¿Por qué no nos movilizamos?

Paco RodaRebelión / 13.01.2011

Suena raro, a pasado sin redimir, a recuerdos enmarcados en las nebulosas de las barricadas, a eslóganes de naftalina y a octavillas cuarteadas por el tiempo. Movilizarse y combatir en tiempos de crisis, incertidumbres y vacíos cuesta. Por desaliento, por acomodación o por pura desconfianza. O por todo a la vez. Pero aun así, con la que está cayendo ¿Por qué no nos movilizamos? Todo el mundo parece coincidir en la incidencia brutal de la crisis sobre la vida cotidiana de la gente. Yo tengo mis dudas. No es que dude de la realidad de la crisis, ni de su impacto sobre las familias. Dudo que la crisis sea tan general como se dice. Porque creo que esta crisis es selectiva y enormemente clasista. Vamos, que afecta a unos más que a otros. Y desgraciadamente, esos otros, solo la sufren, no hablan, no se expresan, viven en un limbo mediático sin eco alguno y lo que es peor, no tienen mecanismos de movilización ni apoyos ideológicos que los represente ni empuje hacia las barricadas contra este desierto de lo real y contra la perenne legitimación del actual estado del mundo.

Y es que la gente a pie de obra, la que se encuentra en los bares, en los centros de trabajo, en los patios de vecindad, en la sala de espera del médico; se pregunta una y otra vez por qué nadie se rebela, nadie se moviliza más allá de la protesta políticamente correcta. Hay, a mi parecer, varias razones que, sin pretender sentar cátedra, explican esta inmovilidad, esta contención, este silencio acomodaticio.

Hay una casta privilegiada y numerosa de ciudadanos blindados ante la crisis. Sus pecunios y sus estabilidades laborales no dependen de la fluctuación económica, porque sus ingresos –generalmente sujetos a contratos muy protegidos- provienen de corporaciones, administraciones, empresas, lobbys, grupos mediáticos y de poder muy asentados. Son la clase media y media alta representada por la clase política, el alto funcionariado sindical, la gran mayoría de la academia universitaria, los intelectuales pesebristas, los creadores de ideas, los cuadros empresariales medios y altos, el funcionariado de altas escalas, los cargos de confianza, la alta dirección y otros grupos ligados a las vanguardias empresariales de alto voltaje. No esperéis lectores nada de ellos. Su seguridad a medio y largo plazo está blindada porque están instalados en el garantismo vitalicio en el que nunca pasa nada. Y ellos no van a incitarnos a nada.

Otro grupo no menos importante y muy influyente por su poder de seducción es el lobby de los medios de comunicación, actualmente en manos de un sector ideológico claramente neoliberal y socialdemócrata – cuando no reaccionario como es el caso del grupo Vocento e Intereconomía- claramente inofensivos en cuanto a crítica del modelo económico y absolutamente sumisos a las decisiones tomadas por el gobierno de Zapatero. Su influencia es decisiva en el bloqueo de la movilización y de las ideas radicales y activistas. Actualmente los medios, muy pocos se salvan, despliegan un discurso socioeconómico de corte neofascista. Y es que una idea fuerza de gran calado recorre los editoriales, los artículos de opinión, los discursos políticos y los telediarios. Tras haber contribuido todos ellos al desguace ideológico de los mecanismos políticos de intervención y reglamentación de la economía en todo el mundo, se nos habla de la inevitabilidad del proceso deflactario actual. Esto es así y según ellos, no hay otras opciones que las contrarreformas salvajes que en toda Europa están desmantelando los respectivos Estados de Bienestar. Estamos pues ante el fascismo de la inevitabilidad, hijo predilecto de la inmovilización social y de la involución política. Así que no esperéis lectores nada de éstos que dicen defender la libertad de opinión sustentados en la libertad de esta democracia selectiva.

Por otro lado casi nueve millones de personas en el reino de España sobreviven con enormes dificultades. Este enorme y potencial resorte de movilización tendría razones para iniciar un levantamiento sin precedentes. Pero no lo hace. De estos nueve millones, al menos dos millones no están amparados por ningún sistema de protección económica, es decir son los pobres severos acogidos por entidades, ONGs, laicas y religiosas, y los Servicios Sociales, cuatro millones de personas se encuentran en desempleo pero solo sólo el 6% recibe algún tipo de subsidio económico, casi un millón de personas mayores de 65 años malviven con 336,33 euros de pensión de por vida y hay tres millones de personas que cobran pensiones mínimas cercanas al SMI, aproximadamente 640 euros mensuales. En conjunto, un Sistema de Protección Social en su vertiente económica que cumple su misión de resguardo ante la adversidad pero que actúa como modelo de contención paliativa y bloqueante de respuestas sociales. Y es que estos nueve millones de personas desempoderadas no tienen representación política ni sindical, la izquierda que ha usado sus votos, los ha condenado al silencio y a la miseria, no tienen medios que les visibilice y no tienen fuerza organizada para provocar un levantamiento sin precedentes. Bastante tienen con sobrevivir. Así que de ellos, tampoco esperéis nada porque los limitados ingresos con los que sobreviven paralizan toda vía de escape hacia las barricadas. Porque ese enorme potencial de lucha, esa enorme cantera para rebelión ha interiorizado también algo determinante. Creen que su malestar ya no es consecuencia de las relaciones de producción. Que esta crisis, en el fondo, debe ser resuelta de manera privada, adecuándose de manera personal ante la adversidad. Es decir, ese malestar, fruto de recortes sociales y laborales, despidos, r econversiones, paro de larga intensidad, precariedad laboral, exclusión social, pobreza endémica, y otras medidas que sufren esos nueve millones de personas aquí y ahora, no requiere ya de una lectura social y mucho menos política. Por tanto, la respuesta tampoco se articulará desde lo social y comuntario, sino desde la absoluta individualización del conflicto. Como si cada uno de nosotros nos nutriésemos de la agonía del otro. Esto viene a confirmar las estrategias de individualización y patologización de numerosos malestares modernos. Así las cosas, parece que no hay salvación colectiva, y no la hay porque el capitalismo se nos presenta como el ultimo horizonte de la socialidad humana. Porque en este matadero, cruzarse de brazos o sacar la espada son gestos igualmente vanos. ¿Es cierto esto? No lo sé. Lo que sé es que hay millones de razones para movilizarnos y la izquierda, politica y sindical, supuestamente inteligente y real, se entretiene en banalidades absurdas, en proyectos de un solo tema olvidando su vocación universal. Es ella quien debe liderar un proyecto de rebelión. De lo contario el destino se presentará tan desnudo como un epitafio. 

