Dos presos políticos cubanos en estado grave

ZOÉ VALDÉS 03/12/2009

Ariel Sigler Amaya y Ricardo González Alfonso son dos ciudadanos cubanos que han sido encarcelados por el régimen y que padecen ahora en prisión graves problemas de salud. Contar su historia es lo más instructivo para saber de los procedimientos del castrismo.

El primero de ellos, nacido en 1964 fue el presidente de la organización pro derechos humanos Movimiento Independiente Opción Alternativa hasta que en 2003, durante la Primavera Negra de Cuba, fue arrestado en su pueblo natal Pedro Betancourt.

Amante del deporte y de la lectura, fue campeón provincial de boxeo en su categoría en Matanzas. Se graduó de licenciado en Educación Física. Trabajó en las escuelas en el campo y fue allí donde comenzó a denunciar el adoctrinamiento político de la educación castrista, así como la separación de los hijos de sus padres impuesta por esa misma educación. Se enfrentó al Partido Comunista y a la Administración y fue expulsado, por lo que tuvo que ganarse la vida en trabajos ajenos a su especialidad. Continuó con sus actividades opositoras y fue detenido en múltiples ocasiones.

González Alfonso está en huelga de hambre del 15 de noviembre al 10 de diciembre

En 1996 fundó, junto al preso de conciencia Ángel Moya Acosta, el Movimiento Independiente Opción Alternativa. La represión se acentuó sobre él. Detenido e interrogado en más de 40 oportunidades, fue golpeado y abandonado en zonas alejadas de su domicilio. Sufrió agresiones físicas en la vía pública y mítines de repudio por las Brigadas de Respuesta Rápida. En 2000 fue encarcelado durante ocho meses, sin que mediara juicio, ni causa, en la prisión de 100 y Aldabó, luego en el Combinado del Sur, en Matanzas. Amnistía lo declaró entonces Prisionero de Conciencia.

El 18 de marzo del 2003 numerosas personas presenciaron su detención a cargo de las fuerzas represivas; antes de esposarlo lo golpearon salvajemente durante más de diez minutos, se lo llevaron y lo interrogaron en el Cuartel de la Seguridad del Estado durante 17 días. En este tiempo perdió mucho peso, y recibió en cada interrogatorio palizas monumentales. El 4 de abril, la Seguridad del Estado lo acusa de contrarrevolucionario y es condenado a 20 años de privación de libertad en un juicio sumarísimo.

Sus hermanos y su anciana madre han denunciado que está muy enfermo, sumamente delgado y sigue un tratamiento médico que, por razones extrañas, cada vez lo hunde más en la enfermedad. Sigler Amaya era un hombre alto y fornido; ahora no es ni su sombra, un saco de huesos que se pierde entre las sábanas de una enfermería donde apenas recibe la atención médica que necesita. Padece de gastritis crónica, enfisema pulmonar, desnutrición, faringitis, osteoporosis y hemorroides grado 3. Por su débil estado de salud, no puede ser intervenido quirúrgicamente.

Ricardo González Alfonso (1950) es un periodista, escritor y poeta de reconocido prestigio, que acaba de enviar una Carta Abierta al mundo entero tras iniciar una huelga de hambre, pese a su grave estado de salud.

En 1995 se incorporó a la prensa independiente libre del control gubernamental. Trabajó como subdirector de Cuba Press. Desde 1998 fue corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Ese año organizó y dirigió la biblioteca especializada en periodismo Jorge Mañach, del Proyecto de Bibliotecas Independientes. En 2001 fundó y presidió la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling (V Premio Internacional de Derechos Humanos de la Fundación Hispano Cubana, entre otros).

En 2002 fundó y dirigió la revista De Cuba (miembro de la red internacional de RSF). Cuentos, poemas o trabajos periodísticos suyos han sido publicados en Cuba, España, EE UU, Bélgica, Francia, Italia y Puerto Rico. En 2003, la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Mayab, en México, lo invitó a un foro para impartir conferencias. Por estas actividades, desde marzo de ese año cumple una sanción de 20 años de cárcel. Amnistía Internacional lo declaró Prisionero de Conciencia. Todas sus actividades eran periodísticas. No estaba afiliado a ningún partido político. Actualmente se encuentra recluido en la prisión Combinado del Este, en la capital cubana.

Su historial clínico incluye hipertensión arterial; artritis cervical; alergia a la humedad; migra-ñas; filtraciones en el hígado; quiste en la garganta; bronquitis crónica; artrosis generalizada; tendencia al glaucoma; espolones calcáneos; trastornos circulatorios y digestivos. Entre el 2005 y el 2007 lo han intervenido cuatro veces en prisión.

En su Carta Abierta anuncia: “Es hora de que lo dispuesto por Amnistía Internacional se cumpla; y que aquellos sectores de la opinión pública (…) sepan que estos prisioneros de conciencia han sido condenados a penas de hasta 28 años de privación de libertad por ejercer pacíficamente lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró que la detención de los 75 era arbitraria (y por tanto tenían que ser liberados) desde junio de 2003.

Para divulgar estas verdades con una acción que convoque a la solidaridad, he decidido mantener una abstinencia de alimentos sólidos desde el 15 de noviembre, Día del Escritor Encarcelado, hasta el 10 de diciembre, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Zoé Valdés, escritora cubana, vive exiliada en París.

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Jaume Satorra/Amnistía Internacional (AI)

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De como las cosas nunca son lo que parecen

Ruanda, Congo, ONU y revanchismo

Paloma Casaseca Rebelión 01-12-2009

Según un informe realizado por encargo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la fundación mallorquina L’Olivar y la catalana Inshuti, habrían desviado dinero procedente de subvenciones públicas para financiar una de las milicias que lucha desde hace años en la frontera entre el Congo y Ruanda. El comité de investigación de la ONU basa sus acusaciones en llamadas telefónicas, e-mails y diversas transferencias realizadas por parte de las ONG a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).

Los responsables de ambas fundaciones niegan los cargos, estiman que las pruebas aportadas son “ridículas” e insuficientes y acusan a la ONU de tomar represalias contra ellos por haber interpuesto una querella en la Audiencia Nacional contra cuarenta cargos políticos ruandeses.

El contexto juega un papel fundamental en esta noticia. Los hechos exigen echar la vista atrás y estudiar los antecedentes de la guerra que, desde hace tiempo, azota la frontera entre ambos países africanos. Incluso un poco más atrás.

Once años después del genocidio de los tutsis ruandeses, en 2003, Paul Kagame se convierte en el primer presidente elegido democráticamente de Ruanda. Hoy, quince años después, cuando todavía escuecen las heridas, la situación del país de las mil colinas no ha cambiado demasiado.

El gobierno tutsi de Kagame sigue en el poder, y aunque reina en el interior del país una aparente calma, varias organizaciones internacionales han denunciado persecuciones, desapariciones forzadas y una larga lista de otros atentados contra los Derechos Humanos. El revanchismo es actualmente una realidad enmascarada .

Las Fuerzas de Defensa Ruandesas (FDR) luchan en la frontera con el Congo, donde junto con las fuerzas del actual presidente congoleño Kabila, se enfrentan a los insurgentes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, principal grupo rebelde ruandés hutu. Las FDLR están compuestas por 6.500 efectivos: antiguos miembros del ejército ruandés y de la milicia Interhamwe -guerrilla radical hutu-, responsables del genocidio de los tutsis ruandeses en 1994. Estas son acusadas por las autoridades congoleñas de saquear los recursos de la República Democrática del Congo y de masacrar a las poblaciones tutsis del área; y por las autoridades ruandesas de cruzar la frontera y fomentar actos de desestabilización en su territorio, donde se encuentran al menos 200.000 refugiados.

