“Hay más de 500 mapuches encarcelados”

Entrevista con Nilsa Raín, líder del pueblo mapuche, de visita por Europa para denunciar el trato que su pueblo recibe por parte del Estado chileno, buscar apoyo exterior a su causa y para dejar claro que los mapuches van a seguir luchando hasta sus últimas consecuencias.

31.03.2011 · periodismohumano · Rebeca Mateos Herraiz

Una manifestante pelea con la policía durante una manifesttación en apoyo del pueblo Mapuche en Snatiago, Chile. 2009(AP Photo/Roberto Candia)

Desde la recuperación de la democracia en Chile, el Estado ha puesto en marcha una política que ha permitido satisfacer parcialmente las demandas de tipo campesina y étnica reivindicadas por el pueblo indígena mapuche (con más de un millón de integrantes), mientras que la demanda etnonacional no ha encontrado eco en ningún sector político o social significativo de la sociedad chilena.

El 12 de julio de 2010 un grupo de comuneros mapuches autodenominados presos políticos inició una huelga de hambre por haber sido procesados por delitos como amenazas, incendios, asociación ilícita o invasión de terrenos, bajo una ley antiterrorista impuesta en 1984 por la dictadura del fallecido Augusto Pinochet, y mediante la cual, se endurecen las penas y se limitan los derechos de los acusados, como por ejemplo, la utilización de testigos protegidos en el juicio. El pasado 22 de marzo el juez dictaminó que fueran puestos en libertad todos excepto cuatro, los líderes más importantes que encabezan estas movilizaciones, a los que se les acusó por intento de homicidio frustrado a una pena de 25 años de cárcel, a pesar de que las pruebas acusatorias sobre ellos no fueron los suficientemente contundentes.

Nilsa Raín, líder del pueblo mapuche está de visita por Europa para denunciar el trato que su pueblo recibe por parte del Estado chileno, buscar apoyo exterior a su causa y para dejar claro que los mapuches van a seguir luchando hasta sus últimas consecuencias.

P. ¿Qué motivos alude el pueblo mapuche para quererse convertir en un Estado-nación independiente del Estado chileno?

R. Considerando la raíz histórica de este problema nosotros, antes de que se constituyera el Estado chileno como tal, éramos los dueños absolutos de ese territorio. Hablamos de un período de tiempo en el que el concepto de Estado-nación era distinto, incluso en Europa, de lo que significa en la actualidad.

Cuando se nos invade y luego se nos niega como pueblo originario, se trata de aniquilar con ello una fuerza que contrarrestaba el nuevo sistema que se quería instaurar. A pesar de todas las políticas que han existido para exterminarnos o para integrarnos, pero siempre a los sectores marginales de la sociedad, hemos conseguido sobrevivir gracias a que nosotros como pueblo contamos con una dinámica interna de estructura política, cultural, social y económica que manejamos hasta la actualidad, aunque en un estado muy precario. Entonces yo haría la pregunta al revés ¿cuál es el miedo del Estado chileno a reconocernos como pueblo-nación, si nosotros estamos ahí antes que ellos? Y la respuesta evidentemente tiene que ver con intereses económicos. La imposición del modelo económico neoliberal ha significado el que muchas empresas multinacionales se instalen en los territorios de los pueblos indígenas, para poder nutrirse de todos los recursos que tenemos.

P. ¿Ha mejorado algo la situación del pueblo mapuche desde la dictadura de Pinochet hasta nuestros días?

R. Yo diría que lo que cambió fue la estrategia de trato hacia nosotros, porque durante la dictadura éramos, como pueblo originario, peligrosos para el sistema, y ya no solo los mapuches, sino muchos chilenos que lucharon por cambiar ese régimen.

Luego llega el gobierno de la Concertación que puso en marcha políticas paliativas con las que se ha conseguido algunas demandas básicas como por ejemplo, la luz eléctrica, el agua potable, los caminos asfaltados, los recursos escolares, etc. Lo que ocurrió es que esto fue acompañado de una política en la que se venía a decirnos, ahora ha cambiado el mundo para ustedes, están integrados a un país con modernidad, porque tienen luz, porque tienen agua y porque tienen caminos, es decir, formabas parte de ese nuevo sistema. Pero aquellos sectores del movimiento político que estaban al tanto de sus derechos y que no estaban de acuerdo con que se instalaran las transnacionales en nuestros territorios, no paró de luchar. Y así como luchó en la dictadura lo siguió haciendo después hasta nuestros días, recibiendo por ello el mismo trato que les dio la dictadura, asesinándolos y encarcelándolos.

