de Cultura para defender sus derechos”. En su opinión, expresada en su blog, “los autores cuentan con una prerrogativa de tinte feudal, ya que la Corona (esto es, el Ministerio de Cultura) correrá en su auxilio y hará el trabajo sucio de cerrar las webs molestas o sospechosas”.

Para otros expertos, como Carlos S. Almeida, el Gobierno podría estar vulnerando con estas reformas el derecho constitucional a la libertad de expresión, recogida en el artículo 20, que no permite ningún tipo de censura previa y no contempla ningún supuesto de vulneración de la propiedad intelectual.

Por otro lado, explica Almeida en elmundo.es, “la propiedad intelectual no es una materia de la que deba conocer la jurisdicción contencioso-administrativa” y el Artículo 122 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa es “un procedimiento dirigido a proteger derechos fundamentales como el de reunión o manifestación”. La modificación de esta ley sería otro intento por parte del Ejecutivo de hacer de la propiedad intelectual en un derecho fundamental lo que, en su opinión, “un insulto a la inteligencia”.

=====================================================================

Gráfico: ¿Qué es legal en internet?

=====================================================================

Los internautas rechazan la medida del Gobierno contra las descargas ‘ilícitas’

Expertos y asociaciones de navegantes reclaman que las descargas se regulen mediante una ley orgánica y no con una disposición.- La nueva medida será “demoledora” con la piratería, según la industria

ELPAÍS.com Madrid 08/01/2010

La comunidad internauta rechaza frontalmente la nueva medida gubernamental contra las descargas ilegales de archivos protegidos con derechos de autor, como películas, música y videojuegos, aprobada hoy en el Consejo de Ministros. En el otro extremo, la industria ha dado la bienvenida a la nueva normativa. El director de la Coalición de Creadores, Joan Navarro, considera que tendrá un efecto “demoledor” sobre la piratería en internet.

El nuevo texto contempla un proceso mixto administrativo-judicial: primero una Comisión de Propiedad Intelectual (un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, integrado por expertos independientes) dictamina si una página que aloja o enlaza contenidos protegidos infringe la ley y luego un juez de la Audiencia Nacional tiene un plazo de cuatro días para decidir si dicta el cierre cautelar. El reglamento, recogido en una disposición dentro de la Ley de Economía Sostenible , ha puesto en alerta a la comunidad internauta, que considera la normativa como un recorte de las libertades civiles.

Ya han manifestado sus reticencias la Asociación de Internautas, y también el empresario Julio Alonso y el bloguero Enrique Dans, dos de los miembros del grupo de expertos que se reunieron con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el pasado diciembre para debatir la nueva normativa. Dans ha recibido la medida aprobada como “patéticos movimientos y mentiras del gobierno español” para recortar libertades.

Uno de los primeros en responder ha sido el presidente de la Asociación de Internautas, Victor Domingo. “[La disposición] Es un atajo para sortear un asunto ante el que la justicia española está preparada para responder sin la necesidad de una Comisión antipiratería”, ha señalado Domingo. Y ha criticado que la nueva regulación sea tan sólo una disposición incluida en una ley genérica como el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Por ello, pide que se elimine la disposición y que se desarrolle una nueva regulación mediante una ley orgánica propia “en condiciones”.

En esa dirección señala la crítica de Julio Alonso. El director y fundador de WeblogsSL advierte de que el nuevo procedimiento se quiere introducir mediante un reglamento y no en la propia ley. De manera que el texto que suscitó la protesta de los internautas en diciembre se aprobaría íntegro, sin modificación alguna, considera Alonso. Su crítica se centra en que, según su opinión, es el texto original el que vulnera los derechos fundamentales y con la modificación reglamentaria se pretende “corregir” esos excesos. “No se pueden introducir medidas que permiten vulneraciones de derechos fundamentales y añadir las garantías en una norma de rango menor”, prosigue.

“Mientras no se elimine la disposición adicional, o al menos se introduzcan en ella todas las garantías de tutela judicial, el resto es papel mojado, palabras que se lleva el viento”, escribe Alonso en su blog, Merodeando. Y añade: “Si la ley es inconstitucional, sigue siendo inconstitucional independientemente de lo que diga el reglamento”.