La fundación catalana Inshuti y la mallorquina l’Olivar vienen denunciando desde hace años (tantos como cuenta el gobierno de Kagame) diversas irregularidades que dificultan una profunda reconciliación entre ambas tribus: el empeño por restituir la dignidad de las víctimas y ajusticiar a todos los culpables sólo está sirviendo para hacer supurar las llagas. Quizás habría que asumir que eso sería del todo imposible; después de cargar con el peso de 800.000 muertos y millones de refugiados, la coexistencia pacífica es lo máximo a lo que podemos aspirar. Sin embargo, utópica o no, la reconciliación debería ser el mayor anhelo del gobierno ruandés, su única guía. Y no la política del “ojo por ojo, diente por diente”.

Eso precisamente es lo que denuncian las ONG españolas, que ven cómo el gobierno ruandés atenta impunemente contra los Derechos Humanos, amparándose en el derecho de “réplica”. Así, el año pasado, los responsables de ambas fundaciones, presentaron una querella en la Audiencia Nacional, que tramita el juez Fernando Andreu, contra 40 dirigentes de Ruanda. Entre ellos se encuentran el presidente ruandés Paul Kagame, quien no ha podido ser procesado porque como jefe de Estado, goza de inmunidad. Otros 5 acusados son militares que participan actualmente en misiones de la ONU, principalmente en Darfur.

Ésta sería la causa, según los acusados Joan Casòliva y Joan Carrero, de que la ONU intente, mediante pruebas “ridículas”, acusarles de apoyar a los rebeldes hutus, con el fin de desacreditar su discurso contra el gobierno de Ruanda. Así, niegan la supuesta financiación de la FDLR y argumentan que las ayudas obtenidas sólo han servido para financiar a los “cooperantes, proyectos y organizaciones que trabajan en la zona asistiendo a los necesitados”.

El informe se debatirá el próximo miércoles 3 de diciembre por el Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras esperamos, debemos tomar algo de distancia para reflexionar sobre un punto esencial que los medios están dejando de lado, la dura realidad de los que sobrevivieron al genocidio de 1994. Las palabras de la periodista belga Colette Braeckman poco después de la masacre, cobran un nuevo sentido:

¿Cómo vivirán juntos, los que han sobrevidido y los que han consentido, los que quieren disculparse y los que no quieren escuchar, los refugiados de hoy y los de ayer?“

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa de la autora, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Temor por el almacenamiento de granadas de gas lacrimógeno en Honduras

SATURDAY, 28 NOVEMBER 2009 21:05 DINA MEZA

La delegación de Amnistía Internacional estará en Honduras hasta el 4 de diciembre


Amnistía Internacional ha sabido que las autoridades de facto de Honduras han almacenado 10.000 botes de gas lacrimógeno y otros materiales para operaciones de control de masas, lo que hace temer que aumente el riesgo de que las fuerzas de seguridad hagan uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en torno a las elecciones presidenciales.

Una delegación enviada por Amnistía Internacional a Honduras para vigilar la situación de los derechos humanos en torno a las elecciones presidenciales del 29 de noviembre ha recibido información sobre la reciente adquisición oficial de 10.000 granadas de gas lacrimógeno, 5.000 proyectiles para granadas de gas lacrimógeno y un tanque de agua, así como sobre el despliegue de millares de reservistas.

“Desde que tomaron el poder, las autoridades de facto de Honduras han permitido a las fuerzas de seguridad utilizar gas lacrimógeno, balas de goma y munición real contra manifestantes, lo que ha causado varias muertes y graves lesiones, por las que no se han pedido responsabilidades a nadie”, ha manifestado Javier Zúñiga, quien encabeza la delegación de Amnistía Internacional que visita Honduras.

“En uso indebido en el pasado de gas lacrimógeno y otros dispositivos para el control de masas, junto con la falta de garantías de que el material adquirido no se utilizará para agredir a manifestantes y la ausencia de investigaciones sobre los abusos cometidos anteriormente, da una idea sumamente preocupante de lo que podría ocurrir en los próximos días”, ha añadido Javier Zúñiga.

No está claro el uso que se le va a dar a este nuevo material ni si las fuerzas de seguridad han recibido formación adecuada o establecido los procedimientos necesarios para garantizar que en las operaciones que lleven a cabo en el contexto de posibles manifestaciones no se cometen abusos contra los derechos humanos.

En julio de este año, Amnistía Internacional visitó un centro de detención de Tegucigalpa y habló con varios manifestantes que habían sido detenidos arbitrariamente y sometidos a palizas y malos tratos.

La organización ha denunciado también que los activistas de los derechos humanos y los periodistas que se muestran críticos con las autoridades de facto están siendo objeto de crecientes amenazas e intimidaciones.

En un facsímil firmado por el Primer Batallón de Comunicaciones, las Fuerzas Armadas hondureñas han pedido a un alcalde local que les entregue una lista de nombres y números de teléfono de activistas pertenecientes a la Resistencia, movimiento contrario a las autoridades de facto.

“En Honduras hay hoy un ambiente de miedo e intimidación –ha afirmado Javier Zúñiga–. “Hemos observado un aumento del hostigamiento a quienes se considera contrarios a las autoridades de facto, sin que las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos hagan nada para investigar estos casos o ponerles fin.”

La delegación de Amnistía Internacional estará en Honduras hasta el 4 de diciembre. Se está reuniendo con víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas, profesores y médicos. También ha solicitado reuniones con fiscales, el ejército y la policía.

Jaume Satorra/Amnistía Internacional (AI)

SALIR EN DEFENSA DE LOS ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS EN RUSIA

Unión Europea (17-11-09)

Bruselas.- La Unión Europea (UE) debe expresar en los términos más enérgicos su preocupación por la sucesión de homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos en Rusia y la ausencia de investigaciones verosímiles sobre ellos, ha dicho Amnistía Internacional en vísperas de la cumbre Rusia-UE.

La organización de derechos humanos ha expresado su profunda preocupación ante las amenazas que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas en la Federación Rusa.

“El terrible historial de homicidios de la Federación Rusa desde el asesinato de Anna Politkovskaya demuestra que no se han tomado suficientes medidas para proteger a otras personas que estaban en peligro. Por el contrario, al no procesar a los perpetradores el clima de temor e intimidación se ha agravado”, ha dicho Natalia Alonso, directora adjunta de la Oficina de Amnistía Internacional ante la UE.

“Las personas que actualmente se encuentran en peligro estarán muy pendientes de la señal que la UE envíe mañana”, añadió.

La actual intimidación se extiende a personas como Oleg Orlov, uno de los ganadores de este año del Premio Sajarov del Parlamento Europeo. Contra el señor Orlov se han presentado cargos penales por haber dicho que la responsabilidad política del asesinato de su colega, Natalia Estemirova, es del presidente checheno Ramzan Kadyrov.

Para Amnistía Internacional sigue siendo motivo de honda preocupación la detención de Aleksei Sokolov. El jefe de Pravovaia Osnova (Base Legal), organización que hace campaña contra la tortura en las cárceles, lleva detenido desde mayo de 2009. La organización cree que ha sido víctima de malos tratos y, aunque su plazo de detención preventiva expiró hace dos semanas, las autoridades se han negado a ponerlo en libertad.

