Chávez amenaza con expropiar la filial del BBVA en Venezuela

  • Lo amenaza durante una llamada telefónica en un programa en directo.
  • “Entrégueme el banco, dígame cuánto cuesta”.
  • Una mujer se había quejado con el presidente de que la entidad le había negado un crédito.

EFE. 26.01.2011 – 20.38h

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, amenazó este miércoles a Pedro Rodríguez, presidente del Banco Provincial de Venezuela, filial del grupo español BBVA, con expropiarlo si no “cumplía” las leyes del país, durante una tensa conversación transmitida en directo en cadena nacional de radio y televisión.

“Esto es muy serio, o usted cumple con las leyes o entrégueme el banco, dígame cuánto vale el banco, no voy a discutir con usted”, le dijo por teléfono Chávez al titular del Banco Provincial durante un acto en el palacio presidencial con damnificados de lo que llamó “la estafa inmobiliaria”.

Durante la alocución Chávez llamó a Rodríguez tras escuchar auna mujer que denunció que en ese banco le habían rechazado una petición de crédito.

“Entrégueme el banco”

Rodríguez pidió que sus palabras también salieran al aire, pero Chávez le indicó que podía acudir al canal estatal cuando quisiera, y tras decirle que no iba a discutir con él, le repitió: “Si el Banco Provincial no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco, yo le voy a pagar lo que cuesta”.

“Usted está implicado en todo esto quiera o no quiera, usted no puede ahora lavarse las manos como Poncio Pilatos. Asuma su responsabilidad, tiene que asumir una responsabilidad, póngase al frente y asuma”, le espetó Chávez al representante de la entidad.

“Pedro: no voy a discutir más con usted (..) óigame, yo le voy a pedir que atienda a estas personas, si usted no tiene tiempo o no puede, entonces dígame cuánto cuesta el banco, yo le compro el banco”, continuó.

“No está en venta”

El momento de mayor tensión de la conversación se produjo cuando el responsable del Banco Provincial dijo al presidente que el banco no está en venta, una respuesta que Chávez tildó de “altanera”.

“Usted tenga cuidado con lo que me responda, porque usted me está diciendo que el banco no está en venta pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional, tenga cuidado con lo que me responda, por favor se lo ruego”, dijo el presidente venezolano.

A continuación, Rodríguez aceptó recibir a las personas que habían alegado un problema con la filial del BBVA y Chávez entonces pidió al ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente de Asuntos Políticos del Ejecutivo, Nicolás Maduro, que los acompañara a esa reunión.

También dio instrucciones a la fiscal general de la República, Luisa Ortega, de que acudiera al encuentro.

Chávez exigió, además, que se le informara la noche de este mismo miércoles del resultado de la reunión con el titular de la filial del BBVA.

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20minutos.es

Dejar de fumar, destinar el ahorro a proyectos solidarios

Quienes han dejado de fumar, además de mejorar la salud, notarán que las monedas se acumulan en el bolsillo. Una opción para este dinero es destinarlo a proyectos solidarios, ya que con apenas unos euros es posible pagar la cuota de socio de una ONG o destinar los ahorros a una donación esporádica. Quienes tuvieran una adicción mayor, pueden transformarla en una generosidad similar y dedicar el ahorro mensual a alimentos para infancia desnutrida, microcréditos para mujeres u otra de las numerosas causas que respaldan las organizaciones no lucrativas.

ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 25/01/2011, 12:22 H |

Hacerse socio de una ONG

Es una manera sencilla de ser solidarios. Los socios de una ONG pueden limitar su compromiso a una periodicidad determinada, gracias a la cual se ponen en marcha numerosos programas de ayuda. La mayoría de las organizaciones disponen de esta información en sus páginas web, aunque si se prefiere, es posible acudir a las propias sedes para interesarse por la cuota de pago que deben afrontar los socios.

En ocasiones, es posible elegir la aportación. Quienes abandonen el hábito del tabaco pueden destinar a una ONG la cantidad que deseen. Cruz Roja pide un compromiso mínimo de tan solo 36 euros anuales. El socio elige la periodicidad de pago de la cuota, que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. Ésta se destina a programas con niños y jóvenes en dificultades sociales, personas mayores, mujeres maltratadas, drogodependientes y personas seropositivas, entre otras.

