El nuevo despliegue de 511 efectivos en Afganistán costará 100 millones de euros al año

Chacón explica ante la comisión de Defensa que la bomba que mató al soldado colombiano tenía 12 kilos de explosivo..

Madrid – 17/02/2010

La ministra de Defensa, Carme Chacón, señala en un mapa el lugar del último atentado contra las tropas españolas.-.

Carme Chacón está compareciendo esta tarde en la comisión de Defensa del Congreso con un “doble objetivo”: informar del atentado que costó la vida al soldado colombiano del Ejército español John Felipe Romero Meneses en Afganistán, y pedir el apoyo al envío “absolutamente necesario” de 511 militares adicionales y 40 guardias civiles, con un coste de 100 millones de euros al año y que comenzará este mismo mes. Está previsto que la comisión respalde el despliegue con el apoyo de todos los grupos, salvo IU, ICV y ERC. La ministra de Defensa ha revelado un dato desconocido hasta ahora: que la bomba que mató a Romero Meneses y causó seis heridos el 1 de febrero era un “plato de presión” con “12 kilos de explosivo”, es decir, “con una elevada potencia y capacidad de destrucción”.

La responsable de Defensa, que ha admitido que ésta es la “misión más dura y más compleja” a la que se ha enfrentado nunca el Ejército español, ya que se desarrolla en un escenario “altamente arriesgado, de conflicto y de guerra”, ha explicado que el ataque se produjo contra una patrulla de reconocimiento conjunta compuesta de 11 vehículos y que el fallecido y los heridos iban en el primero, un BMR “modernizado, con brindaje, nuevos motores, mejoras de seguridad e inhibidores de frecuencia”, ha defendido Chacón. Se trata del blindado más antiguo de las Fuerzas Armadas, que está siendo sustituido por vehículos RG-31, mejor preparados para soportar explosiones.

En marzo “no habrá ni un sólo BMR”

Afganistán

La ministra ha reconocido que aún quedan 24 BMR en uso en Afganistán y, en respuesta a una pregunta durante la sesión de control de la mañana, Chacón ha prometido que cuando en marzo llegue el próximo relevo de tropas “no habrá ni un sólo BMR”, y en su lugar estarán los nuevos blindados en los que el Gobierno ha invertido 321 millones de euros. “El PP en ocho años de Gobierno invirtió cero euros en esto”, ha subrayado, para añadir que el Ejecutivo socialista está “dando la vuelta a una decisión errónea que tomó José María Aznar, prolongar la vida útil de los BMR, que ya entonces tenían 30 años”.

Siguiendo con el relato del atentado, Chacón ha precisado que en su camino hacia la ciudad de Qala-i-Naw, sufrieron “hostigamiento” y “disparos” y, tras la intervención de los helicópteros para allanar el camnio, siguieron su marcha y cumplieron su cometido. De regreso, se produjo “la explosión y un nuevo hostigamiento”. La ministra ha destacado “la rápida y adecuada” reacción de los militares, que permitió que se abatiera a tres insurgentes, considerados por Defensa autores del atentado, y la “evacuación de los heridos”, así como “evitar más bajas”. De los heridos, “dos sufrían heridas de cierta consideración” y los otros cuatro “de menor” gravedad. John Felipe Romero Meneses estaba destinado en el Regimiento de Cazadores de Montaña Arapiles 62 con bases en Barcelona y San Clemente de Sasebas (Girona).

El conflicto de Afganistán

La explosión causó seis heridos, dos de ellos graves, y el resto leves. Los dos más graves eran el teniente del Ejército de Tierra Jordi Francesc Rubio Carceller, de 28 años, casado y natural de Hospitalet (Barcelona) y el soldado de nacionalidad colombiana Daniel Ospina Quintana, de 23 años y soltero, que regresaron a tratarse a España, junto a un tercero. Los otros cuatro heridos son los soldados Juan Morales Aroca, de 24 años y natural de Sevilla; Joshua Alcalá Silvera, de 20 años y natural de Tenerife; Carlos Gatos Guardado, de 23 años y natural de Barcelona y Gerson Jaime Rodríguez, de 19 años y nacionalidad colombiana. “El resto, decidió quedarse en Afganistán de forma voluntaria”, lo que según la ministra es una muestra “de la unión y del espíritu de servicio” de nuestras tropas. Rubio fue dado de alta el viernes y Quintana evoluciona favorablemente y saldrá del hospital “en pocos días”. Tras informar sobre la evolución de los heridos, Chacón ha restado importancia a la nacionalidad del militar fallecido y le ha “rendido el más sentido homenaje” y le ha enviado “el agradecimiento sincero de la Cámara y de España” tanto a él como al resto de las víctimas del ataque.

Formaremos “a uno de cada 20” soldados afganos

Tras este homenaje, la ministra ha entrado de lleno en los argumentos a favor el refuerzo del contingente español en Afganistán, que en la actualidad es de 1.068 efectivos -la misión se inició en 2002 y ha costado ya 1.550 millones, un millón al día en el último año-. El objetivo de este refuerzo, según Chacón, es trabajar en la “afganización” para que las fuerzas militares y de seguridad afganas se hagan con el control lo más pronto posible. “Para acabar antes nuestro trabajo y podamos ver una realidad: a los afganos haciéndose cargo de su propio destino como país”, ha dicho. Con este envío, España “va a contribuir de una forma más que notable a la formación del Ejército Afgano”, ya que formaremos “a uno de cada 20” nuevos soldados afganos hasta llegar a 2.000.

La previsión del Estado Mayor de la Defensa es que el grueso de los nuevos soldados se incorporen a partir de marzo al equipo de reconstrucción de Qala-i-Naw, coincidiendo con el relevo de parte del contingente permanente que España tiene en Afganistán, compuesto por 998 soldados.El resto llegará “en función de las necesidades aliadas en lo que queda de año”, aunque la previsión es que lo hagan antes de julio, según Chacón. Sobre la Guardia Civil, que ya tiene 18 efectivos en el país, Chacón ha adelantado que está previsto que durante febrero 24 agentes -los primeros en llegar de la nueva remesa de tropas- se integren dentro de la Gendarmería Europea para la instrucción de policías afganos. El resto del personal hasta completar los 40 se desplegará con posterioridad, y todos ellos tendrán el apoyo de un grupo de 16 militares. Con este refuerzo, España elevará su número de soldados y agentes en Afganistán a 1.600, entre los que están los 70 que velarán por la seguridad del aeropuerto de Kabul hasta 30 de marzo..

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La fiscalía descifra una millonaria red de financiación ilegal de Unió

EVOLUCIÓN DE UN ESCÁNDALO ECONÓMICO

.Miércoles, 17.02.2010

• La trama cobró más de un millón de euros a un banco por la edición de un libro sobre el carnaval

• El grupo empresarial IMS pagó gastos del partido mediante ingresos obtenidos con facturas falsas

.El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida.

