Izquierda francesa gana cantonales y vaticina derrota a Sarkozy

29 mar 2011 / 04:07 MSK

Imagen: AFP / LIONEL BONAVENTURE, ERTRAND GUAY

La segunda vuelta de las elecciones cantonales en Francia culminó este domingo con una rotunda victoria de las formaciones de izquierda. Pese a que las cantonales no poseen gran importancia dentro del panorama político nacional, los recientes resultados han demostrado el dominio de las organizaciones de izquierda en el interior del país, algo que a poco más de un año de los comicios presidenciales genera preocupación dentro del oficialismo.

La principal fuerza de oposición, Partido Socialista (PS), obtuvo el 35,05% de los votos; los conservadores de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), del presidente Nicolas Sarkozy, el 18,89%; mientras que el Frente Nacional (FN) logró un 10,01% de respaldo. Pese a que el partido de la extrema derecha no ganó cantón alguno, la líder de la coalición, Marine Le Pen, declaró que el FN registró una progresión importante en la segunda vuelta al pasar de 622.292 votos a 915.279. Afirmó que esta subida es una clara demostración de que el FN estará presente entre los primeros en los comicios que se aproximan: los presidenciales y legislativos.

Los resultados revelados por Marine le Pen coinciden con los de distintos sondeos dados a conocer en los últimos meses. Una encuesta realizada por Ipsos afirma que Le Pen alcanzaría la segunda ronda de las presidenciales junto con el socialista Dominique Strauss-Kahn, dejando fuera en la primera vuelta al actual presidente Nicolas Sarkozy. A principios de marzo, un sondeo publicado por el diario Le Parisien, indicó que la hija del fundador y expresidente del FN, Jean-Marie Le Pen, se impone por delante de Sarkozy en las preferencias de los franceses para el cargo presidencial de la república.

La propia Marine Le Pen, tras conocer los resultados, anunció por la televisión nacional que la noche ha demostrado “el fracaso de los partidos tradicionales”. “Durante años nos han caricaturizado, pero esa caricatura está cayendo. Tenemos que confirmarlo con un proyecto presidencial”, afirmó la líder ultraderechista.

“Mucho ruido por nada

Sin embargo, para el oficialismo estos resultados no son alarmantes. El secretario general de la UMP, Jean-François Copé, relacionó la derrota del partido con la baja participación ciudadana que en estos comicios no llegó al 37%. Durante una rueda de prensa sostuvo que “se está haciendo mucho ruido por nada” y dijo que los socialistas “tampoco tienen motivos para alegrarse” porque “su victoria ha sido menos importante de lo que venían anunciando”.

Por su parte, el portavoz del Gobierno, François Baroin, reiteró el lunes que Sarkozy es “indiscutiblemente el mejor candidato”, “el único que puede llevarnos a la segunda vuelta y aspirar a obtener la mayoría de los sufragios”.

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Fuente: actualidad.rt.com

La obligación estatal de consultar a los Pueblos Indígenas al destape: Organizaciones de Derechos Humanos se refieren a cómo debe implementarse en Chile

28 March, 2011

Entrevista a dos especialistas en Derechos Humanos: Al Co director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, y al Director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Jorge Contesse, quienes se refieren al cómo debe implementarse el procedimiento de consulta a Pueblos indígenas; A quién debe consultarse; Quién tiene la responsabilidad en la implementación del procedimiento, y, con respecto al proyecto de reforma constitucional y Pueblos indígenas en Chile.

Estas opiniones se emiten mientras el ejecutivo intenta imponer como “consulta” un reglamento fraudulento como es el decreto 124 que mutila el Convenio 169, atenta contra los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el estándar internacional de Derechos.

Imágenes: Jorge Contesse y José Aylwin

Por Stefeanie Pacheco Pailahual / Y Alfredo Seguel H. / Colectivo Informativo Mapuexpress

Jorge Contesse Singh es el Director Académico del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la misma casa de estudios y abogado. Master en Derecho por la Universidad de Yale y candidato a Doctor en Derecho por esa casa de estudios superiores. Ha tenido diversas experiencias en investigación y consultor en Universidades internacionales y organismos de Derechos Humanos.

José Aylwin Oyarzún, es el Co director del Observatorio Ciudadano, es Licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado por la Universidad de Chile. Maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de British Columbia. Miembro del equipo jurídico de la Comisión Chilena de Derechos Humanos e investigador invitado en el Center for The Study of Human Rights, Columbia University, Nueva York, Estados Unidos. Ha sido docente e investigador en diversas casas de estudios como asimismo ha integrado diversas misiones de Derechos Humanos.