Quienes deseen colaborar para mejorar la salud de otras personas pueden dedicar el ahorro a Médicos sin Fronteras, que lo empleará en ayuda médica de emergencia. Se pueden aportar 10, 30 o 60 euros (u otra cantidad que elija el socio), en cuotas mensuales, trimestrales o anuales.

También en el ámbito de la salud, la Asociación Española Contra el Cáncer destina las aportaciones a lograr disminuir el impacto de esta enfermedad y mejorar la vida de las personas afectadas, en muchos casos, a consecuencia del tabaco. El importe es de 10, 20, 40, 50 euros u otra cantidad que se prefiera, mientras que la periodicidad es mensual, trimestral, semestral o anual.

Para colaborar con proyectos de desarrollo, comercio justo, emergencias u otras campañas, Intermón Oxfam ofrece la posibilidad de abonar 12, 30, 50 euros u otro importe en cuotas mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales. En cuestión de comercio justo y solidaridad con los países del Sur, Setem solicita una aportación mínima anual de 60 euros.
Hacer un donativo

Si no se tiene claro el interés por mantener la colaboración a largo plazo con una ONG, pero se quiere dotar de valor el abandono del tabaco, los primeros ahorros se pueden emplear como donativo solidario. De nuevo, las posibilidades son amplias.

Intermón Oxfam fija las donaciones en 30, 60 o 120 euros, aunque acepta otros importes que elija cada persona. El donante, además, decide a qué tipo de emergencia entregar esta cantidad: refugiados sudaneses en Chad, retornados tras el conflicto en el sur de Sudán, crisis alimentaria en Sahel, inundaciones en Asia (Pakistán), huracanes y tormentas en el Caribe, fondo de reconstrucción y brote de cólera en Haití o inundaciones en Colombia.

Ayuda en Acción acepta donaciones esporádicas para apoyar el cumplimiento general de los fines de la organización o programas en zonas concretas. La Fundación Vicente Ferrer, por su parte, invierte los ahorros en el estado indio de Andhra Pradesh, donde trabaja sobre todo con mujeres y niños.

Para quienes se decidan por el medio ambiente, WWF invierte las donaciones en campañas en defensa y protección de los mares, los bosques, los ríos y las especies en general. “El apoyo se traduce en un plan de reforestación, una campaña de limpieza de costas, una acción de lucha contra los incendios forestales…”, detalla la entidad.

No obstante, la Guía de ONG de Eroski Consumer permite elegir entre más de 540 organizaciones con las cuales colaborar, divididas por área de actuación, número de socios y presupuesto (a cierre de 2009). AZUCENA GARCÍA – www.consumer.es – EROSKI

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ecoticias.com

La Ley Sinde no es lo que parece, ahora es peor.

DEFENSOR DEL INTERNAUTA

Y tenemos una vuelta más de Ley Sinde, esta vez ¿para introducir “más” garantías judiciales?… No, lo cierto es que ahora limita más derechos fundamentales, al derecho a la libertad de expresión, le podemos ya sumar la protección de datos personales. En consecuencia, si el resultado es que el Gobierno controlará contenidos en la red y que la piratería seguirá ahí… ¿Cuál es pues la verdadera razón de la Ley Sinde?

25-01-2011 – Asociación de Internautas
1.- La Ley Sinde permite torear la valoración y la toma de decisiones judicial sobre qué contenidos son lícitos y cuáles no en Internet.

La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes.

La ejecución de la resolución arbitral (sección primera) de la Comisión de Propiedad Intelectual (órgano administrativo con funciones de arbitraje) se despachará en un “procedimiento ejecutivo judicial”, en un Juzgado, dónde el juez ordenará que se cumpla lo dispuesto por la Comisión de Propiedad Intelectual sin opción a valorar o decidir si el contenido que se elimina es o no lícito, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, por la naturaleza propia del proceso judicial que se insta.

La Ley Sinde dice además que: La sección (segunda) podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.

Acordada la medida por la Comisión, solicitará del Juzgado competente la autorización para su ejecución, referida a la posible afectación a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución.

Por si a alguien le quedan dudas, además establece expresamente la ley Sinde:

La decisión (judicial) que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida, de nuevo, por motivos de forma, no de fondo, por ser esa la naturaleza de la “resolución de la sección segunda”.

2.- La Ley Sinde obliga a identificar a prestadores de servicios vulnerando los arts. 53.1 y 81.1CE. No es Ley Orgánica, no puede limitar derechos fundamentales.