Sobre la mesa del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, descansan desde hace 15 días dos cajas con cientos de folios. Son los documentos de una investigación dirigida por la Fiscalía de Barcelona que, tirando del hilo de una red de facturas falsas, ha logrado desenredar la madeja de la presunta financiación ilegal de Unió Democrática de Catalunya (UDC).

.La radiografía resultante deja al descubierto varias tramas financieras que, orbitando en torno al grupo empresarial IMS, presuntamente nutrían a esa fuerza política con donaciones encubiertas por valor de millones de euros. En la investigación de la fiscalía figuran como implicados en la red varios responsables del partido, exaltos cargos del último Govern de CiU, una constructora y un gran banco español.

LA PISTA INICIAL

Una pelota financiera para conseguir fondos

Una inspección de la Agencia Tributaria detectó que al menos seis compañías del grupo empresarial IMS elaboraban desde el 2003 facturas falsas que giraban a otras sociedades que el hólding controlaba a través de testaferros. Esas irregularidades llevaron a la fiscalía a ordenar al Cuerpo Nacional de Policía a abrir un investigación, como ya publicó este diario el 17 de diciembre.Con esas facturas falsas, dichas compañías conseguían que los bancos les aprobaran importantes adelantos en efectivo mediante líneas de descuento. Para hacer frente a esa primera deuda, las empresas de los testaferros volvían a emitir facturas falsas. El resultado de esa dinámica consistente en crear facturas sobre facturas falsas es el fenómeno conocido como pelota financiera.

En este caso, la pelota ha generado a las firmas de IMS una deuda de más de 10 millones de euros con 16 entidades bancarias y con el Institut Català de Finances (ICF), que le reclama unos 727.000 euros. Todo ello ha llevado al grupo a un concurso de acreedores. No obstante, los investigadores de la fiscalía sostienen que con el dinero obtenido con dichas operaciones las empresas de IMS asumían gastos de Unió.

LA FUNDACIÓN

Préstamos y locales vendidos a la baja

Pese a su envergadura, la trama de facturas falsas acabó demostrándose insuficiente. Se precisaba más efectivo. Por eso, en el 2003, a la maquinaria se sumó la Fundació Catalunya i Territori (FCT), presidida por Josep Boqué Cos, exdirector general de Consum en los gobiernos de CiU en los años 90. Varios administradores de empresas del grupo IMS se hicieron miembros de la fundación, cuyos patronos eran personas vinculadas a Unió. A partir de ese momento, parte de los fondos que FCT recaudaba de grandes compañías empezaron a desviarse a IMS.

En concreto, siempre según las pesquisas, 1,8 millones de euros de los fondos de la fundación acabaron en las arcas del grupo. De ellos, 700.000 fueron transferidos mediante facturas por servicios inexistentes de IMS. El 1,1 restante llegó hasta el hólding en concepto de un préstamo del que, con objeto de encubrir la red, se hizo cargo para su devolución Xavier Soriano Borrás, marido de la secretaria de la fundación.

Sin embargo, según consta en las diligencias de la fiscalía, no fue Soriano Borrás quien devolvió ese dinero a FCT, sino que fue la constructora Copisa –que ha trabajado en numerosas ocasiones para la Administración catalana– la que presuntamente lo reintegró. La excusa fue un adelanto de Copisa a Borrás por unas futuras labores de intermediación para conseguir contratos de obras en el norte de África.

En el transcurso de las pesquisas, se descubrió también que Catalunya i Territori adquirió una serie de locales que puso a disposición de Unió, que a partir del 2004 dejó de pagar los alquileres. Además, en el 2009, esa institución vendió al partido democristiano cinco locales por un precio muy inferior a su valor real. En total, la fuerza política pagó 498.000 euros por un paquete inmobiliario cuyo valor actual a la baja sería, según consta en las diligencias, de 1.130.000 euros. Todo ese conjunto de irregularidades han llevado a la Conselleria de Justícia a requerir a un juzgado de Barcelona la disolución de la fundación.

EL PATROCINIO

Un obra con 800.000 euros de sobreprecio

Una de las mayores entradas de efectivo que obtuvo la trama consistió en 1.102.000 euros que la empresa IMS Assessors Jurídics i Econòmics facturó al banco BSCH por un libro sobre los carnavales cuya elaboración podía ascender como mucho, según los investigadores, a 140.000 euros. Estos tienen indicios de que esos 800.000 euros de sobrefacturación fueron a parar de IMS a cuentas de Xavier Soriano Borràs.

El dinero salió en efectivo, lo que habría impedido su seguimiento. Sin embargo, en la documentación de IMS que llegó a la Agencia Tributaria se hallaron pruebas de la supuesta contabilidad B de la red. Se trata de hojas impresas o manuscritas en las que constan importes con la expresión «Efectivo X. Soriano» y que coinciden con los cheques de caja del dinero abonado por el banco. Entre la documentación relacionada con al obra figura la dirección y el e-mail de un exdiputado de Unió. Además, esta entidad bancaria era donante habitual de la FCT, vinculada a miembros del partido. Los investigadores concluyen que existen indicios de que el mecenazgo de este libro es un donación encubierta.

EL CRÉDITO

Un sospechoso préstamo del ICF

Otra de las inyecciones de dinero al grupo IMS consistió en un préstamo de un millón de euros que le concedió el Institut Català de Finances en el 2003, durante el último gobierno de CiU. Los investigadores han analizado la documentación y también han descubierto numerosas irregularidades. Entre ellas, que 525.000 euros de ese crédito del banco de la Administración catalana presuntamente se obtuvieron mediante la aportación de 17 facturas falsas referidas a obras y compras de material informático que no existió.

Las pesquisas de la fiscalía han revelado que el dinero se invirtió, primero, en un fondo de inversión y, posteriormente, que fue utilizado para que las compañías de IMS obtuvieran nuevas líneas de crédito y seguir engordando así la pelota financiera de las empresas..

Argentina anuncia controles para el tráfico marítimo hacia Las Malvinas

TeleSUR, 17.02.2010 a las 02:09 horas

Argentina descarta la posibilidad de nuevas incursiones militares en Las Malvinas.

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El gobierno argentino descarta nueva posibilidad de incursión militar en Las Malvinas. El Reino Unido realizará exploraciones en busca de petróleo al sur de Las Malvinas. La posibilidad de que existan hidrocarburos en el Atlántico potencia el peso económico en Las Malvinas y por consiguiente abriría un nuevo conflicto político entre las naciones en litigio.

La presidenta Cristina Fernández firmó este martes  el decreto que restringe el tráfico de buques cargueros hacia Las Islas Malvinas, según lo anunció el propio Jefe de Gabinete argentino, Anibal Fernández.

