La SGAE, más odiada en la Red que Hacienda: un 55% la ilegalizaría

DE LOS INTERNAUTAS

La Sociedad General de Autores (SGAE) ha empeorado su imagen entre los internautas españoles en el último año, según un estudio. De esta forma, los internautas no solo tienen peor percepción de la entidad gestora sino que incluso la mayoría aboga por su ilegalización.

15-03-2011 – (Portaltic/EP) – La red de blogs Ocio Networks, que cuenta con más de siete millones de usuarios únicos mensuales, ha elaborado por segundo año consecutivo un Estudio de Hábitos de Internet, en el que se ha entrevistado a 1.875 internautas.

Uno de los apartados de esta encuesta analiza la percepción que los usuarios tienen de la SGAE, así como del Canon Digital. Los datos muestran que la mala imagen de la entidad crece respecto al pasado año, tras la aprobación de la ‘Ley Sinde’ que tanto ha defendido la entidad y la sentencia de Bruselas contra el canon.

SGAE sigue siendo la entidad que más odian los internautas, por encima de Hacienda o de Telefónica. Y su mala imagen crece: si el año pasado el 60% de los usuarios la calificaba como la peor vista, en la actualidad ese porcentaje alcanza el 71,5% y se sitúa muy por encima de Hacienda, que se queda en un 11%.

Esa visión negativa se extiende sobre todo entre los internautas de entre 21 y 40 años, el 75% de los cuales identifica a SGAE como la peor marca. En todo el resto de tramos supera el 50%.

Incluso un 55% de los internautas aboga por su ilegalización, mientras que casi el 91% apoyaría medidas que limitaran su poder de actuación por considerarlo injusto o abusivo. Esto supone un significativo aumento en relación al pasado año, cuando reconocía que ilegalizaría su actividad solo el 38,70%.

Eso se une al porcentaje de un 91% de internautas que apoyarían medidas que limitaran su poder y al de un 94,2% que consideran que en ocasiones abusa de ciudadanos y entidades.

El apoyo de una posible ilegalización de la SGAE crece significativamente en todos los tramos de edad excepto en el situado entre los 41 y los 50 años, mientras que la puesta en marcha de medidas para limitar su actividad crece entre los jóvenes de entre 21 y 30 años y entre los mayores de 50.

Por su parte, la creencia en que la entidad abusa de los ciudadanos se incrementa respecto al año pasado entre los internautas con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años.

RECHAZO DEL CANON.

Paralelamente al deterioro de la imagen de la Sociedad General de Autores, también sube el rechazo al Canon Digital. En el estudio de Ocio Networks queda reflejado que un 92,2% de los usuarios de la red consideran injusto el canon, frente al 86% que lo calificaban como tal el pasado año. De hecho, de 21 años en adelante, más del 90% de los internautas se oponen al canon.

Este alto porcentaje de rechazo se mantiene constante en todas y cada una de las comunidades autónomas del territorio español. De hecho en todas se sitúa en el entorno del 90%. Galicia, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares son las regiones en las que mayor es el rechazo hacia la SGAE. Por el contrario, Murcia, Extremadura y las Islas Canarias -con el 86, el 87 y el 88 por ciento de usuarios que consideran su actividad injusta , respectivamente- son las menos “críticas” con la entidad.

También es mayoritaria la proporción de usuarios que suprimiría el citado canon (un 62,5%), que también crece respecto al pasado año (56,1%). Un crecimiento sustentado fundamentalmente por los jóvenes de 21 a 30 años y los adultos de entre 41 y 50.

Estos datos negativos hacia la imagen de SGAE entre los usuarios de la red se producen en un contexto en el que aumenta de manera progresiva el conocimiento de la sociedad como entidad de carácter privado por parte de los españoles.

El pasado año alcanzaba un 72%, el último estudio de Ocio Networks eleva ese conocimiento hasta el 80,6%. Este incremento se concentra sobre todo en los tramos de los 16 a los 20 años y de los 31 a los 40 años.