P. ¿Cuántos mapuches han muerto desde la llegada de la democracia a Chile en la lucha por sus derechos y cuántos han sido encarcelados por el mismo motivo?

R. Durante los distintos gobiernos de la socialdemocracia son siete los mapuches que han muerto por el hecho de haberse enfrentado en una lucha frontal a las fuerzas armadas. Luego la cantidad de mapuches encarcelados por distintos motivos relacionados con la lucha social suma la cifra de más de quinientos.

En la actualidad se ha llevado a cabo una acusación contra treinta y cuatro dirigentes sociales mapuches, los cuales tuvieron una huelga de hambre durante más de tres meses por estar juzgados por la ley antiterrorista, con lo que ello significaba: la posibilidad de la utilización de testigos protegidos sin rostros, es decir, que cualquiera puede acusar. De hecho, se ha demostrado que muchos que acusaron formaban parte de la propia policía.

El pasado 22 de marzo el juez dictaminó que fueran puestos en libertad todos excepto cuatro, que justo son los líderes más importantes que encabezan estas movilizaciones, a los que se les acusó por intento de homicidio frustrado a una pena de 25 años de cárcel, a pesar de que las pruebas son irrisorias. ¿Cómo es posible que eso esté pasando en un país que dice estar bajo un estado de derecho? Con esto lo que queda en evidencia, sin lugar a dudas, es que el Estado chileno a través de su aparato judicial y represor nos está entregando un mensaje muy claro, y es que a todo luchador social que se atreva a levantar la voz, nosotros le damos mínimo 25 años de cárcel.

P. ¿Cree que con Sebastián Piñera cambiarán las cosas?

R. Piñera está dando continuidad a lo mismo que hizo Bachelet, que hizo Lagos y que hizo Frei. Él está siendo muy obediente en aplicar las políticas que dejaron sus antecesores y que siguieron funcionando. No va a ser ni mejor ni peor porque sea de derechas, va a ser la continuidad de lo mismo.

P. ¿Considera que habrá una solución al conflicto?

R. Existe una diversidad de convenios internacionales, de los cuales Chile es parte, entre los que está el Convenio 169, que a pesar de que Chile aprobó, ha entrado en un proceso de enmiendas. En algunos artículos referentes al reconocimiento del respeto de los derechos sociales, culturales, políticos y económicos, el Estado chileno reconoce los dos primeros, pero se niega a aceptar los dos últimos. Este convenio también habla de respetar la diversidad de un Estado que significa el respeto a los pueblos originarios que han coexistido y anteriores a la conformación de los Estados, y en el que Chile agregó la clausula en la cual se decía que es un país único e indivisible. El Estado chileno está poniendo zancadillas para impedir que este convenio se aplique.

Este tipo de convenios nos da motivos para creer que no está tan lejos que consigamos restablecer una forma de organizarnos como la que tradicionalmente hemos mantenido y que cuente con el reconocimiento político y económico que se requiere. A partir de ese reconocimiento, se abriría un proceso en el cual tendríamos que determinar de qué manera llevar a cabo la reconstitución de nuestra autonomía a la hora de funcionar como un pueblo -nación.

Lo veo viable, tengo mucha esperanza en ello. Por supuesto que para que esto ocurra será importante la capacidad organizativa interna nuestra que lo haga posible dentro de un proceso generacional.