Incluso los artistas corren cada vez más riesgos en la Federación Rusa. En su carta a la Unión Europea, Amnistía Internacional también insta a esta organización a plantear el caso de dos hombres que se enfrentan a cinco años de cárcel por incitación al odio contra los cristianos por una exposición de arte que organizaron. Amnistía Internacional cree que la exposición, con obras de algunos de los artistas rusos más famosos, no incitaba al odio y que el caso pone en entredicho el derecho a la libertad de expresión.

De acuerdo con las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos y con los propios valores de democracia y respeto hacia los derechos humanos de la UE, Amnistía Internacional ha instado a esta organización a:

• plantear los casos de los particulares que actualmente están bajo amenaza;

• pedir más información sobre los avances de las investigaciones sobre los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos;

• preguntar cómo se asegurarán las autoridades rusas de que las investigaciones se llevan a cabo de forma imparcial y minuciosa.

Categorías: DefensoresEuropa y Asia Central

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Jaume Satorra/Amnistía Internacional (AI)

LA POBLACIÓN MÁS POBRE DE EL CAIRO, EN PELIGRO DE MORIR ENTERRADA EN SUS CASAS

Egipto (17-11-09)

Londres.- Las autoridades egipcias deben adoptar medidas inmediatas e incluyentes para proteger a los habitantes más pobres de El Cairo, que residen en “zonas inseguras” donde están expuestos a sufrir corrimientos de tierra y otros peligros, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

“Miles de personas pobres en Egipto están atrapadas en una situación de miseria y abandono tal que podría desembocar finalmente en su muerte” afirmó Malcolm Smart, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El gobierno debe abordar con carácter urgente los peligros que acechan a las personas que viven en zonas designadas como ‘inseguras’ y buscar soluciones en consulta con los afectados directos.”

En su informe Buried Alive; Trapped by Poverty and Neglect in Cairo’s Informal Settlements,  Amnistía Internacional critica duramente a las autoridades egipcias por no tomar medidas eficaces destinadas a proteger a los residentes de Al Duwayqa, asentamiento informal de Manshiyet Nasser, en el este de El Cairo, de un corrimiento de tierra de consecuencias mortales que sacudió la zona el 6 de septiembre de 2008.

En el informe se pide a las autoridades egipcias que reduzcan el nivel de amenaza para la vida humana en las 26 “zonas inseguras” del área metropolitana de El Cairo (Gran El Cairo) y que protejan el derecho de los residentes a la salud y a una vivienda adecuada. Aunque era bien conocido el riesgo de corrimientos de tierra, el gobierno no evacuó a los residentes pobres antes de la catástrofe de 2008.

Las autoridades afirman que hubo 107 muertos y 58 heridos como consecuencia del corrimiento de tierra de Al Duwayqa, pero los sobrevivientes afirman que el número de víctimas fue superior e informan de que todavía hay muchos miembros de sus familias en paradero desconocido. Todavía no se han dado a conocer las conclusiones de una investigación oficial sobre la catástrofe.

“Privados de voz efectiva e ignorados en gran medida por quienes ejercen el poder, muchos residentes de Al Duwayqa y otras “zonas inseguras” siguen viviendo con miedo en inseguras laderas de montañas o debajo de tendidos eléctricos de alto voltaje porque no tienen a dónde ir.”

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que investiguen exhaustivamente las causas de que no se evitara la tragedia de Al Duwayqa y que adopten las medidas necesarias para garantizar que no se repite.

“El gobierno debe elaborar un programa de acción integral para abordar los peligros que acechan a quienes viven en ‘zonas inseguras’ y hacer valer su derecho a la vida, a la salud y a una vivienda adecuada –afirmó Malcolm Smart–. Para ello debe buscar la participación activa de las comunidades afectadas y estar dispuesto a ofrecer sin demora alojamiento temporal a las personas que deban ser desalojadas de inmediato por peligro inminente, así como alojamiento permanente.”

Tras el corrimiento de tierra, las autoridades egipcias actuaron rápidamente para identificar otras zonas de peligro en las inmediaciones. Demolieron más de un millar de viviendas amenazadas y, en el plazo de un mes, realojó a más de 1.750 familias, si bien no les procuró seguridad de tenencia y las dejó expuestas a futuros desalojos.

Otras familias se quedaron sin hogar, y hubo discriminación en el proceso de asignación de viviendas contra las mujeres divorciadas o que vivían separadas de sus esposos.

Unas familias fueron desalojadas a la fuerza de Al Duwayqa y otras de Establ Antar, asentamiento informal en el sur de El Cairo. La mayoría de estos desalojos se hicieron en contravención de las garantías de participación que establece el derecho internacional de los derechos humanos, casi siempre con escaso aviso y con el respaldo de la presencia de las fuerzas de seguridad.

Las familias de Establ Antar fueron reasentadas en una zona remota en la ciudad 6 de Octubre, al oeste de Giza, lejos de sus lugares de trabajo y sin que les ofrecieran seguridad de tenencia.

“Los habitantes de los asentamientos precarios describen una vida caracterizada por la privación, el abandono, la inseguridad y la amenaza constante del desalojo forzoso –señaló Malcolm Smart–. El Estado debe garantizar el derecho de estas personas a una vivienda adecuada y poner fin a los desalojos forzosos.”

En el área metropolitana de El Cairo, el gobierno ha identificado 26 zonas “inseguras” dentro de un plan general de desarrollo de la ciudad para 2050; sin embargo, las consultas con las comunidades que se verán afectadas por este plan han sido, al parecer, escasas o nulas. Los habitantes de las “zonas inseguras” se enfrentan a una doble amenaza: falta de seguridad y posible desalojo forzoso.

“La tragedia de Al Duwayqa fue una catástrofe anunciada. Se sabía de sobra que iba a ocurrir –afirmó Malcolm Smart–. Se podría haber hecho más, se tendría que haber hecho más para evitarla e impedir la pérdida de vidas.”

“Tanto con las víctimas como con las personas que sobrevivieron aquella terrible mañana, así como con otras personas en peligro, las autoridades tienen la obligación de garantizar que no se repiten los hechos y que la tragedia de Al Duwayqa no se reproduce en ninguna otra “zona insegura” de El Cairo. Los pobres de Egipto no deben seguir viviendo bajo la amenaza de morir enterrados.”

Más de mil millones de personas en todo el mundo viven en asentamientos precarios, y el número va en aumento. Como parte de su campaña Exige Dignidad, en marcha desde mayo de este año, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de todo el mundo que procuren una vivienda adecuada a todos los residentes de su Estado.

La campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional persigue el objetivo de poner fin a las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza en el mundo y la agravan. La campaña moviliza a personas de todo el mundo para reclamar a gobiernos, empresas y otras entidades influyentes que escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y que reconozcan y protejan sus derechos.

Información adicional
Alrededor de la mitad de los 13,5 millones de personas que, según cálculos, residen en el área metropolitana de El Cairo (Gran El Cairo) viven en asentamientos informales levantados en terreno agrícola o desértico.

Manshiyet Nasser es, al parecer, uno de los mayores asentamientos provisionales de Egipto. La mayor parte se levanta sobre las laderas de la montaña de Al Muqattam, en el este de El Cairo, que son terrenos desérticos propiedad del Estado donde las autoridades locales pueden ordenar desalojos por la vía administrativa. En Manshiyet Nasser reside alrededor de un millón de personas. La mayoría trabaja en el sector no oficial como artesanos, comerciantes, empleados de la construcción, recolectores de basura o jornaleros.

