Energía Nuclear

martes 31 May, 2011

Alemania anuncia su renuncia total al uso de energía nuclear para 2022 tras catástrofe de Fukushima

biobiochile.cl – Alemania cerrará sus últimos reactores nucleares en 2022, convirtiéndose así en la primera potencia industrial que renuncia a la energía atómica, anunció este lunes el Ministerio del Medio Ambiente…

Greenpeace celebra el cierre de 8 plantas nucleares en Alemania

greenpeace.org – Noticia – 30 mayo, 2011 Berlín- Greenpeace elogió la decisión del gobierno alemán de cerrar inmediatamente ocho plantas nucleares; un paso muy importante para dejar de usar la energía nuclear a niv…

Germany to shut all nuclear reactors | World news

guardian.co.uk – Unterweser nuclear power plant in Esenshamm, Germany, which will be shut down along with 16 other nuclear plants by 2022. Photograph: Carmen Jaspersen/AFP/Getty Images Angela Merkel has committed t..

In Japan, a Culture That Promotes Nuclear Dependency

nytimes.com – KASHIMA, Japan — When the Shimane nuclear plant was first proposed here more than 40 years ago, this rural port town put up such fierce resistance that the plant’s would-be operator, Chugoku Electr..

El ateneo debate sobre la energia nuclear – Agenda

lacronicabadajoz.com – CLÁUSULA PRIVACIDAD Le informamos, que con arreglo a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, de 13 de diciembre, LO 15/1999, cuando el Usuario facilite sus datos de carácter personal est…

Nuclear radiation affects baby gender, study shows

sciencedaily.com – ScienceDaily (May 26, 2011) — Ionizing radiation is not without danger to human populations. Indeed, exposure to nuclear radiation leads to an increase in male births relative to female births, acc…

Fuente: paper.li/JaumeSatorra

HidroAysén: la responsabilidad histórica de Bachelet y la Concertación

31 de Mayo de 2011

Por CLAUDIA SEPÚLVEDA Estudiante de Doctorado en Geografía Humana University of British Columbia, Canadá.

Las masivas movilizaciones ciudadanas en rechazo de la aprobación de HidroAysén a lo largo de Chile, y en especial las impresionantes concentraciones ocurridas en Santiago, han sorprendido a los políticos de todas las tendencias. Ni los más sintonizados con los movimientos ciudadanos se esperaban tal respuesta. Superados por la incapacidad de comprender las fuerzas más profundas del descontento ambiental los dirigentes de la Concertación y de la Alianza se recriminan mutuamente apuntando a las responsabilidades de cada cual en el procedimiento que condujo a la aprobación de HidroAysén.

Mezquinamente sacan cuentas para capitalizar el descontento o neutralizar sus costos, y diseñan desesperadas estrategias para sortear la contingencia olvidando sus propias responsabilidades. Figuras como el Diputado Patricio Vallespín, por ejemplo, quien se instaló raudo en la primera línea del reclamo, tuvo un patético desempeño al estallar el conflicto por la contaminación de CELCO-ARAUCO en Valdivia. Siendo Intendente de la Región de Los Lagos y presidente de la respectiva COREMA declaró a la prensa local que “CELCO no podrá cumplir con la exigencia ambiental de no emitir olores”.

Tal era su apego a la institucionalidad que eliminó de un plumazo una exigencia legal establecida en el permiso ambiental entregado a CELCO-ARAUCO sin siquiera investigar las masivas emisiones que estaban causando severos cuadros respiratorios en los alrededores de la planta de celulosa, acreditados por médicos locales. Increíblemente, las emisiones denunciadas por los ciudadanos disminuyeron de forma notable al instalar la empresa filtros que le costaron 7 millones de dólares, y que eran obligatorios pero que  CELCO-ARAUCO se había ‘ahorrado’. Vallespín fue ‘rescatado’ de su puesto como Intendente cuando los cisnes comenzaran a caer sobre Valdivia. No es difícil imaginar cual pudo ser su rol de haber permanecido en funciones.

La ola de movilizaciones contra la aprobación de HidroAysén no es la expresión de una misteriosa explosión de la conciencia ambiental en la ciudadanía como ha sido por muchos presentada. Es el resultado de una acumulación histórica de frustración social y daño ambiental expresado en decenas de conflictos ambientales ocurridos en torno a la aprobación ambiental de proyectos. Tales conflictos tienen en gran medida su causa en la propia institucionalidad ambiental que entró en vigencia en 1994 bajo el mandato del ex Presidente Eduardo Frei. En efecto, contraviniendo el espíritu del proyecto de ley enviado al Congreso por Patricio Aylwin en 1992, Frei instauró tempranamente la premisa que ‘ninguna inversión debía detenerse por consideraciones ambientales’. Y fue Frei quien además inauguró la cuestionada práctica de la intervención política del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) al entregar su respaldo público a mega-inversiones cuestionadas socialmente y rechazadas por los organismos técnicos.

