Ofelia Tejerina: “La ley Sinde es de la época de los Picapiedra”

La abogada de la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerina, fue la primera persona que investigó la trama de corrupción de la SGAE, en 2007. Las pruebas que implicaban la cúpula directiva de la principal sociedad de autores española y que han provocado la dimisión de su presidente, Teddy Bautista, eran públicas y estaban al alcance de todos en internet.

21-07-2011 – Tejerina es una mujer de carácter, que sabe explicar las cosas claras, y que no se baja de su posición cuando se trata de defender a los usuarios antes las grandes compañías de telecomunicaciones o de criticar las leyes que el Ministerio de Cultura ha creado para controlar los derechos de autor en Internet.

Según la abogada de la Asociación de Internautas ya “es hora de que se tengan en cuenta otros modelos de negocio para los creadores de la cultura, más en sintonía con lasociedad de la información”.

La Asociación de Internautas (AI) fue quien denunció, por primera vez, la trama de corrupción de la SGAE. ¿A partir de qué pistas?

De unas noticias publicadas en el diario “Público” y “El Economista”, en 2007, sobre una trama empresarial relacionada con la SGAE. La AI estudia el caso y decide ir más allá. Se contacta también con el músico Luis Cobo “Manglis”, que hacía tiempo que denunciaba estas irregularidades. El caso me llega como abogada de la asociación y después de una investigación a través de Internet localizo unos datos que demuestran la trama de corrupción.

¿Estaban en Internet los datos?

Sí. Encuentro una relación directa de cargos directivos de la SGAE con empresas privadas donde se reconoce que más del 90% de su trabajo se hace con la gestora de autores. Si añadimos que el administrador único de la empresa privada, al hacer el registro del dominio de internet, utiliza los servidores, el correo electrónico y el domicilio social de la SGAE, esto son suficientes pistas para formalizar la denuncia. Entonces, Víctor Domingo, presidente de la AI, propone en noviembre de 2007 a otras asociaciones que nos quieran apoyar. Es cuando se añaden Apemit (asociación de pequeñas y medianas empresas de informática) y Vache (asociación de hosteleros afectados por el canon digital), como co-denunciantes.

De eso hace casi cuatro años …

Nosotros esperábamos una respuesta de la fiscalía en seis meses, pero no. En 2008, y luego en 2009, presentamos dos recordatorios. Finalmente, en marzo de 2010, tenemos noticias de que ha iniciado una investigación y que se ha puesto en manos de un juzgado. En ese momento se ponen en contacto con Josep Jover, representante de APEM, y él presenta nuevas pruebas para poner dos denuncias en contra de la SGAE.

Ha comentado que las pruebas que la llevaron a formalizar la denuncia las encontró en Internet. ¿Cualquier persona las podría haber encontrado?

Uno de los objetivos de la asociación era conseguir información que estuviera al alcance de todos para que nadie pudiera decir que teníamos acceso a un lugar reservado. Y esto niega las declaraciones de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, cuando dice que el Ministerio no tenía noticias de lo que estaba pasando para llegar a los datos que inculpaban la SGAE. Podían haber puesto en manos de la Fiscalía Anticorrupción, como lo hicimos nosotros, que investigara. Y no lo hicieron.

¿Por qué cree que el Ministerio de Cultura no lo hizo?

No tengo ni la más remota idea. Es cierto que González-Sinde no ha sido siempre la ministra de Cultura y estos fraudes se cometían antes, porque Microgénesis funcionaba desde 1998. Otros ministros han tenido la responsabilidad y tampoco lo hicieron. El juez reconoció que Teddy Bautista, presidente de la SGAE, no puede alegar desconocimiento de la trama por la gran publicidad que se hizo con la denuncia de 2007. Y en 2009 llega la señora Sinde: es muy difícil creer que no tenía noticia de lo que estaba pasando. Ahora ya se sabe que el Ministerio de Industria facilitó a la SGAE y, sus empresas parasitarias, 5,3 millones de euros. Si está justificado o no, a la AI se nos escapa porque no olvidemos que representamos una agrupación de ciudadanos y hay mucha información a la que desgraciadamente no accedemos.

Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer ante un caso como éste?

Pedir explicaciones a los organismos públicos.

Visto desde la lejanía de los hechos, ¿como es posible que la SGAE dejara estas pruebas abiertas en Internet?