Ahora además han incluido un juez que ejerce de “mensajero” en las labores de identificación de los titulares de las páginas web que sean “susceptibles de causar un daño patrimonial” en materia de derechos de autor (valoración esta que, insisto, no hace un juez, sino un órgano administrativo), a requerimiento según parece de la primera o segunda sección.

El juez exigirá a la operadora de servicios de telecomunicaciones que identifique al titular de la web, simplemente limitándose a pedir esos datos porque la Ley dice que debe pedirlos, y simplemente se los darán, porque la Ley dice que existe la obligación de entregárselos, sin más. Tienen 24 horas para ello.

Tenemos por tanto una ley ordinaria imponiendo un nuevo supuesto de restricción a la protección de datos de carácter personal, que permite la cesión de datos personales sin consentimiento del afectado, sin posibilidad de que un juez decida si la medida es proporcionada al fin que se pretende, y sin estar ante una de las excepciones que permite el derecho comunitario.

La Ley Sinde habla de: “Identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, (…) podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial

Según la Sentencia del TJUE (2008) del caso Promusicae Vs Telefónica, “los Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a Directivas 2000/31, 2001/29, 2004/48 y 2002/58, procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario, así como el principio de proporcionalidad (…)”.

También explica que el art. 15. 1, de la Directiva 2002/58 establece que “los Estados miembros pueden adoptar medidas legales para limitar el alcance, en particular, de la obligación de garantizar la confidencialidad de los datos de tráfico cuando tal limitación constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada, en una sociedad democrática, para proteger la seguridad nacional -es decir, la seguridad del Estado-, la defensa y la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a que se hace referencia en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 95/46”.

Ese art. 15.1 de la Directiva 2002/58 ofrece así a los Estados miembros “la posibilidad de establecer excepciones a la obligación de principio de garantizar la confidencialidad de los datos personales que les incumbe en virtud del artículo 5 de la misma Directiva. Sin embargo, ninguna de estas excepciones parece referirse a situaciones que precisen la iniciación de un procedimiento civil. En efecto, tienen por objeto, por una parte, la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública, que constituyen actividades propias del Estado o de las autoridades estatales, ajenas a la esfera de actividades de los particulares (véase, en este sentido, la sentencia Lindqvist, antes citada, apartado 43) y, por otra parte, la persecución de infracciones penales”.

Por otra parte, la Sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional, señala sobre los límites a los derechos fundamentales, que han de ser previstos por una Ley Orgánica, porque de lo contrario, esa “Ley habrá infringido el derecho fundamental porque no ha cumplido con el mandato contenido en la reserva de ley (arts. 53.1 y 81.1 CE), al haber renunciado a regular la materia que se le ha reservado, remitiendo ese cometido a otro Poder Público, frustrando así una de las garantías capitales de los derechos fundamentales en el Estado democrático y social de Derecho (art. 1.1 CE). En concreto, el art. 81.1 CE dice que “son Leyes Orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (…)”.

La STC 292/2000, dice también que justamente, “si la Ley es la única habilitada por la Constitución para fijar los límites a los derechos fundamentales y, en el caso presente, al derecho fundamental a la protección de datos, y esos límites no pueden ser distintos a los constitucionalmente previstos, que para el caso no son otros que los derivados de la coexistencia de este derecho fundamental con otros derechos y bienes jurídicos de rango constitucional, el apoderamiento legal que permita a un Poder Público recoger, almacenar, tratar, usar y, en su caso, ceder datos personales, sólo está justificado si responde a la protección de otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos”, todo ello, en función del principio de proporcionalidad y del rango de los derechos en conflicto.

3.- La Ley Sinde prevé modificar la legislación actual para recaudar el canon digital como exige el TJCE… ¿para qué? si ya dicen lo mismo.

“El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada”.

La Ley de Propiedad Intelectual dice lo mismo que el TJCE, los únicos que han dicho lo contrario han sido las asociaciones gestoras de derechos de autor y el Gobierno. Han hecho una interpretación interesada, contraria al derecho comunitario, con el único fin de favorecer el enriquecimiento injusto de un lobby.

Lo que hace falta es que impidan a determinadas asociaciones privadas hacer lo que les viene en gana con las leyes, con los derechos de los ciudadanos y con los presupuestos públicos. Lo que hace falta es que se exijan responsabilidades sin esperar a que venga Europa a decirnos que se han hecho mal las cosas. Lo que vendría muy bien es que quien denuncie bajo el amparo de la Ley Sinde tenga la obligación de depositar una fianza por si el inicial “presuntamente” resulta ser un “inocentemente” lesionado en su derecho a la libertad de expresión.