Mediante este decreto los barcos que quieran ir a las islas Malvinas usando el puerto o atravesando aguas juridicionales argentinas, así como adquirir alimentos u otro tipo de elementos en puertos argentinos deben solicitar una autorización previa al gobierno argentino, según indicó el corresponsal de teleSUR en la nación austral, Edgardo Esteban.

Buenos Aires anunció también la creación de una comisión integrada por varios de sus ministros,  asesores y embajadores para orientar sobre las próximas medidas a tomar a partir de la determinación del gobierno británico de iniciar, desde el próximo viernes, la búsqueda de petróleo a unos 120 kilómetros al norte de Las Islas Malvinas, zona que pudiera convertirse en los próximos meses en una de las máximas reservas energéticas de la región.

Esta posibilidad ha generado grandes expectativas y pudiera ser el detonante de un nuevo conflicto político entre las naciones en litigio por la soberanía sobre los archipiélagos de las Malvinas, tomados por la fuerza en 1833 po el Reino Unido, algo nunca aceptado por Argentina que los sigue reclamando como parte integral e indivisible de su territorio.

La Casa Rosada anunció la decisión de comenzar a buscar el aval de Latinoamérica ante el conflicto con el Reino Unido, así como de elevar su reclamo ante organizaciones internacionales como las Naciones Unidas sobre lo que considera su potestad de buscar hidrocarburos y su reclamo permanente con relación a la soberanía sobre Las Islas Malvinas.

Para el secretario del Centro Militar  para la Democracia, Coronel José Luis García, este “es un conflicto grave que debe afrontar la Argentina otra vez con el sistema imperial” que “amenaza reservas estratégicas del país”.

El gobierno de Argentina descartó tajantemente la posibilidad de una nueva incursión militar para recupear el territorio usurpado y ha enviado más de 20 notas de protesta al Reino Unido y más de 200 de desaliento a aquellas empresas cuyas actividades se relacionan con el sector.

Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taina afirmo que “tomaremos todas las medidas que sean necesarias en el marco jurídico y diplomático para preservar nuestros derechos”.

Entre tanto la gobernadora de la Provincia de Las Malvinas, Fabiana Ríos explicó que al   tratarse de una zona en litigio internacional las acciones que adelantan son las acordadas con la cancillería internacional. “Es intención de la provincia de Tierra de Fuego fortalecer la posición argentina que tienen que ver con defensa de la soberanía”.

La posibilidad de que la existencia de petróleo en el Atlántico Sur multipliquen de 8 a 27 años las reservas energéticas en la región potencia el peso económico en Las Malvinas y por consiguiente la lucha de Argentina  por la soberania en Las Malvinas.

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teleSUR / meg – FC

El GOBIERNO DESPRECIA EL DERECHO EUROPEO AL APROBAR AYUDAS CARBÓN

El GOBIERNO ESPAÑOL DESPRECIA EL DERECHO EUROPEO

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Sin la opinión y el obligado permiso que ha de otorgar la Comisión Europea antes de dar ayudas a la electricidad producida por la quema de carbón, el gobierno español ya ha aprobado un Real Decreto que otorga cuantiosas ayudas públicas para incentivar la extracción y quema del combustible más destructor y contaminante de la atmósfera y el clima: el carbón.

¿Cómo es posible compatibilizar las repetidas declaraciones en favor de la lucha contra el Cambio Climático y al tiempo subvencionar el aumento de las emisiones contaminantes de CO2 del sector eléctrico español en alrededor de un 20%? En este atolladero parece estar atrapado el gobierno español y el actual Presidente de la Unión Europea: Rodríguez Zapatero.

El carbón en España produce menos del 15% del total de la luz eléctrica, pero este mortecino combustible fósil multiplica su capacidad destructiva ya que escupe a la atmósfera hasta el 27% de las contaminantes emisiones de CO2. Además, el carbón español no sustituye nuestra funesta dependencia del petróleo sino que se suma a la misma. Solo el transporte motorizado con combustible del petróleo le gana en cifras de destrucción mortecina con un 33% de las emisiones de CO2.

El Presidente Zapatero prefiere que las empresas españolas de producción eléctrica dependan del consumo del carbón español y menos de las energías renovables mediante una temeraria política energética: que el Estado continue subvencionando y reflotando una caduca minería extractiva sin viabilidad económica y la quema de un carbón nacional barato por las centrales térmicas productoras de electricidad.

El gobierno español hace oídos sordos, y lejos de responder a las acusaciones europeas por la destrucción ambiental de la minería a cielo abierto en parajes de alto valor ecológico reconocido internacionalmente y protegidos por las leyes ambientales europeas, y prefiere dar centenares de millones de euros públicos más para financiar unos presuntos crimenes ambientales, que se paralizarían inmediatamente sin el apuntalamiento con dinero público que reciben. La minería extractiva de carbón solo es rentable si es mantenida por el estado, si se inyectan continuadas cantidades masivas de dinero procedente de los ciudadanos contribuyentes.

Las subvenciones estatales a la extracción y quema del carbón recientemente aprobadas incumplen las leyes y reglamentos europeos que prohiben el reflote de sectores económicos en declive y carentes de rentabilidad. Las leyes de la Unión Europea para la liberalización del mercado energético no permiten proteccionismos en el mercado salvo excepciones con una importante motivación social, como es la lucha contra el Cambio Climático para el caso de las ayudas públicas a las energías renovables.

Además, organismos como son la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de Energía, han realizado fuertes críticas sobre la distorsión del mercado y las “incongruencias” de subvencionar la quema del carbón. En términos daños y pérdidas de valores ambientales es altamente irracional aumentarlas mediante el artificial consumo de carbón obtenido mediante suculentas subvenciones, cuando resulta que el actual mercado económico de la electricidad ya está expulsando del mix eléctrico al carbón, la fuente más contaminante de la atmósfera y generadora de inimaginables daños ambientales. En este caso, el mismo mercado tiene beneficios ecológicos ya que podría eliminar por sí mismo este combustible fósil tan destructor del clima.

Al convertir en ley unas medidas que “protegen” al carbón nacional, el Gobierno español elige ignorar las posibles vulneraciones del Derecho Comunitario sobre la competencia y el mercado interno, que prohibe a los estados miembros las medidas proteccionistas que no hayan sido específicamente aprobadas por la Comisión Europea.

El actual Presidente español de la Unión Europea pone así al descubierto el gran déficit europeísta que padece junto a la profunda falta de compromiso real con los retos ecológicos y la lucha contra el Cambio Climático que ha de afrontar la humanidad en su conjunto.

¡Vaya mal ejemplo de anti-europeismo el que está dando la recién estrenada Presidencia Española de la Unión Europea!