Es lo que sucedió en casos como Ralco, Trillium y CELCO-ARAUCO en Valdivia, todos proyectos declarados ambientalmente inviables por los Comités Técnicos del SEIA y que ante el respaldo político entregado por Frei debieron ser aprobados por las COREMAs con condiciones que, o no se cumplieron, o simplemente no sirvieron para prevenir los daños que de todas formas ocurrieron. En Valdivia, por ejemplo, la principal medida preventiva de impactos en el Río Cruces propuesta por la COREMA una vez que Frei obligó a aprobar el proyecto –el tratamiento químico de los residuos líquidos de la celulosa– terminó siendo la principal causa del desastre.

Esta práctica de intervención política se convirtió en el factor gatillante de una temprana y creciente pérdida de legitimidad del SEIA. Decenas de comunidades locales que atravesaron por la experiencia de participación ciudadana en el SEIA, esperando de algún modo influir en la decisión final, terminaron frustradas ante lo que experimentaron como el ‘maquillaje’ de decisiones que ya estaban tomadas. Así, la participación ciudadana ambiental, que pudo haberse convertido en un espacio local de debate democrático en torno a las decisiones sobre el desarrollo, fue transformada por los gobiernos de la Concertación en un procedimiento sin sustancia. O, peor aún, en lo que los afectados por daños ambientales describen como una mera instrumentalización. En efecto, para las autoridades a cargo del SEIA la participación de las comunidades era necesaria para ‘legitimar’ la aprobación de los proyectos a través de darle a la evaluación ambiental una apariencia democrática, aún cuando las propuestas y críticas ciudadanas no fueran consideradas o respondidas.

La intervención política del SEIA se fue sofisticando. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet se cuidaron de no respaldar abiertamente proyectos cuestionados. Sin embargo, ambos intervinieron los procesos de evaluación ambiental de inversiones torciendo ilegítima o ilegalmente la institucionalidad a favor de los inversionistas. Este fue, por ejemplo, el caso del cambio ad hoc del Plano Regulador de Valparaíso que la Ministra de Vivienda de Bachelet, Patricia Poblete, cursó para permitir la aprobación de la central termoeléctrica Campiche de AES-Gener, respondiendo así a las presiones que la empresa ejerció a través de la Embajada de Estados Unidos y recientemente reveladas por Wikileaks a través de El Mostrador.

Una intervención similar realizó Ricardo Lagos para resolver, en contra de la ley, el conflicto desatado por CELCO-ARAUCO en Valdivia. Una vez conocido el informe científico que culpaba a la empresa Lagos presionó a la COREMA para que le entregara a CELCO-ARAUCO un permiso administrativo que la autorizara a continuar descargando al Río Cruces los mismos compuestos identificados como causantes del desastre y que, no sólo no habían sido ni declarados ni evaluados ambientalmente por la empresa, sino que, por lo mismo, eran hasta ese momento ilegales. Lagos contravino así la institucionalidad ambiental para ‘blanquear’ una grave ilegalidad que había sido considerada, tanto por la Corte de Apelaciones de Valdivia como por los servicios técnicos competentes, como razón para detener la operación de la celulosa y obligarla a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, como demandaban los ciudadanos.

Fue justamente esta crisis estructural de legitimidad del SEIA, gatillada en última instancia por el movimiento valdiviano –pero construida sobre la acumulación histórica de decenas de casos similares, aunque no tan mediáticos– lo que abrió la oportunidad política para que el gobierno de Bachelet asumiera la tarea de reformar la institucionalidad ambiental. Así lo reconocieron los representantes empresariales, para quienes la reforma ambiental –largamente resistida por estos mismos sectores– sólo pudo ser posible por “la pérdida de credibilidad de la institucionalidad ambiental” desatada por la masiva muerte de cisnes de cuello negro en el Río Cruces. Para el gobierno de Bachelet un aspecto central de la reforma era la eliminación de las COREMAs, instancias que personificaban los procedimientos de intervención política del SEIA inaugurados por Frei, en gran medida debido a que todos sus integrantes eran cargos de confianza directa del Presidente/a o de sus Ministros/as, a excepción de dos representantes de los Consejos Regionales (COREs). Es así que, al ingresar el proyecto de la reforma ambiental al Congreso, en julio de 2008, la Ministra de Medio Ambiente de Bachelet, Ana Lya Uriarte, declaró a El Mercurio que las COREMAs habían causado “confusión, imprecisión y, en muchos casos, afectado la credibilidad del sistema” debido a que “politizan la toma de decisiones” y que, por tal razón, serían eliminadas. La idea era dar paso a un diseño más técnico y menos expuesto a las presiones del gobierno central.