El desalojo forzoso consiste en apartar a personas contra su voluntad de sus casas o de los terrenos que ocupan sin protección legal y otras garantías. Nunca debe llevarse a cabo sin que antes se hayan explorado todas las alternativas posibles, se hayan realizado consultas genuinas con las comunidades afectadas y se hayan aplicado las garantías de participación adecuadas.

Categorías: Derechos económicos, sociales y culturalesOriente Próximo, Medio y Norte de Africa

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Jaume Satorra/Amnistía Internacional (AI)

LA EXPULSIÓN ARBITRARIA DE UNA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS ES UN SIGNO DE CRECIENTE INTOLERANCIA

Amnistía Internacional reclama el derecho de Aminatou Haidar de regresar a su casa en El Aaiún

Marruecos / Sahara Occidental (18-11-09)

Londres/Madrid.- Amnistía Internacional condena la decisión de las autoridades marroquíes de expulsar de Sáhara Occidental a la defensora de los derechos humanos Aminatou Haidar el 14 de noviembre, e insta a las autoridades a que le permitan inmediatamente regresar a su casa en El Aaiún.

Aminatou Haidar, presidenta del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos, fue interceptada por agentes de seguridad a su llegada al aeropuerto de El Aaiún el 13 de noviembre de 2009 tras haber pasado un mes de viaje en el extranjero, durante el cual recibió un prestigioso galardón de derechos humanos en Estados Unidos.

Los agentes se fijaron de forma especial en que en la tarjeta de desembarque hubiera indicado que su domicilio está en Sáhara Occidental en lugar de “Sáhara marroquí”. Los agentes se llevaron a Aminatou Haidar aparte y ésta fue interrogada por un grupo de unos 15 agentes de la policía judicial y agentes de seguridad en presencia del Procurador General de la Corona de El Aaiún. Le preguntaron sobre sus creencias políticas y actividades en el campo de los derechos humanos, qué había hecho durante su viaje en el extranjero y quién lo había pagado, y sobre el tratamiento médico que había recibido en España. Al cabo de unas horas, mientras se encontraba aún retenida en el aeropuerto, la obligaron a enfrentarse a un pariente y otras personas saharauis que intentaron disuadirla para que dejase de luchar por la libre determinación del pueblo de Sáhara Occidental, cosa que ella rehusó hacer, tras lo cual se le pidió que firmara una declaración policial y se le confiscaron el pasaporte y otros documentos de identificación, emitidos por las autoridades marroquíes. A la mañana siguiente, los agentes le dijeron que la pondrían en libertad si reconocía públicamente la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental. Aminatou Haidar se negó a hacerlo y horas más tarde agentes de seguridad la subieron a un vuelo con destino a Lanzarote, en las Islas Canarias, y la expulsaron de Sáhara Occidental. Durante las casi 24 horas que había permanecido detenida en el aeropuerto de El Aaiún sólo se le había permitido realizar una breve llamada telefónica a su familia para que le trajeran comida, previa advertencia de no contarle nada sobre la situación en que se encontraba.

Aminatou Haidar no ha salido del aeropuerto desde que llegó a Lanzarote y lleva desde entonces solicitando que se le permita regresar a El Aaiún; el día 15 de noviembre inició una huelga de hambre como forma de protesta por su expulsión forzosa. Por la noche duerme en una ambulancia proporcionada por Cruz Roja y se incrementan los motivos de preocupación por su salud; padece anemia y tiene una úlcera.

El 14 de noviembre, la agencia de prensa oficial de Marruecos manifestó que Aminatou Haidar se había marchado a las Islas Canarias tras no querer seguir el procedimiento policial estándar en aeropuertos, y que había “renunciado” a su nacionalidad marroquí y “reconfirmado” su apoyo a los “separatistas”. Al día siguiente, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos repitió las mismas declaraciones: que Aminatou Haidar había “renunciado a su ciudadanía marroquí”.

Aminatou Haidar, que viaja con frecuencia, dice que lleva desde 2006 cumplimentando las tarjetas de desembarque de la misma manera, sin identificarse como ciudadana marroquí e indicando que su domicilio se encuentra en Sáhara Occidental.

La expulsión de Aminatou Haidar, que recibió el premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos en 2008, es la última de una serie de medidas adoptadas por las autoridades marroquíes contra los defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos y las personas que luchan por la libre determinación del pueblo de Sáhara Occidental.

En octubre de 2009, las autoridades marroquíes confiscaron los documentos de viaje de seis activistas saharauis –Sidi Mohamed Daddach, Ahmed Sbai, Laarbi Massoud, Atig Brai, Ibrahim Ismaili y Sultana Khaya– para impedirles viajar a Mauritania y España. El 6 de noviembre, en un discurso conmemorativo del 34 aniversario de la “Marcha Verde”, cuando Marruecos tomó posesión del antiguo territorio español de Sáhara Occidental en 1975, el rey Mohamed VI dijo que no se toleraría ningún desafío a la “integridad territorial” de Marruecos –una referencia a la incorporación de Sáhara Occidental–. “No es posible disfrutar de los derechos de ciudadanía y renunciar a ellos al mismo tiempo conspirando con los enemigos de la patria”, advirtió el rey, sugiriendo con ello que los y las saharauis que luchan por la libre determinación pueden ser despojados de su ciudadanía marroquí por expresar sus opiniones.

Amnistía Internacional insta a las autoridades marroquíes a que cumplan sus obligaciones internacionales en virtud del artículo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establece que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”. Debe permitirse a Aminatou Haidar regresar a El Aaiún de forma inmediata e incondicional, y las autoridades marroquíes deben devolverle sin dilación sus documentos de viaje y de identificación. Asimismo, las autoridades deben devolver los documentos de viaje y de identidad que les fueron confiscados a otros seis activistas saharauis detenidos en el mes de octubre, y respetar su derecho a la libertad de circulación.

La responsabilidad de las autoridades españolas
Amnistía Internacional considera que las autoridades españolas no deben obligar a una persona, en contra de su voluntad a entrar a España, ya que no tiene ningún procedimiento judicial abierto que así lo indique.

Es motivo de preocupación para Amnistía Internacional que Aminatou Haidar esté en el punto de mira por su labor en defensa de los derechos humanos y su posicionamiento público en apoyo de la libre determinación del pueblo de Sáhara Occidental.

Por ello, la organización considera que las autoridades españolas deben interceder a favor de Aminatou Haidar y facilitar su salida de España para que regrese a El Aaiún en condiciones de seguridad y con todas las garantías para su integridad física, aun no teniendo su pasaporte, ya que el artículo 19.3 del Reglamento de Extranjería ofrece la posibilidad de salida con documentación defectuosa o sin documentación.

Información complementaria
Durante años, Aminatou Haidar ha desempeñado un papel destacado en campañas organizadas para pedir la liberación de presos de conciencia y presos políticos saharauis, así como a la hora de concienciar sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en Sáhara Occidental. Ha sido víctima de desaparición forzada, recluida sin cargos ni juicio en centros secretos de detención desde 1987 a 1991. En 2005, fue condenada a siete meses de cárcel en un juicio injusto por diversos cargos relacionados con su presunta participación en protestas en Sáhara Occidental. Antes de su detención, precisó tratamiento hospitalario debido a las lesiones producidas por los golpes que le propinaron miembros de las fuerzas de seguridad cuando se dirigía a una manifestación en El Aaiún.