Subvenciones y proteccionismo estatal que vulneran el Derecho Comunitario europeo

El Presidente Zapatero barre para casa y contradice la ley europea común con un proteccionismo estatal en materia energética que favorece la quema del carbón de las minas españolas contrariando lo que debiera ser un único mercado eléctrico europeo. Con esta nueva ley impulsada por el también Presidente de la Unión Europea, se quieren dar subvenciones masivas al carbón “nacional” o “autóctono” pero sin tener el obligado visto bueno de la Comisión Europea, y sin obtener aún una respuesta oficial del departamento de Competencia de la Unión Europea, que a partir de esta semana casualmente dirige el socialista español Joaquín Almunia.

El Presidente Rodríguez Zapatero parece obviar la imparcialidad y pulcritud que debe ejercer el país que preside durante seis meses el Consejo Europeo, que en todo momento debe mostrar un respeto escrupuloso hacia el Derecho Comunitario y su estricto cumplimiento. Resulta simplemente escandaloso el que el Gobierno Español haya aprobado el Real Decreto de las ayudas al carbón por la puerta de atrás del Derecho Comunitario que regula el liberalizado sector energético.

Sin el beneplácito previo de la Comisión Europea, este triste espectáculo “antieuropeísta” es practicado por Rodríguez Zapatero, el actual Presidente de la UE. Mediante el uso de despistes, trampas y engaños de todo tipo intenta esquivar el control público de las mismas instituciones europeas y la correcta aplicación de la legalidad europea comunitaria. Un botón de muestra más de la dañada nave europea.

Alardeando de una sorprendente ignorancia de los procedimientos de la Unión Europea, la vicepresidenta Fernandez de la Vega parece ignorar las posibles vulneraciones de leyes europeas de competencia y el mercado interno cuando afirmaba recientemente que el nuevo Decreto de ayudas al carbón se aplicará durante 5 años, cuando por el contrario, el actual Reglamento de la UE sobre subsidios al carbón solo permite las ayudas estatales hasta las finales de este año 2010, y a día de hoy la Comisión Europea no ha presentado ninguna otra propuesta para la extensión de las ayudas estatales.

¡De nuevo tendremos un cielo lleno del humo que sale de las chimeneas de las centrales térmicas en vez de ser marginadas por las fuentes renovables de energía!. Estamos ante una opaca y contaminante operación que va en contra el interés colectivo y contra la misma racionalidad económica, y que de seguro tendrá unas largas y abultadas consecuencias de daño a la salud ambiental y climática común, y al mismo futuro.

Subvenciones masivas a unas cuantas sucias empresas mineras que carecen de viabilidad económica

Esta subvenciones al combustible más contaminante y destructor del clima solo responden a los intereses de unas cuantas empresas mineras sucias y sin viabilidad económica que históricamente solo subsisten gracias a la cascada de dinero público que reciben. Con estas nuevas ayudas económicas el gobierno español da un nuevo balón de oxígeno a unas empresas mineras que llevan más de un año sin poder dar salida al carbón que extraen, y que se sigue almacenando debido a la caída de la demanda energética causada por la crisis económica.

Con la aprobación del Real Decreto de ayudas al carbón y dentro del plan del carbón 2006-2012 se suman más inyecciones de fondos públicos para la extracción del carbón. El pasado 29 de enero del 2010, el Consejo de Ministros aprobó unas subvenciones por valor de 275,3 millones de euros que favorecen a cinco empresas mineras del carbón, bajo la justificación de cubrir, total o parcialmente, las pérdidas de producción corriente de carbón autóctono destinado a la generación de electricidad procedente de las unidades de producción de las empresas mineras del carbón. La empresa más beneficiada por estas subvenciones es Unión Minera del Norte, que recibirá 81,6 millones de euros, en tanto que Hulleras del Norte (Hunosa) percibirá 75,4 millones. El resto de ayudas irán a Coto Minero Cantábrico (55,2 millones), Hullera Vasco-Leonesa (43,1 millones) y Minera Catalana Aragonesa (19,9 millones).

Ahora, con las nuevas ayudas aprobadas por el Real Decreto las centrales térmicas que quemarán carbón “nacional” serán las asturianas de Soto de Ribera (Hidrocantábrico-EDP) y Narcea (Unión Fenosa), las leonesas de Compostilla (Endesa), Anllares (Endesa-Unión Fenosa) y La Robla (Unión Fenosa), las turolenses de Andorra (Endesa) y Escucha (E.ON), la palentina de Velilla (Iberdrola), la cordobesa de Puente Nuevo (E.ON) y la de Endesa en Puertollano. Estas diez centrales térmicas podrán producir un máximo de 27,5 MWh (megavatios/hora) anuales con los 10,5 millones de toneladas de carbón que se producen al año en España. Con el Real Decreto se garantiza a estas diez centrales térmicas, que quemarán carbón autóctono, alrededor de 1.550 millones de euros anuales por la energía que generen, y eso sin tener en cuenta la actualización de precios prevista anualmente, que prevé un incremento máximo por ejercicio del 2 por ciento por MWh.

El argumento social de mantener unos cuantos de miles de empleos en la extracción minera de carbón a cielo abierto y de interior es la gran coartada que utiliza el gobierno español para manipular la opinión pública y para poder seguir dando artificialmente rentabilidad y beneficios a unas cuantos empresarios, que con el dinero ciudadano llenan sus arcas particulares a la vez que destruiyen el clima común y nuestra salud ambiental. Pero por el contrario, las ayudas públicas al sector podrían dirigirse únicamente a fines sociales y económicos para la reconversión de la minería del carbón en lugar de tratar de sostener una actividad empresarial sin rentabilidad económica y ambientalmente suicida. El empleo a crear debe salir de un posible “nuevo modelo económico” capaz de ser compatible con la sostenibilidad ecológica, y no de la vieja y contaminante economía industrial en decadencia. Los dineros públicos han de dirigirse a los trabajadores y familias que sufren el cierre del anacrónico, biocida y no rentable sector del carbón, y no para llenar de beneficios a unos empresarios mineros y a las compañías eléctricas.¿Como se pueden anteponer los menos de 5 mil empleos del sector minero a los 180 mil que puede generar el sector de energías renovables? ¿Por qué teme la expansión de las energías no contaminantes?

A pesar de la incompatibilidad con la ley comunitaria europea, el actual Presidente español de la Unión Europea cede ante las presiones de unos empresarios mineros amigos y de unos irresponsables sindicatos que solicitan la continuidad de sus privilegios con masivas subvenciones públicas dirigidas a reflotar económicamente actividades mineras sin viabilidad económica y altamente contaminantes del clima y de ecosistemas locales muy valiosos y protegidos por las leyes ambientales europeas.

El Presidente del Gobierno español y actualmente también Presidente de la Unión Europea: Sr. Rodríguez Zapatero, ha decidido actuar por las bravas ante la misma Unión Europea mediante una política de hechos consumados que da el visto bueno a la propuesta del Ministerio de Industria, casi cuatro meses después de ser pactada con los empresarios y sindicatos mineros.