Sin embargo, la reforma aprobada por el gobierno de Bachelet fue incapaz de superar los factores que habían llevado a la crisis de legitimidad del SEIA como lo demuestra la aprobación de HidroAysén ocurrida en el marco del recién creado Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Más aún, dicha aprobación reveló que, en los hechos, la flamante nueva institucionalidad ambiental opera con las mismas prácticas de intervención política de la evaluación ambiental –como la declaración del Ministro Hinzpeter a favor del proyecto a tan solo horas de que la COREMA sesionara para resolver– y la misma instrumentalización de la participación ciudadana que impulsaron a Bachelet a proponer la reforma. ¿Cómo es esto posible si la nueva institucionalidad fue supuestamente creada para superar este tipo de prácticas? La respuesta es simple.

Fue la propia Ministra Uriarte, una de las más destempladas vociferadoras concertacionistas en contra de la aprobación de HidroAysén, quien en Noviembre de 2009, cerca del fin del mandato de Bachelet, lideró un acuerdo político con la Concertación y la Alianza para lograr la aprobación de la reforma ambiental a cambio de, entre varias otras negociaciones, reflotar las COREMAs que ella misma había propuesto eliminar. Más aún, dicho acuerdo, suscrito por la Ministra y los senadores Pablo Longueira (UDI), Andrés Allamand (RN), Antonio Horvath (RN), Juan Pablo Letelier (PS) y Soledad Alvear (DC), eliminó de las nuevas COREMAs a los dos COREs que pronto serían elegidos democráticamente por primera vez en la historia.

Con ello la Ministra demostró, una vez más, la esquizofrénica praxis antidemocrática de los gobiernos de la Concertación. Pero lo que es más grave, dicha negociación conducida por Uriarte ocurrió de forma express y entre cuatro paredes justo cuando en el Senado comenzaba la discusión de más de mil 350 indicaciones, muchas de ellas propuestas por movimientos ciudadanos, organizaciones sociales y ONGs, que apuntaban a la democratización de las decisiones ambientales. En efecto, el acuerdo al que Uriarte llegó con senadores de todas las bancadas para obtener el apoyo fast track de la reforma, eliminó, por ejemplo, la participación ciudadana resolutiva que la Cámara de Diputados había históricamente aprobado en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y políticas públicas.

Sólo unos cuantos senadores, como José Antonio Gómez, Nelson Ávila y Guido Girardi, se opusieron al acuerdo que le puso lápida en el Senado a las demandas por democratización local de las decisiones ambientales y por las que ciudadanos a lo largo de todo Chile se habían movilizado durante casi una década y media. El gobierno de Bachelet no sólo traicionó tales demandas, que habían madurado y escalado en intensidad bajo los gobiernos de la Concertación. Lo que es más grave, desaprovechó el enorme apoyo popular que ellas tenían, y que queda nuevamente demostrado con las masivas movilizaciones que ha desatado la aprobación de HidroAysén. En efecto, el gobierno de Bachelet condujo una discusión parlamentaria de la reforma ambiental que no consideró a los actores locales y ciudadanos cuyas movilizaciones y demandas habían sido el impulso fundamental que la posibilitó, terminando por imponer un acuerdo cupular que perpetuó la crisis de legitimidad de las instituciones ambientales. Todo ello sin más justificación, al parecer, que lograr la aprobación de la reforma ambiental a cualquier costo, a fin de poder exhibirla como su parte de su legado.

Uriarte ha disparado furiosas declaraciones llamando al gobierno de Sebastián Piñera a asumir su responsabilidad por la aprobación de HidroAysén. Sin embargo, ella tiene una responsabilidad fundamental en haber perpetuado un diseño institucional antidemocrático que amparó la continuidad de la intervención política de las decisiones ambientales –como las  que probablemente seguirán ocurriendo en el gobierno de Piñera así como ocurrieron en los gobiernos anteriores- y que cerró la posibilidad de espacios reales de participación ciudadana en el SEIA. Aunque la reforma ambiental tiene por cierto aspectos muy positivos que podrían, bien utilizados, prevenir la degradación de ecosistemas y de formas de vida –lo que es un gran mérito de la ex Ministra– nació con un vicio fundamental de exclusión y visión antidemocrática del que la Concertación y sus representantes deben hacerse cargo si esperan recuperar en parte la credibilidad perdida. Algunos medios, dirigentes políticos y ambientalistas de último minuto puedan tal vez impresionarse con oratorias como la de la ex Ministra Uriarte, pero las comunidades y los movimientos ciudadanos tienen buena memoria. Las protestas contra la aprobación de HidroAysén así lo demuestran.