P. ¿Se sienten apoyados por la comunidad internacional?

R. Lo primero que sorprende cuando sales fuera es ver el conocimiento que tienen algunas asociaciones y colectivos sobre nuestra causa. Al ver los porqués de esa admiración que nos sienten te das cuenta de que somos un ejemplo de lucha y resistencia contra un sistema que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta distintos sectores, no diré todos porque algunos se nutren de ello. Por ese lado hay un apoyo internacional por parte de los movimientos organizados conscientes de la problemática favorable a nuestra lucha, de los cuales hemos recibido solidaridad y que se complementa con la lucha que cada uno de estos colectivos mantiene. Por otro lado, sabemos que nuestra lucha ha llegado hasta las esferas de poder, en las cuales encontramos parlamentarios y diputados de la UE, que aparte de saber de nuestra lucha la entienden y la apoyan, ya que pertenecen a distintos pueblos que han pasado por este proceso y lo han logrado superar, en la medida que han recibido apoyo externo organizado.

P. ¿Hasta cuándo seguirán luchando?

R. Puesto que estamos luchando para reconstruir una forma de vida armónica con la naturaleza, en la medida que seamos capaces de vivir de esa manera, seremos capaces de vivir como pueblo mapuche, y hasta cuándo vamos a ser capaces de vivir así, no lo sé. Ahí se involucra también la responsabilidad de los otros pueblos y culturas, incluidos el chileno y el europeo, que si siguen con ese sistema depredador del medio ambiente, no solo los mapuches nos vamos a extinguir. Dependerá mucho de la capacidad del ser humano de entender que los recursos naturales no son inagotables, que en la medida que sepamos restablecer y mantener esa relación equilibrada con la naturaleza, garantizaremos nuestra sobrevivencia en este planeta.

P. ¿Qué significa ser mapuche para usted?

R. Ser mapuche significa ser parte de una fuerza ancestral de la naturaleza que no quiere perecer, que quiere seguir viviendo y es la fuerza espiritual que está en los bosques, en las montañas, en los ríos, en el mar. Entonces ser mapuche viene a constituirse en formar parte de esa naturaleza y hablar por ella.

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periodismohumano.com

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La Universidad de Granada suspende el pago del canon digital

Suma y sigue. Después de que Nokia y Dell hayan logrado una victoria judicial histórica, consiguiendo que los tribunales anulen el pago del canon digital y obliguen a la SGAE y el resto de entidades de gestión de derechos de autor a devolver el dinero, nuevas empresas y administraciones públicas dan carpetazo a la polémica tasa. La última en mover ficha ha sido la Universidad de Granada, que ha remitido una carta a sus proveedores informáticos en la que les ha comunicado que no volverá a abonar el canon.

31-03-2011 – Javier Romera/Alejandra Ramón (El economista.es) – “Como bien sabéis, la eficacia de las medidas de austeridad en el gasto de la Universidad no es una responsabilidad exclusiva de su equipo de gobierno, sino que resulta imprescindible la implicación de todos los miembros de la comunidad universitaria”, asegura la misiva.

“Desde ese convencimiento, os informo de que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), de 21 de octubre de 2010, concluye que la aplicación del canon digital, por usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29. Este fallo implica que la Universidad de Granada no está obligada a soportar canon digital alguno en sus facturas de compra”, concluye. Numerosos ayuntamientos de toda España han dejado también de pagar, iniciando en esta misma línea reclamaciones judiciales.

Además de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que exime del pago del canon digital a las empresas y administraciones, la Audiencia Nacional ha declarado ya nula la orden ministerial que fijo en 2008 los dispositivos que estaban gravados y las tarifas que debían abonar.

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El canon digital agoniza ‘pero usted siga pagando’

El canon digital, en el ojo del huracán desde 2003, se defiende o rechaza a muerte. Mientras, son los jueces quienes deciden el destino de la compensación que cobra el creador por las copias privadas que se hacen de sus obras sin su permiso. De momento, los tribunales no han cuestionado el sistema, pero sí cómo se aplica en determinados supuestos. La última sentencia dictada ha rechazado el reglamento que lo regula por defectos de forma. ¿Implica que hay un vacío legal? ¿Qué aparatos pagan y cuánto? ¿Se puede reclamar el dinero abonado?

31-03-2011 – LAIA REVENTÓS – El País – El pasado viernes la Audiencia Nacional, sin entrar en el fondo del asunto, consideró la orden ministerial “afectada de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho”. En octubre de 2010 fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que falló que era “indiscriminada” y “contraria” a la directiva su aplicación en aparatos y soportes “no” utilizados por “usuarios privados” y “manifiestamente” reservados a “usos distintos de la copia privada”. Es decir, excluía a administraciones, empresas y profesionales del pago.