Después de todas las pruebas que los inculpan y tiene el juez y, sabiendo que había indicios a la vista de todos, además del tiempo que hace que nadie les detiene, a nosotros sólo nos viene una pregunta en la cabeza: ¿esto ha pasado porque les han dejado hacer? La Asociación de Internautas no era el organismo indicado para abrir esa puerta. Si lo hemos hecho es porque nadie lo estaba haciendo.

¿Quién la tendría que haber abierto?

Los organismos públicos responsables, por ley. En primer lugar, el Ministerio de Cultura. Tampoco se puede trasladar esta responsabilidad a las comunidades autónomas. Nos entristece haber sido nosotros, porque se podría haber evitado que afectara a mucha gente que lo pasará mal y que serán imputados.

¿A qué gente se refiere?

Hablo de imputados o de responsables políticos que se verán involucrados indirectamente en el caso, personas que los periódicos ya citan con nombres y apellidos.

En este caso, hay un baile de cifras sobre los millones de euros estafados. En un principio eran 4 millones, pero Josep Jover habló de 400. ¿Cuál es la posición de la AI?

La opinión de la AI es muy clara: tenemos un documento del juez que menciona 27 millones de euros. Habla de otras cifras, que podrían alcanzar los 50 millones de euros, pero no es seguro del todo. Más allá de eso, no nos atrevemos a dar otra cifra. Respetamos la opinión de otros co-denunciantes pero no es nuestra voz.

Esta semana el Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno español a suprimir el canon digital y sustituirlo por otras fórmulas “menos arbitrarias” y “más justas y equitativas”. ¿Se debería haber hecho antes?

Por supuesto. Denunciamos el canon digital desde antes del 2003. En esta fecha Asimelec-una asociación de empresas de tecnología-, junto con la SGAE y otras gestoras, firman un acuerdo privado por el que entienden que el canon digital (que es una compensación por copia privada que establece la ley de propiedad intelectual) se cobrará imponiendolo a todo tipo de soportes capaces de hacer copia de obras protegidas por derechos de autor. Este es un acuerdo muy lucrativo que recauda millones de euros.

¿Y por qué se permitió?

En teoría, para evitar el cruce de demandas judiciales que está poniendo la SGAE y otras gestoras contra empresas productoras de dispositivos digitales.

¿Cómo ha evolucionado hasta hoy el tema del canon digital?

En 2006, se modifica la ley de propiedad intelectual que asume este acuerdo privado. Desde entonces, la AI estamos diciendo que vulnera el derecho comunitario. Lo planteamos a la Comisión Europea y esperamos respuesta. Por suerte, la plataforma Todos contra el Canon-creada a raíz de las protestas-considera que hay que hacer un informe judicial del tema. Aquí participan asociaciones como AI, APEMIC, Usuarios de Internet, etc. Josep Jover lleva el caso de la tienda Traxtore, con Ana M. Méndez, al Tribunal Constitucional Europeo y este reconoce que la interpretación del canon digital que se está haciendo en España no es correcta.

¿ Se sabe cuánto se ha recaudado en estos años?

Se está recaudando más de lo que se debería. Son millones de euros … La Asociación de Internautas ha presentado un estudio, con datos oficiales, de cifras de presupuestos de administraciones, de empresas de tecnología, de autónomos, de consumidores, etc. Multiplicamos esto por los datos de canon digital que se nos impone desde 2008, por orden ministerial, y llegamos a la conclusión de que se pueden llegar a recaudar más 200 millones de euros al año.

Quiere decir que se han recaudado ya … ¿Y donde han ido a parar esos millones?

No lo sabemos a ciencia cierta si se han recaudado o no. Nosotros hemos hecho los números y nos dan estos resultados. Y van a parar a todas las sociedades gestoras de autor, especialmente la SGAE.

La ministra de Cultura señaló que la actual ley de propiedad intelectual, aprobada con el PP en 1997, es la causa de la situación actual de la SGAE. ¿Qué opina de estas declaraciones?

No tiene ningún sentido. Porque desde 2003 se están haciendo mal las cosas. Si tenemos en cuenta que la ministra actual tiene conocimiento de todo esto y no ha hecho nada, no nos sirve.

También ha pedido una auditoría pública de todas las gestoras de derechos de autor. ¿Qué cree que se conseguirá?

Yo desconfío plenamente de esta auditoría porque es lo que debería haber hecho hace años.

¿Quién la debería hacer esta auditoría entonces?