Paco Roda. Universidad Pública de Navarra

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Oportunidad histórica para la paz en Euskal Herria

Xabier Pérez IgrexasRebelión / 13.01.2011

Valoración del escenario tras el alto al fuego declarado por ETA

“ETA decidió declarar un alto al fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional”. Hasta ahí el fragmento más difundido (aunque de manera parcial e incluso ultraresumida) del comunicado de ETA hecha público en el día de ayer. Sin restarle la relevancia que tiene ese cacho el texto que le sigue encierra también un elevado significado que está a ser obviado.

“Este es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada” prosigue.

Leídas y escuchadas innumerables, y lamentables, intervenciones que calificaron –en algunos casos por un enfoque errado y en otros por desprecio y oportunismo- este anuncio de insuficiente, demandando un mayor énfasis en la adjetivación de los enunciados del comunicado, uno sólo puede preguntarse si puede existir una solución definitiva que no sea irreversible. ¿No existe sinonimia entre ambos conceptos?

En las próximas semanas habrá un alud de análisis y opiniones sobre lo anunciado ayer. La legión de tertulianas/os del sistema seguro que reiterarán el argumentario que ayer daba la sensación que Rubalcaba había distribuido. Viendo la curiosa coincidencia, en la literalidad, en las reacciones de coordenadas ideológicas pretendidamente antagónicas (el ejemplo paradigmático fue la comparecencia de Cayo Lara) la tesis de una coordinación intencionada de los mensajes coge fuerza. Muchas voces, incluso aparentemente diversas, reproduciendo una y mil veces el mismo discurso.

El comunicado de ETA, firmado el mismo día (8 de enero) que se celebraba una multitudinaria movilización en Bilbo donde millares de vascas y vascos salieron a la calle a defender los derechos de los presos –y que el Partido Popular equiparó con defender violadores y pederastas-, además de ser una muy buena noticia es la manifestación concreta de un paso decisivo, de calado histórico, que avanza en el camino marcado por la izquierda abertzale.

Precisamente que se obvie algo tan salientable como es el hecho de que ETA por vez primera se someta a las posiciones de la izquierda abertzale evidencia la pobreza, interesada, del debate que se está a desatar. Quien hasta ayer denunciaba la sumisión del abertzalismo a la estrategia violenta de ETA hoy ni tan siquiera valora que la dinámica sea la inversa.

Lo cierto es que el compromiso político, que particularmente yo considero firme, de la izquierda abertzale con la resolución pacífica y por vías estrictamente democráticas (por tanto en ausencia completa de violencia) del conflicto vasco –que existe por más que se invisibilice- arranca ya bien atrás. La Declaración de Anoeta, de noviembre de 2004, representa el inicio de una nueva vía que – se truncaría con el fracaso de la tregua de 2006- ya que en ella se incluía cómo uno de los principios que asumía la hoy ilegalizada Batasuna “que la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas permitirá a materialización, sin límites ni restricciones, de todos los proyectos políticos”. En esa línea seguiría la propuesta presentada por Arnaldo Otegui a finales de 2009 en Venecia en un acto multitudinario, o el documento Zutik Euskal Herria en el que la izquierda abertzale apuesta sin paliativos por la vía estrictamente política y democrática –asumiendo los Principios de Mitchell- de febrero del pasado año, y sobre el que se está basar este nuevo momento político en Euskal Herria.

La declaración de Bruselas de marzo de 2010, firmada por varios premios Nobel de la Paz, e incluso con la adhesión de Nelson Mandela, solicitaba a ETA precisamente un alto al fuego “permanente y verificable”, y requería que una vez realizado el Gobierno Español lo atendiese para permitir “que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos avancen, las diferencias sean resueltas y se consiga una paz duradera”.

Pero sería el histórico acuerdo de Gernika, suscrito por Izquierda Abertzale, EA, Aralar, AB, Alternatiba, LAB y otras treinta organizaciones políticas, sindicales y sociales de Euskal Herria en septiembre del año pasado, el documento que concretara las condiciones necesarias que exige a solución pacífica del conflicto. Condiciones que implican, como es lógico, tanto a ETA como al gobierno español.