Dos juzgados más, al menos, han emitido resoluciones incorporando el veredicto europeo. La primera, de la Audiencia Provincial de Barcelona, es firme: absolvió a la tienda de informática Traxtore, propiedad de la empresa Padawan, del pago que le reclamaba la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), condenada en costas. Por el contrario, la segunda, del juzgado de lo mercantil seis bis de Madrid, obliga a Efecto2000.com a pagar el canon desde 2003 a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), pero es recurrible.

Varapalo al Gobierno

Los juristas consultados, salvo el portavoz de las entidades de gestión de los derechos de autor, califican ambas sentencias de “severo varapalo” al Gobierno. En el caso europeo, por dejadez, porque la ley ya prevé que por real decreto establezca excepciones al pago. Y, en el caso de la Audiencia, por la nefasta tramitación de un reglamento. En ambos casos son asuntos de su competencia.

Si el Ejecutivo hubiera ampliado las excepciones, tuvo un plazo de más de cuatro años, “el tribunal europeo no habría contestado lo que contestó a la Audiencia de Barcelona, y este tribunal no habría sentido siquiera la necesidad de plantear la cuestión prejudicial”, dice Sánchez Aristi, profesor de derecho civil en la Universidad Rey Juan Carlos. Y en el caso de la Audiencia, añade, “es criticable que los órganos técnicos de Cultura, Industria y Presidencia no advirtieran el defecto formal que ha servido para anular la Orden. Ha causado un daño totalmente evitable y viene a añadir más confusión a un panorama ya de por sí muy convulso tras la sentencia Padawan”.

Rafael Sánchez Jiménez, portavoz de las entidades de gestión, sostiene que en el caso de la resolución europea, si fuera un varapalo al Gobierno, “también lo sería para el resto de ejecutivos de los países europeos con sistema de canon por copia privada”. Y respecto a la Audiencia, el defecto de forma no implica que se anule el fondo de la cuestión”. Es decir, que se ilegalice el canon.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene en sus manos un monumental embrollo, que puede inundar los abarrotados juzgados de reclamaciones. “Solo hay dos soluciones. Acatar la sentencia y que, de forma inmediata, el Ejecutivo responda con una nueva orden que respete la ley y las resoluciones de los tribunales. O que presente recurso, lo que sería una huida hacia adelante y solo añadiría más inseguridad jurídica de la que ya hay por culpa de un reglamento que se aprobó sin cumplir la ley ni el Estado de derecho, lo que sería gravísimo”, dice Banegas, presidente de la patronal Ametic, que denunció la orden ante la Audiencia Nacional.

La directiva europea de los derechos de autor admite que el cálculo del canon se haga por estimación, “porque el legislador se encuentra con una incapacidad para discernir qué actos se van a destinar a la copia privada. Por lo tanto, aplica la tarifa más baja a todo el mercado”, dice Sánchez Jiménez. El mecanismo español, concluye, “es el mismo para todos los países comunitarios con canon”.

Fórmula nueva para el sistema

Sin duda no será una tarea nada fácil encontrar una fórmula nueva para el sistema, como viene a decir el Tribunal de Luxemburgo cuando recuerda que “es necesario vincular” el canon al “presumible uso” de los aparatos para realizar reproducciones privadas.

Además, conviene no olvidar que hay resoluciones donde los jueces han obligado a devolver el canon a los ciudadanos por el cobro de lo indebido. En dos de ellas la SGAE presentó recurso de amparo ante al Constitucional porque consideraba que se había vulnerado su derecho a defenderse en una causa en por la que tenía “interés legítimo” en su condición de entidad recaudadora del canon. El Alto Tribunal le dio la razón, obligando a repetir los juicios, pero incorporando la resolución europea a los dictámenes.

Sánchez Jiménez considera que “no puede ser exacto ni un traje a medida caso por caso”, aunque reconoce que con el mundo digital los productos y soportes pueden tener “usos genéricos” no limitados a la copia privada. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas plantea: “Si tiene que haber canon, ¿Por qué no se aplica a la obra original?”.

