La SGAE, molesta por la declaración de Teddy Bautista evadiendo su responsabilidad

Teddy Bautista, saliendo de la Audiencia Nacional El presidente de la SGAE, Teddy Bautista, abandona la sede de la Audiencia Nacional. (Gustavo Cuevas / EFE)

• Descargó en los directivos de la entidad el papel ejecutivo que le correspondía.
• La SGAE asegura que Teddy Bautista tenía la capacidad de decisión última.
• Según el director general de la SGAE, Enrique Loras, Bautista asumía las decisiones importantes, tales como constitución y la compraventa de empresas.

EUROPA PRESS. 26.09.2011 – 11.53h

Directivos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) han expresado su malestar por la declaración del ex presidente ejecutivo de la entidad, Teddy Bautista, recogida en el sumario del denominado caso Saga. En sus palabras, éste descarga sobre dichos directivos un papel ejecutivo ejercido por él y que ellos en realidad no tenían, «tal y como se recoge en el sumario», pues según han relatado fuentes cercanas a la entidad, Bautista tenía un «poder omnímodo».

En el sumario, el director general de la entidad, Enrique Loras, afirma que Bautista dispone de «poderes máximos» e imparte «instrucciones en ocasiones por escrito». Además, añade que «asume las decisiones importantes, tales como constitución o no de empresas, compraventa de empresas, compraventa de edificios, planes estratégicos de la entidad, y cualquier tipo de ampliación de capital de las entidades del grupo SGAE».

Sin embargo, Bautista afirma en su declaración que aunque es el máximo responsable, su poder «se encuentra muy limitado por lo que marcan los estatutos y siempre deben ser sometidas las decisiones a los órganos colegiados». Asimismo, se escuda en «que todas las decisiones que se hayan de adoptar tanto en la SGAE como en la SDAE, deben ser supervisadas por el director económico financiero, el cual las enviará para su aprobación al Consejo».

En contra de lo planteado por Bautista, el magistrado Pablo Ruz señala que de las «intervenciones telefónicas se desprende que Eduardo Bautista participa de forma activa y tiene la capacidad de decisión última en materias relevantes de la SGAE», apoyando así los planteamientos de Enrique Loras.

Precisamente Loras también defiende ante el juez que «en los Consejos de Administración de la SDAE no se tomaban muchas decisiones», dado que «era el señor Neri la persona que traía las propuestas consensuadas con el señor Bautista, y si la propuesta sonaba bien, se solía aprobar», puesto que carecían de «recursos técnicos para valorarlas».

En lo que respecta a la SDAE, Loras afirma que Neri es la persona que se encarga «totalmente» de su gestión, que el Bautista es el presidente ejecutivo de la SDAE, y añade que cree que pudiera desempeñar funciones similares a las que realiza en la SGAE.

Loras reconoce que fue Bautista la persona que le introdujo en la SGAE, y que sabe que tanto Bautista como Neri eran músicos, por lo que suponía que se «conocían de antes». «Desde luego Neri es una persona de mucha confianza de Teddy», remacha Loras, actualmente de baja por depresión. Por último, en las conclusiones del sumario, algunos colaboradores directos de Bautista afirman que éste mantenía un «control efectivo de las decisiones de Gobierno de la SGAE», al tiempo que acuñan el término «presidencialista» para definir el estilo de dirección seguido en la entidad.

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Los técnicos de Hacienda alertan de un abuso de las sicav por parte de las grandes fortunas

Bolsa de Madrid El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35. (Juan C.Hidalgo / EFE)

• Se benefician de cotizar al 1% con estas sociedades sin inspección tributaria.
• Sicav: sociedad de inversión colectiva con un capital mínimo de 2,4 millones.