¿Cuáles son esas exigentes y prepotentes condiciones? De entrada el fin de toda forma de violencia (incluidas las amenazas, extorsiones…) como expresión de voluntad para un definitivo abandono de las armas, aspecto al que de entrada ETA dio respuesta adoptando un alto al fuego general. Pero también la normalización política en clave estrictamente democrática, que sólo puede pasar por el fin del estado de excepción instaurado de facto en EH, con la negación de derechos civiles y políticos (ilegalizaciones al amparo de la Ley de Partidos, tribunales especiales…). Y por último que se deje de vulnerar derechos fundamentales en el ámbito judicial y penitenciario, especialmente en lo referido a la situación del colectivo de presas y presos.

¿Dónde está el prepotente chantaje? ¿Dónde están las exigencias inadmisibles? Las condiciones de la izquierda abertzale son estrictamente democráticas y debían estar ya satisfechas si el presunto Estado de Derecho que rige a democracia formal española no fuera tan endeble e inconsistente cómo ella. Tal es así que la propia Amnistía Internacional demandó al gobierno español el acercamiento de las/los presas/os y el fin del régimen de incomunicación y otras conculcaciones penitenciarias.

La valoración del escenario que se abre tras el alto al fuego declarado por ETA, como señalé antes, sólo pode ser positiva por ser un paso bien importante que viabiliza el deseado final del conflicto. Hay que operar con altura de miras y con generosidad para aprovechar esta oportunidad histórica, como con acierto reclamó ERC en una de las pocas reacciones certeras al comunicado.

Pero para eso, quien acreditamos en el imprescindible fin de la violencia y también por la normalización política y democrática de Euskal Herria, debemos principiar por exigir al gobierno español que atienda y responda al paso dado por ETA, esto es: que dé también pasos comenzando por cesar de inmediato la violencia estructural que aplica contra una parte importante del pueblo vasco, privados de poder llevar adelante un proyecto político, el de la izquierda abertzale, que por más incómodo que sea para las clases dominantes es absolutamente legítimo y democrático.

Eso pasa irremisiblemente por la concurrencia electoral de la izquierda abertzale en los comicios municipales del próximo mes de mayo.

Xabier Pérez Igrexas (Vigo, Galiza, 1984), colaborador de opinión en diferentes medios de comunicación, forma parte de diversos movimientos sociales y participa de la Confederación Intersindical Galega (CIG), central sindical nacionalista y de clase. Políticamente está vinculado al nacionalismo gallego, siendo en la actualidad Vice Responsable Comarcal de Galiza Nova, organización juvenil del Bloque Nacionalista Galego (BNG), en Vigo. Es militante de la Unión do Povo Galego (UPG), partido comunista patriótico integrante del BNG. Es autor del blog “Contradiscurso” (www.contradiscurso.net).

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Un Comité de Sabios de la UE da la razón a la sociedad civil española

Fernando Acero / 13.01.2011

El pasado día 10 de enero fue publicado el informe “Nuevo Renacimiento” del Comité de Sabios Europeo (un grupo de reflexión de alto nivel), sobre la digitalización del patrimonio cultural europeo. Este documento ha sido presentado por dicho Comité, a Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la Agenda Digital, y a Androulla Vassiliou, Comisaria responsable de Educación y Cultura.

Entre las medidas que se contemplan en dicho informe, orientado al desarrollo de la Agenda Digital Europea, destaca la necesidad poner en línea las colecciones de todos los museos, archivos y bibliotecas europeas. El documento también hace énfasis en las ventajas de facilitar el acceso a la cultura y al conocimiento, lo que además, podría tener beneficios económicos, si estas obras digitalizadas se licencian adecuadamente y con los límites adecuados. En este sentido, el informe también sugiere soluciones, adaptadas a la era digital, para poner en línea obras sujetas a derechos de autor.

Sin embargo, creo que lo más importante del informe, es que destaca que hay que poner ciertos límites a la propiedad intelectual, que con frecuencia está en manos de empresas y multinacionales, en aras a preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos…

Entre las conclusiones y recomendaciones de este informe, nos encontramos las siguientes, que de una forma u otra, ya estaban contempladas en las reivindicaciones de la sociedad civil española, que rechaza la ley Biden-Sinde y aboga por una nueva Ley de Propiedad Intelectual más justa para todos:

a) El portal ”Europeana” debe convertirse en la referencia principal del patrimonio cultural europeo en línea.Los Estados miembros deben velar por que todo el material digitalizado, gracias a fondos públicos, se pueda consultar en línea, e incluir en “Europeana”, todas sus obras maestras de dominio público para 2016. Las instituciones culturales, la Comisión Europea y los Estados miembros deben promover “Europeana” de forma activa y amplia.

Los Estados miembros deben aumentar de forma considerable su financiación de la digitalización para crear puestos de trabajo y fomentar el crecimiento en el futuro. Los fondos necesarios para construir cien kilómetros de carretera sufragarían la digitalización del 16 % de todos los libros de las bibliotecas de la UE o la digitalización de todos los contenidos de audio custodiados en las instituciones culturales de los Estados miembros de la UE.

Para garantizar la conservación de las colecciones en formato digital, una segunda copia de este material cultural debe archivarse en “Europeana”. Además, se debe crear un sistema por el que el material cultural que ahora debe depositarse en varios países lo sea una única vez.