Amnistía Internacional condena el hecho de que las autoridades marroquíes no respeten el derecho a la libertad de expresión de los saharauis, ni el derecho de defensoras y defensores saharauis de los derechos humanos a reunir y divulgar información y opiniones sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a sufrir hostigamiento. Las autoridades marroquíes parecen estar adoptando métodos cada vez más represivos contra el ejercicio de estos derechos por los saharauis, incumpliendo así sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, como el PIDCP y la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

Para más información sobre el reciente deterioro de la situación de derechos humanos en Marruecos y Sáhara Occidental, véanse:

Marruecos y Sáhara Occidental: Ocho nuevos presos de conciencia en octubre (MDE 29/011/2009), 6 de noviembre de 2009.
En: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE29/011/2009

Marruecos y Sáhara Occidental: Activistas saharauis, en el punto de mira por su visita a Tinduf (MDE 29/010/2009), 13 de octubre de 2009.
En: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE29/010/2009

La sección española de Amnistía Internacional ha lanzado una campaña en Internet en la que recoge firmas exigiendo la libertad inmediata e incondicional de 8 presos de conciencia en el Sahara Occidental a través de www.actuaconamnistia.org. Más de 16.000 personas apoyan ya esta petición.

Categorías: DefensoresEspañaLibertad de expresiónOriente Próximo, Medio y Norte de Africa

Más información
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Jaume Satorra/Amnistía Internacional (AI)

ACTIVISTAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SE MOVILIZAN EN VARIAS CIUDADES CONTRA LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS A MENORES

La organización pide al Gobierno colombiano que tome medidas para que se garantice la protección de los menores desplazados internos

España (19-11-09)

Madrid.- Con motivo de la celebración del 20 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño que se celebra en el Día Universal de la Infancia, el 20 de noviembre, Amnistía Internacional se moviliza en diferentes ciudades de España para exigir a los Gobiernos que respeten los derechos de los y las menores del mundo.

Cientos de activistas de la organización estarán presentes en al menos 17 localidades como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Málaga o A Coruña organizando actos públicos, proyecciones, conferencias y actividades para denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren niños y niñas.

La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Es el tratado internacional de derechos humanos ratificado por el mayor número de países del mundo. Actualmente, sólo dos estados no lo han ratificado: Somalia y Estados Unidos.

Infancia y violaciones de derechos humanos: datos y cifras
A pesar de estos avances, después de 20 años sigue habiendo millones de niños y niñas a quienes se les niega el derecho a la educación, acceso a la vivienda o a la salud. Son víctimas de violencia y abusos: torturas y asesinatos, reclutamiento ilegal y explotación laboral o sexual. Se calcula que, en todo el mundo, entre 100 y 150 millones de niños y niñas viven en la calle, y la cifra va en aumento. De ellos, entre el 5 y el 10 por ciento han huido de sus hogares o han sido abandonados por sus familias.

Más de 1 millón de niños y niñas acusados de cometer un delito se encuentran en centros de detención en el mundo. Además, Arabia SaudíIránSudán Yemen continúan hoy en día condenando a muerte y ejecutando a personas que eran menores de edad cuando cometieron los delitos.

Más de 1,2 millones de niños y niñas todos los años son víctimas del tráfico de seres humanos con destino a la explotación laboral y sexual.

Cada año, alrededor de 2 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital en diferentes países del mundo. Hasta la fecha, entre 100 y 130 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital. En Kenia Haití, miles de niñas son abusadas sexualmente, y en Guinea-Bissau, niños y niñas son esclavizados para trabajar en campos de algodón.

En Afganistán, más de un tercio de las niñas no asiste a clase, ya que su seguridad no está garantizada.

En 2007 al menos 24 países de todas las regiones han reclutado menores de 18 años; y en el conflicto armado en la franja de Gaza, muchos y muchas menores murieron en los ataques indiscriminados contra población civil.

En países europeos como España Francia hay casos de menores inmigrantes expulsados sin garantías para su seguridad.

El caso de Colombia
Amnistía Internacional quiere incidir en esta ocasión en el caso de Colombia. Durante más de 40 años de conflicto armado interno las fuerzas de seguridad, paramilitares  y grupos guerrilleros han cometido graves violaciones y abusos contra los derechos humanos como desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, tortura y violencia sexual, principalmente contra mujeres y niñas. También los grupos paramilitares y guerrilleros utilizan hoy niños y niñas soldados para cometer sus abusos.

Aterrorizadas, muchas comunidades han tenido que abandonar sus hogares. Las familias desplazadas quedan en situación de aún mayor vulnerabilidad frente a nuevos abusos, lo que afecta especialmente a los menores. Cada año, cientos de miles de mujeres, hombres, niños y niñas se unen a los millones de personas que ya se han desplazado internamente en Colombia.

La cifra de desplazamientos es la segunda del mundo: entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a huir de sus casas y buscar refugio en otros puntos del país, y se cree que otras 500.000 han huido a los países vecinos. De ellas, más de un millón son menores.

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EL GOBIERNO TIENE QUE DETENER AL PRESIDENTE SUDANÉS SI ASISTE A LA CONFERENCIA SOBRE EL CLIMA

Dinamarca (20-11-09)

 

Londres.- Amnistía Internacional ha sabido que el gobierno de Dinamarca ha cursado al presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, una invitación para asistir en diciembre de 2009 a la Conferencia sobre Cambio Climático que tendrá lugar en la capital danesa, Copenhague. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo de 2009 contra el presidente Al Bashir una orden de detención por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur.

“Dinamarca tiene que dejar claro que procederá a la detención del presidente Al Bashir si viaja a Copenhague,” manifestó Christopher Keith Hall, alto asesor jurídico de Amnistía Internacional.

“La Corte Penal Internacional precisa de la cooperación de sus Estados miembros. Según dispone el Estatuto de Roma, en virtud del cual quedó establecida la Corte, Dinamarca tiene el deber de detener y entregar en su territorio a toda persona contra quien la Corte haya cursado orden de detención.”

“Dinamarca puede y debe demostrar su liderazgo en la práctica de poner a disposición de la justicia a presuntos autores de los peores crímenes mediante el reconocimiento de su deber de detención,” agregó Christopher Keith Hall.

Amnistía Internacional recibió la información durante una reunión de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La Corte Penal Internacional emitió en marzo de 2009 una orden de detención contra el presidente Al Bashir por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur.

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“Francesca”, otro rostro de la emigración, en el Festival de Gijón

Escrito por © Mónica Boullosa (Gijón)-NOTICINE.com
Domingo 22 de Noviembre de 2009 10:02

Los que estén esperando una de esas películas con abundantes planos generales de contiendas históricas entre italianos y rumanos quizá no deban ver “Francesca”, presentada a concurso este fin de semana en el Festival de Gijón, de hecho no hay ni un solo italiano. Por ser una mirada detenida y sosegada la que sostiene esta historia minimalista  y conceptual hasta los tuétanos. Por centrarse en el personaje que da nombre a la película hasta el punto de poner la cámara al servicio de su cuerpo mientras se pinta las uñas. Y porque “Francesca”, ópera prima del director rumano Bobby Paunescu, representa a su país, Rumania.