NICOLÁS M. SARRIÉS. 26.09.2011 – 08.05h

Imaginemos que usted es rico. Muy rico. Y no quiere que lo ‘frían’ a impuestos, así que acude a una gestora de patrimonios –filial de un gran banco– a ver qué hay de lo suyo. Allí, sus asesores le recomiendan crear una sicav (sociedad de inversión colectiva con un capital mínimo de 2,4 millones de euros) con la que su dinero solo tributará al 1%. No se preocupe, no perderá el control de su fortuna, ya que los gestores le buscarán al menos a 99 testaferros –mariachis, en el argot financiero– para que hagan bulto junto a usted y su sicav cumpla el requisito legal de tener al menos 100 inversores distintos. ¿Miedo a que Hacienda descubra el engaño? No hay problema, las sicav son las únicas sociedades que no inspecciona la Agencia Tributaria; tan solo las controla la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Casos como este son masivos en España, según denuncian tanto los técnicos como los inspectores de Hacienda. Tanto es así, que de las 3.077 sicav registradas actualmente en la CNMV más de 2.700 –entorno al 90%– tienen 150 accionistas o menos y son sospechosas de ser entidades «privadas» creadas para «eludir las millonarias plusvalías y dividendos obtenidos por los socios», según denuncian los subinspectores de Gestha.

Según los datos oficiales, las sicav mueven un patrimonio de 26.000 millones de euros de unos 417.600 inversores. Tributan sus beneficios al 1% y los accionistas que extraigan su capital o reciban dividendos han de pagar o bien el IRPF (entre el 19 y el 21%) o bien el impuesto de sociedades (entre el 25 y el 30%), ¿Dónde está, entonces, el abuso? En que en realidad estas instituciones de inversión podrían actuar en la práctica como entidades a las órdenes de sus accionistas mayoritarios.

¿Cómo evitar este abuso masivo? Los técnicos de Hacienda proponen establecer un límite máximo personal en el accionariado de entre el 2 y el 5%. De esta forma se limitaría el poder absoluto de individuos o familias en las sicav y se fomentaría una verdadera inversión colectiva, razón de ser de estas sociedades. Por su parte, el colectivo de Inspectores no es partidario de cambiar su régimen, por ahora. «En plena tormenta financiera, España necesita lo que suponen las sicav, no podemos permitirnos que ese capital se vaya», opina Francisco de la Torre, portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda.

Tras la reinstauración del impuesto de Patrimonio, varias son las voces que han apuntado ahora hacia estas sociedades de tributación reducida. Uno de los primeros fue el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, quien anunció su intención de «apretarles» un poco más. No sería la primera vuelta de tuerca: en septiembre de 2010 el Ejecutivo cambió la ley para que la reducción de capital pasara a considerarse como renta del capital y tributara como tal.

Cualquier nueva medida encaminada a aumentar la tributación de las sicav debería estar consensuada entre todos los países de la OCDE, a juicio de los expertos, ya que de no ser así, todos los capitales a la larga acabarían por huir.

Los grandes capitales, sin embargo, son «extraordinariamente volátiles», tal como reflejan los inspectores; así, muchos ya han aparcado la fórmula de la sicav y llevan años apostando por otras fórmulas con más seguridad jurídica. La última moda: las SIF luxemburguesas. Son instituciones de inversión colectiva propias de ese pequeño país. Tributan con un tipo aún más reducido –del 0,01%– y son más flexibles que su homólogo español: permiten invertir en cualquier sector, esté o no cotizado en Bolsa.

Las sedes

El 99% de las sicav registradas en la Comisión Nacional Mercado de Valores (CNMV) tienen su sede social en Madrid capital, Barcelona y Boadilla del Monte (Madrid), cerca de los centros de poder financiero. Bilbao era históricamente otra de las ciudades donde se concentraba mayor cantidad de estas sociedades: había más de 200 hace cinco años, según datos de Hacienda. Actualmente, y tras el cambio de fiscalidad en el País Vasco, apenas se mantiene una sicav en la capital vizcaína.

En el punto de mira

Hay actualmente 3.100 sicav en España, según la CNMV; de ellas, al menos 2.709 están en el punto de mira de los técnicos de Hacienda por tener menos de 150 accionistas y ser sospechosas de que en realidad constituyen una sociedad privada con la que se evaden impuestos, usando a testaferros para cumplir los cupos legales. Las últimas inspecciones –de 2005– al menos así lo confirmaron.

Millones de Koplowitz

La mayor sicav de España, Morinvest, pertenece a Alicia Koplowitz y maneja un patrimonio aproximado de 473 millones de euros, según los datos publicados en la CNMV. Pese a que en su folleto se cuentan hasta 105 accionistas distintos, en el mismo se advierte de que hay uno que posee el 99,98% de las acciones.