Subvenciones a la destrucción del clima y los bienes ambientales comunes

¿En que quedan las proclamas del Sr. Zapatero en favor de la lucha contra el Cambio Climático y por otro modelo sostenible de innovación económica y basado en el conocimiento?

Con esta ley de subvenciones para el fomento de la electricidad obtenida del carbón, el gobierno de Zapatero juega a una temeraria e irresponsable insensatez: al aumento de los daños y amenazas ecológicas derivados de la continuidad de la quema de la energía fósil del carbón; al proteccionismo estatal que viola las reglas del mercado único europeo; y al apuntalamiento y trato privilegiado dado a un particular sector empresarial y sindicatos mineros.

No hay que olvidar que en todal confrontación con las  medidas del Gobierno, no solo están los grupos ecologistas y los terribles datos de contaminación y catástrofe climática a consecuencia de las emisiones industriales de carbono, también están en contra de las ayudas estatales al carbón los países integrantes del G-20, la Agencia Intenacional de Energía. Los líderes mundiales de la cumbre de G-20 ha adoptado una posición clara contra las ayudas públicas al carbón: “Los subsidios a los combustibles fósiles son ineficientes porque fomentan el despilfarro, reducen nuestra seguridad energética, impiden la inversión en fuentes de energía limpias y socavan los esfuerzos para hacer frente a la amenaza del Cambio Climático”. Desde la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se ha criticado recientemente la intención del gobierno español de dar ayudas al carbón en un país de la OCDE por generar distorsiones en el mercado y aumentar las emisiones de CO2.

Subvenciones a la minería de carbón a cielo abierto
y a la destrucción de montañas y de biodiversidad
protegida por leyes ambientales europeas

Un tercio del carbón que se beneficiará de las nuevas ayudas públicas procede de minas a cielo abierto que destripan montañas y una valiosa biodiversidad local protegidas por el Derecho Ambiental de la Unión Europea. Numerosas han sido las denuncias ciudadanas y las sentencias judiciales españolas contra estas actividades mineras. Hasta la misma Comisión Europea ha llevado ante el Tribunal Europeo de Justicia al Gobierno Español por vulnerar la Directiva Hábitat con la minería de cielo abierto en zonas de altísimo valor ambiental reconocido internacionalmente y dentro de la europea Red Natura 2000, como el Valle de Laciana (León).

¿Como entonces se pueden otorgar masivas ayudas públicas al carbón extraído con actividades mineras de muy dudosa legalidad y con dictámenes judiciales de paralización?.
Muchas de estas contaminantes actividades extractivas son de un importante empresario minero leonés amigo del Presidente de Gobierno.  Hasta la misma Comisión Nacional de Energía ha propuesto excluir a las explotaciones a cielo abierto de las ayudas públicas.

Subvenciones a un modelo energético anacrónico,
contaminante y contrario a las energías renovables

La consideración del “carbón nacional” como un recurso autóctono y estratégico para garantizar el suministro eléctrico constituye otra gran mentira de la letra del Decreto Ley. ¿Acaso no son autóctonas otras fuentes energéticas como son la eólica, la solar, la biomasa, la geotérmia, la hidroelectricidad y la mareamotriz? ¿Acaso no és autóctona la eficiencia, el ahorro, el reciclaje y la reutilización?.

La capacidad de generación eléctrica del Estado Español supera por cuatro la demanda media del 2009. Cada mes entra en funcionamiento más capacidad eólica y solar, además del gas natural, lo que elimina la necesidad de seguir quemando carbón, y con la actual crisis económica la demanda eléctrica se reduce más (un 5.6% en el último año). Además, España sigue siendo un exportador neto de energía eléctrica al mandar mucha más energía que la que importa. No es verdad que simplemente se sustituya el más barato carbón de fuera por el “carbón nacional” ya que se aumentará globalmente la quema de carbón en más del 20%.

El paludismo contribuyó a la muerte de Tutankamón, según un estudio de su ADN

El faraón padecía además una enfermedad ósea.- Identificados sus familiares directos

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Barcelona – 16/02/2010

Zahi Hawass (i), jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, junto a la momia del faraón Tutankamón, en Luxor ( Egipto) , durante los trabajos de escaneo y digitalización de los restos de la momia, en 2005.-

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Las sombras se mueven a su alrededor pero la oscuridad nunca se desvanece del todo, dijo de Tutankamón Howard Carter, el descubridor de su tumba. Tutankamón, icono de maravilla y de misterio, revela poco a poco sus secretos. Ahora, la ciencia ha hurgado más a fondo en su maltrecho cuerpo tres veces milenario y arroja un puñado de nuevos descubrimientos, unos concluyentes y otros no tanto pues no es fácil escudriñar en el pasado de los faraones ni en los viejos corazones de las momias.

Bajo la supervisión del jefe de la arqueología egipcia, Zahi Hawass, se ha sometido a Tutankamón y a otras 15 momias, 11 de ellas acreditadas como de miembros de la familia real de la famosa XVIII Dinastía (incluidos los dos tristes fetos femeninos de su tumba), a una batería de análisis, entre ellos de ADN, que demuestran, según el estudio publicado en Journal of the American Medical Association (JAMA), que el joven faraón padecía paludismo y que ello influyó en su muerte. La investigación arroja también información sobre las relaciones de parentesco de Tutankamón, algo que, junto con las causas de su fallecimiento, forma parte de los grandes misterios de la historia del Antiguo Egipto.

Egipto

Ancestry and pathology in king Tutankhamun’s family es el título del artículo que firman 17 científicos encabezados -cómo no- por Hawass y que se adelanta a la presentación pública hoy de los resultados del estudio (habrá que ver cómo defiende las hipótesis más aventuradas el rais de la egiptología). La imagen que se desprende del dorado Tutankamón es la de un joven realmente hecho polvo que sufría múltiples dolencias parte de las cuales habrían conducido por acumulación “a un inflamatorio e inmuno-supresivo, y por tanto debilitador, síndrome”. Un chico divino que necesitaba bastones (de los cuales se hallaron hasta 130 en su ajuar) para caminar a causa de “la necrosis de los huesos, a menudo dolorosa, causada por la enfermedad de Köhler”, que se ha detectado en la momia. Añádase oligodactilia (hipofalangismo) en el pie derecho y pie deforme en el izquierdo. Según el estudio, una repentina fractura de la pierna, posiblemente causada por una caída (que ya se halló en el escaneado hace unos años de la momia), habría llevado a que la vida de Tutankamón peligrara cuando se produjo una infección por malaria. Determinados productos de uso médico hallados en la tumba apoyarían este diagnóstico. Enfin, no es raro que el chico se cayera con esos pies…

El jefe de antigüedades de Egipto, Zahi Hawass (con sombrero), en 2007 ante la tumba de Tutankamón.-

Más allá del asunto de la muerte, los científicos creen haber aclarado quiénes eran los ancestros de Tutankamón. Los análisis de ADN señalan a Yuya y Tuya, pareja cuyas momias están hace tiempo identificadas, como bisabuelos del chico; a Amenofis III, también identificado, como el abuelo, y a la momia de la “dama anciana” denominada oficialmente KV35EL (seguramente la reina Tiye) y hallada en la tumba 35 del Valle de los Reyes, como la abuela.