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Telefónica penalizará a sus clientes de telefonía fija que no tienen tarifa plana

LA COMPAÑÍA PREPARA ENCARECIMIENTOS DE HASTA EL 150% EN LOS PRECIOS DE ALGUNAS LLAMADAS

Telefónica está comunicando a sus clientes de telefonía fija una subida de sus tarifas para aquellos clientes que no tienen contratado con el antiguo monopolio alguna tarifa plana u otros servicios, como ADSL o televisión. La compañía está comunicando esta subida, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, mediante una carta a sus abonados

15-03-2011 – OLAYA ARGÜESO – CADENA SER .- En ella les anuncia lo que denomina una simplificación de tarifas “para ofrecerle unas condiciones comerciales más sencillas”. Lo que eso significa, en realidad, es una subida de varios conceptos. El primero es el del establecimiento de llamada: pasará de 10 céntimos de euro más IVA a 15 céntimos de euro más IVA. Es decir, un encarecimiento del 50%. Pero lo que más destaca es que desaparece la tarifa reducida, de modo que llamar costará lo mismo a cualquier hora del día o de la noche.

Y ahí es donde se producen las mayores subidas, porque la operadora iguala los precios por arriba. Así, a partir del próximo uno de junio, cada minuto de las llamadas locales y provinciales pasarán de costar 6 céntimos sin IVA por minuto en horario nocturno a 15 céntimos por minuto sin IVA. El encarecimiento es del 150%. En el caso de las llamadas interprovinciales, se pasa de 4 céntimos por minuto sin IVA a 7 céntimos por minuto sin IVA. Aquí la subida es del 71%.

La compañía argumenta que la mayoría de sus clientes ya tienen algún tipo de plan, bono o descuento contratado, lo que les excluye de estas subidas. Alegan que los afectados son abonados con consumos muy bajos y sólo de voz, es decir, que no tienen Internet ni televisión con Telefónica.

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“Genialidades” de nuestros políticos

OPINIÓN

¿Llegará el momento en que los políticos bajen al nivel de los ciudadanos? ¿Veremos alguna vez que se dicten normas sensatas? Cada vez es más notoria la distancia entre los legisladores y los legislados.

15-03-2011 – Hace algo más de dos años la Unión Europea declaraba que el ancho de banda de 1 Mb había de estar incluido en el servicio universal que ofrecen los operadores de telefonía para el año 2010. Ante esto el Gobierno español, por boca de su Ministro de Industria, se había comprometido a que esto fuera cierto el 31 de diciembre de 2010 pero el propio Ministro hubo de reconocer la imposibilidad de lograrlo, retrasando la aplicación de esta instrucción “al menos un año” alegando la necesidad de aprobar las normas necesarias y la resolución del concurso para elegir el operador que debía facilitar este servicio universal.

Yo me pregunto si el servicio es universal ¿no habría de EXIGIRSE a todos los proveedores de telefonía que dieran dicho servicio en lugar de convocar un concurso para ver quien se lo queda? Que responda quien pueda; no creo yo que se presenten muchos operadores a ese concurso, de manera similar a lo que ocurrió en su día con el ADSL rural. Sinceramente opino que es una patata caliente ¡y muy caliente!

Además de resolverse ese concurso con una o dos empresas, y por más que los precios fueran fijados por el Gobierno de turno, desaparecería totalmente la ya escasa competencia que existe en el campo de la telefonía y volveríamos si no a un monopolio al menos a un oligopolio.

¿Una red de humo?

En esto últimos días ha surgido una noticia relacionada en cierta medida con lo anterior que sólo viene a demostrar cuan lejos están quienes dictan las normas de la realidad. La agencia Europa Press publicaba este titular el pasado día 10 de marzo: El Gobierno obligará a los operadores a ofrecer banda ancha de 30 megas al 98% de la población antes de 2020.

¡Genial! Todavía no han resuelto el problema que ellos mismos han creado al retrasar la ampliación del servicio universal incluyendo el acceso de banda ancha, por más que el mínimo sea más bien escaso, y con esta propuesta se plantean que dentro de menos de 10 años ese servicio universal sea treinta veces superior a lo que fija la normativa comunitaria, porque hablar de una cobertura del 98% de la población es decir que esos 30 Mb serán el servicio universal. ¿Es una postura razonable?

No puedo opinar sobre como se ha decidido esa cifra de 30 megas, pero antes de obligar a los operadores a dar un ancho de banda determinado es imprescindible hacer que los mismos cumplan con las condiciones contratadas. Si yo pago por 10 Mb de ancho de banda es razonable que en mi máquina reciba una parte importante de lo que estoy pagando. En muchos casos se está cobrando por algo que ni remotamente pueden facilitar y basta con ampararse luego en las “condiciones técnicas de la línea” para justificar el incumplimiento de lo contratado.

Se me hace muy duro leer que se va a obligar a algo que en muchísimos casos no va a ser posible cumplir porque la cuestión no es tanto que se ofrezcan unas determinadas características en la conexión si no que esas condiciones se cumplan en el destino de la oferta. En este momento es normal ver ofertas en las que el proveedor X dice facilitar 20 Mb y, en letra pequeña, lo de “sujeto a condiciones técnicas”.