Fuente: El Mostrador

“La línea de transmisión de Energía Austral pasaría por la casa de la ministra Benítez”

El parlamentario tiene información que señala que el trazado de las otras centrales que se sumarían a HidroAysén, llegarían hasta el mismo patio de la titular de Medio Ambiente en Villa Marta; una posibilidad por la que incluso tendrían que indemnizarla. También dispara contra Golborne y dice que al proyectar las energías renovables como “una aspiración”, el ministro no sólo falta al proyecto de campaña de Sebastián Piñera, sino que tampoco conoce la información necesaria sobre el tema.

31 DE MAYO DE 2011
Senador Antonio Horvath y las hidroeléctricas en la Patagonia: 

El senador Antonio Horvath (RN) tiene un romadizo persistente. Carga con un pañuelo de género en el bolsillo de su pantalón desde el 9 de mayo. Ese día, su nariz se humedeció. A sus pies cayeron dos bombas lacrimógenas mientras protestaba contra la aprobación de HidroAysén en Coyhaique y desde entonces parece que la congestión se quedó como una enfermedad crónica. “No importa, lo tomo como una herida de guerra”, dice con los ojos rojos, sacudiendo su pañuelo beige, antes de enumerar por qué salió a la calle a protestar ese día y por qué nadie lo va a convencer de que HidroAysén es un buen proyecto: “Me opongo porque tengo claros antecedentes de que los potenciales desarrollos que tenemos en el área austral, sin estos megaproyectos, son lejos más relevantes desde el punto de vista económico, social y ambiental. No sólo para la Patagonia, sino que también para Chile”, dice Horvath.

El parlamentario asegura que no hay para qué levantar una mega apuesta en la Patagonia si Chile tiene a la mano el potencial para desarrollar Energías Renovables no Convencionales (ERNC). “Fui coordinador de Tantauco –el grupo asesor programático de Sebastián Piñera durante la campaña– de las ERNC y lo pusimos en el programa de gobierno: el llegar al 20% el año 2020, el demostrar que teníamos 20 mil MW disponibles como para aprovechar en este minuto y, además, ahora tenemos los antecedentes de la agencia Bloomberg que señala que hoy en día las ENRC compiten con más bajo costo y con mejor precio distribuido.

– Si incluso el informe de Bloomberg lo dice, ¿por qué en Chile no existe una mayor intención de invertir en este tipo de energías y cumplir con ese 20%?

Se puede cumplir. Hay mucha demanda del sector minero. El informe Bloomberg que está respaldado, además, por académicos de la Universidad de Chile, lo recibimos en la Comisión de Energía y Medio Ambiente del Senado y no lo entregaron al Gobierno porque ven que el gobierno está de alguna manera abrazando este proyecto de HidroAysén  y eso no le corresponde a hacerlo a un gobierno. Un gobierno lo que tiene que hacer es asegurar  energía, que haya desarrollo económico, que se cumplan las reglas del juego; entonces lo presentaron en el Congreso. Ellos claramente respaldan  una serie de otros estudios que tenemos en Chile y desenmascaran las razones por las cuales no pueden competir hoy en día las ERNC.

-¿Cuáles son esas barreras?

-Estas barreras son que en primer lugar la energía está amarrada a un oligopolio en el cual hay tres o cuatro empresas grandes que en el fondo tienen amarrada la generación, transmisión y la distribución  y están con contratos por 10 ó 20 años hacia el futuro. En segundo lugar, a las empresas no renovables les pagan de acuerdo a un mercado donde el precio va variando cada media hora. Entonces cuando hay alguien que quiere promover una energía renovable, como les pagan de esa manera, no tienen ningún respaldo económico: los bancos no le dan crédito, el Estado no es aval, y por lo tanto no puede competir. Otra barrera es que si como impusimos que la matriz hoy por ley tiene que tener un 5% de renovables y el 2024 tiene que tener el 10%,  resulta que las renovables no convencionales se lo tienen que vender a las empresas grandes y esas reciben esta energía que es más barata que la que ellos generan. Pero la diferencia queda en utilidad para las empresas grandes y no se traspasa el precio a los consumidores. Mientras no resolvamos esto, las ENRC van a estar como el pariente pobre de la competencia. Es como entrar a correr con un pie amarrado.

-Si usted participó en el grupo Tantauco y ya se conversaba de la relevancia de las ERNC ¿Qué pasó en el camino?