Ambos especialistas en Derechos Humanos accedieron muy gentilmente a responder preguntas efectuadas en el marco de la polémica suscitada en Chile por la implementación de la Consulta con relación al Convenio número 169 de la OIT, procedimiento obligatorio al estado que debe ser implementado de buena fe, asegurando el Derecho a la participación de los Pueblos indígenas, bajo los preceptos de un consentimiento libre, previo e informado.

Cabe mencionar que diversos actuares en este último tiempo de diversos funcionarios y agentes estatales han generado un escenario muy complejo y llena de nebulosas con respecto a los procedimientos y responsabilidades políticas. Para superar esto, es que hemos efectuado estas entrevistas a representaciones de organizaciones de Derechos Humanos.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA Y A QUIÉN DEBIERA CONSULTARSE.

Para José Aylwin, el Convenio es claro en su artículo 6.1.a en señalar que “los gobiernos” deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

También, nos dice, que establece orientaciones de la consulta al disponer en al art. 6.2 que : “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

En cuanto a quienes debe hacerse la consulta, Aylwin señala que la OIT ha señalado: “No hay un único modelo de procedimiento apropiado y éste debería tener en cuenta las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas, así como la naturaleza de las medidas consultadas. En cuanto al propio proceso de consulta, éste debería tomar en cuenta la opinión de los diferentes pueblos que participan en la consulta sobre el procedimiento a utilizarse para intercambiar, de manera que el procedimiento utilizado sea considerado apropiado por todas las partes”. (OIT, Reclamación – Brasil, 2006, párr. 42.)

Jorge Contesse indica: “EL procedimiento de consulta en este y en otros casos debe hacerse respetando las normas jurídicas vigentes en Chile, comenzando por lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, en particular su artículo 6, que establece la obligación para los Estados de llevar adelante procesos de consulta cada vez que se busque adoptar una medida, en teste caso legislativa, que afecte directamente a los pueblos indígenas”.

Haciendo alusión al proyecto de reforma constitucional, Contesse dice que es naturalmente una medida de este tipo: “Ahora, el estándar no es que el Congreso adopte un proyecto de reforma y, una vez finalizado este, se someta a consideración de los pueblos indígenas. Estos tienen el derecho, y el Estado el deber de instaurar mecanismos de participación en la elaboración de un proyecto como este” y agrega “Por lo tanto, lo que corresponde es que el proceso de consulta se haga para acordar un texto de reforma constitucional, no para aprobar, rechazar o comentar uno que ya esté elaborado, sin participación ni consulta de los pueblos interesados”.

El Relator Especial de Derechos Indígenas James Anaya en el Apéndice al Informe sobre Chile relativo a los principios aplicables a la consulta de la reforma constitucional en Chile (2009) agrega como criterios básicos en relación a la representatividad de los pueblos indígenas a ser consultados:… “A la luz de estos criterios mínimos de representatividad, podría señalarse que éstos (i) dependen contextualmente del alcance de las medidas a ser consultadas; (ii) deben atenerse a criterios sistemáticos y preestablecidos; (iii) debe incluir distintas formas de organización indígena, siempre que responsan a procesos internos de estos pueblos; y (iv) conforme a los principios de proporcionalidad y no discriminación, deben responder a una pluralidad de perspectivas identitarias, geográficas y de género.” (parag. 31, Anaya, 2009)

Al respecto, el Co director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, comenta: “La misma OIT ha señalado que la consulta debe hacerse con antelación, y la opinión de los pueblos indígenas debe influir en los resultados de modo que se pueda generar consenso”. Sobre esto, Aylwin comparte la siguiente cita seleccionada de la Conferencia Internacional del Trabajo, 2009, p. 731. ““La forma y el contenido de los procedimientos y mecanismos de consulta tienen que permitir la plena expresión — con suficiente antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas — de las opiniones de los pueblos interesados a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda lograr un consenso, y para que estas consultas se lleven a cabo de una manera que resulte aceptable para todas las partes. Si se cumplen estos requisitos, las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos.”

Para Aylwin, de acuerdo con la interpretación dada por la OIT, se entiende que una consulta es realizada de buena fe cuando se hace: “respetando los intereses, valores y necesidades de la otra parte. El proceso de consulta debe ser específico a cada circunstancia y a las características especiales de un determinado grupo o comunidad. De tal manera que, por ejemplo, una reunión con ancianos de una aldea mantenida sin interpretación en una lengua que no les sea familiar, como puede resultar el idioma oficial del país (inglés, español, etc.), no puede considerarse como una verdadera consulta”, según cita OIT, “Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, un manual”, 2007, pág. 16.

