Declaran nulo el canon que la SGAE cobraba a los videoclubs

Videoclub Un joven mira películas en un videoclub. (Angela Rutherford)

  • La SGAE establecía las tarifas en función de los metros cuadrados de los locales.
  • La Asociación Asturiana de Videoclubs presentó una demanda y han ganado.
  • La Sociedad General de Autores y Editores dice que no está claro que la sentencia pueda aplicarse a toda España ni que las devoluciones tengan carácter retroactivo.
D.G.. 15.09.2011 – 10.04h
El juzgado de lo mercantil número 1 de Oviedo ha fallado a favor de la Asociación Asturiana de Videoclubs en un caso que los enfrentaba a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por el pago de un canon que grava el alquiler de soportes de grabaciones audiovisuales.La asociación pedía la anulación del método de cálculo de la tarifa que debían pagar, ya que se fijaba en función de los metros cuadrados de los locales sin tener en cuenta otros factores como el volumen de negocio.

El juez ha estado de acuerdo en que se estaba aplicando una tarifa que no era equitativa y que el procedimiento empleado hasta ahora suponía una“simplificación excesiva de la realidad”. El magistrado también ha señalado el perjuicio que supone este canon para un negocio que ya se ha visto muy afectado en los últimos años por culpa de la piratería.

De este modo, se ha sentenciado “la nulidad de pleno derecho de las tarifas generales fijadas por la SGAE a partir del año 2005 y hasta la actualidad para el alquiler de soportes de grabaciones audiovisuales, imponiendo a la demandada las costas en primera instancia”.

El abogado de la parte demandante, Gonzalo Botas, estima que tras esta sentencia la SGAE tendrá que devolver más de 36 millones de euros a los 3.000 videoclubs que hay repartidos por todo el territorio nacional. Dicha cifra sería mucho más alta si se tienen en cuenta todos los videoclubs que han cerrado desde 2005.

Sin embargo, la SGAE dice que no está claro si esta sentencia debe aplicarse a toda España y si ha de hacerse de manera retroactiva. “No tenemos claro que sea de obligado cumplimiento en todo el Estado, es algo que se está analizando. Además,tenemos dudas jurídicas sobre la retroactividad de la medida”, dijo un portavoz de la sociedad.

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