4.- ¿A quién afectan las medidas de la Ley Sinde?

A cualquier responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora de los derechos de propiedad intelectual

Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la sociedad de la información, es “Responsable del servicio de la sociedad de la información, o prestador de servicios”, aquella persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información.

Y son “Servicios de la sociedad de la información”: todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario. El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.

Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que representen una actividad económica, los siguientes:

– La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
– La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.
– La gestión de compras en la red por grupos de personas.
– El envío de comunicaciones comerciales.
– El suministro de información por vía telemática.

¿A quién no afectan las medidas de la Ley Sinde?

No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los que no reúnan las características señaladas en el primer párrafo de este apartado y, en particular, los siguientes:

– Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.
– El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.
– Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la carta), contemplados en el artículo 3.a) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, o cualquier otra que la sustituya.
– Los servicios de radiodifusión sonora, y
– El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.

Ofelia Tejerina
Defensor del Internautas
Asociación de Internautas

internautas.org

‘Ley Sinde’ for dummies

Idas y vueltas, retoques y modificaciones, y, al final, la ‘Ley Sinde’ sigue prácticamente como estaba. La Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que es como en realidad se llama la normativa propuesta por el Gobierno para el cierre de sitios web de enlaces a contenidos protegidos por derechos de autorcayó primero en el Congresovolverá ahora en el Senado en virtud de un acuerdo entre PSOE, PP y CiU.

25-01-2011 – Llegados a este punto es tal el caos y la confusión en torno a esta norma que conviene repasar qué es, para qué sirve, cómo funciona, en qué cambia y cómo nos afectará tras su última modificación. Y perdonen si me extiendo:

¿Qué es?

Quizá sea mejor aclarar que no es la ‘Ley Sinde’. Porque, en realidad, no es una ley. Tampoco es un procedimiento para cerrar páginas web. Es una modificación de una serie de leyes y normas para facilitar el cierre de páginas web que vulneren la propiedad intelectual según los criterios de una Comisión de Propiedad Intelectual que se encargaría de tramitar las denuncias sobre el particular ante la justicia, garante última del proceso. En concreto, la ‘Ley Sinde’ reformaría la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) -sin duda, no es la norma más afortunada que hay en España-, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

¿Para qué sirve?

Sobre el papel, el objetivo de esta norma es proteger el derecho a la propiedad intelectual. Pero de forma muy curiosa por dos motivos. El primero es que convierte al Ministerio de Cultura en garante del derecho de propiedad intelectual aunque controlado por la Justicia. El segundo es que establece quese podrá actuar no sólo contra quien cause un daño, sino contra quien “sea susceptible de causar un daño patrimonial”. Es decir, se trata de una medida de actuación preventiva. Algo parecido al canon cuya modificación ha pedido rotundamente la Unión Europea.

Una actuación preventida motivada porque, hasta ahora, los jueces han quitado la razón una y otra vez a la industria discográfica o del cine ya que ha absuelto una y otra vez a internautas que han descargado contenidos y a páginas web que enlazan contenido protegido. Por algo tan sencillo como que enlazar no es un delito. Así, mientras es imposible demostrar lo sea, sí podría argumentarse que una página web de enlaces es “susceptible de causar un daño patrimonial”.

¿Cómo funciona?

Imagine que es el dueño de una discográfica y que ha encontrado una serie de páginas web desde las que se puede acceder a descargas gratuitas de la música que produce. Algo que no le gusta. Así que acude a la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de mediar, arbitrar y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, y denuncia el caso. Este organismo, en concreto su Sección Segunda, atiende su demanda y a continuación puede hacer dos cosas, que pueden ser simultáneas o no: acudir a la justicia para solicitar que el prestador de servicios a dicha página web -la empresa que la aloja, en la mayoría de los casos- facilite los datos del dueño del sitio -siempre bajo autorización judicial- y, por otra parte, solicitar también al proveedor de servicios que retire el contenido que infringe la ley.