LA RESPONSABILIDAD DE EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA DESDE EL ESTADO

Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Jorge Contesse, señala: “Debe consultarse a los pueblos y, para ello, se dispone que la consulta se haga a las instituciones representativas de dichos pueblos. Determinar quiénes son las personas que pueden actuar como representantes de un pueblo es resorte del propio pueblo: no le corresponde al gobierno, central, local, regional, o al Congreso, determinar quiénes son los representantes legítimos de un pueblo. Pero es importante que los indígenas lleven adelante sus propios procesos de legitimación de sus representantes; de lo contrario, la potencialidad que tiene la consulta, como mecanismo de interlocución y diálogo con el Estado, se desvanece”.

Para Aylwin el Convenio establece que el deber de consulta corresponde al gobierno. Sin embargo, existe consenso que en el caso de las medidas legislativas susceptibles de afectarles dicha consulta involucra no solo al gobierno sino también de manera relevante al poder legislativo. Así en su Apendice al Informe sobre Chile el Relator Especial de Derechos Indígenas James Anaya relativo a los principios aplicables a la consulta de la reforma constitucional en Chile (2009) sostiene que existen dos niveles de la consulta, y ellos involucran tanto al poder legislativo como al ejecutivo: “…el ejercicio del deber de consultar a los pueblos indígenas del país en relación con las medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente corresponde principalmente al Poder Legislativo.” (Párr. 43)…Y luego agrega al respecto : “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional no excluye, sin embargo, las obligaciones que correspondan también al Ejecutivo, en su papel de colegislador, de llevar a cabo las consultas necesarias con los pueblos indígenas en relación con los proyectos de ley que el Ejecutivo presente ante el Legislativo. (párr.. 44)

Agrega Aylwin “Más explicito aún es al señalar que una consulta de una reforma constitucional requiere de un punto focal dentro de la administración del estado responsable de planificar, impulsar, compilar y sistematizar sus resultados. Asi señala en el mismo informe: “Idealmente, dicho punto focal debería ser de carácter técnico, funcionalmente independiente, y contar con la participación de expertos/as indígenas. En el contexto del proceso de reforma constitucional en curso, el punto focal actual del Gobierno podría ampliarse para consistirse en una comisión ad hoc integrada por actores gubernamentales y representantes indígenas” . (Párr 49)

Contesse se refiere a esto, atendiendo a las potestades y competencias del órgano que las emite: “Si la medida que se debate es un proyecto de ley o de reforma constitucional, la consulta debe ser realizada por los órganos con potestades legislativas. En Chile, ellos son el Congreso, desde luego, y también el Ejecutivo, que tiene la iniciativa para la mayor parte de los proyectos de ley. En los diversos ministerios existen unidades de asuntos indígenas. Es clave que estas unidades tengan intervención a nivel temprano en la elaboración de los proyectos de ley que posteriormente deben pasar por la Secretaría General de la Presidencia. En esa repartición también debiera existir una instancia de control sobre la consulta y participación que a los indígenas les cabe”.

CONSULTA, PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y PUEBLOS INDÍGENAS

Para Contesse: “En el caso de la reforma constitucional, dado que el proyecto está radicado en el Congreso, le corresponde a las comisiones legislativas llevar adelante este proceso de consulta, como digo, a través de los legítimos representantes de los indígenas y mediante procedimientos adecuados. Lo anterior implica, por ejemplo, que un número importante de sesiones de trabajo, de instancias de diálogo, no puedan hacerse en Valparaíso. Un proceso de consulta genuino, para un proyecto como este, implica que el Estado adopta medidas positivas para informar, primero, a los pueblos indígenas del tenor de la reforma que se discute y, en segundo lugar, genera mecanismos que posibiliten el traspaso de información” … Continúa el especialista: “ El proceso, para cumplir con los estándares que obligan a Chile, debe llevarse adelante de buena fe y con el propósito de lograr acuerdos. Ello quiere decir que las partes deben estar abiertas al diálogo, a modificar sus planteamientos ante la aparición de antecedentes no conocidos por ejemplo. Si no hay ello, entonces no estamos en presencia de una genuina consulta. No se consulta a alguien realmente si no se está dispuesto a ser afectado por lo que esa persona nos señale”.