La verdad es que quedamos más de algunos sorprendidos. Poco a poco se va cambiando el discurso. Con el ministro Raineri –que también estuvo a cargo de un grupo Tantauco– íbamos bien alineados con cumplir el 20/20, con meter las renovables, hacer proyectos demostrativos, etcétera. Con la salida del ministro Raineri hay un cambio de giro y el ministro Golborne empieza a decir que el 20/20 es una meta aspiracional. Yo fui testigo que este compromiso existió, por lo tanto vemos que hay un ´safe` de los compromisos de la campaña de gobierno y del programa del gobierno. Por eso es que en este minuto lo hemos hecho presente. Primero lo hicimos en forma interna, porque los trapos sucios se lavan en casa, pero si persisten con esto, uno tiene que sacar la voz en forma respetuosa y hacer ver que tenemos que ir hacia el camino que nos programamos originalmente.

ENERGÍAS RENOVABLES Y GOLBORNE 

Frente a la pregunta de si este cambio en la ruta se ha debido a presiones, el senador Horvath dice que lo que sí cree que hay, son personas que estiman o están convencidos de que estos son buenos proyectos. “A nuestro modo de ver –estoy hablando de las termoeléctricas y de los mega proyectos de la Patagonia– son proyectos que vienen del siglo pasado y que han sido maquillados y en proceso de evaluación ambiental han vulnerado la institucionalidad, la aplicación de la ley de bases y la salida que se espera del gobierno políticamente es que el consejo y el grupo de ministros que ve las apelaciones la resuelvan, pero no hay ninguna indicación en ese sentido si los mismos ministros y el Presidente de la Republica persisten en decir que aquí se ha cumplido con todas las reglas del juego”.

-¿Si ya estaba conversado, por qué cree que el ministro Golborne plantea las energías renovables como una aspiración?

-Yo he hablado más de una vez con el ministro Golborne y él no tiene todos los antecedentes del caso. Yo creo que él no está inmerso en todos los antecedentes que significan las ERNC y cuando uno habla pública y privadamente con él, él dice ‘demuéstrenme que son mejores’. Bueno, Bloomberg se lo demuestra. Entonces yo creo que hay que tomar esos antecedentes y analizarlos en profundidad; y como esto no ha ocurrido hasta la fecha, es que un grupo transversal de parlamentarios hemos presentado una comisión técnica, ciudadana  y política para que presente una matriz alternativa al gobierno.

-¿Me está diciendo que el ministro de Energía no sabe tanto de energía?

-O sea, no ha estudiado los antecedentes a fondo. Es la única explicación que yo tengo. Porque uno es ingeniero civil, tiene sus posgrados y uno entiende que las personas tienen que estudiar estas cosas a fondo y no guiarse por una campaña del terror que ha instaurado Daniel Fernández, que además, hace ver que esta es la energía más amigable, la más eficiente, que es la mejor que compite enLatinoamérica, cuando todos estos antecedentes no son así y son claramente engañosos.

-¿Cuáles son las responsabilidades de la Concertación y la Alianza en la aprobación de HidroAysén?

-Acá hay responsabilidades de distinto tipo. La Concertación tuvo todos los antecedentes en su minuto, con observaciones que eran esenciales de acuerdo a la ley para objetar el proyecto. Incluso tuvo procedimientos que fueron en considerados irregulares por la Contraloría. Sin embargo, no objetó el proyecto, no lo rechazó, y esa es una responsabilidad. El actual gobierno, con los antecedentes técnicos y todo lo que venía del gobierno de la Concertación, también forzó su aprobación. Por eso, más que un paso necesario, lo que pasó el 9 de mayo fue un tropezón innecesario.

-¿La imagen de Ralco post Endesa, es una excepción o es una forma de hacer las cosas?

-Las empresas juegan con las reglas que la sociedad les impone, y ellos maximizan beneficios, minimizan costos y tratan de externalizar costos. O sea, que la sociedad pague las cosas que ellos pueden evitar; y los mejores ejemplos son los megas proyectos y en el caso de Pangue y Ralco, generaron un serie de expectativas… pero hoy son las  comunas más pobres de Chile, tienen tasas de cesantía enormes, pagan las tarifas eléctricas más caras y además, han roto la red cultural. Les prometieron turismo, capacitación, emprendimiento, etcétera… No hay un claro compromiso con estas comunidades porque eso no lo debe hacer la empresa sino que el Estado.

-La línea de transmisión va a ser la batalla más grande que librarán los opositores a las represas. Y no sólo por HidroAysén, también por Energía Austral. ¿Cómo ve ese escenario?

-Energía Austral  es un proyecto distinto, que viene piolita, por debajo, es una herencia  de Alumysa. En el caso de Energía Austral, además, la línea pasaría por el campo, la casa de la ministra del Medio Ambiente (María Ignacia Benítez). Lo encuentro hasta irónico… ellos que han cuidado el Valle Marta, tienen aguas termales, piscina, una casa preciosa, donde estuvimos con el Presidente de la República hace un mes atrás… y resulta que justo por ahí pasa una de las líneas de transmisión de Energía Austral.