Estas medidas que recomiendan los expertos europeos, son acordes con lo establecido en la disposición adicional decimosexta de nuestra Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), que desgraciadamente, a pesar de ser de las pocas cosas buenas que tiene esta Ley cara la sociedad civil, es algo que no se está cumpliendo como sería deseable.

b) Las obras sujetas a derechos de autor, pero que hayan dejado de distribuirse comercialmente, tienen que ponerse en línea. La función primera de los derechohabientes es digitalizar esas obras y explotarlas. Pero si ellos no lo hacen, las instituciones culturales deben tener la oportunidad de digitalizar el material y hacerlo público, por lo cual se debe remunerar a los derechohabientes.

Esta medida es quizás una de las más importantes de todas, ya que intenta evitar claro el expolio que se realiza por las empresas que ostentan los derechos de explotación, cuando por consideraciones meramente económicas, o comerciales, dichas obras culturales, científicas o técnicas, no están disponibles de forma legal. Si se aplican los instrumentos de propiedad intelectual sin un criterio orientado a la protección de los derechos humanos, muchas estas obras culturales, científicas, o técnicas, dejarán de estar disponibles, mutilando el elenco cultural, científico o técnico de las sociedades y sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo. Es básico que todas las obras culturales, científicas, o técnicas, estén disponibles de forma legal para todo el mundo y que no desaparezcan nunca de esa deseable situación de disponibilidad legal y completa.

Este desequilibrio entre los derechos es muy lesivo y se produce normalmente, cuando se antepone de forma artificiosa un derecho de propiedad intelectual, orientado a la protección de empresas, beneficios e inversiones, al derecho humano a la vida, del acceso a la cultura, a los medicamentos, a la comida, o a beneficiarse de los avances técnicos y científicos de la humanidad.

Hay que señalar, que es frecuente estos derechos comerciales se antepongan incluso al derecho humano de los autores a la protección de los intereses económicos y morales resultado de su producción, científica, artística o literaria. Autores que dejan de percibir ingresos por su obra, tras la decisión de sacarlas del mercado por parte de las empresas que ostentan sus derechos de explotación, que lo suelen hacer de forma unilateral y en ocasiones, irrevocable por parte de las mismas.

No hay que ser un politólogo de renombre para darse cuenta de que esto es inadmisible en un estado de derecho moderno y que afecta muy negativamente a derechos humanos básicos de todo el mundo, incluidos los autores. Además, debemos tener en cuenta que esta anómala situación se vería muy favorecida en España, si sin tomar ninguna medida que garantizase estos derechos humanos, se aprobase la rechazada y rechazable ley Biden-Sinde.

Si no hay una oferta legal y asequible de una obra cultural, científica o técnica y se aplica una norma tan restrictiva y arbitraria como la ley Biden-Sinde, sin tener en cuenta los derechos humanos implicados, lo que se está haciendo realmente, es restringir derechos humanos fundamentales. Algo que además, se hace exclusivamente para proteger unos más que discutibles intereses económicos de una industria ya tachada de obsoleta. Industria, que está empeñada en distribuir las obras mediante caros y obsoletos soportes físicos para los que ya casi no se venden reproductores y que sus elevados costes de producción y distribución, les obligan a retirar las obras del mercado cada cierto tiempo y a un ritmo cada vez más rápido. Hay que señalar, que este hecho también perjudica los intereses económicos y morales de los autores, que ven como sus obras desaparecen de la faz de la Tierra, sin que puedan hacer nada para evitarlo.

Todo hay que decirlo, estas empresas que claman por “sus derechos” de propiedad intelectual, no tienen ningún problema a la hora de no tener en cuenta algunos de los derechos humanos de los autores.

Está claro que nuestra Ley de Propiedad Intelectual es obsoleta. Debemos tener en cuenta además, que fue elaborada en su mayor parte a la media de los lobbies del sector, al igual que la peligrosa ley Biden-Sinde. Es una Ley que no tiene en consideración lo que acabamos de comentar sobre la Agenda Digital Europea, la adecuada aplicación de la compensación por copia privadalo que dice la ONU sobre la propiedad intelectual, la existencia de Internet, de las licencias libres, o de las nuevas formas de distribución y comercialización de las obras culturales, científicas o técnicas. Es una Ley que necesita una reforma urgente y en profundidad, ya que encima, favorece el descontrol y los abusos.

Uno de los primeros países en legislar algo así ha sido Brasil y gracias a ello, dispone de una de las leyes de propiedad intelectual más avanzadas y garantistas del mundo, tanto para los autores, como para el resto de la sociedad civil brasileña. Dicha norma , al igual que recomiendan los sabios europeos, establece un régimen de licencias obligatorias para las obras que estén fuera del mercado durante más de cierto tiempo y no obliga a registrar las obras, ya que reconoce los derechos de los autores desde el mismo momento de la creación de las mismas.

c) Las normas de la UE sobre las obras huérfanas (aquellas cuyos derechohabientes no pueden identificarse) deben adoptarse lo antes posible. El informe indica ocho condiciones fundamentales para cualquier solución que se desee adoptar por los distintos países.