Para Aylwin: “Lo señalado anteriormente es plenamente aplicable a todas las medidas legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas. Los principios y características antes señalados son aplicables a todas las medidas legislativas, tanto la ley como la Constitución. Dada la relevancia de la Constitución, debe entenderse que el deber de consulta a los pueblos indígenas con mayor razón, debe seguir los criterios delineados por la OIT y el Relator Especial Anaya antes reseñados”.

Ambos insisten que el Congreso de la República de Chile y el gobierno chileno debieran tener a la vista las recomendaciones que el relator James Anaya que hizo sobre a Chile en 2009, a lo que agrega Contesse …“y las recomendaciones que un Comité de la OIT, que revisó la manera como se celebraron audiencias ante el Congreso mexicano para la discusión de una reforma constitucional, hizo a México en 2001”…

Cabe mencionar que con relación a la implementación de la consulta en Chile una nueva polémica se viene generando, ya que el Gobierno chileno ha venido anunciando una “gran consulta” a los Pueblos indígenas, sin embargo trascendió, según reconoció el Director Nacional de Conadi que utilizarán, el Decreto 124, que es un reglamento considerado fraudulento dictado por el ex Ministro Viera Gallo, que, para diversas organizaciones Mapuche y de Derechos humanos, tanto local como internacional, mutila el Convenio 169, atenta a los intereses de los Pueblos Indígenas y coloca al Estado chileno al margen del derecho.

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Fuente: mapuexpress.net

Instituto de DDHH Chile: ‘Decreto 124 sobre consultas indígenas no satisface obligaciones internacionales’

28 March, 2011

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) en su Informe Anual 2010, establece que el Decreto Supremo N° 124 de MIDEPLAN de reglamento provisional de consultas indígenas, no cumple con los principios mínimos aplicables a la consulta y participación de los pueblos indígenas..

POLÍTICAS PUBLICAS Y DERECHOS INDÍGENAS

www.politicaspublicas.net/panel/consulta/734-indh-decreto124.html

El INDH es un organismo estatal autónomo, creado por Ley 20.405 del 24/11/2009, que tiene entre sus funciones elaborar un Informe Anual Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, en donde formula recomendaciones a los órganos del estado para el debido respeto y cumplimiento de las obligaciones de Derechos Humanos.

En Diciembre de 2010, el Instituto entregó al Presidente de la República, a los poderes del estado y al país su primer Informe Anual.

El Informe 2010 del INDH dedica un capítulo a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, allí deja constancia de un conjunto de atropellos e incumplimientos de obligaciones estatales. Un caso destacado de incumplimiento, de acuerdo al INDH, lo constituye el Decreto Supremo N° 124, dictado por MIDEPLAN en el año 2009 para reglamentar de modo provisorio las consultas a los pueblos indígenas. No es algo nuevo, pues diversos órganismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de los pueblos indígenas han cuestionado reiteradamente el Decreto 124.

En septiembre de 2009 el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya recomendó a Chile que el reglamento provisorio de consultas debia ser consultado previamente con los pueblos indígenas, y debia cumplir con las normas y principios internacionales.

En Diciembre de 2010 en su primer Informe Anual, el INDH establece que el Decreto 124 no fue consultado y que no cumple con las normas internacionales de derechos humanos aplicables a la consulta. El Informe del INDH recomienda al Gobierno y a todos los poderes del estado se tomen las medidas para garantizar el cumplimiento del deber de consulta, de acuerdo a los estándares internacionales.

El 8 de marzo de 2011, el Gobierno de Chile, anunció un “proceso histórico” de consultas a los pueblos indígenas, fijando arbitrariamente los temas de dichas “consultas” y no aclara cómo se realizará dicho proceso.

El 27 de marzo de 2011, CONADI notifica que las consultas se realizarán de acuerdo a la reglamentación del Decreto N° 124. Es decir, con el mismo “reglamento provisional” de consultas que ha sido rechazado por los pueblos indígenas, que ha sido denunciado ante la OIT y el Relator ONU, y que fue severamente cuestionado por el propio organismo estatal encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Toda “consulta” que se haga con dicho reglamento carece de validez y legitimidad.

En suma, ante la insistencia del Gobierno en aplicar el Decreto 124, en rigor, no se estaría frente un “proceso histórico” de consultas sino ante un nuevo caso de defraudación a los pueblos indígenas; un masivo e histórico atropello de derechos humanos.

¿Qué parte del Informe 2010 del Instituto Nacional de Derechos Humanos no comprende el Gobierno? ¿Qué espera MIDEPLAN para derogar el arbitrario Decreto 124 ?