La compensación por copia privada (o canon) es la fórmula elegida por España y la mayoría de países de la UE para retribuir a los creadores por la pérdida de parte de sus derechos exclusivos, que cobran colectivamente las entidades de gestión desde 1987. Como la tecnología permite copiar una obra sin permiso del autor, el legislador impone cánones a los aparatos y soportes de almacenamiento que las hacen. Lo pagan importadores y fabricantes, que lo repercuten al consumidor. Así, la copia privada no es un derecho del ciudadano sino un límite, una excepción al derecho de autor.

En 2006 el canon se amplió al entorno digital con amplio consenso en el Congreso. Entonces, se fijó que aquellos aparatos y soportes “idóneos” para realizar copias de obras protegidas lo pagaban. Dos años después Industria y Cultura establecieron mediante una orden ministerial conjunta la lista de productos y sus tarifas, ya que deudores y acreedores de la compensación fueron incapaces de pactar, como establece la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

Nulidad con efectos retroactivos

Ahora, al anularse la orden porque debía haber sido aprobada con memoria justificativa y económica y dictamen del Consejo de Estado, “es como si no hubiera existido nunca. Todo lo que se haya realizado en aplicación de la misma carece de causa legal”, explica Miquel Peguera, profesor de derecho de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

“La nulidad de pleno derecho genera efectos “ex tunc” o lo que es lo mismo, efectos retroactivos. Por tanto, puede ser reclamada la devolución de las cantidades abonadas, pero podría no abarcar la totalidad de cantidades pagadas”, según Sánchez Aristi.

Las gestoras de derechos consideran que, en cualquier caso, ahora se regresa al pasado. A 2006. “No hay vacío legal para los aparatos y tarifas porque la Disposición Transitoria Única los fijó hasta que se aprobase la Orden. Al anularse, y hasta que no entre en vigor la nueva, el canon está contemplado en la Disposición. No hacerlo así sería alterar la resolución de la Audiencia”, dice Sánchez Jiménez.

Los profesores universitarios coinciden: “En efecto, si la sentencia deviene firme, se entiende que nunca dejó de estarlo”, dice Peguera.

El abogado Javier De la Cueva, en cambio, discrepa. “Se podría considerar que no hay norma, porque la primera murió con la orden y la segunda ha muerto con la sentencia”.

Fuentes cercanas a la Audiencia argumentan que la Disposición también adolece de vicio radical. Sánchez Jiménez lo duda: ¿Viciada de qué? Si en su momento nadie impugnó la ley, ¿Por qué salen con estas? Ya puestos, que regresen a 1987″. Y advierte: “Si no hay canon, no habrá copias privadas. Como dice la directiva sin compensación se elimina el límite” al derecho de autor. Gran Bretaña, que no la permite, carece de este sistema recaudatorio en su ley.

El problema, argumenta Domingo, es que la reforma de la ley de 2006 “estableció que todos los aparatos idóneos para copiar pagan. Es una barbaridad que impugnamos en Europa”.

En cualquier caso, la LPI excluye expresamente a los discos duros de ordenador. Y dice que sea la orden ministerial la que defina qué son. ¿Quedan ahora fuera estos aparatos? Sánchez Aristi sostiene que “todas las innovaciones que aportó la orden -gravamen de las memorias USB, definición de qué debe o no entenderse por disco duro de ordenador- son jurídicamente inexistentes, como si nunca se hubieran producido”.

Sánchez Jiménez, en cambio, lo ve completamente al revés. “Si resulta que se anula la orden que definía que era un disco duro y cuáles de ellos estaban excluidos, quiere decir que todos pagan, si la sentencia es firme”.

Aquellas obligaciones que “nacieron con la orden quedan anuladas. El disco duro es una de ellas. Con el resto de aparatos y soportes, habrá que ver qué dice la ley”, opina de la Cueva respecto a lápices de memoria USB, telefonos móviles…

Limbo sujeto a interpretaciones

Todo queda en un limbo, sujeto a interpretaciones, como ocurrió de julio de 2006 a junio de 2008. “Y a los posibles acuerdos entre deudores y acreedores del canon, o en su defecto a los usos que vinieran siendo admitidos en el sector”, lamenta Sánchez Aristi.