Me resulta sangrante, sobre todo para mi bolsillo, que esté pagando una conexión que muchos días no me da ni el 20% de lo contratado (la última prueba que hecho con el medidor de mi compañía me dice que tengo contratados 6 Mb y la prueba me dice que me llegan 530 Kb) y se plantee que la oferta estándar dentro de no tantos años sea 5 veces más de lo que ahora me ofrecen.

¿Impulso tecnológico?

Otra noticia que he encontrado ha sido en el diario “El Mundo”: Las nuevas viviendas deberán tener instalada red de fibra óptica. Interesante norma aprobada en el Consejo de Ministros del día 11 de marzo. Pero hay algunas cosas que me rechinan en esta norma.

Primero: “Las viviendas de nueva construcción situadas en zonas con cobertura de fibra óptica deberán tener instalado el cableado para el acceso a esta tecnología”. Si, como se dice, con esta normativa se pretende “facilitar la introducción de las infraestructuras de acceso ultrarrápido en los edificios de nueva construcción, e impulsar de este modo su despliegue por parte de los operadores”, al limitar el ámbito de aplicación a donde ya existe cobertura difícilmente va a impulsar el despliegue de esta tecnología. Si lo que se busca es que las nuevas tecnologías se difundan más lo razonable es imponer esta norma al menos donde sea previsible que va a llegar la misma en un plazo de tiempo razonable.

Segundo: ¿Cómo se valoran los costes de esta nueva normativa? Porque es evidente que ese dinero que han de gastarse ahora las constructoras nos lo van a cobrar a quienes adquiramos esas nuevas viviendas. Y dado que la inmensa mayoría desconocemos cuanto puede costar cablear una vivienda, las constructoras podrán cobrarnos lo que se les ocurra. ¿Quién les va a discutir que el tendido en una vivienda no cueste 5.000 €?

Antes de dar “saltos cuánticos” en la oferta y en las condiciones técnicas de nuestras viviendas hay que lograr que los proveedores acerquen los datos reales al producto comercializado. Y para ello es imprescindible que se invierta en nuevas redes o, al menos, en actualizar adecuadamente las que ahora existen. La red no puede ser una “red de humo” tras la que oculten las carencias de legisladores y empresas.

Ángel Matilla es miembro de la Junta directiva de la Asociación de Internautas.

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Al menos nueve políticos han sido sorprendidos en estado ebrio en los dos últimos años

  • Ángel Espadas, concejal popular de Santiago de Compostela, ha sido el último político que ha dimitido por haber conducido en estado ebrio.
  • El diputado del PP y presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, protagonizó en 2010 el caso más sonado.

EFE. 14.03.2011 – 18.36h

Al menos nueve políticos, de ellos dos diputados y dos alcaldes, han dado positivo en pruebas de alcoholemia en los dos últimos años, cuando conducían superando la tasa legalmente permitida (0,25 mg/l). Algunos han asumido su responsabilidad política con la dimisión pero otros se mantienen en sus cargos.

El caso más reciente,  el de Ángel Espadas, concejal popular de Santiago de Compostela. Espadas ha presentado su dimisión tras conocerse que dio positivo en un control en la madrugada del sábado cuando fue sorprendido dormido en su coche. Además, renuncia a formar parte de la candidatura del PP en las elecciones de mayo, donde figuraba como número tres.

Algunos otros casos en los dos últimos años son los siguientes:

– El 4 de junio de 2010 el diputado del PP por Murcia Arsenio Pacheco Atienza dio una tasa de alcohol del 0,58 tras sufrir un accidente. El 23 de febrero de 2011 el Tribunal Supremo solicitó al Congreso el suplicatorio para que pueda ser juzgado por un presunto delito contra la seguridad del tráfico.

– El 6 de mayo de 2010, el alcalde de Mont-ras, Manel Montalbán (CiU), durante un control, triplicó la tasa de alcohol permitida. Cuatro días después fue condenado a la retirada del carné de conducir durante 8 meses y a pagar una multa de más de 700 euros por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol.

– El 24 de febrero de 2010 el diputado del PP y presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, dimitió como vocal de la comisión de Seguridad Vial del Congreso tras dar positivo en un control de alcoholemia realizado el viernes 19 de febrero. Fue un caso muy sonado. El 17 de enero de 2011 fue condenado por el Supremo a una multa de 2.400 euros y ocho meses de retirada del carné de conducir por un delito contra la seguridad vial.