Esta es otra de las reclamaciones de la sociedad civil española. Si no sabemos quién es el que ostenta los derechos de determinada obra y lo unimos a unos instrumentos de propiedad intelectual tan restrictivos como los que tenemos ahora y que algunos quieren endurecer todavía más con la ley Biden-Sinde, lo que logramos realmente, es que no se pueda acceder a dicha obra artística, literaria o científica de forma legal, Lo que también vulnera y muy seriamente, los derechos humanos fundamentales contemplados por la ONU, en los distintos instrumentos de derechos humanos regionales y en las distintas constituciones nacionales.

d) Debe fomentarse la cooperación entre el sector público y el privado. Esta cooperación ha de ser transparente, no exclusiva y equitativa para todas las partes y tener como resultado el acceso transfronterizo al material digitalizado para todos. El uso preferente del materia digitalizado concedido a los participantes del sector privado no debe durar más de siete años.

De nuevo, otro límite a la explotación de las obras por parte de las empresas, que tampoco se contempla adecuadamente en la legislación española de propiedad intelectual en este momento. Aunque parte del material cultural perteneciente al dominio público, ya se puede haber digitalizado y explotado por empresas, se desconoce el momento en el que revertirá de nuevo ese material cultural al dominio público, algo paradójico, si consideremos que estas obras partieron inicialmente del dominio público.

Imaginemos que se concede a la empresa X la autorización para digitalizar los archivos del NODO y para explotar económicamente dicha digitalización. Si no se establecen unos límites temporales a dicha explotación, lo que estamos logrando realmente, es sustraer dicho material cultural del dominio público. Aunque nos parezca algo puntual y remoto, lo cierto es que ocurre algo parecido con las obras culturales que han sido financiadas totalmente, o en parte, con dinero público. Es evidente que estas obras deberían tener un régimen de explotación comercial y de reversión al dominio público, muy distinto al de las obras que han sido financiadas de forma exclusivamente privada y así se debería reflejar sin ambages en cualquier Ley de Propiedad Intelectual que se precie.

Como se puede ver, todo lo anterior se encuentra recogido, de un modo y otro, en las reclamaciones que está haciendo la sociedad civil en relación a la modificación de la actual Ley de Propiedad Intelectual y sobre la retirada de la ley Biden-Sinde. Si no se tienen en cuenta estas reclamaciones de la sociedad civil española, que como vemos, son de lo más legítimas y fundamentadas, tanto en derecho como en objetivos, se crearán unos desequilibrios mucho mayores que los ahora existentes y que afectarán negativamente a los derechos fundamentales de todos, incluidos los de los autores.

Está claro, que en algunas cosas y tal como nos dicen los Sabios convocados por Europa, lejos de dar más derechos de la propiedad intelectual a las empresas, lo que hay que hacer realmente y con urgencia, es limitar algunos de los derechos que ahora tienen estas empresas y que están obstaculizando seriamente, o incluso impidiendo, el libre acceso a la cultura, a los medicamentos o a la comida, por parte de los ciudadanos de todo el mundo, conculcando así unos derechos humanos básicos.

Como dice la ONU, no se puede confundir, tal como parece que hace la ley Biden-Sinde, derechos de propiedad intelectual (normalmente en manos de las empresas), con los derechos humanos, incluidos los de los autores, que son infinitamente más importantes que el garantizar beneficio económico de las empresas y multinacionales, que se deberían atener a las reglas del libre mercado. El Comité de Sabios convocado por la EU, con sus recomendaciones ha dado la razón a una sociedad civil española, que clama por unas leyes de propiedad intelectual más modernas y justas para todos.

Puestos a tener que modificar la Ley de Propiedad Intelectual en unos meses ¿cuál es el motivo por el que no se hacen las cosas bien desde el principio y escuchando a todo el mundo, en lugar de tirar por la calle del medio y con algo tan absurdo como lesivo para los derechos humanos como la ley Biden-Sinde?. De verdad, teniendo en cuenta estas cosas tan importantes para toda la sociedad, no se a lo que esperan los políticos españoles para hacer caso de lo que les está reclamando, tan insistentemente y con poderosos argumentos, el pueblo español, al que deberían representar y proteger en sus intereses.

“Copyleft 2011 Fernando Acero Martín. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved. Quotation is allowed.”

ENLACE: kriptopolis.org/informe-nuevo-renacimiento

Fuente: rebelion.org

Crecimiento económico mundial: una desaceleración anunciada

ECONOMÍA / 13.01.2011

El Banco Mundial estima que tras la recuperación de la economía mundial el crecimiento se ralentizará, como era de esperar, en los próximos años.

En 2011 será de 3,3 por ciento, luego que en 2010 alcanzara el 3,9 por ciento, según un reporte presentado este miércoles. Para 2012 el Banco Mundial espera un 3,6 por ciento.

El BM señaló que la desaceleración era esperable, ya que en muchas partes se acabaron los planes de rescate de diversos países para enfrentar la recesión el año pasado.

Añadió que el motor del crecimiento mundial seguirán siendo los países emergentes y en desarrollo, que este año tendrán una expansión del 6 por ciento y en 2012 de 6,1 por ciento.

Altas tasas de crecimiento en países emergentes

 

Sede del Banco Mundial, en Washington: motor seguirán siendo los países emergentes.

El año pasado el crecimiento de los países pobres fue de 7 por ciento. China registró un 10 por ciento, y la región Asia-Pacifico un 9,3 por ciento. Este año habrá un crecimiento de 8,7 por ciento, y en el resto de la región un 8 por ciento.