Golpe “demoledor” contra la piratería

El director de la Coalición de Creadores, Joan Navarro, se ha felicitado del proyecto de Ley aprobado hoy. “Se trata de un paso muy positivo que confirma el compromiso del Gobierno de acabar con la piratería digital y, además, lo va a hacer sin perseguir a los usuarios, como ocurre en países como Francia o Reino Unido”, ha señalado Navarro en declaraciones a EFE. Se refería así a las medidas antipiratería aprobadas, que incluyen la decisión de que sea un juez de la Audiencia Nacional quien establezca el cierre o bloqueo de las páginas web que infrinjan la legalidad, algo que “nosotros exigíamos, pero además -ha dicho Navarro- parece que lo va a hacer de una forma rápida y eficiente”.

“Hoy crear una página web cuesta un día y cerrarla, cuatro años, y esta medida lo que pretende es acabar con este grado de impunidad”, ha explicado Navarro. “Entendemos que no se va a hacer ninguna limitación a la libertad en internet, pero sí se va a incrementar su seguridad, y este incremento va a permitir que se desarrollen nuevos servicios de la sociedad de la información que ofrecerán más contenidos, de más calidad y mejor precio, y permitirán la creación de entre 15 y 20.000 puestos de trabajo”.

Según la Coalición de Creadores, este procedimiento “conseguirá que más del 80% de las denuncias acaben con el desistimiento de la web denunciada y no hará falta la orden de cierre, y sólo en el 20% de los casos tendrá que intervenir el juez, es decir, el efecto sobre la piratería va a ser demoledor”, ha dicho Navarro. “Estamos contentos porque esto era muy difícil de conseguir y seguramente vamos a pasar de cuatro años a cuatro meses”, ha resumido.

Una Comisión “innecesaria”

Entre los internautas, el proyecto de ley ha generado rechazo. “No hace falta que una Comisión fiscalice las comunicaciones electrónicas de los usuarios y que diga qué es lo que es legal y qué no, porque hay que tener en cuenta que el intercambio de archivos o los enlaces con sitios que faciliten intercambio de archivos no son un delito en España”, ha manifestado Domingo a Efe. “Esta ley ya da por supuesto que esto es un delito cuando establece una comisión para investigarlo”, añade el representante de la asociación, para quien “el fondo de todo esto es que el Gobierno califica de delito algo que no lo es”.

“Hasta ahora, la Justicia no ha dicho nunca que esto sea un delito y todos los casos se han sobreseído; el generar una solución a una necesidad que no tiene la Justicia tiene el trasfondo de que debe de ir en el marco de una Ley Orgánica porque hablamos de derechos fundamentales: lo demás es darle vueltas al molino”, ha concluido.

Víctor Manuel: “El que quiera música en su boda tiene que pagar, como paga los langostinos”

El cantante Víctor Manuel ha denunciado la tardanza con la que llegan las nuevas medidas sobre las descargas en Internet, “cuando el mercado ya está empobrecido en todas sus escalas”. “Como todo en España, llega tarde porque, para los políticos, la cultura empieza a ser algo cuando la pueden instrumentalizar”, ha criticado el artista asturiano, que este año ha retomado Vivir para cantarlo, una gira de conciertos por teatros españoles en los que repasa y explica su trayectoria musical y que en Madrid recalará del 14 al 17 de febrero en el Teatro Bellas Artes.

Víctor Manuel no quiso opinar, en una entrevista con Europa Press, sobre la eficacia de estas nuevas medidas contenidas en una disposición adicional del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que el Consejo de Ministros ha aprobado y remitido a los órganos consultivos pertinentes. “Por ahora sólo creo en la Guardia Civil”, ha sentenciado el cantante, quien asegura que este cuerpo de seguridad del Estado “ha garantizado el cierre de páginas pornográficas sin problemas y que puede hacer lo mismo en caso de delito de derechos de autor”.

Para Víctor Manuel, “el Gobierno español tiene un problema serio con Estados Unidos y con la Organización Mundial del Comercio, ya que siguen cantando las cifras que aseguran que España es uno de los países más pirata del mundo”.