Aquí de nuevo se derivan las posibilidades. Puede que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional autorice la comunicación de los datos del presunto infractor o puede que no. Y ojo, porque es una autorización rápida de unas 24 horas, como si del registro de una casa se tratase. Si lo autoriza, el siguiente paso sería tomar medidas contra el infractor, y aquí entraría de nuevo la justicia. Si no lo autoriza, probablemente al denunciante no le quede más remedio que intentarlo de otra manera, con nuevos indicios de la infracción, hasta que lo logre.

Por otra parte, habría en marcha una petición -para la que no tiene que mediar la justica- al proveedor de servicios -insisto, normalmente empresas de hosting- para que retire el contenido problemático. En menos de 48 horas, el proveedor debe decidir qué hace. Si opta por retirar el contenido voluntariamente o tras una mediación de la Sección Primera -la forma de mediar se deja para un reglamento posterior-, se acabó el procedimiento. Si no lo hace y apuesta por presentar alegaciones y pruebas para defenderse, habrá dos días parar practicar las pruebas y cinco para que se presenten a las partes las conclusiones de éstas. Después, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual debería dictar resolución en tres días. Según los expertos, en total, no menos de 15 días.

Pero la ejecución de su resolución sólo puede llevarse a cabo tras una autorización de un juzgado central de lo contencioso-administrativo. Es decir, acabamos, de nuevo, ante los tribunales. Pero con las reformas explicadas anteriormente, no habría que probar que ha habido un daño, sino que el sitio infractor es “susceptible de causar un daño patrimonial”. Suena muy… preventivo, ¿no?

¿En qué cambia tras el último acuerdo PSOE-PP-CiU?

1.- En la anterior redacción de la ‘Ley Sinde’, no era necesaria la autorización judicial para que la Comisión de Propiedad Intelectual requiriese los datos de un cliente a un proveedor de servicios. Ahora sí. En concreto, hay que solicitarlo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional .¿Se imaginan que un ministerio obligase a Correos a dar detalles sobre su servicio a un cliente? Pues esto era algo parecido.

2.- En la nueva redacción se establece la composición de la Sección Primera, de mediación y arbitraje, de la Comisión de Propiedad Intelectual: “tres miembros nombrados por el Ministerio de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable una sola vex, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Haciendo nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera”. Una composición muy equitativa…

3.- Se dan más detalles sobre los plazos de actuación de la Sección Segunda. Se establecen 48 horas para que el prestador de servicios retire el contenido infractor o presente alegaciones, dos días pra efectuar pruebas periciales, cinco días para presentar sus resultados y otros tres días para la resolución de la comisión, sin contar con lo que tarde en ratificarla o desautorizarla un juez.

4.-  También se explica la composición de la Sección Segunda: “bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de Presidencia”. Muy administrativo.

5.- Y por último, aunque está lo primero en el texto dado su poder como herramienta de relaciones públicas, el Gobierno se compromete, “en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley, mediante Real Decreto” a “modificar la regulación” del canon digital. Algo que, en todo caso, convendría para poder facilitar la demostración de un susceptible daño patrimonial.

Digan lo que digan los autores de la nueva ley, no se trata de cambios en absolluto importantes. Y me atrevería a decir que tampoco significativos, pues el primero, que es el más importante, era necesario para no convertir la ley en algo difícil de justificar ante la Constitución.

¿Cómo nos afectaría esta ley si se aprueba?

Lo más triste es que, probablemente, sería una ley inútil de salir adelante porque su jurisdicción sería únicamente el territorio español. Quizás podría suponer el cierre de un montón de páginas web de enlaces -o no- pero quedarían tantas ahí fuera que sería imposible acabar con todas. Es decir, únicamente serviría para amedrentar, pero desde luego no tendría un efecto práctico en la disminución de las descargas.

Por otra parte, no conozco ninguna página web que no use una imagen, un vídeo o una plantilla que no esté protegida por derechos de autor. Incluso sin hacerlo de forma maliciosa. Si alguien se pusiese quisquilloso, se podría pedir el cierre del 95% de las páginas web españolas. Y no exagero, desde el blog con menos tráfico a los medios de comunicación más grandes. No hablemos de Google, Facebook o YouTube, repletos de enlaces y contenidos protegidos.

Y, lo último y más triste de todo es que se trataría de una norma que establece como garante de un derecho a quien crea la ley para defenderlo -aunque haya control judicial en última instancia-. ¿Se imaginan que el Ministerio de Cultura crease una Ley para defender la libertad de expresión y decidiese quién la vulnera? Pues eso. Artículo de Sergio Rodríguez en El Mundo

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internautas.org

El Congreso aprueba el dictamen sobre la reforma de las pensiones

  • El documento aprobado este martes no tiene caracter vinculante.
  • Ahora este documento será remitido al Gobierno antes del viernes.
  • Este viernes se aprobará el anteproyecto de reforma de las pensiones.

