CDP presenta Recurso en contra de CEA de Aysén y solicita inhabilidad de Ministros de Corte de Apelaciones

Consejo de Defensa de la Patagonia. 10.06.11.

RECURSO REPRESENTA A SENADORES, DIPUTADOS, ALCALDES DE LA ZONA, EMPRESARIOS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y ONGS. INHABILIDAD SE SOLICITA PORQUE -EN OPINIÓN DE LOS RECURRENTES –LOS MAGISTRADOS MORA, CASTRO Y SEPÚLVEDA NO CUMPLEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD QUE EXIGE LA LEY, AL HABER EMITIDO JUICIO O PARECER PREVIO EN MATERIAS SOBRE LAS QUE EL ACTUAL RECURSO DE PROTECCIÓN TRATA.

Coyhaique, 9 de junio de 2011. El abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), Marcelo Castillo interpuso este jueves 9 de junio un recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén en la Corte de Apelaciones de Coyhaique solicitando que se deje sin efecto la aprobación del cuestionado proyecto HidroAysén en la Patagonia chilena.

En la acción legal se representa a los senadores de Aysén Antonio Horvath, de Magallanes Carlos Bianchi y de la Región Metropolitana Poniente Guido Girardi, los diputados Gabriel Silber, Enrique Accorsi y Patricio Vallespín; los alcaldes de Chile Chico Luperciano Muñoz y de Tortel Bernardo López y a las organizaciones Ecosistemas, Greenpeace Chile, Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa); y la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, entre otras organizaciones y ciudadanos de la región.

“El objetivo del recurso de protección presentado hoy es que la Corte deje sin efecto la resolución que aprobó el proyecto HidroAysén por cuanto ella es arbitraria e ilegal”, indicó el abogado del CDP, enfatizando la importancia del respaldo del grupo plural y trasversal de personas y sectores políticos y sociales que representa, ya que recurren incluso los empresarios Víctor Hugo Puchi (presidente de Aqua Chile) y Carlos Vial, ex presidente de Salmon Chile. “Lo que demuestra una vez más que este proyecto genera un amplio rechazo en el país”, agregó Castillo.

Dentro de las principales irregularidades consignadas en el recurso se incluyen que el estudio no incluía línea base apropiada, el proyecto no tiene los derechos de agua para ejecutarse en las condiciones en que fue aprobado y que desde un principio los órganos con competencia ambiental señalaron que éste no tenía información esencial y relevante para ser evaluado, e incluso que era ilegal, entre otras deficiencias e ilegalidades, contenidas en un escrito de más de 120 páginas.

A pesar del rechazo de un recurso de protección interpuesto el 9 de mayo, cuya sentencia se dio a conocer hoy, el jurista expresó que tienen confianza en que éste será acogido en última instancia por la Justicia, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. “Nosotros participamos en el caso Trillium, en el caso Cascada, en varios casos en que Tribunales han dejado sin efecto proyectos que han estado aprobados, precisamente por las ilegalidades” expresó.

El alcalde de Tortel, Bernardo López, firmó el escrito porque la decisión de la CEA afecta directamente a su comuna. “El estudio dice que Tortel no es área de influencia del proyecto, cosa que es muy extraño porque la puerta de entrada, como está planteado, la comuna de Tortel. Nos acogimos a este recurso de protección para proteger los intereses de nuestra comunidad” señaló, más aún cuando –expresó- su comuna está trabajando, con el trabajo con múltiples universidades, en pos del desarrollo sustentable de este territorio emplazado en la desembocadura del río Baker.

El presidente de Codesa, Patricio Segura, expresó que “nosotros confiamos en que los Tribunales de Justicia harán que impere el derecho en nuestro país porque no puede ser que una empresa por sus recursos económicos simplemente quiera pisotear una región completa pasando a llevar el Estado de Derecho y la institucionalidad ambiental”.

En la ocasión además se solicitó que se inhabilitaran los ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, quienes esta mañana dieron a conocer su fallo contrario a un recurso interpuesto por el diputado Gabriel Silber (DC) junto a otros dirigentes regionales el 9 de mayo pasado. El motivo de esta solicitud es que, en opinión de los recurrentes, tales magistrados no cumplen los requisitos mínimos de imparcialidad y objetividad que exige la Ley, al haber emitido juicio o parecer previo en materias sobre las que el actual recurso de protección trata. Ellos son Pedro Castro, Sergio Mora y Luis Sepúlveda.

La respuesta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique debiera conocerse en un plazo de 6 meses, período en el que el CDP continuará presentando acciones legales para frenar la aprobación definitiva y materialización del controvertido proyecto de represas.

Informaciones:
Patricio Segura 9 9699780- Mitzi Urtubia S. 92256238
www.patagoniasinrepresas.cl

Fuente: ecosistemas.cl

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