Los datos facilitados por la Sociedad General de Autores, y los informes presentados a la Sociedad Holandesa de Copia Privada, que recopila datos sobre el canon en el mundo desde hace años, demuestran que en ese periodo ni los discos duros de ordenador (ni los externos) pagaron.

Las entidades de gestión no decidirán si recurren en casación ante el Supremo hasta que “tengamos todos los datos e interpretaciones posibles”, según su portavoz, Rafael Sánchez Jiménez. Si lo hacen, la sentencia no será firme, no tendrá efecto, hasta que lo resuelva el Supremo. Aunque “no impide su ejecución provisional. Cabe la posibilidad de que se les exija a quien pida la ejecución que presten caución por los daños que puedan derivarse si la sentencia fuera revocada”, asegura Miquel Peguera.

Sánchez Aristi puntualiza: “El Supremo puede denegar la ejecución si cree que ésta puede crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación”.

La Asociación de Internautas (AI) y la patronal tecnológica Ametic, dos de los denunciantes a los que la Audiencia ha dado respuesta, no lo harán. “Estamos satisfechos, porque nos han dado la razón: la orden no valoraba el daño causado y se promulgó de forma unilateral, incluyendo aparatos que estaban fuera de la ley”, dice Jesús Banegas, presidente de Ametic.

La AI coincide con la interpretación de la patronal pero, como la sentencia deja en el aire la devolución de las cantidades pagadas, estudia, “cómo pedir a la Audiencia o el Supremo que se devuelvan para evitar que los juzgados se llenen de demandas”, explica Víctor Domingo.

Y concluye: “El Gobierno debe actuar, porque hizo trampa para obtener unas cifras que no están nada claras. ¿Por qué fijaron que el canon debía ser de un mínimo de 100 millones de euros anuales? ¿Qué cuentas de la vieja son esas?”.

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Wikileaks – Zapatero intentó acelerar el ‘caso Carrascosa’ tras el fracaso diplomático en Chad

María José Carrascosa. (ARCHIVO)

  • El Gobierno pidió a EE UU cerrar el caso de la española presa en Nueva Jersey para neutralizar el batacazo político del rescate de las azafatas retenidas en Chad.
  • El Secretario de Estado se reunió con la Embajada estadounidense un día después del suceso en el país centroafricano para encontrar una solución extrajudicial.
  • Zapatero “no tiene buen aspecto desde el incidente”, revela un cable de Wikileaks.

R. QUEIMALIÑOS. 01.04.2011 – 06.29h

El Gobierno de Zapatero solicitó la ayuda de EE UU para resolver  el caso de María José Carrascosa, la abogada valenciana encarcelada en Nueva Jersey por un conflicto relacionado con la custodia de su hija, tras el fracaso diplomático sufrido en Chad, según uno de los cables filtrados por Wikileaks a los que 20 minutos ha tenido acceso a través del diario noruego Aftenposten.

El incidente diplomático en la República del Chad catapultó al éxito al presidente francés, Nicolás Sarkozy, y humilló a Zapatero. El suceso arrancó el 25 de octubre de 2007 con la detención de los integrantes de la ONG francesa El Arca de Zoécuando se disponían a abandonar el país centroafricano con 103 niños chadianos.

Entre los diecisiete europeos acusados de tráfico de menores se encontraban los siete tripulantes del avión español que fletaba la supuesta operación humanitaria y tres periodistas franceses. La noticia activó los dispositivos diplomáticos y la operación culminó el 4 de noviembre.

El éxito fue unilateralmente galo. Nicolás Sarkozy resolvió la situación mientras el Gobierno socialista se zambulló en un pantano de dudas y llamadas imprecisas. Sarkozy despegó su avión presidencial, voló a Yamena, charló con su homólogo Idriss Déby, recogió a cuatro azafatas españolas y a los tres reporteros franceses e hizo escala en Torrejón de Ardoz antes de aterrizar en París.

