Quieren presas en Chile con tendido por Argentina

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2011 08:44

Piñera le encomendó a Laurence Golborne y Rodrigo Alvarez que iniciaran gestiones con la Casa Rosada para crear un marco regulatorio que facilite que la megacentral de HidroAysén pase por la pampa argentina. La empresa rechaza la iniciativa, que surge en momentos en que La Moneda apuesta por atrasar el proyecto y no pagar el alto costo de impulsarlo en plena campaña municipal.

Fuente: diario La Tercera

18/10/2011. En el despacho del ministro de Planificación argentino Julio De Vido cuelga un gran mapa de Sudamérica y en el centro hay una mesa redonda de madera que apenas da espacio a un elegante mueble biffé. El 15 de agosto, el hombre fuerte del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández se sentó a un lado de los ministros del MOP, Laurence Golborne, y de Energía, Rodrigo Alvarez, para abordar los avances en infraestructura en 14 pasos fronterizos de ambos países y conversar un punto de la agenda que se manejaba bajo absoluta reserva en La Moneda: la posibilidad de forjar un acuerdo bilateral en torno al proyecto de HidroAysén.

Golborne era un viejo conocido para De Vido. Lo ve desde la época en que era gerente de Cencosud y viajaba permanentemente a Buenos Aires. En los meses en que estuvo al mando de la cartera de Energía, entre enero y julio de este año, estuvo en permanente contacto con él. Las conversaciones apuntaban a retomar las gestiones del ex ministro Ricardo Raineri, que pasaban por analizar la situación eléctrica bilateral, la interconexión entre ambos países y crear un marco regulatorio para la integración energética.

Las tratativas de Golborne con De Vido se enmarcaban en una reservada misión que le había encomendado el Presidente Sebastián Piñera: establecer las condiciones para facilitar que parte de la línea de transmisión de HidroAysén se construya por el sur de Argentina. El ministro argentino ha puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar un acuerdo energético, donde Argentina abastezca a Chile de gas a través de la central Salta -ubicada a la altura de Antofagasta- y Buenos Aires se beneficie de la energía de HidroAysén.

Se trata de un swap eléctrico entre ambos países, donde el tendido de transmisión de la megacentral cruce desde los ríos Baker y Pascua a la provincia transandina de Santa Cruz y recorra la pampa argentina hasta llegar al paso fronterizo Pino Hachado, en la IX Región. En ese punto se conectaría con una central que trasladaría la electricidad hacia Buenos Aires y el trazado regresaría a Chile, lo que permitiría que las torres de alta tensión no se instalen en lugares turísticos ni protegidos desde la Undécima Región hasta las proximidades de Temuco. “Es hidroelectricidad por gas”, señalan en el gobierno.

La integración energética es una de las prioridades para De Vido, quien viajará a Chile tras las elecciones transandinas del 23 de octubre y sellará en Santiago una serie de acuerdos de interconexión vial con el embajador Adolfo Zaldívar, otro de sus viejos conocidos en Chile. La jefa de Estado contempla visitar La Moneda antes de diciembre.

Piñera ya tenía previsto abordar la situación de HidroAysén con Fernández cuando la mandataria contemplaba viajar a Santiago para Fiestas Patrias. La gobernante canceló esa vez su viaje, pero el Presidente no bajó su plan y le encomendó al sucesor de Golborne en Energía, Rodrigo Alvarez, continuar con las gestiones con Argentina

En los cálculos de Piñera existen varias razones para explorar esa alternativa. La empresa pretende presentar su propuesta al Sistema de Evaluación Ambiental en marzo de 2012. Se trata de una línea de 2.400 kilómetros que atraviesa 66 comunas en nueve regiones y que contempla seis mil torres de 60 a 70 metros de altura, que pasa por áreas protegidas privadas y del Estado.

Un tendido eléctrico de esa magnitud, señalan en el gobierno, puede generar un fuerte ruido político y ciudadano en la víspera de las elecciones municipales de octubre del próximo año. Ya en la víspera del 21 de mayo pasado, cuando el gobierno defendía con fuerza el proyecto y apelaba a la crisis de abastecimiento energético del país, un movimiento sin líderes visibles y al margen de la clase política se había tomado la agenda por asalto, lo que terminó en las primeras movilizaciones callejeras en contra del gobierno de Piñera y una caída en las encuestas. El 74% rechazaba HidroAysén y el fenómeno del malestar ciudadano, para muchos analistas, había explotado a raíz de un conflicto medioambiental.

De acuerdo con sus cercanos, el Presidente estima en líneas gruesas que mientras en Chile la línea transmisora atravesara territorio turístico y mapuche en Argentina podría instalarse a través de la pampa. No sólo eso. También estima que se puede lograr un acuerdo energético de beneficio mutuo y legalmente “blindado” con Argentina. Vale decir, que entregue beneficios e implique costos para ambos países en caso de incumplir los contratos y que cuente con restricciones claras, para así no repetir la amarga experiencia de Eduardo Frei: la transgresión a los acuerdos gasíferos que selló con Carlos Menem en los 90.

Más allá de las precauciones y reparos la única herramienta con que cuenta el gobierno, pasa por crear condiciones legales y diplomáticas que posibiliten que el tendido se realice a través de la pampa argentina u opere el swap. La decisión final está en manos de la empresa, que se opone tenazmente a la posibilidad. No sólo por un tema de costos. Entre los altos ejecutivos de HidroAysén existe la convicción de que el riesgo de invertir en Argentina es más alto, tanto desde el punto de vista político como estratégico.

De hecho, cuando Daniel Fernández asumió en abril del año pasado como vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, una de las primeras decisiones que adoptó fue pedir revisar los análisis hechos sobre Argentina y, tras estudiarlos, desechó esta opción. A fines de 2010 fue sondeado por el gobierno sobre esa alternativa, la que rechazó.

El ministro Golborne también tiene la impresión de que mirar hacia Argentina es inviable, lo que representó en su momento a Piñera tras sus conversaciones con De Vido. El actual titular de Energía tampoco es partidario de esta alternativa, pese a que el trazado por la pampa es técnicamente viable.

El 20 de junio pasado, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt paralizó el proyecto de HidroAysén, al declarar admisibles recursos de protección presentados por los senadores Antonio Horvath, Guido Girardi y los diputados Patricio Vallespín y Enrique Accorsi, junto a organizaciones medioambientales. El jueves, sin embargo, el mismo tribunal falló en contra del fondo de los siete libelos y dejó el caso en manos de la Corte Suprema

En La Moneda estiman que el plazo de resolución del máximo tribunal será marzo de 2012. Y que tras el dictamen se convocaría el Comité de Ministros -compuesto por Medio Ambiente, Salud, Agricultura, Economía y Energía y Minería- que deberá tomar la decisión final respecto a aprobación o rechazo de HidroAysén, que sólo por parte de sus retractores tiene más de mil observaciones.

En el gobierno ya se aprontan a enfrentar ese escenario. Una de las posibilidades apunta a elevar los estándar que ofrece HidroAysén y exigir que la transmisión no afecte lugares turísticos. Para ese efecto deberían aumentar la línea submarina -hoy están proyectados 160 kilómetros entre Chaitén y Puerto Montt- y apuntalar la transmisión subterránea. Una solicitud de esa naturaleza, de acuerdo con los cálculos de la empresa, podría hasta cuadruplicar los costos del proyecto y sólo generaría mayor impacto en las zonas intervenidas.

La decisión es compleja. La central implica una inversión de US$ 4 mil millones y un soporte energético del país a partir de su entrada en vigencia, contemplada para 2020. Chile necesita duplicar su producción energética en los próximos 10 años y, por este motivo, el gobierno puso todas sus fichas en el proyecto todo el primer semestre, al punto de que la oposición acusó presiones para que la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de la Undécima Región lo aprobara.

Ahora, cuando el gobierno comienza a detener la sangría en las encuestas y se enfrenta a una agenda difícil, marcada por el conflicto estudiantil, una alta fuente de gobierno resume el diagnóstico político de la administración piñerista frente al proyecto. “Lo ideal es que se atrase y todas las decisiones sobre HidroAysén sean tomadas por el próximo gobierno, porque de otro modo el tema estará abierto en medio de las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales”.

En La Moneda afirman que la decisión es esperar con calma los procesos judiciales y no apretar el acelerador para dar vía rápida al proyecto, pues el Ejecutivo no está en condiciones de abrir más flancos.

A los obstáculos que advierten en La Moneda se suman los de Patagonia Sin Represas, que que independiente del próximo fallo de la Corte Suprema ya preparan su propia ofensiva legal. La batalla del grupo estará enfocada en la línea de transmisión de la megacentral, pues, a su juicio, es ahí donde HidroAysén tiene su punto más débil.

De no tener éxito por la vía judicial, los opositores al proyecto recurrirán la Corte Interamericana de DDHH. Están conscientes de que esa jugada no tiene efectos en las obras de HidroAysén, pero su objetivo es remecer por todas las vías el escenario político.

Altas fuentes de La Moneda afirman que la única forma de evitar la judicialización del proyecto de HidroAysén es lograr un acuerdo político con la Concertación, que permita una ley sobre carretera eléctrica, donde las expropiaciones y permisos de servidumbre sean tramitados por el Estado.

En el propio gobierno, sin embargo, están conscientes de que la posibilidad de que la Concertación acepte pagar el costo político de respaldar la carretera eléctrica es baja. Y que el proyecto tiene una difícil viabilidad.

Fuente: noalamina.org

El juicio contra Camps y Costa será el 12 de diciembre

Camps y Costa serán juzgados por un presunto delito de cohecho pasivo impropio, acusados de haber recibido regalos de firmas de la trama Gürtel en Valencia.

nuevatribuna.es | | Actualizado 18 Octubre 2011 – 15:23 h.

El juicio contra el ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y diputado en las Cortes, Ricardo Costa, por el conocido como ‘caso de los trajes’ dentro del caso Gürtel comenzará el próximo 12 de diciembre, a las 10 horas, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), después de las elecciones generales.

Así consta en un auto -firmado por el magistrado presidente del tribunal del jurado, Juan Climent- con fecha de este martes contra el que no cabe recurso alguno, en el que también se indica que el sorteo para elegir a los 36 miembros jurado popular será el 26 de octubre a las 9.15 en vista pública en Ciudad Justicia.

La Fiscalía Anticorrupción pide para ambos una multa de 41.250 euros, mientras que el PSPV -acusación popular- eleva la petición hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación, aunque también contempla tres escenarios alternativos para los cuatro imputados que incluyen multa o inhabilitación.

En esta causa ya han sido condenados otros dos acusados, el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, y el que fuera jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, quienes mostraron su conformidad con los hechos que se les imputaba y aceptaron pagar una multa de 9.600 euros.

Según recoge Climent como hechos enjuiciables, la entidad Orange Market S.L., gestionada en Valencia por Álvaro Pérez, se dedicaba a la organización de actos para el PPCV. Aparte de los encargos que le hiciera este partido, a partir del año 2005 le fueron adjudicados por parte de diferentes organismos de la Generalitat numerosos contratos de muy variado objeto y, en particular, el que anualmente se convocaba con motivo de la instalación del pabellón de la Generalitat en la feria de Fitur, así como en otras ferias denominadas TVC, Expovacaciones, SITC e Intur. El importe de estas contrataciones ascendió, en el año 2005, a 1.748.839,19 euros; en 2006 a 1.174.767,17 euros; en 2007 a 1.325.741,44 euros; en 2008 a 1.714.860,26; y en 2009 a 953.172 euros.

Según sostiene el magistrado, Orange Market estaba relacionada con un grupo de sociedades dedicadas a la inversión especulativa y a la prestación de servicios que gestionaba Pablo Crespo y que dirigía y contrataba Francisco Correa desde una oficina de la calle Serrano de Madrid. Entre estas sociedades figuraban las denominadas Easy Concept Comunicación S.L.; Diseño Asimétrico S.L.; Good&Better S.L.; y Servimadrid Integral S.L.

CUENTA A NOMBRE DE PÉREZ

Álvaro Pérez solía frecuentar con Pablo Crespo un establecimiento de prendas de vestir de la cadena Milano, en las que les atendía normalmente su director comercial, el sastre José Tomás. Tal y como recoge el auto, Pérez y Crespo llegaron a convenir con Tomás que las compras que hicieran, bien para sí, bien para otras personas a quienes acompañaran, no les fueran cobradas en caja y se anotaran en una cuenta abierta a nombre de Pérez. Luego Crespo saldaba el importe, bien en metálico, bien por transferencia o mediante cheques librados con cargo a la cuenta de algunas de las sociedades del grupo.

Cuando Tomás, después del verano de 2006, se fue a trabajar como director de la cadena de establecimientos comerciales denominados Forever Young, con locales abiertos en la ciudad de Madrid, siguió manteniendo con Pérez y Crespo la misma relación y el mismo modo de actuar que ya habían utilizado en Milano. El propósito al que obedecía la asunción de esos pagos de prendas elegidas por terceros era el de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor, de las personas así obsequiadas.

Así, a lo largo de los años 2005 a 2008, los presuntos cabecillas de la trama asumieron el pago del precio de varias prendas, así como de calzado. Estas fueron entregadas en Valencia, bien en los domicilios de Camps o de Costa, en la sede de Orange Market, o en el domicilio de Pérez.

La acusación pública concreta los regalos recibidos por Camps y Costa. En concreto, atribuye al primero al menos cinco trajes y tres americanas entre finales de 2005 y septiembre de 2006 por importe de 5.600 euros adquiridos en Milano; cinco trajes y tres pares de zapatos entre finales de 2006 y julio de 2007 por 5.393,5 euros, adquiridos en Forever Young; y dos trajes, una americana y dos pares de zapatos, valorados en 2.680 euros, también de este último establecimiento.

Por su parte, indica que Costa recibió al menos tres trajes entre enero y agosto de 2006 por valor de 2.400 euros adquiridos en Milajno, y seis pantalones y un traje entre finales de 2006 y julio de 2007 por importe de 4.925 euros de Forever Young. La acusación cuantifica los regalos de ambos en 14.14.021,50 euros en el caso de Camps; y de 7.325 en el caso de Costa.

Salvo cuatro trajes procedentes de Milano que Camps devolvió a Tomás porque consideró que no le venían bien, todas las demás prendas elegidas y encargadas fueron recibidas y aceptadas por ellos a sabiendas de quién asumiría el pago de su importe, según recoge el magistrado en el auto.

La persona que realizaba el pago de las prendas obtenía de José Tomás la emisión de facturas por conceptos diferentes de los realmente adquiridos, pero por igual importe que el efectivamente satisfecho, con la finalidad de poder justificar aquellos pagos en las cuentas de las empresas del grupo que sumían el coste de los regalos.

PRUEBAS

Climent decide en su escrito admitir las pruebas propuestas por las partes en sus respectivos escritos de acusación y defensa, y en los escritos de cuestiones previas por ser todas ellas “útiles” y “pertinentes”, con algunas precisiones. Respecto a las solicitadas por el fiscal, acepta los informes de la UDEF; el informe de 29 de noviembre de 2010 de la División de coordinación económica y técnica de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil; o los documentos originales de los documentos de pago y tiques de Eduardo Hinojosa, propietario de Forever Young.

En cuanto a la prueba propuesta por el letrado de Camps, el magistrado ha decidido no incluir unas conversaciones telefónicas intervenidas a los considerados cabecillas de la trama que el abogado creía que beneficiaban al cliente, y que han sido declaradas nulas en diferentes ocasiones.

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Fuente: nuevatribuna.es

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