Reproducimos a continuación la sección del Informe Anual 2010 del INDH dedicada al Decreto 124.

Víctor Toledo LLancaqueo

Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas

28/03/2011

VER:

Informe Anual 2010. Situación de los Derechos Humanos en Chile. Capítulo: “Pueblos Indígenas”

Instituto Nacional de Derechos Humanos

LA CONSULTA. Obligación jurídica del Estado

www.politicaspublicas.net/panel/consulta/734-indh-decreto124.html

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Urgente: CONADI reconoce que utilizarán decreto creado por Viera Gallo para consulta indígena del Gobierno / Ver Más: www.mapuexpress.net/?act=news&id=6706

10 October, 2010 / Colusión Gobierno-Concertación contra derechos de los pueblos indigenas: candado constitucional y encerrona jurídica / La huelga de hambre mapuche puso en alerta a la clase política chilena y ahora lanzan el contragolpe. Gobierno y Concertación se han coludido para poner candados constitucionales, desmantelar la Conadi, y crear un “Consejo de pueblos” para bloquear el Convenio 169 y los derechos colectivos. / Piñera no está solo en su afan de imponer el candado constitucional. El PPD, y los inefables Brodsky y Namuncura promueven la aprobación del paquete de reformas y leyes anti Convenio 169 pactado por Viera Gallo y el senador Espina. / La clase política chilena está actuando coludida. Ya reforzaron las leyes penales y ahora van a lo sustantivo: reformar la constitución, desmantelar el fondo de tierras, y anular los derechos de los pueblos. A cambio ofrecen simulacros de diálogos, proyectos clientelares y políticas folklóricas. / Leer Más: www.mapuexpress.net/?act=news&id=6130

¿Cumple el Gobierno con sus obligaciones de conformidad a las normas Internacionales de Derechos Humanos? / Leer Más: www.mapuexpress.net/?act=publications&id=4230

24 September, 2009 / Texto comentado del Decreto 124 de ‘Reglamento de Consulta’ / Fuente: CEPPDI / Transcribimos texto del Decreto 124 de “reglamento de la consulta” dictado en Chile. / Se trata de un “Reglamento” arbitrario que transgrede al Convenio 169, y desconoce los estándares internacionales del deber de consultar a los pueblos indígenas. / El resultado es una severa afectación de derechos de los pueblos indígenas, y el incumplimiento de obligaciones estatales, lo que compromete la responsabilidad internacional del estado. / En suma, un Decreto inconducente. Un profundo error político del Gobierno de la Presidenta Bachelet. / Seguir leyendo aqui / www.politicaspublicas.net/panel/imp/392-decreto-124.html

21 September, 2009 / Reglamento fraudulento dictado por Viera Gallo mutila Convenio 169, se burla de Pueblos Indígenas y coloca al Estado chileno al margen del derecho / Fiel a su trayectoria de saboteador del Convenio 169, el Ministro Viera Gallo pretende imponer un reglamento inconsulto y fraudulento para incumplir los deberes estatales a que obliga el Convenio 169. Incumple al propio Convenio y viola la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. El Gobierno chileno se burla de la comunidad internacional y se burla de los pueblos indígenas. / El Decreto 124 coloca al Estado chileno al margen del orden jurídico. Un estado ilegitimo carece de autoridad. / Leer Más: www.mapuexpress.net/?act=news&id=4698

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Fuente: mapuexpress.net

La “Gran consulta” a los Pueblos indígenas anunciada por el Gobierno es un tongo y pone a Chile al margen del Derecho

28 March, 2011

El Gobierno chileno viene anunciando con bombos y platillos una “gran consulta”, sin embargo, trascendió que dicha medida se hará bajo el procedimiento del decreto 124 de Mideplan, reglamento fraudulento que fue creado en contubernio a finales del Gobierno anterior.

Dicho Decreto es un “Reglamento” arbitrario que transgrede al Convenio 169, y desconoce los estándares internacionales del deber de consultar a los pueblos indígenas. El resultado es una severa afectación de derechos de los pueblos indígenas, y el incumplimiento de obligaciones estatales, lo que compromete la responsabilidad internacional del estado. En suma, un Decreto inconducente. Un profundo error político del Gobierno

La buena fe es un principio general del Derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. Ella exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina principio de probidad. Pero ¿Por qué cuesta tanto considerarlo en las formas y procedimientos que asumen los Gobiernos y legisladores en Chile para asumir sus obligaciones con respecto a los Pueblos Indígenas, particularmente frente a la implementación de los procedimientos de consulta?