Moratinos y Zapatero han sido simples espectadores de la gestión gala

Un desorientado Zapatero recibió a las auxiliares de vuelo en el aeródromo madrileño pese a que Sarkozy destacó que había trabajado “mano a mano desde el principio de la crisis” con su homólogo español. Los otros tres españoles de la tripulación fueron liberados sin cargos tres días después.

El espaldarazo oficial francés fue insuficiente. El fracaso diplomático había sido indiscutible y los medios de comunicación se recrearon en el batacazo político de Zapatero. Incluso la Embajada de EE UU en Madrid reportó un cable a Washington –fechado el 5 noviembre de 2007– en el que valoraba el incidente: “Moratinos y Zapatero han sido simples espectadores de la gestión gala (…) y la pasividad de Zapatero en comparación con la actividad personal de Sarkozy ha sido notable”. El telegrama califica de “cruel” el tratamiento mediático del incidente.

Mediación diplomática

El Ejecutivo fue consciente de la torpeza diplomática e intentó subsanar el error a través de un golpe de efecto político de alcance internacional. El entonces Secretario de Estado de Justicia, Pérez Hernández, se reunió el 5 de noviembre –un día después de la operación en Chad– con el ex ministro consejero de la Embajada de EE UU, Hugo Llorens, y le explicó que el Gobierno quiería avanzar en el caso de Carrascosa. El Secretario de Estado explicó a Llorens que pediría al embajador español en Washington, Carlos Westendorp, que se reuniera con el asesor jurídico del Departamento de Estado de EE UU para estudiar el caso.

La Embajada estaba convencida de que el “renovado interés” del Gobierno en resolver la situación judicial de Carrascosa estaba íntimamente relacionado con el fracaso diplomático español en Chad. De hecho, Pérez Hernández reveló a Llorens que Zapatero “no tiene buen aspecto” desde el incidente y solicitóa ayuda a la legación estadounidense para zanjar con éxito el conflicto judicial, según revela un cable enviado a Washington el 8 de noviembre por el entonces embajador estadounidense, Aguirre.

El Gobierno manifiestó a la Embajada su deseo de alcanzar un acuerdo amistoso para que Carrascosa regresase a España, tachó de “desproporcionado” el encarcelamiento indefinido al que estaba sometida  y también informó de que puso a su disposición uno de los mejores abogados pero que había rechazado cualquier oferta de mediación. La legación de EE UU también reiteró en varias ocasiones la postura “inflexible” que había adoptado Carrascosa en el intento de alcanzar un acuerdo extrajudicial con su marido y padre de su hija, Peter Innes.

Acuerdo extrajudicial

Eduardo Aguirre despachó el tema con más indiferencia que pesimismo. Sostuvo que el caso es un “trágico ejemplo de desintegración familiar”, recomendó a Washington que cerrara filas sobre al tema con una respuesta tipo –”debemos responder a todas las peticiones que la única solución es la mediación entre las partes”– e insistió en que el caso había de ser resuelto en los tribunales. “El Poder Ejecutivo, al igual que sucede en España, no puede influir en las decisiones de los jueces”, matiza el cable.

La legación zanjó de esta forma su exigua intervención diplomática. Arremetió contra la prensa española por el tratamiento sensacionalista y sesgado de la historia y le acusó de proyectar una imagen negativa de EE UU. “Los periódicos recurren a la imagen simplista de una madre encadenada con grilletes, sin incidir en los argumentos judiciales de la condena. España mantiene una postura muy emocional con este tema”.

El 19 de junio de 2008 se envió  a Washington el último cable sobre el caso. La Embajada comunicó que había informado al Gobierno sobre el compromiso de los jueces estadounidenses de viajar a La Haya para reunirse con sus homólogos españoles e intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial.

El encuentro se produjo en abril de 2009. Representantes legales de EE UU y España fueron incapaces de alcanzar un acuerdo y el juicio comenzó en Nueva Jersey el 28 de octubre de 2009. Carrascosa fue declarada culpable de los nueve delitos por los que había sido acusada el 12 de noviembre y fue condenada a 14 años de cárcel.

Cables relacionados

Los cables Wikileaks por categorias

Terrorismo Islamista

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