-¿Y le contó eso a la ministra Benítez?

-Sí, se sorprendió mucho.

-¿No tenía idea?

-No, y en ese caso tendrían que comprarle el campo, indemnizarla.

-Cómo ministra del Medio Ambiente quedaría en un mal pie.

-Así es.

Fuente: El Mostrador

HidroAysén: El abuso comunicacional del gobierno

29 de mayo de 2011 21:07

Esta semana se ha desplegado una intensa actividad comunicacional por parte de la vocera de gobierno con el objetivo de atribuir la responsabilidad en la aprobación del proyecto HidroAysén al gobierno anterior. Señala que el gobierno anterior de detuvo el proyecto HidroAysén y la Ministra de Medio Ambiente intenta probarlo señalando que durante la administración Bachelet se presentaron más de 4.000 indicaciones, es decir, el gobierno tenía la intención inequívoca de poner en marcha al proyecto.
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Es increíble el abuso del gobierno en términos comunicacionales. El gobierno anterior no autorizó la construcción de las mega-represas, y a diferencia de éste no entregó instrucciones a los seremis para que votasen a favor del proyecto. Es más, los órganos de la administración hicieron su trabajo como correspondía, lo que se verifica en que varios informes no dieron resultado positivo para considerar HidroAysén como un proyecto viable. La prueba de que durante la actual administración esto no ocurrió de la misma forma se observó en la votación, donde informes negativos de un día para otro aparecieron como positivos.
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En cuanto a las indicaciones, el gobierno anterior realizó un gran número al proyecto, y en plena observancia del procedimiento y la ley no aprobó el proyecto HidroAysén mientras estas indicaciones no estuviesen respondidas. En cambio, el actual gobierno decidió traspasar el límite de la legalidad y de la tolerancia ciudadana y dar por aprobado el proyecto sin haberse respondido las indicaciones, saltándose toda la institucionalidad, cosa que lamentablemente se va convirtiendo en el gran legado de este gobierno: la destrucción de las instituciones y el mal gobierno.
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La estrategia comunicacional del gobierno es abusiva no sólo por el hecho de responsabilizar a la ex presidenta, sino porque ella, en virtud de su cargo no puede realizar declaraciones políticas, no puede defenderse. Entonces, la estrategia pasa a ser miserable.
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El gobierno cree estúpida a la ciudadanía al creer que porque la administración anterior no frenó la tramitación del proyecto HidroAysén (facultad que no tiene, los ciudadanos pueden presentar al SEIA los proyectos que quieran) es responsable de éste.
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En cuanto a la estrategia de algunos, que hablan sobre la fiebre ecologista de la Concertación, creo que es una idea bien absurda. Es una cuestión conocida que varios concertacionistas veían con buenos ojos el proyecto HidroAysén. Que el resto no haya estado de acuerdo no significa que ellos sean cínicos o se estén aprovechando políticamente. Sin embargo y si esto fuera así, al menos no se saltaron las instituciones para aprobar un proyecto inviable generando la indignación de la ciudadanía.
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El gobierno no puede seguir jugando al “si caigo yo, caemos todos”. Esto ha incluido ahora último a parlamentarios oficialistas como el senador Horvath, nueva víctima de bullying del gobierno y medios masivos por denegar apoyo político a HidroAysén. Los medios se coluden con el gobierno para decidir en este país, quién es cuerdo, racional y republicano, y quienes son los ecologistas fundamentalistas que buscan hacer lo imposible por entorpecer la buena marcha del progreso.

Fuente: El Quinto Poder

HidroAysén: Cuando la transformación social marcha por las calles

30 de mayo de 2011 17:52

Han sido éstos días azarosos, extraños, impredecibles.

Ni la coalición gobernante ni la oposición se esperaban la reacción ciudadana nacional e internacional, a la aprobación de las cinco represas en la Patagonia impulsadas por HidroAysén.

Movilización que se ha sustentado logística e informativamente en redes sociales como facebook y twitter, o en el simple correo electrónico, pero que no se ha quedado en el mundo virtual.

No. La movilización se ha hecho presente en las calles de todo Chile, de norte a sur, de este a oeste, como reza el canto aquél que se entona en cada una de las protestas de los últimos días y que llama a alcanzar un ideal “cueste lo que cueste”.

Son chilenos, muchos de ellos jóvenes que pronto tendrán derecho a voto, que están diciendo: queremos un cambio profundo, un nuevo pacto socioambiental donde la protección del medio ambiente y el fin a la degradación de los bienes comunes en que se sustentan tantas comunidades, sea lo esencial. No son sólo ecologistas como, caricaturescamente, dicen algunos, sino ecologistas junto a personas que saben que la mejor calidad de vida no puede ser sólo tener más acceso a bienes materiales, algo de lo cual el mercado ya nos ha dicho, equivocadamente, demasiado.