– El 12 de febrero de 2010 el alcalde de Siero (Asturias), el socialista Juan José Corrales, dio positivo en un control de alcoholemia al que fue sometido tras sufrir un accidente con su coche oficial. Dimitió el 25 de febrero de ese año y aún está pendiente de juicio.

– El 12 de diciembre de 2009 Indaura Gil Mendoza (PSOE), concejala de Juventud y Formación del Ayuntamiento de Mahón (Menorca) fue detenida por duplicar la tasa de alcoholemia permitida. No fue cesada ni presentó su dimisión. El 30 de enero de 2011 fue condenada a pagar 366 euros de multa.

– El 7 de junio de 2009 Manuel García Torres, edil de seguridad y tráfico del PSOE en el ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) fue sorprendido conduciendo con una tasa de alcohol el doble de la permitida. No asumió ninguna responsabilidad política.

– El 23 de mayo de 2009 Manuel Cercadillo, portavoz del grupo popular en el ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), fue detenido por conducir ebrio. Presentó su dimisión el 27 de ese mes.

– El 30 de enero de 2009 el concejal de Nafarroa Bai en el ayuntamiento de Pamplona,Txema Mauleón, dio positivo en una prueba de alcoholemia. Por este delito fue condenado el 6 de febrero de ese año a veintidós días de trabajos en beneficio de la comunidad.

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Estrasburgo condena a España a indemnizar a Otegi por violar su libertad de expresión

  • La sentencia, hecha pública por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condena a España al pago de 20.000 euros por daños morales.
  • Otegi fue condenado a un año de prisión por un delito de injurias al Rey por calificarlo en 2003 como “responsable de los torturadores”.
  • Estrasburgo considera que se debe permitir un debate libre sobre las posibles responsabilidades institucionales del Rey.

AGENCIAS. 15.03.2011 – 11.33h

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España por vulnerar el derecho a la libertad de expresión del que fuera portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, cuando fue condenado a un año de prisión en 2003 por un delito de injurias al Rey por llamarle “responsable de los torturadores”.

“Una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el terreno del discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, asegura la sentencia.

Para la sala Tercera del Tribunal de Estrasburgo, “en el contexto de un debate sobre una cuestión con un interés público legítimo, nada puede justificar la imposición de tal pena de prisión”.

La sentencia afirma que “el hecho de que el Rey no sea responsable penalmente, según la Constitución, no impide por sí mismo un debate libre sobre sus posibles responsabilidades institucionales, e incluso simbólicas, a la cabeza del Estado”.

20.000 euros de indemnización

En concreto, se condena a España a pagar a Otegi 20.000 euros por daños morales y los 3.000 euros que cuestan las costas del procedimiento.

Esta condena contra Otegi fue dictada por el Tribunal Supremo y posteriormente avalada por el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso de amparo presentado por su defensa.

Según el Constitucional las afirmaciones del líder de la organización ilegalizada superaban de manera “patente” por su notorio “carácter infame”el nivel de lo lícito. Estrasburgo entiende sin embargo que se ha vulnerado el derecho de Otegi a expresarse libremente.

“Responsable de los torturadores”

El 26 de febrero de 2003 Otegi aseguraba que el Rey “es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo gracias a la tortura y a la violencia”.

La declaración la hizo en una rueda de prensa, en su condición de portavoz del Grupo Sozialista Aberzaleak en el Parlamento Vasco, el mismo día que el Rey Juan Carlos inauguró una central eléctrica en Vizcaya, junto al entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe.

Tras la querella de la fiscalía, Otegi dijo que sus palabras eran “una constatación de la realidad política del Estado” y que no había intención injuriosa contra la Guardia Civil que, días atrás, “había torturado a los detenidos por el cierre del diario Egunkaria”.

El TSJ del País Vasco sentenció que Otegi no era culpable porque “la crítica de una institución constitucional está amparada por el derecho a la libertad de expresión“, aunque las manifestaciones eran “claramente ofensivas, impropias, injustas y ajenas a la realidad”.

El Ministerio Fiscal recurrió y el Tribunal Supremo condenó a Otegi a un año de prisión como “autor de un delito de injurias graves al Rey“, en una sentencia de 26 de octubre de 2005.

El Tribunal Constitucional no admitió el recurso de amparo presentado por Otegi y señaló que sus palabras atribuían al jefe del Estado “una de las manifestaciones delictivas más graves en un Estado de derecho”. Por este motibo Otegi presentó su demanda en Estrasburgo en enero de 2007.

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