Fran es mujer de belleza incuestionable que se debate entre seguir o no el sueño heredado de su madre y del contexto que vive, emigrar a Italia o no. Para ella parece no existir ninguna otra opción. Tampoco para el puñado de personajes que la rodean durante los pocos días que preceden a su partida hacia la tierra de promisión. Pero ella, a diferencia de los otros, se siente capaz de afrontar ese desafío. Hay desde el principio hasta el final de esta película la sensación en el ambiente de que algo trágico va a ocurrir. Una especie de mano oscura que encarna en buena medida la mafia, y  pero también alguno de los allegados de la protagonista. El “malo” no siempre está al otro lado de la puerta. Hay poesía de la que va desnuda, sin perlas ni encajes. Incertidumbre.

Frases escogidas y amplificadas en la voz de sus personajes para ser cuestionadas van cuajando en la historia como un discurso de fondo. Una letanía que se alimenta de los prejuicios brotados a base de generalizar, y crecidos con el goteo continuo, una y otra y otra vez, sobre los mismos tópicos raídos por el tiempo, pero no por el olvido. Que lejos desaparecer sólo se transforman.

El propio Paunescu presente durante el debate posterior a la proyección que la idea le surgió como respuesta a los sucesos ocurridos hace dos años en Italia. El asesinato de una mujer en Italia a manos de un ciudadano rumano desató las iras de unos muchos italianos que durante semanas tomaron las calles por docenas para perseguir y emplear la violencia con emigrantes rumanos.

Hubo muertes y a continuación un tsunami de xenofobia que se fue expandiendo hasta llegar a la actual y recientemente aprobada legislación que limita muchos de los derechos humanos que hoy nadie se atreve a cuestionar en una democracia como el derecho de reunión o de libre circulación.

Así lo contó una representante de Amnistía Internacional, organización con la que desde hace varias ediciones este Festival colabora. También el intento de bloquear la difusión de la cinta por parte de la nieta de Mussolini actualmente miembro del Parlamento italiano por un insulto del que ella es objeto durante una de las primeras secuencias.

“Francesca” recibió el mismo día en que se proyectaba la película en Gijón, viernes noche, varios premios en el Festival Bursa de Turquía. Mejor film, mejor director y mejor actriz, Mónica Barladeaneu.

 

.Jaume Satorra/Amnistía Internacional (AI)

JUSTICIA UNIVERSAL- MANIFIESTO CONTRA LA IMPUNIDAD

Amnistia.España (14-07-09)

Las organizaciones sociales, organizaciones  de derechos humanos, sindicatos, grupos  de solidaridad, ONG de desarrollo, asociaciones de profesionales y las personas de bien del mundo entero, que valoran la causa de la paz, la justicia, la lucha contra la impunidad y el respeto irrestricto a la dignidad, derechos de las víctimas y los derechos humanos cuya defensa nos une más allá de ideologías y planteamientos políticos.

Manifestamos:
El día 19 de mayo del 2009, el Congreso de los diputados acordó, con el apoyo de los grupos mayoritarios, modificar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal, desvirtuando totalmente su contenido y alcance. Esta trascendental decisión que limita al juez a conocer únicamente causas que tienen una “conexión nacional” y establece un criterio de admisibilidad que ni siquiera permite valorar cuándo un proceso judicial constituye una efectiva persecución de un crimen. Dicho acuerdo se tomó de tapadillo, aprovechando el trámite de Enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, lo que ha sustraído esta reforma al necesario debate informado que la cuestión exige.

Con la citada modificación España entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal. De este modo, podrá perseguirse a los presuntos delincuentes si estos se encontraran presentes en España, si las víctimas fueran españolas, si concurriera algún vínculo de conexión relevante con España (aún no expresado en la ley) y siempre que un tribunal internacional ú otro “tribunal competente” no haya abierto una investigación sobre el asunto.

Con esta decisión no se ha tenido en cuenta:

  • Que la jurisdicción universal se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales y atroces para la comunidad internacional (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros) que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aún cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de dicho Estado.
  • Que la jurisdicción universal es un instrumento de lucha contra la impunidad, es decir, un medio para lograr la rendición de cuentas e impedir que queden impunes los responsables de crímenes de derecho internacional. Refleja la obligación de los estados consagrada en los Tratados Internacionales de derechos humanos de juzgar o entregar (extraditar) a dichos responsables.
  • Que lamentablemente la mayoría de países en los que se cometen estos crímenes, no pueden o no quieren, investigar y enjuiciar las violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de derechos internacional. Por consiguiente, la aplicación de la jurisdicción universal es un elemento fundamental de la justicia para la Comunidad Internacional.
  • Que el Artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al habilitar la jurisdicción universal, facilita la observancia por España de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, ha suscrito y se ha obligado a respetar y hacer cumplir
  • Que la Constitución española, en el Artículo 96.1 consagra que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En consonancia, la doctrina del Tribunal Constitucional, desde 2005 (Caso Guatemala) viene estableciendo  que el alcance de la jurisdicción universal es absoluto y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales, y además, que la restricción basada en la nacionalidad de las víctimas incorpora un requisito añadido no contemplado en la ley en contradicción con la naturaleza de estos  delitos y la aspiración compartida de su persecución universal. Que asimismo, en la sentencia de la causa Schilingo la Audiencia Nacional reconoce respecto de algunos crímenes internacionales el carácter de derecho obligatorio y oponible a todos (ius cogens y erga omnes).
  • Que la jurisdicción universal representa el último recurso para las víctimas de crímenes de derecho internacional que buscan obtener verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición de estos hechos. A raíz de los procedimientos abiertos en España y las resoluciones judiciales resultantes, se ha venido dando satisfacción a los legítimos derechos de las víctimas y cumpliendo con la obligación internacional de investigar y sancionar los perpetradores de crímenes de derecho internacional. Asimismo se ha impulsado  la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo contribuyendo así a remover conciencias y a resquebrajar la impunidad de la que gozan hoy día la mayor parte de los responsables de dichos crímenes.
  • Que la impunidad ante crímenes atroces no sólo denigra a quienes los cometen, sino que corroe las instituciones de las sociedades que los cobijan, constituyendo elementos que desestabilizan las democracias.


Por todo lo anterior decimos:

  • Que la defensa de los derechos humanos es una obligación absoluta de los estados y no puede someterse a intereses nacionales y presiones económicas o políticas sin comprometer la responsabilidad internacional de los Estados.
  • Que los grupos parlamentarios que han votado a favor de la reforma han abusado del poder y de la confianza que en ellos se ha depositado al sustraer su discusión a la opinión pública y de un debate objetivo en los medios masivos de comunicación.
  • Que contra la creencia generalizada y falaz de que la aplicación de la jurisdicción universal puede convertir a España en el “gendarme  del mundo” es importante destacar que hay otros tribunales nacionales (Dinamarca, Holanda, Alemania) que también ejercen la jurisdicción universal. Los fundamentos jurídicos que han emanado de las resoluciones judiciales españolas en esta materia han contribuido de manera determinante a avanzar el derecho penal internacional.
  • Que las situaciones inadmisibles, que repugnan a la conciencia común de la Humanidad, de ninguna manera pueden considerarse injerencias en la soberanía de lo estados, sino que es la propia Comunidad Internacional la que, actuando a través de los tribunales nacionales, ejerce la investigación de los crímenes y el enjuiciamiento de los responsables.