Este gobierno, y algunos próceres de la Concertación, junto a empresarios dinosaurios, con el debido respeto que me merecen los extintos dinosaurios,  se han equivocado al leer la realidad.  No hace poco Daniel Fernández, ante la reacción ciudadana de rechazo por la campaña del terror que opuso a Patagonia sin Represas el tétrico mensaje de un “Chile a Oscuras”, señaló que “cientos de twiteros no son un pueblo”.  Sería bueno preguntarle hoy si él considera o no que un 74 por ciento de rechazo a HidroAysén a nivel nacional y un 75 por ciento a nivel regional, sí son un pueblo.  O si los más de 100 mil movilizados en todo el país desde el 9 de mayo, tampoco lo son.

Mismo error cometen los políticos que se quedaron anclados en soluciones del pasado, que habrán sido vistas como viables hace 30 o 40 años, pero que hoy no son compatibles con una sociedad nacional y regional que no está dispuesta a cualquier cosa en pos de un crecimiento que no asegura la equidad ni menos mejor calidad de vida para todos.  Más que desarrollo sustentable, hoy necesitamos hablar de sociedades sustentables.

Hoy es la ciudadanía la que está marcando la pauta de lo que quiere que hagan sus representantes y mandatarios. Hoy es la ciudadanía la que está diciendo, éste es el Chile y el Aysén que queremos. Y aunque algunos políticos nacionales y regionales sigan haciéndose los sordos porque simplemente no están preparados para los desafíos de hoy, eso no significa que en algo vaya a cambiar la exigencia que en las calles está haciendo la gente.

La injusticia medioambiental donde millones pagan los costos de los beneficios de muy pocos, el monopolio donde sólo algunos controlan un sector tan estratégico como el de la energía, la decisión de políticas públicas entre cuatro paredes sin participación ciudadana, la privatización de facto de un patrimonio de todos como lo es la Patagonia, son sólo algunas de las insensateces a las que los chilenos estamos diciendo basta. Que el crecimiento a ultranza no es nuestro objetivo, y eso lo dicen hombres, mujeres y niños, trabajadores y desempleados, dueñas de casa y altos ejecutivos, desde ariqueños a puntarenenses y chilenos en el extranjero, gente de izquierdas y derechas, lo mismo que quienes se autodesignan apolíticos, porque el 74 por ciento representa transversalidad, representa un sentir nacional.

Quien no quiera entender eso, sea gobierno, Concertación o supuesto líder social, simplemente no está a la altura para leer la realidad y, por ende, conducir nuestra hoy, más que nunca, esperanzadora sociedad. Esperanzadora porque así como desde la base, incluso desde la juventud, están naciendo liderazgos para los nuevos tiempos, también hay quienes viniendo de la política tradicional, como el senador Antonio Horvath, o de la elite espiritual como el obispo Luis Infanti, son portadores de un mandato y están a la altura de lo que es el verdadero anhelo de su comunidad. Foto: El Mote / Felipe Silva (Flickr)

Fuente: El Quinto Poder

La Conferencia Episcopal se desvincula de la comisión para transformar el Valle de los Caídos

Valle de los Caídos Vista general del Valle de los Caídos, en Madrid.

  • Los obispos prefieren no tener una “representación directa”, según Presidencia.
  • Un grupo de expertos estudiará convertir el lugar en un espacio de reconciliación.
  • Así lo establece la Ley de la Memoria Histórica.
EFE. 31.05.2011 – 02.32h
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, confirmó este lunes que la Conferencia Episcopal Española ha decidido a última hora no participar en la comisión de expertos que estudiará la transformación del Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación, como iba a hacer en un principio.

En rueda de prensa en La Moncloa tras la primera reunión de esta comisión, Jáuregui explicó que había hablado en varias ocasiones con el presidente de la Conferencia, Antonio María Rouco Varela, sobre esta comisión, en la que se había incluido al arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Fernando Sebastián.

Pero a última hora del viernes, la Conferencia Episcopal trasladó al Gobierno que “prefería que no hubiera una representación directa suya”, por lo que han quedado excluidos.

Jaúregui, acompañado de los dos presidentes de la nueva entidad, Virgilio Zapatero Pedro González-Trevijano, indicó que el objetivo es que el Valle de los Caídos deje de ser “un lugar de memoria de parte, un monumento a la guerra” y al “nacionalcatolicismo”, para convertirlo en un lugar de “memoria reconciliada”, como establece la Ley de la Memoria Histórica.

