Perseverar en el error: la guerra contra el narcotráfico en México

Hay que asumir que el problema del narcotráfico es un problema social y de salud pública, que el consumo de drogas ha sido y seguirá siendo una constante en la sociedad.

nuevatribuna.es | César Morales Oyarvide | 04 Noviembre 2011 – 17:15 h.

Ni el narcotráfico ni la lucha de los gobiernos mexicanos para erradicarlo o contenerlo son nuevos. Todos los presidentes del país han intentado resolver el problema del tráfico de drogas, con diferentes medios y con menor o mayor fortuna. Sin embargo, ninguno había apostado por hacerlo mediante un ataque frontal, en todo el territorio, durante todo el tiempo, a las organizaciones traficantes como hizo el presidente Calderón desde el inicio de su gobierno. Tras casi cinco años “guerra”, es difícil salir en defensa de esta estrategia, que entiende al “narco” más como un problema de seguridad que como uno de salud pública al que hay que atajar por medios policiacos y militares. No sólo porque la información disponible hoy demuestra que los argumentos que se manejaron como justificaciones de la estrategia son cuestionables, sino porque las medidas adoptadas, además de no haber cumplido sus objetivos, han tenido una serie de consecuencias negativas muy graves, de las cuáles ya he hablado en su momento en este espacio que me brinda nuevatribuna.es. Hoy retomo la cuestión por, al menos, tres razones: 1) el problema, lejos de resolverse, es cada día más grande, 2) el gobierno federal persevera en su error y parece impermeable a toda crítica, y 3) porque hay nueva evidencia para mostrar a propios y extraños lo érroneo de la actual estrategia. La agrupo en tres apartados:

1. EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA

Con un gobierno débil, una política de intervención antidrogas agresiva tienda a exacerbar y multiplicar la violencia. Es así por la capacidad de retaliación que tienen las organizaciones y porque esta política propicia conflictos entre e intracárteles.

Si bien el grueso de la violencia la protagonizan las organizaciones traficantes luchando entre sí, también la acción del gobierno desempeña un papel importante. Lo problemático es que se está entrando en el juego de los traficantes: varias detenciones de capos y decomisos se han hecho en buena medida por información provista por cárteles rivales cuyo fin es iniciar una ofensiva justo en el momento en que comienza el conflicto intracártel propiciado por el arresto, muerte o decomiso.

Tenemos pues, a un gobierno que en su afán de erradicación por medio de la confrontación ha actuado como detonador o coadyuvante de los espirales de violencia de la lucha entre traficantes.

Y no solo eso. En un trabajo reciente de Fernando Escalante para la revista Nexos se muestra con cifras algo que los críticos de la “guerra contra el narco” ya sospechaban: que en la mayoría de los estados donde se han desplegado operativos conjuntos policiaco-militares desde 2006 se rompió una tendencia a la baja de varios años en cuanto a violencia homicida y se sufrió un repunte alarmante que la frase “se están matando entre ellos” no alcanza a explicar. De hecho, nada puede explicarlo fuera de la presencia del Ejército.

En estos estados, además, si antes de los operativos conjuntos la violencia homicida se concentraba en algunos municipios, tras la llegada de la “guerra” dicha violencia repuntó no sólo en ellos, sino en prácticamente toda la geografía estatal. Una prueba gráfica de que la estrategia de guerra frontal redundó en más violencia, no solo donde ya la había sino donde antes no existía.

2. EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE DROGAS.

México, también se ha dicho ya en este espacio, es un productor centenario de marihuana y de heroína. Regiones rurales como el llamado “Triángulo Dorado” o la Cuencua del río Balsas son de añeja tradición en su cultivo. Dicha producción estuvo en su origen controlada por políticos, siendo los traficantes actores integrados en el régimen nacido de la Revolución, pero en una posición de subordinación muy clara.

Otra consecuencia no deseada de que el Ejército se encuentre patrullando las ciudades e inmerso en un enfrentamiento permanente contra los carteles de la droga es precisamente el aumento de esta producción rural, ya que las Fuerzas Armadas (ahora en calles y carreteras) eran quienes se dedicaban a erradicar estos cultivos ilegales, especialmente en la región de la Sierra Madre. Se trataría de un efecto más de una estrategia centrada en atrapar o matar criminales y en el mercado de la cocaína, considerada una droga más valiosa para los carteles.

“La guerra contra el narco da un respiro a los sembradores”, se titula un artículo del Washington Post sobre el particular aparecido el lunes de la semana pasada.

