Ley Antiterrorista: Debate respecto a derogación luego de huelga mapuche

Viernes 10 de junio 2011 21:55 hrs

Juan San Cristóbal

Luego que los cuatro comuneros decidieran deponer una huelga de hambre de 87 días, distintos sectores políticos apuntan a una modificación de la Ley Antiterrorista. Cambios que van desde su derogación hasta breves modificaciones, lo cierto es que hay consenso respecto a modernizar una legislación criticada como “elemento de represión y no justicia”.

Lo dijo el Arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati, en reacción al término de la huelga mapuche: “Ahora le toca al Estado”. Las críticas de la máxima autoridad católica van dirigidas a la Ley Antiterrorista, la que se aplicó contra los cuatro comuneros mapuche en el juicio de Cañete y que derivó en una huelga de 87 días, la tercera huelga que supera los ochenta días en los últimos años.

Lo cierto es que el Gobierno tiene la pelota, pudiendo romper el ausentismo y hacer frente a las críticas desde distintos sectores políticos, propiciar un diálogo parlamentario en pos de modificar esta ley, sin que la oposición se adelante por una medida que impida que conflictos sociales o étnicos lleguen al extremo de un ayuno voluntario.

Desde el propio oficialismo, han surgido voces que abogan por modificar esta legislación. El presidente de Renovación Nacional, senador Carlos Larraín, apuntó a falencias en su aplicación, quien declaró que “la tabla de las penas para delitos comunes ya es bastante severa, y la Ley Antiterrorista contempla un aumento de penas que va de 1, 2 a 3 grados. Yo he dicho públicamente que no soy partidario de esa agravación de penas, es lo que pienso sobre la ley, pero de que existe la figura del terrorismo, es una lástima decirlo, pero todavía existe”.

Por su parte, el diputado comunista Hugo Gutiérrez profundiza sobre las irregularidades de la ley, quien subrayó sobre su pronta derogación. “Lo que deberíamos hacer es discutir una nueva legislación antiterrorista, deberíamos derogar la existente. Carece de legitimidad lo que hoy se aplica por los tribunales, quienes obedecen la ley. Los legisladores deberíamos procurar darle a nuestra patria una legislación que nos defienda de los terroristas y que no ataque cualquier reivindicación política o social”, sostuvo el diputado.

Testigos protegidos en entredicho
Luego del doble procesamiento de los mapuche, cuya diferencia de condenas radica en la validez del testimonio del testigo protegido, dicho testimonio ha quedado en entredicho para sus detractores, siendo un aspecto esencial en la correcta aplicación de la ley. El timonel RN declaró que “la validez que tienen los testigos de identidad reservada se ve disminuida, yo lo comprendo, pero estos delitos competen a comunidades pequeñas, una manera de obtener testimonio es una manera de garantizar seguridad”.

Ante ello, el diputado Gutiérrez indicó que esta ley altera la intención del testimonio encubierto, situación originada no sólo en el conflicto mapuche, sino también en el Caso Bombas. El abogado recalcó que “(el testigo protegido) está totalmente desdibujado a la luz de la Ley Antiterrorista, que en definitiva ampara un testigo anónimo, cuyo nombre nunca se sabrá al terminar el proceso y al cierre de la causa. Amparar tal nivel de inmoralidad no le hace bien a nuestra legislación”.

Explosión social o terrorismo: No confundir
Desde el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, el gobierno de George W. Bush patrocinó una guerra contra el terrorismo, siendo esta una manera de obtener popularidad y votos políticos en la aprobación de leyes a favor de la seguridad que afectaban ciertas libertades del orden público. El terrorismo es una realidad que en Chile no tiene un foco demostrado, pero sí una legislatura que se ha aplicado a enjuiciados por conflictos sociales.

En esta situación, Gonzalo Taborga, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, insistió sobre la derogación de la ley, quien declaró que “es una ley que debe morir, pero no por muerte natural ni amparada por la Constitución. Debe haber un acuerdo nacional de no legislar en torno al terrorismo y hacer un desarrollo democrático de las tareas de la policía y de las políticas de seguridad a fin que haya equilibrio en la distribución de la riqueza, que no genere tensiones que generan indignación en las personas y, por ende, manifestaciones públicas”.

Respecto a las principales falencias que ésta tiene en relación con los derechos de un procesado, Taborga indicó que “se busca la justicia en equidad, igual tratamiento para las partes, a fin que un poder del Estado tenga la facultad de dirimir estos conflictos de intereses en favor de alguna de las partes. La Ley Antiterrorista es una ley que rompe esta norma de la democracia, porque precisamente se ocupa la ley para favorecer el predominio de una parte sobre la otra. Es una ley ideológica que tiende a ser elemento de represión y no de justicia”.

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Fuente: radio.uchile.cl

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