¿En el estado de derecho en que vivimos? Sólo el juez. Aquí se han mezclado canon digital, subvenciones, fondos de la SGAE gestionados de manera poco transparente, etc.

¿Qué opinión le merece la “Ley Sinde”?

Es una ley de la era de los Picapiedra. Tenemos los Picapiedra regulando Internet porque los preceptos aplicados no se pueden aplicar. No entienden cómo funciona la red. No olvidemos que la “ley Sinde” regula un procedimiento para eliminar contenidos de Internet pero se están saltando todas las bases constitucionales del estado de derecho. No lo decimos sólo nosotros. Expertos juristas, de reconocido prestigio, se han mostrado en contra. Uno de ellos es Andrés de la Oliva Santos, quien dijo en su blog: “¿Hay alguien que entienda de derecho en el Parlamento español?”.

Según usted, ¿qué derechos vulnera esta ley?

Va en contra de la libertad de expresión porque tal como está redactada no permite la intervención de un juez en el fondo de la cuestión. Una administración pública determinará cuando se debe eliminar contenido. El juez dirá: “Me han dicho que hay que cerrar esta página. Y tengo un tiempo limitado para hacerlo. Que se cierre”. No entrará a valorar la orden de cierre. Pero es que ya se han detenido a dos personas, creadores de páginas web con enlaces cuando había sentencias judiciales que decían que no era delito tenerlas. ¿Cómo es posible que se permita esto sin indicios de delitos y con detención? ¡Es escandaloso!

Wikileaks reveló que esta ley se gestó con presiones de “lobbies” norteamericanos, representantes de las industrias audiovisuales. Cree que esto es cierto?

A nosotros nos llegó que la AI estaba citada en unos cables de Wikileaks respecto a una reunión que tuvo el Ministerio de Cultura con la presidencia del gobierno estadounidense, bajo el título “Ley Sinde”. Sabemos que España recibe presiones para aprobar esta ley.

Hace unos meses entrevisté Simona Levi, activista y miembro de la eXgae, y dijo: “A la SGAE le quedan 4 días”. Después de lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿qué opina usted?

Quiero ser positiva. Espero que las sociedades de gestores de autores reestructuren las jerarquías organizativas, los estatutos internos de funcionamiento, las competencias, etc. De modo que estas sociedades velen realmente por los derechos de los autores. Pero la experiencia me dice que no se hará.

¿La AI tiene sugerencias de cómo deberían ser estas gestoras de derechos de autor?

Lo hemos hecho con un informe. Pero … es que no somos nosotros los que tenemos que encontrar el modelo de negocio para los autores en este siglo, sino el Ministerio de Cultura. Ese es su trabajo.

¿Alguna idea por eso?

¿De cómo se puede hacer? Son los autores los que lo tienen que decir. El año pasado estuve en Bruselas, en unas charlas sobre nuevos modelos de negocio de la propiedad intelectual y ya decían que no debe ser obligatorio asociarse para cobrar sus derechos, que pueden difundir por Internet y pedir el precio que estimen. Y que no todo tiene que costar igual, se pueden acondicionar las salas de cine más atractivas con precios variables según la película; publicar obras gratuitamente; que el Ministerio nos dé un listado de lo que es de dominio público, la gente tiene derecho a esta cultura también, ¿por qué no lo conocemos?

Se hablaba de poner un canon para el ADSL …

¡Chorradas! Por la misma regla de tres, debería pedir a los autores un canon por utilizar una tecnología, Internet, para difundir su obra como se hacía antes en la radio. ¿Lo hacemos? ¿Quién paga entonces los contenidos?¿ Los autores, los usuarios, los proveedores de Internet? Se necesita un equilibrio y debe buscar el Ministerio de Cultura.

De todos modos algunos autores ya están encontrando salidas nuevas …

Claro, estamos asistiendo a un momento de cambios en Internet, en las fórmulas de ver la propiedad intelectual que nos llevarán hacia ese equilibrio que mencionaba. Quico Veneno ya ha reconocido haber llegado tarde a los cambios tecnológicos en un manifiesto. Pero tenemos los casos de Joan Feliu, del dúo de pop Vacabou o el de Mari, la cantante de Chambao que están demostrando que pueden vivir de sus conciertos y no tanto de la venta de discos. Alaska se pronunciaba en contra del canon hace mucho tiempo. El equilibrio nos lo están mostrando los mismos autores ya.

internautas.org

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