Los países industrializados crecerán en 2011 sólo un 2,4 por ciento, después de un 2,8 por ciento el año pasado. Para 2012 se espera un 2,7 por ciento.

América Latina salió bien de la crisis

El BM agregó que “la región de América Latina y el Caribe ha salido bien de la crisis mundial, en comparación con el desempeño que exhibió en el pasado y con el ritmo de la recuperación en otras regiones”.

Señaló que luego de una contracción del 2,2 por ciento en 2009, registró un incremento del 5,7 por ciento en 2010, “similar al crecimiento promedio registrado durante la época del auge que se vivió entre los años 2004 y 2007”.

Además “habrá una desaceleración del crecimiento hasta llegar aproximadamente al 4 por  ciento en 2011 y 2012, principalmente debido al debilitamiento del entorno externo, a medida que se modera el crecimiento en las economías avanzadas y China”.

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Otro golpe para Berlusconi

EUROPA / 13.01.2011

El Tribunal Constitucional italiano declaró inconstitucional parte de la controvertida ley de inmunidad que había permitido al primer ministro Silvio Berlusconi no comparecer en los juicios abiertos en su contra.

Silvio Berlusconi.

Los 15 jueces de la “Consulta”, como se conoce al máximo tribunal italiano, señalaron que la norma conocida como “ausencia justificada” no es compatible en su forma actual con la Carta Magna. La controvertida directriz, en vigencia desde marzo de 2010, permitía hasta ahora que el jefe de gobierno y sus ministros no se presentaran a un juicio debido al ejercicio de su cargo, sin tener en cuenta la posición del respectivo juez.

La decisión sobre si el primer ministro debe comparecer o no ante la corte le corresponde en última instancia a los jueces y no a la oficina del jefe de gobierno, determinó ahora el Tribunal Constitucional. Es decir, la posibilidad de la “ausencia justificada” se mantiene, pero no con efecto automático, sino que un magistrado debe decidir si procede o no.

¿Sin repercusiones?

Daniele Capezzone, portavoz del partido de Berlusconi, el Pueblo de la Libertad (PLD), aseguró que la decisión de la “Consulta” no evitará que el primer ministro finalice su mandato, que termina en 2013. El fallo del tribunal “no tendrá repercusiones” para Berlusconi, que “fue elegido por la mayoría del pueblo italiano”, dijo Capezzone en alusión a las elecciones generales de abril de 2008, que le dieron la victoria al actual primer ministro.

Mientras, el ministro de Cultura, Sandro Bondi, condenó al Tribunal Constitucional por “situar al (poder) Judicial por encima del orden democrático establecido”.

Los procesos contra Berlusconi

Gracias a la polémica ley, Berlusconi, de 74 años, había podido esquivar desde hace meses tres procesos en su contra. En el primer caso tendría que comparecer por supuestos sobornos al abogado británico Davis Mills para que hiciera falsas declaraciones en los años 90. El primer ministro está acusado de haberle pagado con tal fin unos 600.000 dólares (430.000 euros).

Además tendrá que responsabilizarse por el llamado proceso Mediaset por evasión fiscal en relación con la venta de derechos de películas. Berlusconi y su compañía son sospechosos de haber ganado al menos 470 millones de euros en negro. Hay además un tercer proceso abierto, que gira también en torno a evasión fiscal e irregularidades en la venta de derechos televisivos y que se encuentra todavía en fase inicial. (dpa)

Editora: Emilia Rojas

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Ahora a recuperar los derechos de autor no repartidos por las gestoras

164,3 MILLONES DE EUROS A 2008

El Grupo Parlamentario ER-IU-ICV, ha presentado en el Congreso de los Diputados una PROPOSICION NO DE LEY, en la que insta al Gobierno, entre otras cosas, a garantizar la devolución a las administraciones públicas, empresas y particulares, de todas aquellas cantidades abonadas en concepto de propiedad intelectual que las sociedades de gestión que no hayan podido ser repartidas a su titular en los últimos 15 años. Por su interés reproducimos integramente la proposición presentada el pasado 11 de enero de 2010.

13-01-2011 – A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV, presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY, sobre la aplicación de tarifas sociales para personas sin recurso, para su debate en la Comisión de Cultura.

El derecho de autor es necesario para garantizar la creación cultural y la autonomía creativa, pero no puede entrar en contraposición con los derechos ciudadanos y de acceso a la cultura, así como tampoco obviar las nuevas formas de creación cultural.

Las propuestas del Gobierno sobre la gestión de la propiedad intelectual, como el canon digital o la disposición final segunda en la ley de economía sostenible, pueden vulnerar derechos fundamentales, como lo son el derecho a la libertad de expresión y a la información. Pero además parten de una concepción alejada de la realidad de los actuales medios de difusión de la cultura y del otorgamiento de privilegios injustificados a las sociedades de gestión.

El Objetivo principal de la Ley de Propiedad Intelectual debe ser proteger la creación y la innovación, a los creadores y creadoras y consecuentemente a los medios de producción y distribución del arte, la cultura y el conocimiento. La era digital ha permitido que surgieran nuevos modelos más eficaces que la imposición de un canon indiscriminado gestionado por Sociedades de Gestión opacas y la industria cultural, que tienden a fines recaudatorios en lugar de fomentar lo creativo.