Esta norma estableció que se mantendrá el culto en la basílica, al igual que el cementerio, pero la Comisión no tendrá más líneas rojas y en cinco meses deberá tener listo un informe con sus recomendaciones.

El ministro se ha mostrado convencido de que la profesionalidad y la pluralidad ideológica de los miembros de la comisión hará que ese informe pueda ser aceptado por cualquier gobierno.

Exhumaciones

Según explicó, la comisión deberá establecer una simbología que dignifique a las más de 33.800 personas que están allí enterradas mediante “un memorial en las criptas o en el espacio central” y analizará las peticiones de exhumación que realicen los familiares.

Se harán pruebas de ADN cuando sea posible la localización y la identificación de los restos, pero ha recordado que el informe forense dijo que en la gran mayoría de los casos sería “extremadamente complejo”.

Los expertos también tendrán que estudiar el caso de los cuerpos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera porque deben analizar qué hacer con la simbología que pueda exaltar la guerra civil y la represión franquista, ha añadido.

El objetivo es que el Valle de los Caídos se convierta en “un lugar de memoria vivo”, con exposiciones y actividades educativas “sin pretensión vengativa o de confrontación”, y que sea también un centro de investigación sobre las consecuencias de las guerras civiles.

La comisión deberá resolver cuál será el órgano gestor del Valle -ahora es Patrimonio Nacional- y reformular la relación con la comunidad benedictina para que quede garantizado el uso religioso del templo.

No se ha planteado, según ha apuntado Jáuregui, retirar la gran cruz que preside el monumento.

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El paso de la política a la empresa

De la política a la empresa De izquierda a derecha en la fila de arriba, Pedro Solbes, José María Aznar, Felipe González. Abajo, Juan Costa, Rodrigo Rato y Eduardo Zaplana. (ARCHIVO)

  • El exministro socialista Pedro Solbes ‘ficha’ por Barclays y se convierte en el último político que entra en el mundo empresarial.
  • Los expresidentes José María Aznar (Endesa) y Felipe González (Gas Natural) son los casos más sonados y los que más críticas han recibido.
  • Las empresas buscan el prestigio de los exdirigentes para reforzar su imagen.

Presidentes del Gobierno que pasan a ser consejeros en compañías energéticas. Ministros que entran a formar parte o, incluso, presiden empresas. Todo con sueldos importantes de por medio. El paso de la política al mundo empresarial es cada vez más común y, en tiempos de crisis, forma parte de una crítica popular que poco a poco alza más la voz. El último caso registrado ha sido el de Pedro Solbes, exministro de Economía, quien entrará el próximo 13 de junio en el consejo de administración de Barclays como asesor del área europea de la entidad británica.

Solbes se une a una larga lista que encabezan los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González. El primero fue ‘fichado’ a principios de este año por la eléctrica Endesa, donde ejerce de asesor externo de su cúpula directiva percibiendo más de 200.000 euros al año. Por su parte,González fue nombrado consejero de Gas Natural a finales de 2010. Su salario: 126.500 euros brutos anuales.

Los casos de Aznar y González han provocado una intensareacción en contra en la opinión pública, sobre todo por el hecho de que ambos expresidentes cobran 80.000 euros brutos anuales de los Presupuestos Generales del Estado, una retribución con carácter vitalicio en razón del cargo desempeñado y que es compatible con los sueldos que reciben de las eléctricas. Incluso partidos como ERC, IU, BNG y UPyD han pedido endurecer la actual Ley de Incompatibilidades para evitar este tipo de casos.

Exministros empresarios

Otros exministros como Solbes también han hecho ‘carrera’ en el ámbito privado. Ejemplos no faltan. Rodrigo Rato es presidente de Bankia (antes Caja Madrid), Jordi Sevilla es asesor de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), Pío Cabanillas trabaja como director general de imagen corporativa de Acciona, Luis María Atienza ejerce como presidente de Red Eléctrica de España (REE), Eduardo Zaplana presta sus servicios a Telefónica mientras que Isabel Tocino forma parte del consejo de administración del Banco Santander.

En la lista también se encuentran el exministro Juan Costa (auditora Ernst & Young), el exdirigente del PNV Josu Jon Imaz (presidente de Petronor) y otro exministro, Rafael Arias-Salgado, que actualmente es el presidente del Grupo Carrefour en España.

¿Por qué tantos ‘fichajes’ políticos? Las empresas buscan precisamente el prestigio de los exdirigentes para reforzar su imagen. Asimismo, buscan la experiencia y los contactos hechos durante la carrera política para garantizar su crecimiento empresarial. Cualquier sector vale y los políticos encuentran huecos tanto en empresas energéticas como en consultorías, bancos o telecomunicaciones.

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