De acuerdo con este diario, reportes de Naciones Unidas y de los gobiernos mexicano y estadounidense apuntarían a que México ha doblado su producción de marihuana desde 2006. El Ejército mexicano destruyó alrededor de 77500 acres de marihuana en 2005 (año anterior a que Felipe Calderón fue declarado Presidente). En 2010, la cantidad se redujo a 43000 acres.

De forma parecida, informes del Departamento de Estado de EE.UU. estiman un aumento significativo de las plantaciones de adormidera en el país, y colocan a México ya como el segundo productor de heroína en el mundo, solo detrás de Afganistán. De acuerdo a esta misma fuente, la producción nacional habría pasado de 8 toneladas métricas en 2005, a 50 en 2009.

De más está decir que los decomisos de ambas drogas han ido in crescendo, lo que no es necesariamente un gran motivo de celebración. Vale la pena recordar una sentencia del mayor experto mexicano en la historia de las drogas, Luis Astorga: “hay más decomisos y capturas por la simple razón de que hay mas producción, más diversificación del mercado y más cantidad de gente en el negocio”.

3. EL DISPENCIO: LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA GUERRA FALLIDA 

Además de lo mencionado hasta ahora, es necesario destacar el enorme costo económico que ha significado la guerra contra el narco llevada a cabo por el gobierno mexicano, minuciosamente documentado el periodista Carlos Fernández-Vega en el periódico La Jornada: oficialmente, desde 2006 han salido del erario 667 mil 670 millones de pesos (mdp) (más de 49 billones de dólares) para financiar la estrategia de combate al crimen organizado. En lo que va del sexenio de Calderón el presupuesto conjunto de las cinco dependencias encargadas de implementar este combate (la Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública Federal, y la Procuraduría General de la República) se ha incrementado en cerca del 120 por ciento (comparado contra el 71 por ciento de incremento en el Ministerio de Educación Pública).

Tras declarar la guerra contra el crimen organizado (ahora “estrategia”), el presupuesto para 2007 autorizado para las cinco dependencias citadas sumó 71 mil 40 millones de pesos (Gobernación, 5 mil 8 millones; PGR, 9 mil 216; SSPF, 13 mil 664; SEDENA, 32 mil 201, y SEMAR, 10 mil 951). Seis años después la propuesta del Gobierno en 2012 asciende 154 mil 746.7 millones (Gobernación, 23 mil 537.5; PGR, 15 mil 385; SSPF, 40 mil 536.5; SEDENA, 55 mil 611; y SEMAR, 19 mil 676.7).

Comparando el Presupuesto para 2012 con el aprobado de 2011, estas 5 dependencias habrían tenido un incremento en sus recursos de 38.8 % (SEGOB). 23.9 % (PGR), 10.3% (SSP), 7.4% (SEDENA), y 4.1% (SEMAR). Y el total de los recursos asignados a la fallida estrategia de seguridad tendría un aumento real de 12.4%.

En su columna “México, S.A.”, Fernández-Vega no solo se dio a la tarea de recopilar todos estos datos. Realizó, además, una operación muy sencilla, pero de resultados interesantísimos: dividió este gasto entre el total de los presuntos narcotraficantes detenidos (92 mil 682, según datos de la Procuraduría General de la República, entre los cuales solo el 0.01 por ciento formaba parte de la dirigencia de algún cartel), para dar con un resultado de 7.2 mdp por captura (¡poco más de medio millón de dólares!).

Finalmente, y a pesar de que mucho se habla de la necesidad de invertir en la modernidad del aparato de seguridad del Estado (cosa absolutamente necesaria), a la hora de desmenuzar la propuesta presupuestal para 2012 se concluye que difícilmente se alcanzará este objetivo, porque el grueso del dinero que se canalizará el próximo año a las cinco dependencias referidas se destinará a gasto corriente, y dentro de éste, fundamentalmente, al pago de nómina, con lo que el margen de modernización es raquítico: al gasto corriente se destinará el 99.5% del presupuesto de la SEGOB, 98% del de la SEDENA, 72% del de la Secretaría de Seguridad Pública, y 95.5% de la PGR.

Como he sostenido en anteriores colaboraciones, el problema, y de ahí la pertinencia de la crítica a la estrategia del Gobierno, es que su plan se ha centrado en lo militar y lo policial, buscando la erradicación. Y mientras sigamos empantanados como estamos en un paradigma importado que ha sido utilizado como forma de presión internacional, la solución seguirá siendo lejana.

Hay que asumir que el problema del narcotráfico es un problema social y de salud pública, que el consumo de drogas ha sido y seguirá siendo una constante en la sociedad, y que hay que aprender a vivir con él. Y darse cuenta de que las estrategias punitivas, además de estar abocadas al fracaso, traen consigo unos costes extremadamente onerosos, tanto en términos materiales como humanos.