El Gobierno chileno viene anunciando una “gran consulta” a los Pueblos indígenas, pero es un tongo, porque utilizará, según reconoció recientemente el Director Conadi, el Decreto 124, que es un reglamento fraudulento dictado por el ex Ministro Viera Gallo, que mutila el Convenio 169, se burla de Pueblos Indígenas y coloca al Estado chileno al margen del derecho. Hoy, ese decreto se pretende imponer para incumplir los deberes estatales a que obliga el Convenio 169. No solo incumple al propio Convenio, sino también viola la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Grotesca burla de la comunidad internacional de Derechos Humanos y de los pueblos indígenas en Chile.

La Obligación de Consulta y el Derecho de Participación

El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio núm. 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

Los principios de consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública.

En su Artículo 6, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas:

La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;

Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;

Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.

La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las partes involucradas deben buscar establecer un dialogo que les permita encontrar soluciones adecuadas en un ambiente de respeto mutuo y participación plena. La consulta efectiva es aquella en la que los interesados tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada. Esto significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una consulta real; tampoco lo es una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no comprenden.

Los desafíos de implementar un proceso adecuado de consulta para los pueblos indígenas han sido objeto de muchas observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, como así también otros procedimientos de supervisión de la OIT, compilados ahora por la organización en una Recopilación. La consulta apropiada es fundamental para poder alcanzar un diálogo constructivo y para la resolución efectiva de los diferentes desafíos asociados con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Vea a continuación más detalles sobre el fraudulento Reglamento / Decreto 124

Urgente: CONADI reconoce que utilizarán decreto creado por Viera Gallo para consulta indígena del Gobierno / Ver Más: www.mapuexpress.net/?act=news&id=6706

10 October, 2010 / Colusión Gobierno-Concertación contra derechos de los pueblos indigenas: candado constitucional y encerrona jurídica / La huelga de hambre mapuche puso en alerta a la clase política chilena y ahora lanzan el contragolpe. Gobierno y Concertación se han coludido para poner candados constitucionales, desmantelar la Conadi, y crear un “Consejo de pueblos” para bloquear el Convenio 169 y los derechos colectivos. / Piñera no está solo en su afan de imponer el candado constitucional. El PPD, y los inefables Brodsky y Namuncura promueven la aprobación del paquete de reformas y leyes anti Convenio 169 pactado por Viera Gallo y el senador Espina. / La clase política chilena está actuando coludida. Ya reforzaron las leyes penales y ahora van a lo sustantivo: reformar la constitución, desmantelar el fondo de tierras, y anular los derechos de los pueblos. A cambio ofrecen simulacros de diálogos, proyectos clientelares y políticas folklóricas. / Leer Más: www.mapuexpress.net/?act=news&id=6130

¿Cumple el Gobierno con sus obligaciones de conformidad a las normas Internacionales de Derechos Humanos? / Leer Más: www.mapuexpress.net/?act=publications&id=4230

24 September, 2009 / Texto comentado del Decreto 124 de ‘Reglamento de Consulta’ / Fuente: CEPPDI / Transcribimos texto del Decreto 124 de “reglamento de la consulta” dictado en Chile. / Se trata de un “Reglamento” arbitrario que transgrede al Convenio 169, y desconoce los estándares internacionales del deber de consultar a los pueblos indígenas. / El resultado es una severa afectación de derechos de los pueblos indígenas, y el incumplimiento de obligaciones estatales, lo que compromete la responsabilidad internacional del estado. / En suma, un Decreto inconducente. Un profundo error político del Gobierno de la Presidenta Bachelet. / Seguir leyendo aqui / www.politicaspublicas.net/panel/imp/392-decreto-124.html

21 September, 2009 / Reglamento fraudulento dictado por Viera Gallo mutila Convenio 169, se burla de Pueblos Indígenas y coloca al Estado chileno al margen del derecho / Fiel a su trayectoria de saboteador del Convenio 169, el Ministro Viera Gallo pretende imponer un reglamento inconsulto y fraudulento para incumplir los deberes estatales a que obliga el Convenio 169. Incumple al propio Convenio y viola la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. El Gobierno chileno se burla de la comunidad internacional y se burla de los pueblos indígenas. / El Decreto 124 coloca al Estado chileno al margen del orden jurídico. Un estado ilegitimo carece de autoridad. / Leer Más: www.mapuexpress.net/?act=news&id=4698

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Fuente: mapuexpress.net

El Juicio Político en Cañete, sus Condenas y las Violaciones al debido proceso

26 March, 2011

Minuta de la situación de los juicios antiterrorista contra comuneros y dirigentes mapuche en Chile /