Por todo ello:

  • Deploramos esta decisión, que se hace a espaldas de la ciudadanía y del sentir mayoritario de la sociedad.
  • Deploramos que en vez de consolidar un horizonte de justicia efectiva para las graves violaciones de los Derechos Humanos, los parlamentarios trabajen por ampliar los resquicios de la impunidad y, en consecuencia, repudiamos los votos que los grupos parlamentarios han dado a esta medida.
  • Deploramos este retroceso en la justicia universal que debilita la búsqueda y consolidación de medios destinados a poner fin a la impunidad en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.
  • Solicitamos por tanto al Senado español, que tome en consideración y asuma las opiniones de los abajo firmantes, vote  en conciencia y rechace la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados.
  • Instamos al Parlamento español a que vele por la conformidad de las leyes nacionales con el derecho internacional y a que se avance en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Exigimos que se detenga esta reforma que niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos.


Organizaciones que apoyan este Manifiesto

ACSUR-Las Segovias, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid, Asociación Libre de Abogados, Asociación de Mujeres Saharauis, Asociación Paz Ahora, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Salvador Allende-España, Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CEAS-Sáhara, Confederación Sindical de CC.OO, Paz con Dignidad, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Federación Internacional de Derechos Humanos, IEPALA, Izquierda Unida, Movimiento por la Paz (MPDL), Plataforma 2015 y más, Plataforma Palestina, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina,  Unión General de Trabajadores(UGT), Unión Sindical Obrera, Womens Link Wordwide.

En los próximos días irán sumándose adhesiones de más organizaciones y profesionales a este Manifiesto.

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“Carta Abierta” de Javier Santos a Amnistía Internacional…

por Francisco Javier Santos Pérez.

Estimados amigos de Amnistía Internacional, acabo de  visitar su página y solidarizarme con la pobre mujer que posiblemente sea  lapidada por el régimen Iraní, genuina expresión del totalitarismo social y  político, anulador de la libertad del ser humano. Una desgracia para la  humanidad, que lamentablemente esta prendiendo su semilla en más áreas del  mundo y reduciéndose aquellas que mantienen todavía un mínimo ejercicio de  libertad y de dignidad de sus ciudadanos.

Aquí en España en general las libertades y la distancia necesaria del poder  sobre los individuos, se ha reducido sensiblemente en los últimos años.

Pero existe un quebranto gravísimo de los derechos fundamentales de los  niños y de muchísimos de sus padres en España, que no es de antes de ayer,  que se arrastra desde el año 1981. Me refiero a la ley del divorcio que  permite y defiende la desigualdad y la discriminación de las partes  implicadas, de tal modo que se segregan, se arrebatan la vida de miles y  miles de niños cada año de sus papas. La ley hace que el 97% de las  custodias de los niños sean para las madres porque sí, haciendo que las  madres sean juez y parte en los procesos y convirtiendo a los niños en  rehenes para obtener grandes ventajas materiales y causar un daño emocional  irreparable. El contacto hace el cariño, y cuando se separan a los niños de  sus papas y viceversa, se van levantando distancias emocionales y personales que no hay máquina del tiempo que pueda revertir. Es la ley del crimen que  nos separa de nuestros hijos.

La CUSTODIA COMPARTIDA es un derecho fundamental de nuestros hijos que  garantiza el bien superior de los niños, que no es otro que el que los niños  continúen conviviendo en igualdad temporal y legal con sus dos padres, pese  a que éstos se divorcien. La CUSTODIA COMPARTIDA es garantía de igualdad de  las partes y de una menor conflictividad en los procesos de divorcio.

Si cuando una pareja decide divorciarse, supiera que los niños no van a ser  objeto de uso, de manipulación o litigio, si supieran que los niños  continuarán siendo de ambos padres de modo igual, la conflictividad judicial  descendería importantemente y la actitud sosegada y civilizada ante un  divorcio y ante los niños seria lo habitual, pues nadie mantiene 5, 10,15  años un conflicto judicial, siempre desigual, por un simple armario o por  unos muebles de cocina.

Los niños no pueden esperar, los padres no pueden esperar, esta sociedad no  puede esperar, si quiere ser justa e igualitaria de verdad.

Les emplazo a hacer de la defensa de los derechos fundamentales de los niños  de este país y de la defensa de las grandes víctimas de esta ley  segregacionista que sufrimos, que son los niños y mayoritariamente sus  papas, un objetivo de primera línea entre sus actuaciones.

Señores de Amnistía, coincidiendo con la mayoría de sus reivindicaciones y  sus planteamientos, no me serán creíbles como organización si permanecen  callados antes este enorme problema que sufre este país y otros países. Les  emplazo a socializar, a poner encima de la mesa social este crimen  legalizado que tanto dolor y tanta humillación causa y ha causado a miles y  miles de niños y de sus papas cada año.

Sin más reciban un afectuoso saludo.

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Jaume Satorra

El tribunal de Malasia que condenó a una mujer a ser azotada por beber cerveza suspende el castigo

El tribunal islámico de Pahang (Malasia) ha suspendido la condena a Kartika, que iba a ser azotada por beber cerveza.REUTERS/Zainal Abd Halim

  • La pena se revisará al considerarse “demasiado dura y desproporcionada con la falta”
  • La ley islámica no permite a los musulmanes el consumo de alcohol, razón del castigo
  • La mujer condenada se negaba a apelar la sentencia y pedía ser azotada en público

RTVE.es/AGENCIAS 25.08.2009

El tribunal islámico de Malasia que condenó a una modelo musulmana a ser azotada por beberse una cerveza ha suspendido de forma indefinida la aplicación del castigo.

La ministra para Asuntos de la Mujer, Familia y Desarrollo de la Comunidad, Shahrizat Abdul Jalil, ha declarado que el tribunal islámico del estado de Pahang ha decidido revisar la pena impuesta a Kartika Sari Dewi Shukarno al considerarla “demasiado dura y desproporcionada con la falta”.

El primer ministro de Malasia, Najib Razak, ha pedido este martes a Kartika, madre de dos hijos, que apelara la sentencia en lugar de aceptarla. La modelo había pedido incluso ser azotada en público.

“Creo que las autoridades judiciales son sensibles a este problema y se dan cuenta de las implicaciones que acarrea este caso. La persona afectada debería apelar a las autoridades federales y no ser tan servicial como para aceptar el castigo”, ha afirmado Razak.

La ley islámica prohÍbe a los musulmanes consumir alcohol

Hasta ahora, Kartika, de 32 años, se había negado a apelar contra la condena, que consiste en seis latigazos con una vara de ratán. El castigo iba a realizarse en aplicación la ley islámica o “sharia”, que prohíbe a los musulmanes consumir alcohol.

Antes de anunciar que iba a revisar la sentencia, el tribunal ha indicado que el cumplimiento del castigo había quedado aplazado al menos hasta el final del Ramadán, que concluye el próximo mes de septiembre.

La decisión fue tomada este lunes a primera hora, después de que tres funcionarios acudieran a casa de Kartika para trasladarla a una prisión de Kuala Lampur para que recibiera allí los latigazos.

Kartika se iba a convertir en la primera mujer en recibir un castigo de este tipo en Malasia, país en el que la religión mayoritaria es la musulmana y cuyo Gobierno pretende transmitir una imagen internacional de moderación.