Este diagnóstico debe servir para repensar una estrategia abocada al fracaso, y a dejar de medir el éxito de la misma a granel, en toneladas decomisadas, pistoleros muertos, o en capos extraditados.

Para terminar, no me queda más que refrendar mi convicción de que criticar la estrategia del gobierno federal no es un ejercicio estéril. Y mucho menos, “hacerle el juego al narco”, que apuesta por el cansancio de la sociedad. Tampoco creo que el fracaso de una estrategia particular como la implementada por el presidente Calderón implique la derrota del Estado mexicano. No. Los críticos sabemos que no existen alternativas perfectas ni infalibles, pero creemos que la búsqueda y construcción de esas mismas alternativas (consecuencia de una crítica seria de la estrategia actual) será siempre una tarea más redituable que poner nuestros recursos al servicio de una causa perdida, con razones, medios y fines equivocados.

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Reinicia

nuevatribuna.es | 04 Noviembre 2011 – 00:13 h.


El cabeza de lista de EQUO para las elecciones Generales del 20N, Juan López de Uralde, y la responsable de la campaña electoral y número 2 por Madrid, Inés Sabanés han presentado hoy el lema de esta nueva formación política para la campaña electoral

Sabanés ha explicado que “ EQUO ha optado por desarrollar tres ideas y un concepto que explican bien lo que es este proyecto y lo que puede aportar al panorama político

Recupera la ilusión” porque EQUO considera que no basta con no estar de acuerdo, sino que hay que plantear alternativas posibles que contribuyan a que la ciudadanía recupere la voz en la política y participe en la vida pública.

Regenera la democracia” porque ésta una de las razones de ser de EQUO: contribuir a que haya una democracia más participativa, más real.

Reutiliza tu voto”, porque EQUO llama a la participación frente a la pasividad y a que el voto se convierte en un elemento importante, aunque no sea el único, para que las cosas cambien.

Para EQUO la palabra que resume estas ideas y que se convierte en el lema de campaña es REINICIA. porque es el momento de empezar de nuevo y que se hagan las cosas de otra forma.

Sabanés ha explicado que esta idea de recuperación, regeneración y reutilización, para reiniciar un sistema que se ha demostrado fallido, sintetiza el espíritu de EQUO y lo que esta nueva formación política quiere hacer llegar a la ciudadanía.

Por su parte, Uralde ha explicado que EQUO hace tiempo tomó la decisión de no pedir créditos para la campaña porque “no queríamos llegar con hipotecas al Congreso por lo que ha emprendido una campaña de recaudación de fondos, fundamentalmente a través de Internet, y el dinero que se recaude será el que se utilice en esta campaña”.

El candidato de EQUO también ha explicado que “la decisión de la Junta Electoral de negar a esta formación los espacio gratuitos en RTVE ha supuesto un importante traspiés aunque tiene confianza en ganar el recurso presentado

En la rueda de prensa ha estado presente el parlamentario alemán Gerhard Schick que ha querido expresar el apoyo de los Verdes europeos a EQUO. Schick ha explicado quees importante que la ciudadanía sepa que EQUO no es un proyecto aislado sino que forma parte de un proyecto más global, el del Partido Verde Europeo, que defiende una Europa distinta.

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La burbuja financiera militar

nuevatribuna.es | Juan Carlos Rois y José Ambrona | 04 Noviembre 2011 – 21:20 h.

Según informaciones del Secretario de Estado de Defensa Constantino Méndez, España arrastra una deuda militar fruto de sucesivos compromisos de gasto con las industrias militares y de créditos encubiertos en los presupuestos del extinto ministerio de Ciencia y Nuevas Tecnologías, hoy Industria, de aproximadamente 26.000 millones de euros cuyo pago, diferido a las dos próximas décadas, puede llegar a superar los 32.000 o los 36.000 millones de euros según cual sea el escenario de pagos que se elija. Este enorme gasto, ha dicho la actual ministra de Defensa en un informe confidencial al que tuvo acceso Infodefensa, pone al Ministerio de Defensa en “colapso técnico y financiero” y “comprometerá la capacidad operativa de las fuerzas armadas en las próximas décadas”, haciendo altamente costosa y prácticamente impagable laingente deuda pública española.

El movimiento pacifista ha reclamado desde hace más de diez años poner la atención sobre las habilidades contables con las que los sucesivos gobiernos, primero de Aznar y luego de Zapatero, ocultaban el gasto militar extraordinario comprometido con las industrias militares.