El 22 de marzo de 2011, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer el fallo del juicio llevado a cabo contra diecisiete comuneros y dirigentes mapuche pertenecientes a las organización conocida como CAM (por Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Mallco). En éste, el Ministerio Público acusó a los imputados de participar en los delitos de robo con fuerza, homicidio frustrado a fiscal del Ministerio Público (de carácter terrorista), atentado a la autoridad, y varios incendios de carácter terrorista…

Caso Ministerio Público contra Héctor Llaitul y otros

Minuta de la situación de los juicios antiterrorista contra comuneros y dirigentes mapuche en Chile

Por Matías Meza-Lopehandía

I. Introducción

El 22 de marzo de 2011, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer el fallo del juicio llevado a cabo contra diecisiete comuneros y dirigentes mapuche pertenecientes a las organización conocida como CAM (por Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Mallco). En éste, el Ministerio Público acusó a los imputados de participar en los delitos de robo con fuerza, homicidio frustrado a fiscal del Ministerio Público (de carácter terrorista), atentado a la autoridad, y varios incendios de carácter terrorista.

El caso llamó la atención de la comunidad nacional e internacional tras la huelga de hambre protagonizada por una treintena de comuneros mapuche acusados por diversos delitos terroristas. Ésta culminó con el compromiso del gobierno de retirar las querellas por ley antiterrorista y de modificar la legislación sobre la materia.

Tras el juicio que duró varias semanas, fueron absueltos trece de los imputados, siendo condenados cuatro de ellos. Héctor Llaitul, líder de la CAM, fue condenado a 10 años y 1 día de cárcel por robo con intimidación y a 15 años por homicidio frustrado contra fiscal del Ministerio Público (25 años de presidio en total). Ramón Esteban Llanquileo Pilquiman, José Santiago Huenuche Reiman y Jonathan Sady Huillical fueron condenados a 15 años de presidio por este último delito.

Uno de los puntos críticos de este juicio es que tanto la investigación como la preparación y el juicio propiamente tal, se llevaron a cabo con las reglas excepcionales contempladas en la ley antiterrorista. Esto, por cuanto basta que el Ministerio Público formalice la investigación bajo dicha normativa, para que se apliquen sus reglas, las cuales restringen drásticamente las posibilidades de la defensa de los imputados. Sin embargo, el tribunal había rechazado en la sentencia la calificación de terrorista de los hechos, pero al mismo tiempo afirmó la autoría de los acusados en los hechos con base en el testimonio de un testigo sin rostro, figura admitida únicamente para delitos terroristas.

II. Violaciones al debido proceso

1. La investigación: ésta fue llevada a cabo principalmente por las víctimas de los hechos denunciados (ataque a la comitiva del fiscal), lo cual constituye una violación al derecho a una investigación racional y justa, consagrada en la Constitución chilena

2. Irregularidades en materia probatoria: La sentencia en cuestión dio por probada la participación de los acusados en base a tres pruebas: el testimonio de un testigo sin rostro (testigo N° 26); el testimonio de oídas de un policía que afirma haber tomado declaración a uno de los imputados, el que a su vez señala haber sido torturado; y unas escuchas telefónicas.

a) Testimonio del Testigo N° 26 (sin rostro)

Este testimonio es la prueba central presentada por el MP y es el fundamento principal desde donde se construyó la autoría de los acusados. Como señalamos arriba, la figura del testigo sin rostro sólo es admitida en la legislación antiterrorista. Esta se aplica con la sola invocación del Ministerio Público, sin que haya control judicial de la calificación de los hechos, sino hasta la sentencia. Esto propicia el uso abusivo por parte del MP de las poderosas herramientas de investigación que les otorga esta normativa en desmedro de las garantías procesales de los imputados. En el caso en cuestión, el testimonio del Testigo N° 26 tiene varios aspectos que cabe destacar:

• El testimonio entrega detalles que hacen evidente que quien lo entrega habría participado en los hechos punibles sobre los que depone. Sin embargo, no está imputado en la causa, pese a que no existe norma que permita al MP otorgar cesar la acción penal a cambio de colaboración en la investigación. De esta manera, el MP transformó el estatus procesal de una persona, pasándola de imputado a testigo, con el consiguiente impacto en el valor de sus dichos vertidos en juicio;

• El testimonio fue entregado por un testigo cuya identidad no fue conocida por la defensa, ni esta pudo hacer preguntas para establecerla;