Más complicado es el tema de los padres. Papá de Tut sería, según los análisis de parentesco, la polémica momia hallada en la controvertida tumba 55 del Valle de los Reyes y que algunos han identificado como la de Akenatón y otros como la del enigmático faraón Smenkara, que sucedió a este (y que algunos han teorizado que pudo ser la propia Nefertiti convertida en rey a la muerte de su marido). Mientras que mamá sería KV35YL (cierto, no suena muy tierno), la otra momia femenina hallada en la tumba 35 junto a KV35L (y un tercer personaje, un chico, que vamos a obviar para no seguir liándola). ¿Y quién se esconde tras la denominación KV35YL? La estudiosa Joann Fletcher la identificó en 2003 con Nefertiti, aunque los especialistas consideran que las evidencias no son suficientes. Sin duda es una reina o princesa de la XVIII Dinastía y es probable que hoy Hawass se saque un conejo de la chistera y revele de quién, en su opinión, se trata. Quizá de una hija de Akenatón, con lo cual, tendríamos un hermoso caso de incesto y Tutankamón sería hijo de su padre y su propia hermana (recuérdese que se casó con otra -medio- hermana, Ankesenamón, que sería acaso además, oh, Dios, su tía; algunos la han identificado con una de las dos damas anónimas de KV21). Es cierto que Akenatón y Nefertiti tenían hijas creciditas y que Tut parece haber sido más jovencito.

Hasta ahora, la teoría más aceptada era que Tutankamón era hijo de Akenatón y una esposa secundaria, Kiya, cuyo momia no ha sido identificada. De hecho, durante un tiempo, mientras se excavaba, se abrigó la esperanza de que la última tumba descubierta hasta ahora en el Valle de los Reyes, KV63, en 2006, fuera la suya (en realidad no había nadie dentro, sólo ataúdes vacíos).

Parece que Hawass también anunciará hoy evidencias arqueológicas que probarían que Akenatón es realmente la momia de la tumba 55 (a cuyo precioso ataúd momiforme se le arrancó la cara y los cartuchos con el nombre de realeza). Todo este lío tiene, por supuesto, su explicación: el final de la XVIII Dinastía vio las convulsiones de la herejía amarniana de Akenatón, un cambio religioso radical que provocó lo que parece haber sido un verdadero cataclismo espiritual (y político) en Egipto. La vuelta a la ortodoxia llegó aparejada con una condena de Akenatón y Nefertiti, por el revuelo, y sus sepulcros y momias sufrieron de manera acorde.

Los análisis de ADN van a contribuir a arrojar luz pero hay demasiada incertidumbre -como ven- sobre la identidad de algunas de las momias de las que se han tomado muestras para que los resultados sean todo lo concluyentes que se desearía. Así que, las sombras se mueven, pero…

Visita la página oficial de Zahi Hawass, responsable del Consejo Supremo de Antigüedades en el Cairo | Mira aquí una selección de fotos históricas sobre las excavaciones de la tumba de Tutankamón

Tal vez no sepa que su trabajo le enferma

Las patologías profesionales se confunden con comunes, lo que perjudica al afectado – Un método de diagnóstico pionero en Navarra marca distancias con las demás autonomías.

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Miércoles, 17/02/2010

Es el diagnóstico médico el que fija la frontera entre la enfermedad laboral y la común. Para el empleado no es igual.-

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El año pasado fue uno de los más sanos, teóricamente, para los trabajadores españoles. En 2009 se declararon 16.850 enfermedades laborales. Unas 2.000 menos que en 2008, y alrededor de 5.000 por debajo de 2006. ¿Ha funcionado la prevención? ¿Están los asalariados más sanos ahora que nunca? Expertos y sindicatos apuntan a un infradiagnóstico de estas patologías que, muchas veces, se consideran enfermedades comunes. Tanto, que España está por debajo de la media europea en porcentaje de asalariados con problemas de salud asociados al trabajo. Las diferencias entre comunidades autónomas, además, son abismales. Lo que en Navarra se considera enfermedad profesional puede no diagnosticarse como tal en Madrid o Andalucía. Un desequilibrio entre regiones que viene a sumarse a otros como la ley de dependencia o la aplicación de la ley antitabaco. Desigualdades que, en definitiva, perjudican al trabajador.

En Navarra se detectó una enfermedad por cada 160 asalariados

Que la enfermedad laboral sea diagnosticada correctamente es vital. No sólo para la salud del trabajador. También para su bolsillo. Y se nota en la nómina. El trabajador recibe un subsidio menor si la enfermedad que padece se reconoce como común (aproximadamente un 60% de su base salarial) en lugar de como profesional (el 75%). Además, en las enfermedades profesionales el trabajador tiene cubierto el 100% de su tratamiento farmacológico y médico. Las más frecuentes en España son las dolencias físicas (tendinitis, problemas articulares). Pero también se detectan enfermedades de la piel relacionadas con el trabajo.

Pero más allá de las consecuencias del infradiagnóstico, llama la atención la ensalada de cifras regionales. Según un informe de UGT elaborado con datos oficiales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en 2009 en Navarra se declararon 1.425 enfermedades laborales, lo que equivale a una enfermedad profesional por cada 160 trabajadores. En Madrid, sin embargo, con 1.018 patologías declaradas en 2009, el porcentaje es de una enfermedad por cada 2.518 trabajadores; y en Andalucía de una patología declarada por cada 2.906 asalariados. ¿Están los andaluces o los madrileños más sanos que los navarros? “No”, responde Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT, “los sistemas de detección, simplemente son distintos”.

En Madrid o Andalucía sólo hay un diagnóstico por 2.500 trabajadores

El director del departamento de Medicina Preventiva de la Clínica de la Universidad de Navarra, Francisco Guillén, comparte esta opinión. “Hay comunidades que dedican más recursos a la localización de estas patologías que otras”, sostiene. “Otra razón de estas disparidades puede estar en las diferencias de industria entre regiones. Algunas tienen más fábricas, y en otras el dominante es el sector agrícola o el terciario…”.