20MINUTOS.ES. 25.01.2011 – 21.14h

El Congreso de los Diputados ha aprobado, con los votos del PSOE, PNV y Coalición Canaria, el dictamen con las recomendaciones sobre la reforma de las pensiones del Pacto de Toledo. Este dictamen, que no es vinculante, ha sido aprobado por mayoría con 334 votos a favor y diez en contra. Las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre la reforma de las pensiones han incluido un voto particular de CiU para que cualquier modificación de la edad legal de jubilación sea “progresiva” y no “homogénea y forzosa”.

Además, se ha incluido a las recomendaciones del Pacto de Toledo otro voto particular conjunto del PSOE, PP, CiU, PNV, ERC-IU-ICV y Grupo Mixto, en el que se defiende elmantenimiento y mejora del sistema público de pensiones basado en el reparto y la solidaridad. Este documento será enviado al Gobierno, que este viernes se encargará, en Consejo de Ministros, de aprobar el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones.

Poco después de la votación, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que el informe aprobado ha avalado con “unaamplia mayoría” el esquema que ha planteado el Gobierno en sus mismas coordenadas de “gradualidad y flexibilidad” respecto al retraso de la edad legal de jubilación. Al respecto, el ministro explicó que la reforma será flexible para los cotizantes con carreras de cotización largas o para aquellos trabajadores con trabajos penosos. Además, se hará de forma gradual, para que no aborde los cambios de un día para otro, sino con un tiempo “suficientemente largo” de transición, añadió.

Gómez se ha mostrado confiado en que esta votación afecte positivamente al consenso sobre los principales ejes de la reforma con los agentes sociales en un diálogo que está en su recta final pero aún no se puede dar por concluido. “Todavía es necesario seguir trabajando y no se puede dar nada por concluido”, ha incidido el ministro, quien ha señalado que el Gobierno seguirá dialogando “de forma especialmente intensa” y sólo parará cuando el nivel de acercamiento “sea suficiente” en todos los ámbitos de discusión.

En cuanto a la evolución de las reuniones con los agentes sociales, el ministro afirmó que en los próximos días las negociaciones se desarrollarán de forma “especialmente intensa” y que podrían alargarse más allá del viernes, cuando el Gobierno tiene previsto aprobar su propuesta de reforma de pensiones. Según explicó Gómez, el plazo del viernes se podría superar debido a que el pacto no sólo gira sobre pensiones, sino sobre las políticas activas de empleo, el desarrollo de la reforma laboral, la reforma de los convenios colectivos, además de las políticas energética e industrial.

Continúan las negociaciones

Entretanto, el coordinador del PSOE en la negociación de pensiones, Jesús Caldera, admitió que todavía ve difícil el consenso por el alargamiento de la edad de jubilación a los 67 años, pero, precisó, que todavía hay tiempo para el acuerdo con los sindicatos y que no van a “tirar la toalla”.

Sin embargo, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, se mostró “optimista” y dijo que Gobierno y sindicatos están a punto de lograr el acuerdo. Según Durán, el principal acuerdo que queda por limar son los años necesarios de cotización para jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión, ya que el Gobierno propone como mínimo 39 años y los sindicatos quieren rebajar esa cifra.

También el vicepresidente primero de la CEOE, Arturo Fernández, dijo que los 39 años de cotización es la cifra clave de la negociación y la que respalda la patronal. Por otra parte, el PSOE, PP, ERC e IU se han mostrado en el Congreso a favor de revisar las pensiones de los parlamentarios para ver si hay algún caso de privilegio, pero han defendido que se haga desde la seriedad y el rigor, evitando la demagogia. Además, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha dicho que los expresidentes del Gobierno tienen “en su mano” renunciar al derecho a cobrar una pensión vitalicia.

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El PSOE y el PP bloquean el intento de IU por limitar las pensiones de González y Aznar

  • PSOE y PP se quedan solos en la defensa de las pensiones vitalicias pero la suma mayoritaria de sus votos bloqueará la proposición de ERC-IU-ICV.
  • La propuesta fue rechazada por 328 votos en contra, 17 a favor y una abstención.