Minotauro, Medea, Apolo…

Echando un vistazo a la lista de nombres de las sicav españolas se puede comprobar el gusto de los ricos por la mitología griega: Pandora, Minotauro, Medea, Electra, Apolo, Aquiles… A estos se unen también nombres que beben de la cultura popular, como Waldo-Phaldo, Quadrophenia, Jedi e Isildur, por ejemplo. Otros, como Powerpipo, Pipiola, Bizcochero, Holgazán y Mermelada –este último del filósofo José Antonio Marina– derrochan imaginación.

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El impago del IBI en Castilla-La Mancha podría retrasar el abono de las pensiones

La Presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, Maria Dolores Cospedal (Ismael / EFE)Herrero

• El secretario de Estado de Seguridad Social ha confirmado que la Comunidad no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles de decenas de edificios públicos.
• Asegura que afecta a más de 80 edificios y varios millones de euros.
• Afirma que la deuda con la Seguridad Social se ha producido tras el cambio de Gobierno que llevó a la ‘popular’ María Dolores de Cospedal a la presidencia.

EP. 26.09.2011

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha confirmado que Castilla-La Mancha debe el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de decenas de edificios públicos y ha advertido de que estos impagos podrían retrasar el abono de las pensiones

El IBI es un impuesto que recauda cada ayuntamiento por los edificios de su área y que paga el propietario. En caso de que los inmuebles sean usados por la Seguridad Social (como centros de salud, hospitales, residencias de ancianos, ambulatorios, etc) y por tanto, sean de titularidad pública, debe ser la misma Seguridad Social la que se encargue de retribuir este impuesto a los ayuntamientos. Sin embargo, desde 2002 esta competencia está trasladada a la Comunidad de Castilla-La Mancha y por tanto, debe ser esta quien se encargue de pagar este tributo.

Pese a que está competencia está cedida a la Administración Autonómica, es el Estado el que aparece como propietario de los centros y por tanto, es a la Administración Central a la que llega el reclamo del pago del IBI: «Los ayuntamientos saben que la Ley General de Seguridad Social dice que cuando un edificio ha sido traspasado es la comunidad autónoma la que tiene que pagar el IBI. Pero da toda la sensación de que, en este caso, hay alcaldes del PP que han conjuntado actuaciones con la consejería«.

Problemas en los pagos

«En la práctica podemos tener problemas y perjudicar unos días a unos beneficiarios, y esto es espantoso para nosotros porque vivimos para pagar puntualmente las pensiones a nuestros pensionistas», ha señalado.

Si los ayuntamientos reclaman la deuda a  los bancos que trabajan con la Seguridad Social, estos podrían retrasar los pagos de otras prestaciones

En declaraciones a la Cadena Ser, Granado ha apuntado que aunque legalmente las cuentas de la Seguridad Social son «inembargables», se podrían ver perjudicadas «si 70 ayuntamientos de una comunidad autónoma embargan cada uno de ellos decenas de cuentas corrientes».

Aunque las cuentas públicas no puedan embargarse, Granado teme que las reclamaciones del pago por parte de los ayuntamientos a la Seguridad Social pueda interferir en otras prestaciones, retrasando o paralizando sus cuentas hasta que se resuelva el problema: «nosotros trabajamos con cien bancos y si 70 ayuntamientos de una comunidad autónoma nos embargan cada uno de ellos decenas de cuentas corrientes, al final legalmente no tendremos problemas pero en la práctica podemos tenerlos«

Asimismo, ha insistido en que estos impagos se han producido a raíz del cambio de gobierno con motivo de las elecciones del pasado 23 de mayo, y ha remarcado que el Ejecutivo no tenía «ningún conocimiento» de esta situación.

«Son más de 80 edificios, son varios millones de euros (…) da toda la sensación de que hay alcaldes del PP que han conjuntado actuaciones con la consejería», ha asegurado.

Sin antecedentes «de esta dimensión»

Por último, Granado ha afirmado que no existen antecedentes «de esta dimensión», y ha reconocido que el Gobierno tuvo «alguna referencia temporal» de esta situación en junio, aunque ha remarcado que estos impagos no tienen «justificación alguna».

Según un informe al que tuvo acceso la Cadena Ser, un total de 79 edificios gestionados por Castilla-La Mancha, aunque de titularidad de la Seguridad Social, no habrían abonado el IBI y habrían comenzado a recibir en las últimas semanas amenazas de embargo por parte de las autoridades tributarias.