Pero la causa del desequilibrio patente hay que buscarla en la propia Navarra, una comunidad con una economía diversificada que, ojeando los datos, se convierte en el arquetipo perfecto de las diferencias entre regiones. ¿De dónde viene el dato de una enfermedad laboral por cada 160 trabajadores? En la comunidad foral funciona un sistema de vigilancia epidemiológica específico para la detección de enfermedades profesionales. El método, que está implantado en 31 centros de salud (abarca al 71% de la población), se basa en un programa informático que ayuda al médico de atención primaria a diagnosticar la enfermedad como profesional. Cuando introduce una posible patología laboral en el historial clínico del paciente le sale un mensaje que le alerta de que podría tratarse de una enfermedad asociada al trabajo. Después, el sistema le lleva a una serie de cuestiones que el paciente debe contestar. Si las respuestas están dentro de la pauta de lo que podría ser una enfermedad laboral, su caso se deriva al Instituto Navarro de Salud Laboral, que lo estudia. Y si finalmente se considera como patología profesional, este organismo habla con la mutua del trabajador para que la declare como tal.

Si el mal es laboral, el afectado no pagará medicinas ni tratamientos

“Partimos de la idea de que hay una subdeclaración de enfermedades profesionales”, explica Vega García López, jefa de la sección de Epidemiología Laboral del Instituto Navarro de Salud Laboral. “Con este sistema logramos que las patologías laborales afloren. En Navarra tenemos hasta siete u ocho veces más enfermedades profesionales de las que hay en el resto de España, y eso es simplemente porque se diagnostican. Las enfermedades profesionales si no las buscas no las encuentras”, afirma.

García López explica que el paradigma del infradiagnóstico se percibe incluso dentro de la misma comunidad navarra. “Sólo con el sistema de vigilancia epidemiológica, que abarca al 70% de la población, se declaran tantas enfermedades como con el sistema oficial, que abarca toda la población. Con el sistema oficial se escapan muchos casos”, explica. Y ese sistema oficial, donde es el médico de atención primaria o el de la mutua de la empresa quien determina el tipo de enfermedad que tiene el trabajador y si obedece a una causa laboral, es el que impera en el resto de comunidades.

“Un 16% de las bajas comunes deberían ir a las mutuas”, dice un experto

La Seguridad Social -aunque sostiene que la disminución en la declaración de las patologías se debe a que el sistema de notificación se ha agudizado- también ha detectado las desigualdades entre regiones, y coincide en atribuirlas a la diferencia en los métodos de detección. Además, reconoce un “problema grave de diagnóstico”. Miguel Ángel Díaz Peña, director general de Ordenación de la Seguridad Social sostiene que el escollo no está en la notificación de las patologías, sino en su diagnóstico. “Es el médico quien tiene que establecer dónde está la linde entre lo que es una enfermedad profesional, enfermedad del trabajo o patología común”, explica. Una diferencia que viene delimitada por la ley. “Enfermedad profesional es sólo aquella que está incluida en el listado específicamente aprobado en la ley de 2006. Hay otras patologías relacionadas con el trabajo pero que no se consideran enfermedad profesional. Patologías agudizadas o derivadas del empleo que desempeña el asalariado, que se denominan enfermedades del trabajo, y que se consideran como accidente laboral”, sitúa Díaz Peña. “La frontera entre las enfermedades profesionales y las del trabajo es difícil”, añade.

Pero hablando de fronteras y cruzando las españolas, el ejemplo navarro no es el único que deja entrever que se notifican menos enfermedades laborales de las que en realidad hay. En España el 5,8% de los trabajadores tiene una o más patologías relacionadas con el trabajo, según el último informe de Eurostat (de 2007). La media de la zona euro se sitúa en 7,5% y la de la UE de los 27 en 8,6%. “En los países nórdicos se declaran más enfermedades laborales porque se diagnostican más”, dice Francisco Guillén. Según Eurostat, en Finlandia el 24,5% de los asalariados tienen una o más patologías asociadas al trabajo. En Bélgica son el 11,7%.

Fernando García Benavides, catedrático de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra, también cree que hay una infradeclaración “escandalosa” de enfermedades laborales. “Alrededor del 16% de las incapacidades temporales por contingencia común (la que firman los médicos de atención primaria) deberían estar atendidas en las mutuas y lo son en atención primaria”, dice. Dato que apoya con un estudio realizado en 2005 en centros de atención primaria de Cataluña, y publicado por el American Journal of Industrial Medicine.

Pero, ¿qué supone para el trabajador que la enfermedad que tiene sea considerada profesional? José Manuel Freire, de la Escuela Nacional de Sanidad, explica que si una patología se declara como laboral, el 100% de su tratamiento y atención (fármacos, rehabilitación, etc.) lo cubre la mutua. En las enfermedades comunes, sin embargo, el coste lo comparten la sanidad pública y el paciente. “Éste paga una parte del medicamento que le han recetado”, dice. La secretaria laboral de UGT pone un ejemplo: “Una persona con una tendinitis -una patología musculoesquelética, las más comunes- que se haya considerado enfermedad profesional, por ejemplo, tendrá la medicación gratis, pero también las sesiones con el fisioterapeuta hasta que se cure. Si es una enfermedad común, la sanidad pública da sesiones limitadas. El resto debe pagarlo el paciente”.

Independientemente del sistema o los medios que se empleen en cada región para la detección de estas enfermedades, los expertos vuelven a apuntar a que la clave para evitar el perjuicio para el trabajador es lograr un diagnóstico ajustado. La mirada de los profesionales, dicen, influye. “El problema es que hay una gran falta de formación e información de los médicos. Muchos no saben y tampoco tienen tiempo para indagar en el trabajo del paciente. Esto requeriría un tiempo que estos profesionales no tienen”, dice el director general de Ordenación de la Seguridad Social.

Para intentar paliar esto, explica Díaz Peña, la Seguridad Social pretende que haya más profesionales especializados en Medicina del Trabajo en los centros de salud. Una visión que comparten los sindicatos, que sostienen que debería haber, como mínimo, un especialista en Salud Laboral en cada ambulatorio. Además, UGT reclama que en la próxima ley de Salud Pública -en cuya elaboración trabaja ahora el Ministerio de Sanidad- haya un capítulo dedicado a la medicina del trabajo que contemple, entre otras cosas, que los médicos de atención primaria tengan acceso al historial clínico laboral del paciente. Cosa que ahora no sucede. “Lo que debería hacerse es generalizar el sistema navarro de vigilancia y detección”, concluye Marisa Rufino.

Y en esa línea se está moviendo Cataluña, donde ya funciona (aunque en mantillas) un sistema similar al navarro. El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (Icam) ha elaborado un protocolo de determinación de enfermedades profesionales para facilitar la labor a los médicos que, tras rellenar una ficha con las respuestas de los pacientes, remiten el caso al Icam. “La mitad de los casos que llegan se determinan como enfermedades profesionales”, explica Rafael Manzanera, responsable de este organismo. Desde que se implantó el protocolo, asegura Manzanera, ha aumentado la detección de estas patologías.