20MINUTOS.ES / AGENCIAS. 25.01.2011 – 20.06h

El PSOE y el PP se han quedado solos este martes a la hora de defender el mantenimiento de las pensiones vitalicias que cobran los expresidentes del Gobierno, como Felipe GonzálezJosé María Aznar, pero la suma mayoritaria de sus votos ha bloqueado una proposición de Ley Orgánica de ERC-IU-ICV que quería poner límites. La toma en consideración de la propuesta ha sido rechazada por 328 votos en contra, 17 a favor y una abstención, ya que aunque las minorías la apoyaban, la mayoría conformada por los grupos socialista y popular ha permitido desestimar la iniciativa.

Ha defendido la reforma el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien ha arrancado su alocución con una encendida defensa de la labor política “noble, digna y austera”, y ha negado que los políticos sean unos “privilegiados” porque, ha remarcado, son “vocacionales” y están comprometidos con la actividad pública. El propósito de su propuesta es “avanzar en la transparencia” porque, ha manifestado, “la antesala de la corrupción política es la confusión y la colusión entre lo público y lo privado”.

Así, IU plantea un sueldo digno para cada cargo público,dedicación “exclusiva”, incompatibilidad entre más de una asignación pública y de éstas con las privadas, y también limitar las indemnizaciones a ex diputados y senadores, pese a reconocer que son las más austeras de Europa. Por ello apuesta no sólo por acortar a dos años las pensiones de los ex presidentes del Gobierno, ahora vitalicias, sino por evitar que sean compatibles con retribuciones privadas.

“No se puede compatibilizar con empresas privadas, que pretenden convertir las relaciones del presidente del Gobierno en un fondo de mercado”, ha agregado Llamazares, que también aboga por regular los “lobbys” de presión que actúan en el Parlamento. En nombre del PSOE, Daniel Fernández ha justificado el voto en contra de su grupo por entender que la proposición no mejora la eficacia de las incompatibilidades y porque sus medidas “van en una dirección errónea y perjudicial para la buena salud del Parlamento”, ya que contribuirían a la “profesionalización” de la política.

Tras remarcar el compromiso del Gobierno a favor de la transparencia, ha anunciado que el grupo socialista promoverá propuestas para mejorarla en lo que se refiere al patrimonio y la renta de los parlamentarios. “Entre el privilegio y populismo hay un espacio más que suficiente para la decencia y el buen hacer en un ámbito que afecta directamente a la credibilidad de nuestra democracia”, ha concluido.

Legislar “de forma improvisada”

El diputado Vicente Ferrer ha avanzado el voto en contra del PP alegando que los cambios que propone IU son innecesarios ahora y no pueden calificarse de oportunos, sino de oportunistas. Después de indicar que el PP no se cierra a modificar el régimen de incompatibilidades, ha precisado que no apoyará legislar “de forma improvisada y populista, al socaire de un estado de opinión pública de cierto cansancio hacia la clase política motivado por razones totalmente ajenas al modelo normativo”.

Y es que, según su criterio, “a nadie se le oculta” que la propuesta obedece a un determinado estado de opinión, con una ciudadanía descontenta con la clase política, pero no por su régimen de incompatibilidades, sino por la crisis económica y la falta de soluciones a la misma. CiU respalda la iniciativa pero sólo en parte porque, según el diputado Jordi Xuclá, es conveniente revisar la compatibilidad de las pensiones vitalicias de los ex presidentes y regular los “lobbys” de presión para que afloren sus intereses. Sin embargo, no quiere un régimen de incompatibilidades “absolutas” porque CiU apuesta por mejorar los mecanismos de control en vez de esta medida tan rígida.

Por el PNV, Aitor Esteban ha adelantado el voto a favor de su grupo porque cree “inaceptable” que un ex presidente siga percibiendo una retribución pública cuando se integra a una actividad privada con mayor salario. “O se ejerce de ex presidente o se ejerce de lobbysta”, ha distinguido Esteban, quien, no obstante, ha hecho un alegato de la política entendida como servicio público. Francisco Jorquera, del BNG, ha calificado de“intolerable” que los ex presidentes compatibilicen sueldos privados con prerrogativas de ex altos cargos y Rosa Díez (UPyD) ha avisado a PSOE y PP de que “más pronto que tarde” tendrán que apoyar una propuesta como ésta que hoy van a rechazar, ya sea “por convicción o por necesidad”.

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