• El testimonio fue entregado a través de circuito cerrado de televisión, por lo que no hubo inmediatez;

• El testimonio sin rostro fue tomado como la pieza principal de prueba de autoría de un delito común, sin embargo, la legislación sólo los autoriza como medida de protección ante delitos relacionados con actos terroristas. Cabe recordar que el tribunal calificó los hechos imputados como delitos comunes. O sea, excluyó el carácter terrorista invocado por el MP. La fundamentación que el tribunal otorga para aceptar este testimonio, es totalmente insuficiente. No explicó de qué manera justifica la restricción de derechos de los acusados, pese a que él mismo reconoció que los testigos sin rostro se justificaban por “la especial trascendencia y peligrosidad que dichos ilícitos [terrorismo y de narcotráfico] han ido adquiriendo con el correr del tiempo.” (considerando 67°). Al respecto se limita a señalar que dicho testimonio es utilizado sólo como “punto de partida” y que la Ley antiterrorista autoriza su utilización. Como se señaló, el propio tribunal destaca que no comparte dicha calificación para los hechos del caso, pero que ello “obedece a un planteamiento doctrinal diverso sobre un mismo punto, como se explicará más adelante, no observando estos Jueces que de parte del Ministerio Público, hubiese existido un ejercicio abusivo o desmedido, al conducir la acción penal en dicho sentido” (considerando 68°).

b) Testimonio de oídas del Prefecto de la Policía acerca de la declaración extrajudicial del imputado Johnattan Huillical

El MP presentó como prueba de la autoría de los acusados el testimonio de oídas prestado por un Prefecto de la Policía. Según éste, el policía habría tomado declaración al imputado Jonathan Huillical a petición de éste, sin presencia de su abogado defensor y sin presencia del Fiscal, pero con su autorización. El imputado se negó a ratificar dicha declaración ante el tribunal, señalando que fue obtenida bajo torturas (“telefonazo”, esto es, golpes reiterados en el oído). El tribunal desestimó este hecho, pese a que se presentó certificación médica de lesión en el oído derecho, pues señaló que de ser cierto, la defensa lo habría alegado antes en el proceso. Cabe recordar que la investigación fue desarrollada, al menos parcialmente, por las víctimas de los hechos investigados.

Cabe señalar, que la fiscalía presentó dos testigos de oídas adicionales para probar la participación de los imputados en los incendios investigados. Se trataba de testimonios de policías que decían haber tomado declaración a dos testigos protegidos. Éstos se habían negado a deponer ante el tribunal, alegando haber sido torturados para obtener dicho testimonio. El MP no utilizó su facultad legal de hacerlos comparecer compulsivamente. La asimetría entre uno y otro caso es evidente, pues en este caso el Tribunal ponderó negativamente el testimonio de oídas de los policías.

c) Escuchas telefónicas

El tercer elemento probatorio fueron unas escuchas telefónicas de teléfonos legalmente intervenidos a los imputados. Éstas habrían sido producidas con fallas técnicas, pero lo más relevante es que se trata de prueba circunstancial, incapaz de imputar autoría por sí misma. Así por ejemplo, se utiliza una llamada donde se escucha “la voz del mencionado Llaitul, informando al segundo sobre la existencia de un enfrentamiento en el sector de Choque, que se estarían metiendo Carabineros a las comunidades, exigiéndole más adelante que se comunique con un tal Pacheco para dar a conocer dicha información a través de los medios de comunicación” (considerando 54°).

Finalmente, cabe señalar dos cosas. La primera es la desproporción de las penas. Héctor Llaitul fue condenado a 10 años de cárcel por un robo con intimidación de 4 celulares, 1 alicate, 2 escopetas y 1 martillo; a esto hay que agregar los 15 años que se le impusieron por homicidio frustrado a autoridad del Ministerio Público. La segunda cuestión es que existe un voto disidente extensamente fundado. Esto significa que de tres jueces, dos estuvieron por condenar y uno por absolver. Cabe señalar que el sistema normativo chileno consagra el principio de inocencia y establece que la condena debe imponerse sólo cuando la culpabilidad se pruebe más allá de toda duda razonable. El voto disidente pareciera confirmar que existe, a lo menos, una duda razonable, que debió conducir al tribunal a absolver.

III. Situación procesal actual

Actualmente, está vigente el plazo para interponer el recurso de nulidad. Éste contempla como causal para recurrir la violación de las normas de derechos fundamentales consagradas en tratados internacionales ratificados por Chile. El tribunal competente es la Corte Suprema.

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Fuente: mapuexpress.net

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