Pero al margen de la falta de medios y de formación, algunos expertos apuntan a que tras la infradeclaración se encuentran también las mutuas. Estas empresas son las encargadas de declarar las enfermedades laborales. “Las mutuas están derivando patologías laborales como enfermedad común”, asegura la secretaria de Salud Laboral de UGT. “Envían a muchos trabajadores al centro de salud directamente. Y es que afrontar una enfermedad profesional supone un coste para ellos. Cuando es enfermedad común lo que le queda al trabajador de la baja reguladora de la nómina (es decir, lo que cobra al mes por la baja) es el 60%; en cambio cuando es enfermedad profesional la cantidad es el 75%”, explica.

Un argumento que el director general de Ordenación de la Seguridad Social discute. “Las mutuas son empresas sin ánimo de lucro que no se quedan con nada del presupuesto que se les otorga. El dinero que no utilizan lo devuelven”, dice. El fondo, explica, pertenece a caja de la Seguridad Social. “Lo que ocurre es que hay una mala imagen quizá fundada porque en el pasado se hicieron las cosas muy mal”, dice Díaz Peña, que asegura que tampoco las empresas se benefician de la infradeclaración ya que las primas que pagan a las mutuas no dependen de los accidentes declarados o las enfermedades de sus trabajadores, sino del ámbito de actividad. Se arriesgan, eso sí, a la visita de un inspector de trabajo.

Sin embargo, la conclusión de los expertos parece ser común. Aunque el sistema navarro no tiene por qué ser la panacea, lo cierto es que evita situaciones de desprotección para el trabajador. “Cuando detectamos una enfermedad como profesional hablamos con las mutuas y les animamos a que declaren esa patología como laboral. Así, hay en cierta manera una autoridad moral. Puede haber fraudes, pero les vamos a pillar”, explica la responsable del sistema navarro. “Las mutuas tienen un gran hermano que les anima a declarar”, añade.

¿Y si un trabajador sospecha que la patología que sufre es en realidad una enfermedad profesional? La Seguridad Social creó hace dos años una oficina de reclamación a la que los asalariados pueden llevar su caso. También las mutuas pueden recurrir a este sistema. Pero además, apunta Díaz Peña, todos los casos en los que hay discrepancias de diagnóstico van directamente a revisión. En 2009, de los 14.447 expedientes analizados se consideraron como enfermedad profesional 636.

Para el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, lo que desvelan los datos es que no se hacen las cosas bien. “Las diferencias son inaceptables”, dice. Sostiene que urge un cambio del sistema: “Hay que revisar los procedimientos, ver dónde se hace bien, donde mal y aplicar un método común para toda España. Lo que no puede ser es que los ciudadanos se queden desprotegidos, y ahora, desde luego lo están”.

Anticorrupción reclama investigar las cuentas del PP valenciano en 10 bancos

Hacienda analiza la contabilidad de los sospechosos de financiación ilegal

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Madrid – 17/02/2010

Camps, ayer, durante un acto oficial de la Generalitat.-

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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que reclame a casi una decena de entidades bancarias todas las cuentas que posean del PP de Valencia. Anticorrupción entiende que es necesario analizar esas cuentas para cotejarlas con las anotaciones que figuran en la doble contabilidad que llevaba la trama corrupta que dirigía Francisco Correa sobre los actos que organizaba para el PP. El objetivo es reforzar, en su caso, el contenido del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que revela la supuesta financiación ilegal del PP, tanto a través de los pagos en dinero negro a la trama corrupta, no declarados a Hacienda, como a través de al menos cinco grandes empresas de esa comunidad. Éstas obtuvieron suculentas contratas de la Generalitat y supuestamente financiaron actos del partido de Francisco Camps mediante pagos a Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios no prestados.

El juez no se ha pronunciado aún definitivamente sobre la petición de la fiscalía por entender que el informe policial apunta como sospechosos de esa trama de financiación a altos cargos del PP de Valencia cuyo enjuiciamiento, en su caso, correspondería al Tribunal Superior de esa comunidad. Sin embargo, ese tribunal acaba de dictar una resolución que podría modificar la actual situación. Se trata de un auto relativo a la querella por financiación ilegal contra un total de 17 personas (entre empresarios y altos cargos del PP de Valencia) que interpuso el PSOE de Valencia y que está basado en el citado informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

El Tribunal Superior de Valencia considera en ese auto que hay que investigar los indicios delictivos que se describen en la querella del PSOE y en el informe policial y deja la investigación de este asunto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sólo introduce la salvedad de que Madrid le remita todas las actuaciones que realice al respecto en el momento en que observe la implicación de algún aforado valenciano.

No obstante, la investigación policial de la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia lleva meses en marcha, sobre todo después de que el Tribunal Superior de Valencia se negase, en julio del año pasado, a investigar el informe que le remitió la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Entonces, el tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, estaba a punto de dar carpetazo a las diligencias que instruía en ese momento contra varios altos cargos del PP valenciano por cohecho impropio, entre ellos el propio presidente, Francisco Camps, por recepción de trajes y otras dádivas de la trama corrupta Gürtel.

La Agencia Tributaria lleva meses analizando en su base de datos la información sobre los implicados de la trama corrupta valenciana para determinar si han incurrido en posibles delitos fiscales similares a los de otros imputados del Partido Popular. La investigación por parte Hacienda fue autorizada en su momento por el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del citado organismo.

La supuesta financiación irregular del PP que la Brigada Policial de Blanqueos considera acreditada en documentos de las empresas de la trama corrupción y en la propia investigación abierta por este caso se canalizó básicamente a través de Orange Market, la firma que en Valencia dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los lugartenientes de Correa.

Según el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, la financiación del PP en la Comunidad Valenciana funcionaba de la siguiente forma: las empresas de la red de Correa organizaban todos los actos para el PP, pero éste sólo les pagaba una parte con factura. El resto del dinero era abonado sin declarar el gasto a Hacienda o a través de una red de empresas privadas que recibían, a cambio, adjudicaciones de la Generalitat.

Doble facturación

La red corrupta mantenía una doble contabilidad, según se desprende de los libros incautados por la policía en registros de las empresas de Francisco Correa, el cerebro de la trama. “De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación: una real, plasmada con una factura formal emitida por Orange Market por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación de Alicante y que sería la caja A; y otra sin factura y, por tanto, sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación de Barcelona o caja B”, señala el informe de la Brigada de Blanqueo. La policía apuntaba a Ricardo Costa, ex secretario general del PP en Valencia, como “canalizador del dinero”, entre otros altos cargos del partido. Costa fue suspendido de militancia tras negarse a abandonar su cargo, como había ordenado la dirección nacional.

Entre las empresas que supuestamente pagaron dinero para el PP, el documento policial señala a la constructora Piaf; a Ortiz e Hijos y a Sedesa, propiedad de Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat valenciana Juan Cotino.  .

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Personaje: Francisco Correa

Organismo: PP Partido Popular

Tema: Caso Gürtel

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