1 El origen de la actual situación de endeudamiento

Para comprender mejor la dimensión del desastre merece la pena hacer un repaso de la generación de esta verdadera burbuja del gasto público. Primeramente fue el gobierno de Aznar, a partir de 1987, el que comenzó a generar la deuda impagable. Según la visión del aznarato, España debía cambiar la defensa, lo que en líneas gruesas consistía en emprender un aumento del gasto en defensa, comprar nuevos y modernos armamentos mediante una serie de programas de inversión (los vinculados a la adquisición del avión de combate europeo Eurofighter, las fragatas de proyección y multiusos F100, y los carros de combate Leopard) y reformar el ejército para hacerlo más profesional y moderno.

Debe aclararse que esta original idea es un mantra que se repite incansablemente desde la transición y cada vez que entra un nuevo presidente de gobierno, pues al parecer el ejército nunca acaba de dimensionarse, modernizarse, profesionalizarse y salir de la penuria.

Aznar ordenó iniciar una serie de programas de compra de armamento sofisticado para ponernos a la altura de nuestros vecinos, con la particularidad de que, al no tener previsto este tipo de compras en los Presupuestos del Ministerio de Defensa, y para aparentar que éstas no incrementaban el gasto militar real, ordenó una ingeniosa fórmula de pago:

● Se comprometían (y se siguen comprometiendo, porque este modelo de inversión militar está aún en uso) diversos programas con las principales industrias militares, aplazando su entrega y pago hacia el futuro.

– Esto tiene una primera consecuencia militar: cuando dentro de 10, 15 ó 20 años se entreguen los armamentos, serán más o menos obsoletos e ineficientes. Por ello se tendrá que hacer un nuevo programa que se comenzará a financiar en el presente pero se irá pagando en el futuro y, nuevamente, para conseguir armamento obsoleto. Es decir, se produce un círculo vicioso que nos endeuda cada vez más a cambio de armas que no van a servir. ¿Quién saca beneficio de ello? Las arcas públicas sólo deuda. La industria militar, sin duda sale ganando, pero no sabemos distinguir cuál es el beneficio para la sociedad española.

– Por otro lado, hay una consecuencia financiera: resulta muy cómodo proponer un programa de armamentos a precios del presente ocultando a la sociedad los sobrecostes que van a surgir por dilatar la entrega del material.

– Además, este tipo de programación de inversiones implica la cautividad del Ministerio de Defensa y de las arcas públicas porque si ya se han invertido montos importantes de euros en su desarrollo, será muy complicado renunciar al programa aunque se sepa que las armas serán ineficientes.

● Se otorgaban créditos a las industrias militares a interés cero para que investigaran y fabricaran el armamento. ¿Qué otra industria o sector productivo nacional obtenía u obtiene intereses tan bajos?, ¿no se puede considerar que una práctica así es injusta y que fomenta la competencia desleal entre el sector militar y los demás?

● Dichos créditos se daban (y se dan) a cargo del extinto Ministerio de Ciencia y Tecnología y del actual Ministerio de Industria. Es decir, Defensa no gana ni pierde. Es sólo un intermediario. Así se consigue ocultar parte del gasto militar en los presupuestos de otros ministerios.

● Las industrias militares realizaban las entregas, se les pagaba su precio (con las correspondientes desviaciones por encarecimiento de materiales, mejoras, intereses, aumento de la inflación, etc.). Ellas siempre ganan.

● Las empresas devolvían, acto seguido, al Ministerio de Industria los créditos aportados, eso sí, sin intereses, pues así se había pactado. Los intereses que se han dejado de cobrar han sido sufragados, por tanto, por el erario público y por los españoles.

Los compromisos de Aznar llegaron, según Méndez, al 87% del actual problema. Ahora bien, la realidad no es exactamente así. Si bien Aznar comprometió directamente el 51% de los actuales créditos diferidos, los gobiernos de Zapatero en unos casos prolongaron este compromiso y en otros adquirieron compromisos nuevos, habiendo por tanto generado el 49% de la actual deuda impagable, cuando podía no haberlo hecho.

Según Méndez “el gasto comprometido para la totalidad de la programación asciende a 23.959 millones de euros, de ellos entre 1996 y 2000, 13.652 (51%), de 2001 a 2004, 9.257 (34,7) y entre 2008 y 2011, 59 millones”, por lo que, en conclusión de Méndez, en función de como se materialicen las desviaciones (intereses, revisiones de precios, etc) puede quedar una deuda final de entre 31.600 y 36.800 millones de euros, por lo que, “el análisis de los PEA (Programas Especiales de Armamento), tal como se deduce de los cuadros que les he presentado, nos demuestra que el modelo iniciado en 1997 no es viable a largo plazo”.