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Impugnan Proceso de Certificación Ambiental de Empresas Forestales chilenas

24 September, 2011

El Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos presentó formalmente una serie de antecedentes a instancias certificadoras internacionales donde se han acogido las Empresas Forestales Arauco (Holding Copec) y Forestal Mininco (Holding CMPC) para obtener un sello ambiental. 

El Grupo insta a no otorgarles la certificación FSC y a no ser cómplices de violaciones a Derechos humanos y de los graves daños, impactos negativos y conflictos sociales, ambientales y económicos que han venido causando estas empresas en estos últimos años, para lo cual incorporaron verdaderos prontuarios de estas.

Para el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos a través de una presentación suscrita en representación por Sergio Millamán, Eugenia Calquín y Alfredo Seguel a las certificadoras FSC SmartWood Program/Rainforest Alliance y WOODMARK, considera que ninguna de las plantaciones de estas empresas debería ser certificadas por el FSC (Forest Stewardship Council), en primer lugar porque las plantaciones no son bosques y en segundo lugar por los graves impactos sociales y ambientales que implican.

Señalan también que los territorios donde se emplaza la industria Forestal y Celulosa son muchos los impactos transversales a la realidad de población Mapuche y también chilena y no exclusivamente rural, enumerando al respecto una serie de consecuencias negativas.

El Grupo de Trabajo puso en antecedentes las disputas por tenencia de tierra, las reclamaciones ancestrales que existen en diferentes lugares del territorio como asimismo los efectos de criminalización, judicialización, encarcelamiento e incluso muerte en el marco de conflictos territoriales entre Comunidades y estas empresas forestales. “Como efecto de esta represión, zonas rurales Mapuches en Ercilla, Traiguén, Lumaco, Chol Chol, Imperial, Collipulli, Purén, Tirúa, Lebú, Cañete, entre otras, han debido enfrentar numerosos allanamientos y operativos policiales con graves secuelas a la vida social, cultural y sicológica de las familias, hechos que se repiten hasta el día de hoy”, recordando a su vez el asesinato del joven mapuche Alex Lemún.

En uno de los párrafos de la presentación, el Grupo señala: “Es importante consignar que las empresas forestales podrán tratar de mejorar la forma en que llevan adelante su negocio, pero no pretenden cambiar el modelo de explotación: en gran escala, en monocultivo, expansivo y excluyente. Esto es incertificable y resulta incompatible con una política de sustentabilidad territorial de las comunidades mapuche”.

Agregan en otro punto: “Por lo señalado, creemos que otorgar una certificación FSC considerando los principios y valores de este, sería no solo un enorme error sino además una complicidad en los diversos atentados al medio ambiente y a los Derechos Humanos por las prácticas de las empresas, sus Holdings y sus grupos económicos controladores”.

El Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos acompañó una serie de antecedentes que son prontuarios de las Empresas Arauco y Mininco por los graves daños y conflictos sociales, ambientales y económicos que han venido causando en estos últimos años.

VER CARTA A CONSULTORAS CERTIFICADORAS FSC / Acceder: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=5547

– Antecedentes de situaciones graves causadas por el Holding COPEC – CELCO – ARAUCO. / Hacer Clic a Continuación: http://www.mapuexpress.net/images/publications/24_9_2011_0_38_23_1.doc

– Antecedentes de situaciones graves causadas por el Holding CMPC – Forestal Mininco. / Hacer Clic a Continuación: http://www.mapuexpress.net/images/publications/24_9_2011_0_38_23_2.doc

– Antecedentes públicos de conflictos y disputas de tierras entre Comunidades y Empresas Forestales. / Hacer Clic a Continuación: http://www.mapuexpress.net/images/publications/24_9_2011_0_38_23_3.doc

– Ver también más antecedentes de las Empresas Forestales / Radiografía al conflicto Forestal en Chile /http://www.ambiente-ecologico.com/ediciones/informesEspeciales/011_InformesEspeciales_InformeSobreForestacionEnChile.pdf

– Modelo forestal chileno y Movimiento autónomo Mapuche: Las posiciones irreconciliables de un conflicto territorial / http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/modelo_forestal_chileno.

Fuente: mapuexpress.net