Nadie discute, hasta “los piratas”, que es preciso proteger los derechos de autor para garantizar la creación cultural, es cierto, pero su protección no es “patente de corso” que permita que se atropelle otros derechos aún más básicos, como el acceso a la cultura o el respeto al patrimonio de cada uno de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Por ello planteamos respetar las conclusiones de la subcomisión para la modificación de la ley de la propiedad intelectual y no realizar ninguna modificación de la ley que perjudique a usuarios y consumidores de cultura. A la vez, para reforzar el reparto equitativo de los derechos de autor, consideramos que es necesaria una profunda revisión del modelo español de reparto de los derechos mediante entidades de gestión, que tienen un elevado poder de mercado, realizando normalmente su actividad desde una posición monopolística.

Tal y como se indica en las conclusiones del Informe sobre la Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual elaborado en 2009 por la Comisión Nacional de la Competencia “En el ámbito tarifario, no existe control ex-ante sobre las tarifas que fijan unilateralmente las entidades, ya sea a través de la introducción de obligaciones eficaces o a través de la supervisión de una autoridad competente, puesto que las facultades que la LPI asigna a las Administraciones Públicas son muy generales y ambiguas, y sin ningún poder sancionador. Esta circunstancia conduce a que el proceso de negociación con los usuarios no garantice que las tarifas sean razonables y equitativas. Las entidades gozan de un elevado poder de mercado y el marco legal permite que, ante una falta de acuerdo, se apliquen las tarifas generales fijadas previamente de modo unilateral por la entidad monopolística, lo que reduce los incentivos de esta última para entrar en una negociación real.”

Todo ello ha evidenciado la necesidad de que en el modelo actual de gestión de los derechos de autor, las Sociedades Gestión tengan un mayor control público en el desarrollo de sus actividades, tanto por lo que se refiere a sus prácticas de recaudación de los derechos de autor, como a la posterior distribución de los ingresos entre los artistas y autores, y en las inversiones que llevan a cabo. Las sociedades de gestión son entidades privadas que deben administrar única y exclusivamente las “cuentas” de sus miembros, que nunca suponen la totalidad de la comunidad creativa. Es decir, que en ningún caso su objetivo debe ser, la actual inversión en equipamientos, jubilaciones millonarias e inversiones lobbísticas, como sucede actualmente en algunos casos. Las sociedades de gestión deberían administrar únicamente las obras que estén registradas en su base de datos, y no deberían recaudar fondos provenientes del uso de obras que están publicadas explícitamente con una licencia libre. En contraposición a la inversión en patrimonio, entendemos que sí se deberían condicionar a les entidades en un porcentaje de la recaudación con finalidad a la ayuda a la nueva creación Los autores y autoras siempre deberían poder revocar el mandato de las entidades de gestión. No debería permitirse que ninguna sociedad de gestión impida a artistas o autores usar licencias libres o efectúe maniobras para reducir o vulnerar el dominio público.

A la vista de todos estos datos, parece aún más injusto que se criminalice a consumidores y consumidoras de cultura en internet, sin abordar antes las graves disfuncionalidades de las sociedades de gestión.

Otro elemento que evidencia la disfuncionalidad y opacidad del reparto de los derechos de autor es el porcentaje de ingresos recaudados en concepto de propiedad intelectual, entre los que se encuentra el llamado Canon Digital, que no son repartidos entre los autores o autoras, engordando inexplicablemente el patrimonio de las sociedades de gestión. En el citado Informe sobre la Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual de la CNC se explica que “es importante señalar que las entidades generan montantes de cantidades recaudadas y no repartidas a ningún titular. Es decir, recaudan dinero por un titular y después el titular no lo recibe. La información sobre este tema es bastante e intencionadamente escasa, y toda la que existe proviene de las propias entidades y de sus memorias. Según datos de AEVAL, de la recaudación media anual en 2005-2007, 65,8 millones de euros (un 13,6%) no fueron asignados al realizar el primer reparto. Con el paso del tiempo este porcentaje desciende a niveles menores, puesto que algunos titulares son finalmente encontrados; de esta forma, las cantidades finalmente no repartidas se sitúan en torno al 4% de la recaudación total, según AEVAL.

En todo caso, las cantidades pagadas por los usuarios y no repartidas a ningún titular que se van acumulando en el tiempo ascienden a volúmenes muy considerables: en el caso de la SGAE, y según su Balance de Situación al cierre del ejercicio 2008, los derechos pendientes de reparto ascendían a 164,3 millones de euros.” Recordemos que existen 7 entidades de gestión además de SGAE.

Teniendo en cuenta que una parte fundamental de los ingresos de las sociedades de gestión proviene de las administraciones públicas, esta cifra supone un desvío injustificado de dinero público hacia sociedades privadas, una apropiación de lo que no es propio, y situación inadmisible en un contexto como el actual de recortes presupuestarios en materias como la social.

Por todo ello se presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Modifica el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en el siguiente sentido:

– Aumentar el control público y la transparencia en el reparto de los ingresos en las entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual.

– Garantizar que las sociedades de gestión administre exclusivamente las cuentas y los haberes de sus miembros, quedando excluido el cobro de derechos de autor de titulares ajenos a la sociedad, de obras no incluidas en su base de datos o en el caso de que el autor manifieste la renuncia al cobro de dichos derechos.

– Acotar las actividades de las sociedades de gestión, limitando sus inversiones patrimoniales e incrementando las inversiones en el fomento de la creación y la cultura.