2) Una deuda ingente e impagable

La deuda representa de cuatro a cinco veces el presupuesto del Ministerio de Defensa y entre 32 y 36 veces la partida que éste tiene asignada para inversiones en armamento, que es lo que tocará sacar del bolsillo de los españoles (a razón de unos 800 euros extra, como mínimo, por habitante). Por hacernos una idea de la magnitud de esta cifra, es, aproximadamente, lo que los Presupuestos Generales del Estado de 2010 destinan a abonar por desempleo para el conjunto de parados, lo que equivale a decir que apostar por pagar esto nos privará de actuaciones solidarias con los parados por largo plazo.

Esta deuda no sólo resulta ingente, sino que, en palabras de la propia Ministra de Defensa, es impagable en las actuales circunstancias. Por ello Zapatero, comprobando lo insostenible de la situación, fue reduciendo compromisos adquiridos de compra de armas en los presupuestos de 2010, que minoraron en 83,8 millones de euros el capítulo de inversiones de armamentos (no obstante comprometió otros 333,7 millones de euros) y, más tarde, en el Plan de Acción Inmediato 2010, paralizó otros compromisos en armamento por 141 millones de euros.

3) Un gasto además innecesario e ineficaz

Todo esto, con ser grave y preocupante, no lo es todo: el propio Constantino Méndez, en su comparecencia referida ante la Comisión de Defensa reprocha al Presidente Aznar que “… el proceso de obtención se sobredimensionó desde su inicio respecto a la capacidad financiera del gasto asignado a la defensa, priorizando los costosos sistemas de armas convencionales, poco adecuados a los nuevos riesgos y conflictos, sin dar importancia suficiente a sistemas más eficientes que tuvieran como objetivo prioritario la seguridad y la capacidad operativa en los escenarios en los que realmente participamos y también en relación con los riesgos que realmente padecemos y, por tanto, en demérito de otras capacidades tecnológicas que es necesario, diría que es imprescindible, tener”.

Es decir, no sólo se gastó mucho y sin orden, sino que se gastó mal, porque el armamento ni siquiera es el que se requiere desde la propia óptica militar, o cuando llegue ya estará obsoleto en comparación con el material de última ola, lo que obligará de nuevo a otro ciclo armamentista, lo cual nos sitúa en un problema de otro orden: de orden ético y político, como han denunciado diversos colectivos de defensa de los derechos humanos y pacifistas.

4) ¿Qué dicen los partidos políticos de esta situación?

Si acudimos a los posicionamientos de los partidos parlamentarios en las dos ocasiones en que esta situación ha sido llevada al Parlamento, quizá nos sorprendamos. En ellas intervinieron, además de Constantino Méndez, los diputados Beloki, del PNV, Rosa Díaz de UPyD, Rodríguez Salmones, del PP y Arola del PSOE. Todos ellos apoyaron al Secretario de Estado mostrando preocupaciones colaterales y su tácita aceptación de que esa deuda había que pagarla a toda costa dado el carácter estratégico de las industrias bélicas.

Con este antecedente es difícil conocer los planteamientos efectivos de los partidos políticos ante este el problema de la deuda militar de cara a las elecciones de noviembre de 2011, pues, de lo leído en sus programas, nada se dice al respecto. Una muestra más de la falta de transparencia que hay en los temas militares. Ni PSOE ni PP, en sus propuestas conocidas, abordan el pago de esta deuda.

Es de suponer que el primero, como ha filtrado el actual gabinete de la Ministra de Defensa, vaya a una fórmula de condonación de devolución de los créditos concedidos a las industrias militares por importe de unos 14.000 millones de euros para rebajar la deuda, y que reprogramen el resto de pagos a costa de aumentar sus intereses y costes finales. Esta fórmula, en definitiva, lo que hace es endosar la deuda militar al Ministerio de Industria, que a su vez pierde capacidad de inversiones propias y más sociales. Por su parte, Mariano Rajoy habla de aumentar ligeramente el gasto militar (en realidad, en su lenguaje hermético lo que dice es que no aumentará significativamente, que viene a ser lo mismo) lo que iría en consonancia con las promesas de profundizar la modernización del ejército que aparecen en su web.

Parece que, por lo tanto, durante la próxima legislatura el problema de la deuda financiera militar va a intentar soslayarse por unos y otros. Lo malo es que las últimas experiencias en burbujas financieras dejan muy claro que cuando explotan los perjudicados son los españoles de clases medias y bajas. Ello quizá haga reaccionar a algún grupo parlamentario o a algún movimiento social tipo 15 M que denuncie estas continuadas faltas de transparencia y de control parlamentario.

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