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Malasia confirma que azotará a una mujer por beber cerveza en el Ramadán

Jaume Satorra – Amnistía Internacional

Amnistía Internacional pide a Malasia no azotar a una modelo por haber bebido una cerveza

Amnistia21/08/2009

Según la ley islámica, debería recibir seis latigazos y una multa de unos 1.500 euros. D

Bangkok (EFE).- Amnistía Internacional (AI) instó hoy al Gobierno de Malasia a que intervenga para evitar que una modelo de religión musulmana que bebió una cerveza sea azotada en cumplimiento de las leyes islámicas. Kartika Sari Dewi Sukarno, de 32 años, fue condenada el pasado julio a seis latigazos y a una multa de 5.000 ringgit (unos 1.500 euros) por consumir alcohol en una sala de fiestas del estado de Pahang, al este de Malasia.

“Azotar es un castigo cruel, inhumano y degradante, y además lo prohíbe la legislación internacional sobre Derechos Humanos”, indicó la organización en un comunicado. De llevarse a cabo el castigo, esta modelo que trabaja en la vecina Singapur y es madre de dos hijos, será la primera mujer en ser azotada en Malasia, bajo la sharia o ley islámica que se aplica a la población de religión musulmana.

Cuando el tribunal de Pahang anunció el fallo, el fiscal a cargo del caso declaró que el objetivo de la pena “es educarla, más que castigarla”. Los hechos por los que fue declarada culpable se remontan a hace un año, cuando la modelo asistió junto a varias amigas a una fiesta playera y el camarero que le sirvió la cerveza no le pidió su documentación para verificar que no era musulmana. Alguna persona se percató de que bebía cerveza y alertó a la Policía, que detuvo a la mujer.

El consumo de alcohol es un asunto polémico en Malasia, donde un sector de la mayoría musulmana quiere extender la prohibición a las minorías china e india e implantar una “ley seca” en todo el país. En Malasia, los azotes se dan con un látigo de ratán de un metro de largo y humedecido antes de ser empleado por los funcionarios de prisión a cargo de aplicar el castigo corporal.

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Jaume Satorra – Amnistía Internacional

La soledad de las mujeres que sufren violaciones en la guerra

15 Marzo 2009

Desde el primer desembarco en Sudán, pasando por Uganda y el reciente viaje al Congo, en este blog hemos conocido de primera mano los testimonios de mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual en conflictos armados. Terrible realidad en la que volveremos a sumergirnos en próximos destinos como Chad, República Centroafricana y Sierra Leona.

Por otra parte, hemos realizado un repaso a la historia de la violación como arma de guerra, enfatizando el fracaso de la comunidad internacionalque, después de los Balcanes y Ruanda, se había comprometido a evitar que el cuerpo de la mujer se convirtiese en campo de batalla.

“La violación de entre 20 mil y 50 mil mujeres en Bosnia a principios de los noventa se cree que formaba parte de una estrategia deliberada de limpieza étnica. Tras estas duras estimaciones de la ONU, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, establecido en La Haya en 1993, reconoció a la violencia sexual como un crimen contra la humanidad. Por primera vez en la historia, una persona por violación como crimen contra la humanidad en ese tribunal”.

Esta explicación abre el informe Vidas destrozadas, que publicara la semana pasada Médicos sin fronteras (MSF). Uno de los documentos más exhaustivos realizados hasta el momento sobre una cuestión a la que se margina sistemáticamente de la agenda internacional.

“El informe sale de nuestra indignación”, señala Meinie Nicolai, directora de operaciones de MSF en Bruselas. Nuestros equipos escuchan dolorosas historias de abusos cada día. Nos sentimos obligados de contarlo. No puede haber excusa para la violencia sexual, no importa cuán habitual sea el fenómeno en algunos de los lugares en los que trabajamos”.

En el año 2007, los equipos de MSF atendieron a 12 mil víctimas de agresiones sexuales en todo el mundo. El informe describe la atención que deben recibir las mujeres, que podría resumirse en los siguientes pasos a seguir:

1. Prevención de la infección por VIH:

Si la víctima se ha visto expuesta al virus, un curso de tratamiento con antirretrovirales (ARV) conocido como PEP (post-exposure prophylaxis o profilaxis postexposición) puede impedir la infección. Este tratamiento sólo funciona si se inicia dentro de las primeras 72 horas tras la violación, aunque cuanto antes se empiece, más probabilidades hay de que sea efectivo.

2. Prevención de la hepatitis B:

El virus de la hepatitis B también puede transmitirse por vía sexual y es más contagioso que el VIH. La vacuna de la hepatitis B es efectiva como prevención si la primera dosis se administra dentro de los tres primeros meses de haberse producido el contacto.

3. Prevención y tratamiento de otras ITS:

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden prevenirse y tratarse con antibióticos. Siempre que se detecta un riesgo, la víctima de violación recibe antibióticos que pueden prevenir infecciones como la clamidia, la sífilis y la gonorrea, o tratarlas si ya se han desarrollado. Prevención del tétanos: En función de la naturaleza de la violencia, la víctima puede correr el riesgo de contraer el tétanos.

4. Contracepción de urgencia:

Si la víctima acude en busca de asistencia dentro de las primeras 120 horas de haberse producido la agresión, es posible impedir embarazos no deseados con la píldora del día siguiente. Ésta interrumpe la ovulación e inhibe la implantación del óvulo fertilizado en la matriz.

5. Tratamiento de heridas:

La presencia de heridas asociadas a la violación depende del nivel deviolencia durante la agresión. Éstas requieren atención médica inmediata y los casos extremos, como las fístulas, cirugía.

6. Seguimiento:

Durante las consultas de seguimiento, los pacientes reciben las dosis restantes de vacunas del tétanos y de la hepatitis B, y pueden hacerse análisis del VIH. Incluso si se les ha administrado la PEP, todavía existe la posibilidad de infección. Debido al periodo de incubación del virus, las víctimas de violaciones deben esperar por lo menos tres meses para saber si han contraído el VIH a resultas Una niña de 8 años violada por su padre recibe tratamiento de la agresión.

7. Apoyo psicológico

El primer objetivo de la atención psicosocial a víctimas de violencia sexual es ayudarles a restituir la capacidad de continuar con sus vidas tras el traumático incidente. En algunos casos, cuando los pacientes llegan en estado de shock, el asesoramiento psicológico inicial ayuda a estabilizar sus síntomas y a prepararles para la consulta médica. Un asesoramiento a tiempo también puede impedir el desarrollo posterior de trastornos de estrés postraumático.

8. Certificado médico-legal

El certificado debe contener una descripción de lo que el profesional sanitario ha observado durante el examen clínico y el relato de la agresión sexual por parte de la víctima. Incluso en situaciones de conflicto, donde los sistemas judiciales están colapsados, los pacientes tienen derecho a solicitar un certificado médico-legal por si, una vez finalizado el conflicto, deciden emprender acciones legales.

9. Apoyo económico

Cuando estas personas son rechazadas por la comunidad o corren el riesgo de sufrir repetidas agresiones, pueden necesitar protección y apoyo adicionales. Si pierden su capacidad de trabajar a consecuencia de la violación, pueden necesitar medios alternativos para generar ingresos. Si desean presentar cargos, pueden necesitar asistencia legal.

Este extenso listado de ayudas sirve para tomar conciencia de la dimensión de los daños que provocan las violaciones. Aunque lo más terrible de toda esta historia es que, según señala MSF, la atención que necesitan las víctimas de violaciones “es muy difícil o imposible de encontrar en los países donde trabajamos”.

A lo que se suma el estigma social y la marginación que implica admitir que se ha sido sufrido una agresión sexual. Lo que lleva a una de las conclusiones más contundentes del informe: “Así pues, tras un episodio de violencia sexual, muchos descubren que están completamente solos”.

Jaume Satorra

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