– Garantizar la devolución a las administraciones públicas, empresas y particulares, de todas aquellas cantidades abonadas en concepto de propiedad intelectual que las sociedades de gestión que no hayan podido ser repartidas a su titular en los últimos 15 años.

– En caso de que no sea posible el retorno a las personas administraciones públicas, empresas y particulares de dichas cantidades, las entidades de gestión devolverán al Estado los ingresos no repartidos para la creación de un fondo público de promoción y fomento de la cultura y la creación.”

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid 11 de enero de 2011

Nuria Buenaventura Puig Diputada

Gaspar Llamazares Trigo Portavoz

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internautas.org

La «última cena» de la ley Sinde

LOS ESFUERZOS DE LA MINISTRA POR RESUCITAR LA NORMA, PINCHADOS POR UNA INDISCRECIÓN

Con la Ley Sinde en la sala de reanimación —rechazada en el Congreso el pasado 21 de diciembre—, muchas han sido las voces que han clamado para que los artistas alzaran la voz, desde Teddy Bautista a Pau Donés. Pero la que mayores esfuerzos ha hecho ha sido la propia ministra de Cultura. González-Sinde lleva manteniendo, desde hace algunas semanas, una serie de encuentros «a título personal», según confirman fuentes ministeriales, con diversas personalidades de la industria cultural para debatir sobre internet, derechos de autor… y de paso confirmar el discurso único de apoyo a la ley Sinde.

13-01-2011 –  INÉS MARTÍN RODRIGO / ABC .- Manuel Gutiérrez Aragón, presente en una de estas cenas informales, considera las reuniones organizadas por Sinde efectivas y necesarias, ya que «hay que luchar por la propiedad intelectual y no dar ninguna tregua a los internautas, porque es como pactar con los terroristas». Según Gutiérrez Aragón, «el problema es que se está desviando el discurso y con tanta demagogia a la gente se le olvida de que se trata de una industria y que, por tanto, es como robar en El Corte Inglés. Estas cenas se están celebrando en apoyo de la cultura, para que quede claro que todos los sectores estamos concienciados y para que la ey salga adelante, como ocurre en todos los países de Europa».

El menú de la discordia

Una unidad que el Ministerio buscaba y que había conseguido en todas las cenas celebradas… hasta el pasado viernes 7 de enero. Ese día acudieron a la llamada de Ángeles González-Sinde lex de la Iglesia, Soledad Giménez, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Alberto García Álix, Ouka Leele, Luis Gordillo, Juan Diego Botto, Manuel Gutiérrez Aragón, Gonzalo Suárez, Cristina García Rodero… y el editor Amador Fernández-Savater (Acuarela Libros).

Todos iban convencidos de que se trataba de una cena privada y, como tal, hablaron con total libertad del principal tema de debate puesto sobre la mesa, la ley Sinde. Pero el veto de la privacidad fue levantado por Fernández-Savater al escribir ayer un post en su blog en el que daba su propia versión del menú degustado: «el miedo». «Antonio (Muñoz Molina) y yo asistimos a una cena privada y es absurdo saber nuestra opinión sobre ninguna ley porque no somos nadie», contaba una sorprendida Elvira Lindo.

Pero, para sorpresa, la de la ministra de Cultura, quien, según el diputado José María Lassalle, portavoz de Cultura del PP, busca un papel en el elenco de este proceso. «Trata de dar buena imagen entre su gente y en los medios, para rebajar la presión. Quiere tener el papel que no ha tenido hasta el momento, pero la filtración de la cena le ha estropeado el plan y, una vez que se pone bajo la ley de Murphy, haga lo que haga le va a salir mal».

Durante el último mes, la ministra que da nombre a la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible ha puesto todo su afán en defenderla y recabar apoyos. Alejandro Sanz empleó Twitter para exhortar a los políticos (a quienes llamó «cobardes») a que votaran a favor. También en Twitter, Alex de la Iglesia defendió su postura frente a cientos de internautas. Luego organizó un encuentro con representantes de la Red en la sede de la Academia de Cine. ¿El objetivo? Acercar posturas… aunque el resultado se acercara más al refuerzo de la imagen pública del presidente de los cineastas.

El bloguero indiscreto

La chispa que prendió la mecha de las (hasta ahora) privadas cenas de Ángeles González-Sinde fue el post de Amador Fernández-Savater, titulado «La cena del miedo» . Su principal conclusión es la preocupación: «Me preocupa que quien tiene que legislar sobre la Red la conozca tan mal, que sea el miedo quien organiza nuestra percepción de la realidad y quien toma las decisiones gubernamentales. Me preocupa esa combinación de ignorancia y miedo, porque de ahí sólo puede resultar una cosa: el recurso a la fuerza, la represión y el castigo».

El editor, hijo del filósofo Fernando Savater, considera que «hay mucho miedo entre los que tienen poder: miedo a la crisis irreversible de los modelos culturales y de negocio en los que “el ganador se lo lleva todo” y los demás poco o nada». Finalmente, y ante el pretendido objetivo de la reunión de pulsar la opinión sobre la ley Sinde, Fernández-Savater se pregunta quién es el mundo de la cultura. «Por lo visto: el establishment de la industria cultural. Su opinión es bien conocida: hay que perseguir más de lo mismo. ¿Cómo? El miedo como educador».

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internautas.org

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