En cuanto a las discusiones encendidas en torno a estas modificaciones y a las críticas vertidas a la Sociedad General de Autores (SGAE), de la que ha sido consejero y es socio, Víctor Manuel señaló que “mucha gente habla sin saber” y los medios “omiten información, bien queriendo o bien por ignorancia”.

“Silencios cómplices”

“A la gente no se le cuenta que ya pagaba canon antes del canon digital, cuando compraba VHS, cintas de cassettes o BETA, o que el artista socio de SGAE cobra por la reproducción de su música, o que al igual que paga los langostinos de su boda tiene que pagar por la música que pone”, comentó el cantante, quien aseguró que la entidad de gestión tiene unas cuentas “absolutamente transparentes y disponibles a todo el mundo”.

Por otra parte, se mostró bastante escéptico con respecto a la inminente presidencia española de la Unión Europea. “Creo que habrá que hacer bien los deberes y presentar nuevas propuestas pero creo que en seis meses tampoco se nos puede ayudar mucho”, puntualiza.

________________________________________________________________________________________

Propiedad intelectual o libertad de expresión: ¿Qué derecho prevalece aquí?

Por Carlos S. Almeida| Barcelona

Según las informaciones ofrecidas en rueda de prensa, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una reforma legislativa mediante la que se pretende instituir un sistema rápido para cerrar páginas web, bajo la pretendida tutela de la jurisdicción contencioso-administrativa.

A mi modo de ver, tal reforma puede suponer una vulneración del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, garantizado por el artículo 24.2 de nuestra Constitución.

Toda página web es una publicación, y el derecho a la libertad de expresión que se ejerce en Internet no puede ser restringido por ningún tipo de censura previa: tal como establece el artículo 20 de la Carta Magna, sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Los casos en que puede limitarse el ejercicio de la libertad de expresión también están tasados en el artículo 20.4 del texto constitucional: “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

De conformidad con nuestra legislación sustantiva y procesal, los conflictos entre libertad de expresión y propiedad intelectual sólo pueden dirimirse ante dos jurisdicciones: la penal y la mercantil. Un juez de instrucción, en el marco de un procedimiento penal, puede ordenar el cierre cautelar de una página web.

De la misma forma, un juez de lo mercantil puede acordar las medidas cautelares urgentes establecidas en los artículos 138 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, entre las que se incluyen la suspensión de los servicios de Internet prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual.

“La propiedad intelectual no es una materia de la que deba conocer la jurisdicción contencioso-administrativa”

La propiedad intelectual no es una materia de la que deba conocer la jurisdicción contencioso-administrativa. El ámbito de tal jurisdicción, según establece el artículo 1 de la Ley que la regula, no es otro que las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujeta al derecho administrativo.

Los conflictos entre los editores de páginas web y los titulares de contenidos sujetos a derechos de autor deben dirimirse ante la jurisdicción civil, mercantil o a lo sumo penal, pero no ante una jurisdicción pensada para los conflictos entre administración y ciudadanos.

El procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, regulado en los artículos 114 a 122 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,tiene una finalidad completamente distinta a la que pretende darle este Gobierno.

Se trata de un procedimiento dirigido a proteger derechos fundamentales como el de reunión o manifestación, en caso de prohibición administrativa. Poner al mismo nivel de esos derechos la propiedad intelectual es un insulto a la inteligencia.

La Ley de Prensa franquista, declarada parcialmente inconstitucional, también permitía que los periodistas censurados recurriesen a la jurisdicción-administrativa. Al parecer, esas son las fuentes del derecho en las que bebe el actual Gobierno.

La propiedad intelectual no es un derecho fundamental, a diferencia de la libertad de expresión. Precisamente por ello, nos encontramos en un momento clave en el desarrollo de Internet en España: lo que está en juego no son las descargas en Internet, sino la esencia misma de la democracia.

_____________________________________________________________________________

Más información:

Estado Español

Guerra / Criminalización / Represión

Laboral / Economía

Enlace permanente: http://www.kaosenlared.net/noticia/gobierno-solo-quiere-defender-intereses-industria-

A %d blogueros les gusta esto: