Familia en Chihuahua acusa a la policía de desaparición forzada: AI

 | 23 de septiembre de 2011 a las 19:55

Una familia de Chihuahua lleva tres meses buscando a ocho de sus familiares. Todos ellos “desaparecidos” desde el 19 de junio a las 21:30 horas, cuando un comando armado interrumpió los festejos que realizaban por el día del padre. Vestidos con uniformes de color negro, el comando ordenó a todas las mujeres y niños tumbarse boca abajo, con la cara pegada al suelo, de tal forma que no vieran lo que ocurría. Los seis uniformados esposaron a todos los hombres presentes después de propinarles una golpiza, sacándolos por la fuerza y empujándolos al interior de los 10 vehículos en que arribaron.

A pesar de que estaban amenazadas, varias de las mujeres presentes en la reunión observaron que en al menos uno de los uniformes se podía leer: “Policía Federal. El resto de los uniformados —al igual que los vehículos que llevaron—, no portaban identificación de algún tipo que pudiera adscribirlos a alguna dependencia. Las mujeres declararon que todos portaban armas largas, como las AK-47 y se comunicaban mediante radios de onda corta con códigos similares a los que utilizan las agencias de policía mexicana.

Una de ellas logró escapar mientras se realizaba el asalto. Telefoneó a la línea de emergencias de la policía municipal, pero la ayuda nunca llegó. En su lugar, horas más tarde, se apareció una patrulla buscando a la mujer que emitió la alarma. A ninguno de estos hombres se les ha vuelto a ver desde entonces. A la fecha han levantado su denuncia en la comisiaria local, la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua, e incluso con la Comisión de Derechos Humanos de dichos estado. Sin embargo, en ninguna de las dependencias han atendido su solicitud. Incluso, cuando levantaron su denunciar ante la Fiscalía General, la dependencia se negó a asentar que una de las mujeres había visto que al menos uno de los hombres portaba un uniforme de la Policía Federal.

Amnistía Internacional ha recogido el caso de esta familia, donde son considerados como víctimas de desaparición forzoda:

  • Toribio Jaime Muñoz González
  • Guadalupe Muñoz Veleta
  • Jaime Muñoz Veleta
  • Oscar Muñoz Veleta
  • Hugo Muñoz Veleta
  • Nemesio Solís González
  • Luis Romo Muñoz
  • Oscar Guadalupe Cruz Bustos

En el sitio web de Amnistía Internacional puedes firmar un petición para enviársela al gobernador de Chihuahua, César Duarte Juárez, exigiendo que se esclarezca el paradero de estos ocho hombres y los motivos de su detención. Las familiares de estas ocho personas consideran que se trata de una represalia por parte de elementos policiacos, pues cinco horas antes de la desaparición forzada, la familia Muñoz tuvo un altercado con la policía municipal cuando un hombre comenzó a disparar cerca de su casa y los uniformados se negaron a atender el caso por ser amigos de esta persona.

Imagen: Revista Fusión

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Fuente: vivirmexico.com

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Sábado, 28.05.2011

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Fuente: paper.li/JaumeSatorra

Amnistía Internacional y su informe 2011: “El estado de los derechos humanos en el mundo”

Martes, 17 mayo de 2011

Uno de los énfasis relacionados con las falencias en Chile, dice relación con los derechos sexuales y reproductivos

Después de un año particularmente agitado en todo el mundo, Amnistía Internacional (AI) celebró sus 50 años de existencia en el mundo y reveló en su informe anual, sus preocupaciones en materia de derechos humanos.  También destacó las contribuciones de Wikileaks y del Internet en la batalla de la defensa de los derechos humanos. 2011 es un año importante para la organización que saluda los movimientos ciudadanos, pero sigue atento por la represión que sufren los activistas de los derechos humanos.

El papel crucial que ha jugado Internet en la lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión es destacado por AI. “Información es poder: Para los que desafían los abusos de poder por parte de los gobiernos y otras instituciones, es un momento emocionante”, declaró Salil Shetty, secretario general de la organización. Facebook Twitter son honrados por su papel en las revoluciones árabes, pero sobre todo Wikileaks, que abrió un nuevo espacio para la circulación de la información independiente,100 mil documentos relativos a la guerra en Afganistán salieron en julio de 2010, otros 400 mil sobre la guerra en Iraq en octubre del año pasado y 220 despachos diplomáticos confidenciales de la diplomacia estadounidense, que causaron una “onda de choque” en todo el mundo, dice Amnistía.

ACTIVIDAD EN CHILE SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME

En el marco de la presentación del informe anual y del aniversario de la organización, que en 2011 cumple 50 año de existencia, se realizó una conferencia en la Universidad Alberto Hurtado, con la presencia de Hernán Vergara Leiva (Presidente de Amnistía Internacional Chile), María Pastora Sandoval (Periodista digital) y César Baeza Hidalgo (editor de El Ciudadano).

En Chile se registra un crecimiento de la criminalización y de la penalización de las protestas sociales. Los panelistas insistieron en el compromiso en los diferentes movimientos para defender los derechos humanos. Baeza citó ejemplos de las movilizaciones en contra de HidroAysén, el caso de los presos políticos mapuches en huelga de hambre desde 64 días , o los imputados del llamado Caso Bombas y enfatizó en que es un momento en que aún las luchas por reivindicar derechos está muy fragmentada enChile, pero que hay un descontento que tiene que ver con una forma de hacer las cosas y no se debe sólo a este Gobierno, sino que se arrastra desde los anteriores.

Los movimientos actuales que se desarrollan en todo el país demuestran por un lado la necesidad de  preservar los derechos actuales pero por otro lado conquistar nuevos, o derogar las leyes que van en contra del derecho de un ser humano, como es el caso de la Ley Antiterrorista, que se ha usado para criminalizar a comuneros mapuche o en el caso llamado Bombas, en Chile.

Jóvenes activistas de la organización internacional, de diversas nacionalidades (alemana, francés y una chilena), manifestaron su indignación no solamente de la represión actual de las protestas en el país sino también de la falta de respeto de los derechos humanos, según declararon a la salida del evento.

Todavía hay serias trabas por la vigencia de leyes incompatibles con obligaciones de derechos humanos, una cultura institucional basada en normas del pasado que persiste en algunos sectores de los órganos del Estado chileno, aseveró Vergara.

En el capítulo del informe sobre Chile, Vergara señaló que se reconocen como avances la apertura al público del Museo de La Memoria, la creación del Instituto de Derechos Humanos, la reforma legal que impide que civiles sean juzgados en tribunales militares y el reconocimiento de errores por parte de Carabineros en el uso de gases lacrimógenos y carros lanza aguas.

Sin embargo, el informe precisa que persisten problemas en cuatro áreas: Pueblos indígenas, Impunidad, Discriminación de las personas por su orientación sexual, y en temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos.

Más información: Video informe 2011 de Amnistía Internacional

Por Nicolás Loonis

Fuente: El Ciudadano

AI acusa a España de vulnerar el “derecho humano” a la vivienda

Cañada Real Galiana Supuestamente viven en la Cañada entre 25.000 y 40.000 personas. (Archivo)

  • Denuncia la indefensión de miles de familias, en riesgo de perder su casa.
  • Exige el fin de los desalojos forzosos en España.
  • Los desalojos forzosos, que se realizan sin protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional.
AGENCIAS. 30.04.2011 – 09.21h
La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están “indefensas” ante “una vulneración muy grave” de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna no es considerado derecho fundamental, sino que se encuentran en una “segunda categoría”, al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos.

Esta es una de las principales conclusiones del informe‘ Derechos a la intemperie. Dificultades para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España’, presentado por Amnistía Internacional.

En el documento se recogen las alertas que desde diferentes organismos internacionales se venían lanzando sobre la situación de la vivienda en España. Así, en 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos.

“Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos. Estas personas, además de quedarse sin hogar, sin duda, verán como sus condiciones de vida empeoran”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, durante la presentación del informe.

Desalojos forzosos y sin protección legal

Amnistía Internacional recuerda que los desalojos forzosos, que se realizan sin protección legal y sin otras garantías, están prohibidos por el derecho internacional y son considerados como graves violaciones de derechos humanos.

Según Esteban Beltrán, la privación del acceso a las personas a una vivienda digna así como a una sanidad pública universal son ejemplos de “violaciones de los derechos humanos” de igual calado que la falta de libertad o de expresión.

Según Amnistía, ni siquiera la Constitución española otorga a los derechos económicos, sociales y culturales, a excepción de la educación, las mismas garantías de protección que respecto a otros derechos. Estos derechos son considerados como principios rectores dependientes de leyes específicas, con el problema de que no están siendo recogidos por las legislaciones de las distintas administraciones.

En la presentación del informe se ha hablado también de los asentamientos de la Cañada Real Galiana, en Madrid, en donde supuestamente viven entre 25.000 y 40.000 personas, que podrían ser desalojadas de sus viviendas “sin ningún tipo de garantías”, según ha advertido el abogado Javier Rubio, responsable legal de algunas de esas familias.

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20minutos.es

Francia: La mujer no será ahorcada

Última actualización 04.11.2010 02:14

CONDENA EN ESTUDIO: Sakineh Mohammadi Ashtiani es acusada de adulterio.

Una mujer iraní acusada de adulterio no se ejecutará, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, dijo, citando una conversación telefónica con su homólogo iraní.

grupo humano con sede en Alemania los derechos de la Comisión Internacional contra la lapidación, dijo el martes Sakineh Mohammadi Ashtiani serían ahorcados el miércoles en lugar del empedrado, aunque las autoridades iraníes han negado a comentar sobre el tema.

pena de lapidación Ashtiani fue suspendido a principios de este año después de destacadas figuras políticas y religiosas llamaron medieval, bárbara y brutal. Brasil, un aliado cercano de Irán, se ofreció a dar a la madre de 43 años de edad, de dos de asilo.

“Manouchehr Mottaki, me aseguró que las autoridades judiciales iraníes aún no había llegado a un veredicto en el asunto relativo a (Ashtiani) y que la información con respecto a su presunta ejecución no corresponden a la realidad”, dijo Bernard Kouchner en un comunicado.

Agregó que había hablado con Mottaki miércoles por la mañana para pedirle que renuncie a la ejecución y concederle el indulto.Funcionarios en Irán no estaban inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

“Hacemos un llamado a las autoridades iraníes que respeten los derechos humanos, cese su política de represión e intimidación, y liberar a aquellos que se encuentran detenidos sin justificación”, dijo Kouchner, y añadió que había pedido también la razón por abogado Ashtiani y el hijo también había sido encarcelado .

Un portavoz del gobierno iraní dijo que la condena septiembre Ashtiani de adulterio era objeto de examen, pero la acusación de ser cómplice en el asesinato de su esposo aún está pendiente.

Bajo la ley islámica vigente en Irán desde la Revolución Islámica de 1979, el asesinato se castiga con la horca, lapidación por adulterio.

El presidente Mahmoud Ahmadinejad, se defendió de las preguntas sobre el caso de los periodistas cuando asistió a la Asamblea General de la ONU en septiembre, diciendo que había sido fabricada por los medios de comunicación occidentales hostiles e hizo un llamamiento a los Estados Unidos hipócrita por su trayectoria de las ejecuciones.

El caso ha empeorado las relaciones entre Irán y Occidente, que están enfrascados en una disputa sobre el programa nuclear de Teherán, y se complicó cuando dos alemanes fueron detenidos en Irán, mientras que la realización de una entrevista con el hijo de Ashtiani.

Según Amnistía Internacional, Irán es el segundo después de China en el número de ejecuciones que lleva a cabo.Es condenado a muerte por lo menos 346 personas en 2008.

“Insto a las autoridades iraníes para escuchar de inmediato a las demandas de la comunidad internacional y el respeto de los compromisos internacionales de los que Irán se adhiera”, dijo Kouchner.

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Fuente: El Original

Amnistía Internacional denuncia maltratos en los centros de menores y exige una ley

Imagen de uno de los centros de menores denunciados en Madrid. (Imagen: ARCHIVO)

  • Amnistía Internacional ha presentado un informe sobre la violación de derechos humanos de los menores ingresados en centros terapéuticos.
  • Este miércoles la ONU examina a España en Derechos del Niño.
  • El Centro ‘Hogar Galapagar’, denunciado por maltrato físico.

Todo sobre: Amnistía Internacional

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AGENCIAS. 15.09.2010 – 15.47 h

“Si vuelvo, me mato”. Con esta frase Amnistía Internacional ilustra su último informe sobre las violaciones de los derechos humanos de los menores ingresados en centros de protección terapéuticos de nuestro país.

Las autoridades han minimizado las denuncias de los internos.

España se examina este miércoles ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU y desde Amnistía Internacional recuerda que el sistema sigue violando los derechos de los menores ingresados y exige la creación de una Ley Estatal que les proteja.

“Las autoridades han rechazado o minimizado las denuncias sobre las vulneraciones que se sufren en los centros” asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, y añade “para ellos los menores ingresados son un problema o incluso como una amenaza para la convivencia familiar y social”.

Por ello se pide una ley que garantice los derechos de los menores independientemente de la Comunidad Autónoma donde se encuentren, y que se contemple la inspección y la supervisión de las instalaciones para evitar casos de abusos.

Caso “Hogar Galapagar”

En España existen 58 centros que son mayoritariamente de gestión privada, aunque subvencionados por las administraciones.

Uno de ellos es el Centro de la Comunidad de Madrid “Hogar Galapagar” que fue denunciado a finales de 2009 por maltrato físico.

Nos ataban, golpeaban, humillaban o insultaban sin motivo.

Según Juan Carlos Villaescusa, uno de los cuatro denunciantes, a los internos de este centro se les sometía a duchas de agua fría, se les golpeaba la cabeza y se les ataba a las camas durante todas la noche sin poder ir al baño.

La propia directora del centro, afirmó durante el juicio por maltrato que cuidadores sin título y sin ningún tipo de experiencia tienen potestad parainmovilizar a la fuerza a los chavales, así como que se prescriben fármacosa los chicos y se autorizan contenciones mecánicas con correas de sujeción con la autorización de un psiquiatra vía telefónica.

El abogado de los denunciantes, Endika Zulueta, afirma que “los menores tienenmenos herramientas de denuncia” y por ello Amnistía plantea que se investigue todas las denuncias garantizando que no existan represalias.

Protocolo de actuación

“La protección de los menores no es prioritaria para ninguna administración, que no han renovado sus cifras desde 2006” afirma Beltrán, que ve como las denuncias planteadas hace nueve meses no han sido escuchadas por las autoridades.

En el Centro ‘Hogar Galapagar’ los internos sufrian golpes, duchas frías y se les ataba.

El ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas acordaron hace unos meses unprotocolo de actuación en los centros y residencias con menores diagnosticados de trastorno de conducta, que describe las medidas socioeducativas ante situaciones de crisis y la intervención de los profesionales para garantizar los derechos de los menores durante su internamiento.

El protocolo, conocido este miércoles, describe los recursos humanos y materiales necesarios para la intervención en estos centros, plantea que el ingreso de un menor debe fundamentarse en un diagnóstico psicológico y social que lo justifique y que cuando los centros utilicen habitualmente medidas de contención debe solicitarse la autorización judicial de la medida protectora.

Para Amnistía, este protocolo es insuficiente porque “recoge los mínimos aplicables en todo el territorio” y se trata de un documento “sin vinculación jurídica, es decir, que las Comunidades Autónomas podrán cumplirlo o no”, ha opinado Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de la organización, quien insiste en la necesidad de una ley.

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